El tiempo empezó a correr más rápido para la oposición y, especialmente, para el peronismo. El statu quo es una trampa de la que solo se benefician los que tienen algún poder. Aunque sea poder de veto. Y la capacidad de los desafiantes para modificar el escenario en el que Javier Milei aún predomina asoma demasiado limitada.

La incertidumbre sobre el calendario electoral y las reglas de juego que regirán las próximas elecciones nacionales complican al extremo las expectativas de ordenamiento del archipiélago de la oposición, donde hay pocos puentes, abunda la incapacidad para construir puntos de contacto y sobra la desconfianza.

Tanto dificultan esas condiciones políticas como la heterogénea situación de la economía, donde algunas cosas están bien, otras bastante mal y muchas tienen un futuro incierto, lo que complica la toma de decisiones.

Pocos saben hoy si lograrán armar el rompecabezas o si, al final, habrá demasiadas piezas antimileístas sueltas, como se ilusiona y para lo que trabaja el ala política del oficialismo. Ese es el objetivo primordial, pero no el único, de eliminar o, de mínima, suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).

En ese contexto, Cristina Kirchner y Milei se espejan en un escenario en el que ninguno logra desactivar la incertidumbre y, al mismo tiempo, conservan la capacidad para impedir que el resto de los actores que podría desafiarlos se ordene.

Sin embargo, mucho podría (o debería) cambiar en lo que resta de octubre y la primera quincena de noviembre. La incógnita abierta sobre la reforma electoral, empantanada hasta ahora en el Senado, con la consecuente eliminación o suspensión de las PASO, tiene un tiempo de definición que cada vez se acorta más. Cabe recordar que para aprobar cualquier ley electoral se requiere una mayoría agravada de más de la mitad de los miembros del Senado y de Diputados.

Para la Cámara Federal Electoral, la aprobación, el rechazo o el archivo de la iniciativa no debería exceder del fin de este mes. Y aunque es poco más que una expresión de deseos sin poder coercitivo para que se cumpla, empieza a marcar una frontera que la política sabe que no podrá correr mucho más sin costos. Alguna definición debería darse a más tardar a mediados de noviembre.

Las dificultades que encuentra el oficialismo para tener la mayoría necesaria en la Cámara de Senadores son una incógnita sometida a demasiadas disputas, internas y externas, que dificultan la posibilidad de despejarla.

Dos a desconfiarse

Por ejemplo, el optimismo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su carácter de alfil político del ala karinista, que contrasta la mesura o el escepticismo de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, no se debe solo a una cuestión de cálculos matemáticos y apreciaciones políticas.

Por un lado, uno y otra tienen diferentes interlocutores entre los aliados y dirigentes amigables. Senadores y gobernadores no siempre dicen lo mismo, aunque terminen coincidiendo en la acción. En el medio, buscan siempre maximizar el rédito de su respectivo capital y son expertos en la materia.

Además, no todos los legisladores y mandatarios provinciales tienen los mismos intereses ni los mueven los mismos incentivos, lo que obliga a operaciones quirúrgicas muy profesionales por parte de los operadores del Gobierno. El problema es que muchas veces en el quirófano aparecen aprendices.

Por otro lado, Santilli y Bullrich ven desde distintas perspectivas el resultado de la eliminación o suspensión de las PASO. El destino del jefe de Gabinete y aspirante a gobernador bonaerense está indisolublemente atado al éxito de Milei y su gestión, tanto en lo económico como en lo político, sin opciones propias.

La suerte de Bullrich, en tanto, tiene más bemoles. Sabe que 2027 se parecerá mucho a su último baile electoral y si se abre una alternativa (hoy de baja probabilidad) para que pueda ser parte de la danza de candidatos no quiere que sea en la pista de una sociedad de fomento, si no en el salón mayor de la Casa Rosada.

Para eso, no es lo mismo que quede abierta la posibilidad de una PASO, para la que pueda sumar dirigentes de orígenes diversos, que quedar muy anticipadamente condicionada a la performance, la voluntad y la fuerza política del mileísmo, especialmente de la hermanísima Karina. De allí que su cautela sea observada con cierto recelo en la cúpula mileísta.

De todas maneras, es menos lo que depende de Santilli y de Bullrich que de la falta de incentivos suficientes de los gobernadores no-oficialistas amigables del peronismo o de los paraoficialistas de lo que alguna vez fue Cambiemos para facilitarles la tarea.

La mayoría de esos gobernadores juegan con sus propios calendarios y reglas establecidas en sus provincias para tratar de mantener el poder territorial, que es su prioridad. Por eso, la mayoría desdoblará y anticipará sus comicios, como ya hizo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuya provincia es hasta ahora la que abrirá el año electoral: las PASO se disputarán el 18 de abril y las generales, para elegir gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales, serán el 13 de junio.

El de Pullaro es un caso testigo. Ayuda en todo lo que puede a Milei, como hizo la semana pasada con su aporte para que no se trate la derogación del megadecreto desregulador 70/2023, pero se desmarca cuando se dirimen intereses más directos. Es de los que juegan más a evitarse complicaciones que a beneficiar al Gobierno. Si puede lograr las dos cosas, bingo.

En ese sentido, tanto para Pullaro como para otros, toda postergación de las definiciones nacionales es un activo, por varios motivos. Sabe que si logra consolidar su poder territorial tempranamente en las PASO provinciales se le abrirán más opciones nacionales. Y en el caso de ser parte de una alianza con el mileísmo, tendría la posibilidad de negociar desde una posición de fuerza para no quedar preso a la hora del armado y cierre de listas, especialmente nacionales.

El desinterés de los gobernadores sobre los armados nacionales siempre es demasiado relativo o, en realidad, una coartada. No es lo mismo que los legisladores nacionales de su provincia les respondan o trabajen para el oficialismo nacional de turno. En algún momento, los intereses siempre divergen. Los recursos son escasos y el Presidente conserva una cuota importante de discrecionalidad (o arbitrariedad) para su reparto. En esta materia, Milei (también) ha seguido la regla y no ha sido una excepción respecto de sus predecesores.

Por eso, hoy son varios lo que no encuentran suficientes incentivos para confiar en las promesas libertarias sobre los beneficios de votar las reglas electorales que pretende imponer el oficialismo y que no se terminan en la suspensión o eliminación de las PASO. Nadie se anima meterse anticipadamente y solo en un cepo si puede mirar un poco más desde afuera. Habrá que ver qué capacidad de convencimiento (o ¿extorsión?) terminan teniendo los gestores del Presidente.

Peronismo encepado

En el caso del peronismo, la incertidumbre sobre las PASO juega por ahora en favor de Cristina Kirchner, aunque, como en su condición de contracara de Milei, no tiene suficiente poder para evitar que se eliminen o se suspendan.

Mientras tanto, Cristina, aún condenada e inhabilitada, arbitra y complica a cualquier emergente del espacio, donde ella sigue conservando la cuota mayoritaria de capital, aunque en retroceso. Axel Kicillof es quien más padece la vigencia del dedo cristinista.

Como se vio anteayer en uno de los tres actos principales por el Día de la Lealtad, el gobernador bonaerense hizo esfuerzos para sacarse el mote de traidor que el cristicamporismo le enrostra, pero no sin intentar marcar diferencias para demostrar que no se rinde.

En La Matanza, Kicillof volvió a cuestionar la condena a la expresidenta, pero no se sometió a ser uno más en el acto frente a la casa-prisión de su mentora. Otro de los muchos complejos equilibrios que hace y que le impiden construir una identidad nítida. Con un agravante: sigue padeciendo el síndrome de que los únicos que no lo consideren kirchnerista son los kirchneristas.

En ese contexto, Cristina Kirchner suele jugar con más audacia, hasta mostrarse más renovadora que él. La expresidenta tiene la capacidad de envejecer a sus desafiantes internos para tratar de preservar su juventud (política).

Por eso, para el gobernador bonaerense, así como para otros aspirantes al premio mayor de la candidatura presidencial peronista, como el sanjuanino Sergio Uñac, la indefinición sobre las PASO opera como un traba mayúscula para la construcción de una candidatura que Kicillof ni siquiera se atreve a pronunciar en público.

En cambio, el infatigable Sergio Massa, otra vez en modo hiperkinético, disfruta de esa indefinición en la prolongada UTE (unión transitoria de empresas) que formó con Máximo Kirchner, con la bendición de la madre Cristina, a la espera de su oportunidad, que él siempre está seguro de que le está por llegar. Recursos no le faltan. Un valor importante cuando la familia Kirchner tiene su capital (no solo político) embargado.

Mientas tanto, está pendiente de definición, presumiblemente en breve, el recurso presentado por los abogados internacionales de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que cuestionan la condena y la inhabilitación que pesan sobre ella.

Una opinión en su favor alteraría fuertemente el juego interno del peronismo y desacomodaría aún más a los desafiantes internos a su poder. Mucho más mientras dure la indefinición sobre las PASO.

Pero no es solo el peronismo el que padece la incertidumbre sobre las reglas electorales y mucho más la perspectiva de que se eliminen o se suspendan las elecciones primarias obligatorias.

Esa indeterminación afecta fuertemente a todos los intentos de armado por fuera del oficialismo y del perokirchnerismo, atravesados por infinitas diferencias, falta de liderazgo y sin precandidatos que conjuguen alto conocimiento e imagen neta positiva.

De hecho, uno de los outsiders que parece más decidido a explorar su aptitud electoral, como es el empresario de medios Daniel Hadad, dijo el viernes pasado en una entrevista en el canal de streaming AhoraPlay que ya decidió que si no hay PASO no se candidateará. Su fecha límite para decidir si sigue adelante con esta aventura es el 28 de noviembre. Antes debería haberse despejado esta incógnita.

Para el oficialismo, de todas maneras, tampoco es inocua la prolongación de la irresolución. Ya tiene suficiente con el impacto que está teniendo entre los inversores la muy dispar marcha de la economía por sus efectos negativos sobre el humor social y las consecuencias electorales que podrían tener.

No debería sorprender si, como en otros asuntos, el dogmatismo de Javier Milei deja paso al pragmatismo político, que impulsan su hermana Karina y otros miembros de su propio gabinete propensos, a su pesar, a una mayor flexibilidad para lograr un primer objetivo en el camino a la reelección. El tiempo corre cada vez más rápido.

Cientos de testigos, imputados que se repiten en un caso y en el otro, y reglas de un juicio que se desarrollará en la misma sala que las audiencias del caso Cuadernos. Así se prepara, en los papeles, el debate oral y público de Los Sauces y Hotesur. Por ahora el tribunal oral los partió en dos juicios sucesivos, pero podrían terminar juntos, en función de lo que disponga la Cámara de Casación y comenzar el próximo viernes.

La expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, forman parte de la nómina de acusados en el juicio en ciernes. El caso conocido como “Hotesur – Los Sauces” investiga si existió una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios que inyectaban el dinero proveniente de contratos con el Estado o de beneficios impositivos en empresas de la familia Kirchner.

En Los Sauces se indaga la relación entre las compañías de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con alquileres de las propiedades de la familia Kirchner.

En Hotesur, la acusación apunta contra las empresas de Báez que reservaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que supuestamente no usaban. Por esa vía, los Kirchner recibieron más de $28 millones entre 2008 y 2015.

Para la fiscalía, ese dinero tenía un origen ilícito. En el caso de Báez, sería el fraude probado en la causa Vialidad: según la acusación, que se basa en un peritaje de 2021, en 21 ocasiones el empresario transfirió a los Kirchner fondos que, en el mismo día, había cobrado por obra pública. En el caso de López, serían la retención de $8000 millones del impuesto a los combustibles líquidos a través de Oil Combustibles. Tanto él y como De Sousa fueron absueltos en esa causa y la absolución está en revisión en la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal N°5 decidió hacer dos juicios sucesivos. El de Los Sauces, de no mediar cambios, empieza el viernes 23 de octubre y su sentencia podría llegar antes de marzo. El de Hotesur empieza el 19 de marzo de 2027 y su veredicto se espera antes de fin de ese año. Es decir, atravesaría al calendario electoral. Los jueces explicaron que un juicio único podía durar más de dos años y que, al dividirlo, cada defensa solo deberá participar de las audiencias de su causa.

El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión. Sostiene que se trata de un único delito de lavado. La defensa de la expresidenta se opone a reunificar los casos: si se hace, dijo su abogado, Alberto Beraldi, “el juicio no va a poder empezar” y podría derivar en un proceso sin “sentencia válida”. La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, escuchó los planteos de esta semana y se prepara para resolver la cuestión.

Más allá de eso, hay cientos de nombres atentos al juicio, porque podrían concurrir a él. Al principio se habían propuesto más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir esa lista entre un 30% y un 40%. Las declaraciones tomadas durante la instrucción se incorporarán sin que los testigos tengan que volver a declarar.

Con la división, cada juicio tiene unos 150 testigos propios, y una veintena son comunes a ambos. La defensa de Cristina Kirchner pidió además excluir a unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, con el argumento de que ese organismo no es parte del proceso.

El caso tiene 19 imputados. Entre los más destacados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de asociación ilícita y lavado de dinero en ambos juicios, al igual que su hijo Máximo, diputado nacional, que integraba el directorio de las empresas familiares; Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y ya condenado en la causa Vialidad, y su hijo Martín Báez. En Los Sauces serán juzgados además Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.

Completan el grupo de los principales imputados Romina Mercado, sobrina de Cristina y expresidenta de Hotesur, y su esposo, Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur, y Víctor Manzanares, contador histórico de la familia y arrepentido en la causa de los Cuadernos. La lista se cierra con un escribano, un expresidente de Austral, un contador, un directivo de Valle Mitre y otros empleados o apoderados de menor rango. Florencia Kirchner quedó afuera del caso.

Las reglas del juicio

Las audiencias serán presenciales, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Es la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos. “No va a haber virtualidad”, advirtió el presidente del tribunal, José Michilini.

En el juicio por Los Sauces habrá audiencias los lunes, viernes y sábados y el tribunal habilitó también la primera semana de la feria judicial de enero, con la segunda en reserva por si hiciera falta.

Los acusados deberán estar en la sala cuando declaren en indagatoria. En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados, y quienes vivan fuera de la Capital podrán pedir conectarse a distancia, caso por caso. Las partes acordaron, además, leer al comienzo una versión reducida de la acusación.

El tribunal está integrado por Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, juez subrogante desde febrero, que se quedaría hasta el final del juicio. La acusación está a cargo del fiscal Diego Velasco, y la Unidad de Información Financiera (UIF) actúa como querellante.

Los hechos investigados abarcan desde 2008 hasta 2016. Las dos causas se unificaron en junio de 2019 y fueron elevadas a juicio oral hace unos cinco años.

El 26 de noviembre de 2021, otra integración del mismo tribunal, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg y la disidencia de Palliotti, sobreseyó a todos los acusados sin llegar a juzgarlos. La Cámara de Casación revirtió ese fallo y sacó del caso a Florencia Kirchner.

En 2024, la Corte Suprema rechazó los últimos recursos de las defensas y exhortó a hacer el juicio cuanto antes.