POLITICA
Dubois habló sobre la caída de la confianza en el Gobierno: “Una medición aislada no marca una tendencia”
La caída del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella fue el punto de partida de la entrevista que el parlamentario del Mercosur Iván Dubois mantuvo con el equipo de Infobae al Regreso. A partir de ese dato, el dirigente analizó el presente político y económico del Gobierno de Javier Milei, relativizó el impacto de las encuestas de opinión y también se refirió al respaldo electoral del oficialismo, la situación de las PyMEs, la causa Libra y el funcionamiento del Parlasur.
El informe de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que el índice descendió un 6,5% respecto de junio y se ubicó en 1,94 puntos sobre un máximo de cinco. Consultado sobre esa medición, Dubois evitó interpretar el resultado como un cambio de tendencia y pidió observarlo con cautela.
“Este índice yo lo sigo, pero a mitad de un gobierno se las tomo con pinzas”, sostuvo. En esa línea, consideró que una medición aislada no alcanza para anticipar un escenario electoral y remarcó que será necesario esperar las próximas publicaciones para determinar si la baja responde a una fluctuación mensual o si refleja un deterioro más sostenido en la confianza hacia el Gobierno.
Durante el intercambio también se repasó la evolución histórica del indicador. El periodista Matías Barbería recordó que el promedio de la gestión de Javier Milei se ubica en 2,37 puntos y señaló que, en experiencias anteriores, los gobiernos que descendieron por debajo de los 1,6 o 1,7 puntos en este índice terminaron enfrentando derrotas electorales. Sin embargo, aclaró que el valor actual todavía se mantiene por encima de ese umbral.
Uno de los datos que más llamó la atención del informe fue el comportamiento de los menores de 29 años, uno de los segmentos donde el oficialismo había construido su mayor fortaleza electoral. Según la medición, la confianza en ese grupo cayó cerca de un 23% respecto del mes anterior.
La conversación sumó además otro relevamiento, elaborado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que analizó la fidelidad electoral entre quienes votaron a Javier Milei en 2023. De acuerdo con ese estudio, solo el 58% de los jóvenes que acompañaron al Presidente volvería hoy a elegir a La Libertad Avanza. El resto se repartiría entre distintas opciones: un 16% votaría al peronismo, un 3% a la izquierda, otro 3% al PRO y un 18% elegiría votar en blanco, todavía no decidió su voto o se inclinaría por otra alternativa.
Durante el debate, el panel analizó si ese porcentaje representa un alejamiento definitivo del oficialismo o si podría volver a acompañarlo en un escenario de mayor polarización. Barbería destacó que se trata del segmento donde Milei históricamente mostró sus mejores desempeños electorales, por lo que el dato merecerá un seguimiento en las próximas mediciones.
La economía y el desafío de sostener la recuperación
Más allá de las encuestas, la entrevista derivó hacia la situación económica. Dubois reconoció que la recuperación todavía no llegó a todos los sectores y descartó una mirada triunfalista sobre el presente del país.
“No es una fiesta. Hay gente que no llega y que la pasa mal. Caminamos la calle, no es que vivimos en un palacio”, afirmó. No obstante, consideró que el Gobierno logró avances importantes en materia macroeconómica y destacó que la desaceleración de la inflación comenzó a generar un escenario de mayor previsibilidad.
“Hay diez millones menos de pobres y el camino está lejos de llegar a la meta, pero hoy existe una previsibilidad que antes no había”, sostuvo.
Desde su experiencia como empresario PyME, explicó que la estabilización de los precios permitió resolver algunos de los problemas cotidianos que enfrentaban las pequeñas y medianas empresas.
“Al arreglar gran parte del problema de la inflación ya no estás permanentemente remarcando precios, buscando proveedores o enfrentando faltantes de mercadería. Se fueron resolviendo cuestiones estructurales, aunque todavía falta”, señaló.
La causa Libra, los viajes oficiales y el Parlasur
Durante la entrevista también hubo lugar para hablar sobre la situación judicial del Presidente. Consultado por la causa Libra, Dubois remarcó que una imputación no implica una condena y defendió la necesidad de respetar el proceso judicial antes de sacar conclusiones.
“Imputado no es culpable. Yo no creo que sea culpable”, afirmó. Luego de un intercambio sobre los distintos estados procesales, reconoció la confusión entre los términos jurídicos y corrigió su primera interpretación.
Otro de los temas abordados fue la participación de Javier Milei en un acto político en Brasil y la utilización de recursos públicos para ese viaje. Mientras desde la mesa se planteó el debate sobre el uso de bienes del Estado para actividades partidarias, Dubois sostuvo que esos desplazamientos deben analizarse también por el impacto internacional que puede generar la figura del Presidente.
“Cuando una persona de fama global como Javier Milei va y se muestra en otro país, hay que analizar esos viajes en función de los resultados y de las inversiones que pueden atraer a la Argentina”, argumentó.
Sobre el cierre de la conversación, el parlamentario también se refirió al funcionamiento del Parlasur y aseguró que uno de los objetivos de su gestión es reducir el gasto público. En ese sentido, explicó que los representantes argentinos dejaron de cobrar viáticos y sostuvo que el organismo perdió parte de su relevancia política en los últimos años.
Aunque relativizó el impacto de la última medición de la Universidad Torcuato Di Tella, Dubois reconoció que el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el respaldo social mientras busca consolidar las reformas económicas. A su entender, las próximas encuestas permitirán determinar si la caída registrada en julio fue una fluctuación puntual o el inicio de un cambio más profundo en el humor social.
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iván dubois
POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.
La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
Conforme a
POLITICA
La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos
La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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