El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.

El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También les trabó un embargo de $1000 millones.

OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.

La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre que se creó en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social. HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.

Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, que se dedica a importar y vender suplementos dietarios.

El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.

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En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.

A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas que se obtuvieron de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados. Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.

Martín Menem, Casanello, Justicia

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“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo.

El vocero aseguró que hay “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio detalles sobre las especificidades de esos perfiles.

Ravier detalló un informe del Ministerio de Seguridad sobre 20.630 casos entre diciembre del año pasado y mediados de este mes.

El 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.

Por lo bajo, en la Casa Rosada aseguraron que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en Olivos de las denuncias sobre supuestos desvíos de fondos que hizo la ex libertaria Marcela Pagano. En cambio, dijeron que hay correlación con las denuncias sobre una supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah.

La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el informe ministerial no contabiliza. “Hasta diciembre de 2023, la Argentina en sus fronteras nacionales era un colador”.

Riesgo país, pobreza e inflación

Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país a dos shocks externos: la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactan negativamente sobre los mercados emergentes. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, explicó, aunque aclaró que la recaudación mostraba mejoras en IVA y Ganancias.

En cuanto al poder adquisitivo y la situación social, Ravier reconoció que el índice de pobreza, que había bajado a 28,3%, repuntó al 32% en la última medición. Atribuyó ese retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación. “Cuando logramos bajar fuerte la inflación es cuando logramos bajar fuerte la pobreza”, afirmó, y señaló que con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 1,7% mensual, el Gobierno es optimista sobre una reversión del dato.

Frente a comparaciones de precios con España e Israel, Ravier defendió la apertura comercial como el mecanismo para achicar la brecha. “Si todo lo que se puede importar entra en Argentina a precio internacional, lo único que debería distinguir los precios son los costos de transporte”, argumentó, y citó los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Singapur como parte de esa estrategia.

Sobre el endeudamiento de los hogares, el portavoz descartó un proyecto oficial y confió en una solución de mercado, con proyecciones privadas que, según indicó, anticipan una mejora hacia fin de año a medida que las tasas de interés —que pasaron de cerca del 50% a inicios de 2026 a alrededor del 25% actual— faciliten las refinanciaciones. En materia de empleo, Ravier sostuvo que desde diciembre de 2023 se sumaron más de 500.000 puestos de trabajo netos, según un informe público que se comprometió a compartir.