El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene una hoja de ruta diseñada. Puede sufrir modificaciones. Desvíos, reconsideraciones, trabas impensadas. Está decidido a buscar su segunda reelección para tratar de darle inicio a su tercer mandato. Todavía no lo oficializó, pero es lo que piensa. Está al frente del Poder Ejecutivo desde 2019 y consolidó un poder territorial importante, absorbiendo a un sector del peronismo y quedándose este año con la conducción formal del PJ salteño.

Sáenz se alejó definitivamente del núcleo duro del justicialismo. Durante los tres años de gestión de Javier Milei fue un aliado táctico, que movió sus fichas en el Congreso para acompañar, en varias oportunidades, los pedidos de la Casa Rosada. Esa cercanía tuvo un corte durante el año electoral, cuando los libertarios le prometieron que no iban a poner un candidato en la ciudad de Salta y, en el tramo final de la negociación, decidieron plantar a uno que, apadrinado por la sensores María Eugenia Orozco, terminó ganando la elección. No cumplieron lo pactado, pero todo siguió su curso.

El principal escollo que puede el salteño en sus planes de reelección está centrado en el artículo 140 de la Constitución de Salta, que fue modificado por la Convención Constituyente, por iniciativa del propio Sáenz en 2021, a mitad de su primer mandato. El artículo que habilitaba al gobernador a reelegir en dos oportunidades, y así poder completar tres mandatos consecutivos, fue modificado e impuso un límite a las reelecciones. A partir de entonces, el gobernador de Salta solo puede ser reelegido una vez. Es decir, encabezar dos mandatos.

La clave de la discusión está en que Sáenz asumió su primer mandato durante la primera constitución, mientras que su segundo período lo hizo con la reformada concretada. Entonces, puede interpretarse que su segundo mandato es contado como el primero y el que intentaría comenzar en el 2027, sería el segundo. De esa forma, llegaría a tres mandatos, pero dividido entre dos etapas distintas de la Constitución.

Los opositores consideran que de esa forma se está exigiendo de sobremanera la interpretación de la Constitución y que se está violando el principio de alternancia. Además, hay quienes entienden que al limitar los mandatos durante su primer período, las generales de la ley también le caben a él.

En los últimos años la Corte Suprema ha fallado en contra de las distintas interpretaciones sobre las reelecciones. Sucedió en Tucumán con Juan Manzur, en San Juan con Sergio Uñac y en Santiago del Estero con Gerardo Zamora. Siempre ha mostrado su rechazo los vericuetos interpretativos. Sin embargo, nadie sabe la palabra final con exactitud.

Cada caso tiene una especificidad, por lo cual la comparación tiene matices, pero existe una postura uniforme del máximo tribunal sobre las interpretaciones de las constituciones provinciales que es desfavorable a las pretensiones de los oficialismos. De todas formas, por el momento, esa es una amenaza latente de los sectores opositores, afuera y adentro del peronismo, que se podría volver una realidad una vez que haga formal su candidatura.

Sáenz está decidido a competir, pero todavía no tiene en claro el panorama electoral que se puede encontrar. Tiene un canal de comunicación muy fluido con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde se cruzan charlas de gestión, pedidos legislativos y necesidades electorales. La Casa Rosada ya ha dado algunas señales de que no tienen un gran interés en plantar candidatos competitivos para ganar las elecciones provinciales.

Les interesan más las listas de legisladores, que las gobernaciones. La prioridad es mantener las alianzas y asegurarse un cierre de año sin demasiados contratiempos, con el Presupuesto y la reforma política aprobados. El mayor esfuerzo está dirigido a suspender las PASO y el oficialismo parece estar cada vez más cerca de lograrlo.

La principal rival del gobernador en Salta es María Emilia Orozco, senadora nacional y referente principal de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia del norte. La legisladora fue la cabeza visible de la campaña que terminó con un triunfo libertario sorprendente en la ciudad capital y tiene intenciones de competir el año que viene por la gobernación. Es, además, la principal crítica del gobierno provincial y el sostén del crecimiento libertario en la provincia. En Salta Milei tiene buenos niveles de aprobación, aunque fueron bajando en los últimos meses en forma escalonada.

En la Casa Rosada aseguran que la estrategia en la provincia se definirá más adelante y en acuerdo con Orozco que, con muchas de sus intervenciones, ha generado cortocircuitos entre el gobernador y el círculo chico de Milei, con el que tiene diálogo abierto. De todas formas, y en línea con el plan de acción de sostener las estrategia de alianzas con los gobernadores, hoy parece difícil que el Gobierno arme una candidatura sólida para intentar desbancar al gobernador salteño.

Desde que comenzó la era Milei, Sáenz alterna críticas con respaldos al Gobierno. Tres semanas atrás tiró con munición gruesa cuando aseguró que “la lealtad es una avenida de ida y vuelta pero yo siento que los gobernadores venimos siempre y ellos no van nunca para allá, para el interior”. Dos semanas después fue invitado por Milei para viajar al evento Argentina Week, que se realizó en París. Hubo abrazos con el Presidente y predisposición para escuchar a los voceros del Gobierno en tierra francesa.

“Me preocupa mucho que la gente quiera volver al pasado pero es que tampoco están conformes con el presente. Se hace muy difícil discutir Milei o Cristina. Las inversiones no llegan porque no damos confianza al mundo, porque todos amenazan con volver a fojas cero”, dijo en una entrevista con América 24 a fines de septiembre. Un intento por transitar el camino del medio

En esa definición se esconde uno de sus deseos. El mandatario salteño tiene en su cabeza la idea de construir una candidatura nacional. No lo dice en público, pero sí lo analiza en privado. Lejos de la pata peronista de la provincia, que hoy está referenciada en Juan Manuel Urtubey, y sin intenciones claras de estar en la boleta violeta del Gobierno, Sáenz es de los gobernadores que está discutiendo la conformación de una tercera posición para el 2027.

Tal como adelantó Infobae un par de semanas atrás, hay un grupo de ocho gobernadores que vienen dialogando desde hace un tiempo la idea de construir una alternativa que rompa los polos del PJ y LLA. Ese entramado político no tiene posibles candidatos y el salteño, que tiene la voluntad de jugar en el terreno nacional, podría ser una opción. Pero tiene en claro también que el primer paso que debe dar es defender y solidificar su liderazgo en la provincia.

Más allá de si termina siendo candidato nacional o no, Sáenz tiene pensado levantar su perfil y llevar su idea de país a distintas provincias. La herramienta para hacerlo será la presentación de su libro “Federalismo y progreso. Charlas sobre el pasado, presente y futuro de la Argentina”, que se publicó un puñado de días atrás y que le regaló al Presidente durante la estadía en París.

El mandatario salteño hace tiempo que repite que en el año electoral debe haber un “proyecto lógico”, que se escape de los polos y brinde otra alternativa al electorado. Sáenz cree que una opción política que contenga al kirchnerismo sería volver al pasado, pero que el Gobierno no logra advertir con claridad que no basta con el ordenamiento de la macroeconomía para llevar adelante la gestión. Ni una cosa, ni la otra.

El Gobernador tiene ambiciones presidenciales. En su interior se anima a creer que puede ser un potencial candidato de una opción de centro. Pero aún faltan varios meses por delante y un sinfín de acontecimientos políticos que pueden dar vuelta el tablero electoral.

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El Gobierno inició esta semana las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027: el encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas para universidades y discapacidad, además de definiciones sobre el cronograma de tratamiento del proyecto.

De la reunión también participaron la secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Entre los diputados aliados estuvieron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; Karina Maureira, de La Neuquinidad; José Luis Garrido, de Santa Cruz; Eduardo Falcone, del MID; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Gladys Medina, del bloque Independencia, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.

El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen el 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto durante noviembre, para que el Senado pueda tratarlo antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, el 30 de ese mes.

Sin embargo, el cronograma todavía es tentativo y dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza consiga con los sectores dialoguistas.

El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2027 en noviembre: el cronograma que negocia con los aliados

Durante el encuentro, los diputados solicitaron precisiones sobre las fechas del debate y los funcionarios que concurrirán al Congreso para explicar los principales puntos del proyecto.

“Queremos conocer el cronograma de tratamiento legislativo y qué funcionarios vendrán a defender el proyecto del Gobierno”, señaló uno de los legisladores que participó de la reunión.

En principio, La Libertad Avanza iniciará el debate el martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.

Para esa jornada se prevén las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. También se proyectó una segunda reunión para el miércoles 14 de octubre.

El calendario que planteó el oficialismo contempla nuevos encuentros los días 20, 27 y 28 de octubre. La intención es firmar los dictámenes en la última fecha y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.

De concretarse ese esquema, el Senado tendría tiempo para avanzar con un tratamiento acelerado en comisión y una posterior votación antes del cierre de las sesiones ordinarias.

No obstante, las fechas están sujetas a modificaciones y todavía no existe un cronograma definitivo.

La reunión también incluyó planteos sobre otros temas que generan diferencias entre el oficialismo y sus aliados.

Como el diputado Eduardo Falcone, del MID, que solicitó definiciones sobre la situación de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023. El legislador insistió en la necesidad de que el Gobierno presente una propuesta y no descartó que el tema se incorpore al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya fue aprobado por el Senado.

El oficialismo rápidamente convocó al plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para el próximo miércoles para tratar el proyecto de Propiedad Privada que incluirá un capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales.

“Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU 70/23”, señaló una diputada libertaria sobre la posición de algunos bloques dialoguistas.

Según pudo saber TN, Karina Maureira, diputada de La Neuquinidad y representante del espacio político del gobernador Rolando Figueroa, también reclamó explicaciones sobre temas pendientes, entre ellos el endeudamiento familiar y discapacidad.

Ambas cuestiones forman parte de los asuntos que la oposición busca discutir en una sesión especial solicitada para el jueves 15 de octubre.

Los aliados reclaman más fondos para universidades y discapacidad en el Presupuesto 2027

Uno de los principales planteos de los bloques dialoguistas estuvo relacionado con los recursos destinados a las universidades públicas y al sector de discapacidad.

Los reclamos son impulsados, entre otros, por legisladores vinculados con los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal.

En ese contexto, el diputado nacional misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La iniciativa busca garantizar las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles.

“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”, sostuvo Arrúa.

Pedido de la UCR

La Mesa de conducción del Comité Nacional del radicalismo, liderado por Leonel Chiarella, en conjunto con legisladores nacionales y el bloque de Rectores Reformistas se pronunciaron a favor del proyecto de Presupuesto Universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía, luego de una reunión que mantuvieron.

La UCR exhortó a los diputados y senadores a defender el financiamiento necesario para el funcionamiento de las Universidades Nacionales en el debate por el presupuesto 2027.

En la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.

El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos. El proyecto oficial estima un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.

Los pedidos por universidades y discapacidad se suman así a las negociaciones parlamentarias que el Gobierno deberá afrontar para reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional.

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