Claudio “Chiqui” Tapia vivió cada triunfo en el Mundial como un desahogo. En su interior sabe que el éxito deportivo de la Scaloneta, más allá del resultado de mañana a la tarde frente a España, se convertirá en un salvavidas para su situación judicial. Al menos en el corto plazo. “Ganaron tiempo, pero la gente sabe que esto no es un logro de Tapia, es un logro de los jugadores y del cuerpo técnico”, se sincera alguien que conoce al dedillo el mundo judicial y tiene línea directa con la Casa Rosada.

El presidente de la AFA festejó los goles de la Selección siempre desde un palco. Y a medida que avanzaba el Mundial se entusiasmó con sketchs para el público de las redes sociales. Trató de imitar a Guillermo Francella, en inglés y en castellano, y hasta se coló en una entrevista a Messi con el famoso “secanucas”.

Ayer coronó esa campaña de blanqueo dándole la mano a Donald Trump. Fue en un evento oficial de la FIFA, pero sirvió para que el “tapismo” lo llene de elogios y se ilusione con una candidatura política, un viejo anhelo del presidente de la AFA. A la salida de ese evento, Tapia firmó autógrafos con argentinos. Una imagen impensada hasta hace poco tiempo.

El presidente de la AFA ya había buscado un acercamiento a Trump en diciembre, cuando arreciaban los problemas judiciales. En ese caso se tuvo que conformar con una foto en Mar-A-Lago, durante un homenaje a la figura pública conservadora Charlie Kirk.

¿Le alcanzará el triunfo de la Selección para blanquear su imagen en el ámbito local? ¿O en breve volverán los reclamos por los polémicos arbitrajes en el fútbol argentino?

Por estas horas, cerca de Tapia brota optimismo. Es el “Chiqui aura”. En su entorno están convencidos que las causas judiciales abiertas en Argentina mantendrán el mismo ritmo aletargado que hasta ahora. Tampoco tienen temor sobre las novedades que provienen de la Justicia estadounidense. reveló que las investigaciones preliminares por las maniobras en torno a la empresa TourProdEnter comenzaron a activarse durante el desarrollo del Mundial.

Tres fiscales trabajan en silencio con la ayuda de los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Solo avanzarán si tienen pruebas concretas. “Es un problema de Faroni, el dinero de la AFA llegó a donde tenía que llegar”, dicen cerca de los jerarcas de la AFA.

detectó un desvío de al menos US$ 57 millones a diez sociedades creadas por ciudadanos argentinos en Miami. Pero siguen apareciendo novedades. El diario Miami Herald reveló esta semana las transferencias entre TourProdEnter y la empresa uruguaya Stufer Corporation. Esa firma, a nombre de Teodoro Favergiotti, un ex socio comercial de Faroni, se radicó en Miami en octubre de 2022. Para hacerlo utilizó la dirección del mismo estudio contable que administra las sociedades del empresario y su mujer Erica Gillette.

En pleno Mundial, el ex ladero de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, fue contactado de manera oficial. “Quiere garantías para tomar una decisión porque tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos. Esa misma fuente confirmó que el abogado no declaró ante los enviados de Estados Unidos, pese a los rumores.

Beacon es un actor clave en toda la trama. Conoce la maniobra desde su génesis: el armado de las sociedades en el exterior, el envío del dinero hasta Buenos Aires, y la entrega de bolsos con fajos de dólares a los dirigentes de la AFA. reveló los videos grabados en su propio estudio jurídico, contando billetes. Si algún día habla, nada será igual.

Esta semana, los investigadores estadounidenses también habrían tomado contacto con uno de los principales auspiciantes de la AFA. El empresario había tomado una posición muy firme sobre el escándalo y luego ensayó una disculpa pública. Los detalles de esa declaración, vía zoom, se mantienen en estricta reserva.

El optimismo que desparrama Tapia se contagia. El empresario Javier Faroni, virtual dueño de la empresa TourProdEnter, que administró casi US$ 300 millones entre 2021 y 2025, estuvo presente en el partido contra Cabo Verde, en Miami, y luego en la semifinal contra Inglaterra.

A pocos metros de distancia, otra vez se mostró el secretario de Justicia, Santiago Viola. “Yo le avisé a Karina, está todo bien”, dijo por estas horas. Además de ser el segundo de Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Los jueces y fiscales que tienen contacto con las causas de la AFA también están atentos al resultado deportivo. Algunos incluso viajaron al Mundial. La fiscal Silvana Russi, que tiene a su cargo la denuncia por defraudación del empresario Guillermo Tofoni, llegó a postear una foto junto a su familia. “La borró justo a tiempo”, cuenta un abogado que vio el posteo en Instagram.

No es la única representante de la Justicia que pasó por el Mundial. El camarista Mariano Borinsky fue visto en la platea del estadio de Kansas. intentó contactarlo pero no respondió el mensaje. Pocos días después de ese evento, junto a su colega Diego Barroetaveña, abrieron un recurso de queja para que se vuelva a tratar la competencia por la mansión de Pilar. Sorprendió por varios motivos. El mismo tribunal ya le había cedido esa decisión a la Cámara en lo Penal Económico. Barroetaveña no se excusó aunque hasta hace poco ejercía la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA.

El éxito deportivo de la Selección significará un ingreso significativo para las arcas de la AFA. Si sale campeón, desde Suiza llegará una transferencia de US$ 50 millones. A eso se sumará una explosión publicitaria. ¿Quién administrará esa fortuna? Faroni tiene contrato hasta 2030 por una decisión unipersonal de Tapia. Los jugadores de la Selección están atentos a esa dinámica. No quieren que se repita la experiencia de Qatar: en ese momento recibieron cheques en pesos y luego se enteraron que había un circuito paralelo de dólares.

En contraposición con la exposición de Tapia, el tesorero de la AFA no pidió permiso para ver la Copa del Mundo. Los dirigentes que hablan con ambos aseguran que cada uno trabaja para su propia supervivencia. La interna entre ambos se potenció con el avance de las causas judiciales. Lo único que los une es la sed de venganza.

En los próximos días se potenciarán los ataques contra periodistas y dirigentes políticos que denunciaron los manejos dentro de la AFA.

El operativo “venganza” ya se despliega en la Justicia, donde los jerarcas de la AFA obtuvieron una insólita medida cautelar que está bajo revisión, y en las redes sociales, con ataques sincronizados. El Gobierno juega hace tiempo al equilibrio. Los deseos de transparencia que exponía Javier Milei chocaron con la designación de Mahiques, a mano de su hermana. En los pasillos de la Casa Rosada por estas horas solo se hablaba del operativo de seguridad. Ya habrá tiempo para el resto.

En estos últimos días hubo visitas a las plantas de Aguas y Saneamientos (AYSA). No hubo ni tantas como se esperaban ni tampoco tan variadas como algunos se ilusionaban. De hecho, cuando termine el tiempo que prevé el proceso en el que los grupos interesados pueden revisar y mirar a fondo las instalaciones, ya prácticamente será imposible que aparezca un nuevo grupo que presente una oferta para quedarse con la privatización más grande que tiene en marcha el Gobierno.

El 12 de agosto terminará el tiempo para la consulta de los pliegos y 15 días después se presentarán las ofertas.

Entonces empezará a tomar forma el nuevo dueño de una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina, que da servicios a 14 millones de usuarios entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.

La lista de interesados combina jugadores locales con peso político y sanitaristas internacionales. Eso sí, no son tantos como imaginaban cuando se diseñó el proceso.

Entre los locales aparecen dos grupos que todos descontaban que estarían en la línea de partida.

El primero corresponde a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

No es un jugador nuevo: desde 2009 es el proveedor monopólico de policloruro de aluminio (PAC) para la potabilización del agua de AYSA.

Ya protagonizó un antecedente incómodo: en 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión, un proceso que terminó con una denuncia penal de la Coalición Cívica y que no avanzó en sede judicial.

Filiberti, técnico en temas de agua y saneamiento, trabaja en una propuesta junto a Rowing, la empresa de ingeniería y construcciones creada por Walter Román.

Otro de los que era un pleno es el Grupo Roggio, operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con más trayectoria específica en el rubro de aguas, aunque no en saneamiento.

El conglomerado de empresas, que también opera el ramal Urquiza de trenes con Ferrovías y el subte porteño, tiene a su histórico líder, Aldo Roggio, procesado en la causa Cuadernos. Es arrepentido y reconoció haber pagado coimas, puntualmente, el 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.

El tercer interesado, al menos quien estuvo en los días de consulta de pliegos llamado data room, es JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats.

La compañía también tiene ejecutivos procesados en la causa de los Cuadernos de las Coimas después de que el contador Víctor Manzanares contara que la empresa ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces, el hotel de la familia Kirchner.

Manzanares dijo que Los Sauces alquiló al Grupo Relats durante 11 años, a 90.000 por mes, ese complejo: desde la administradora a la familia presidencial se pagaron alrededor de US$10 millones.

En la causa Cuadernos se acreditó que en ese tiempo tuvieron 44 licitaciones, además de una docena de obras viales que las ganaron en UTE con otras firmas. Ahora van por el manejo del agua de alrededor de un tercio de los argentinos.

Otro de los que se mencionó como interesado es el grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo.

Sin embargo, no se los ha visto protagonistas en estos tiempos de consultas a los pliegos.

No se sabe exactamente el grado de interés de Sabesp, un gigante brasileño que opera la red de San Pablo. En el sector especulan que podría presentar una oferta aunque no es seguro, pero al menos estuvo presente en este tiempo de consultas y data room.

Otro jugador es la francesa Veolia. Sin embargo, los franceses no parecen ser de la partida, sino los socios que manejan la filial local, prestadora de servicios de algunas plantas potabilizadoras en barrios privados y countries.

La estatal israelí Mekorot ha estado presente en las reuniones preparatorias pero, según especulan, funciona como garantía de “prestigio internacional” para blindar el proceso ante las críticas y no como operador de la red.

El formato y los planes

No es un dato menor el formato elegido: el pliego autoriza la venta sin base y sin precio mínimo público. Traducido: el Estado puso a la venta el activo sin fijar de antemano cuánto vale. El resultado, dice el propio texto oficial, “dependerá de la competencia efectiva entre oferentes”.

El contrato de concesión firmado en mayo y que es el que se entregará a los nuevos concesionarios fija una inversión de US$1940 millones para el primer quinquenio y US$2030 millones para el segundo, hasta llegar a 15.040 millones en los 30 años de vigencia.

Las metas de esos primeros diez años, sin embargo, son modestas: la cobertura de agua potable pasa de 75,3% a apenas 78,9%, y la de cloacas de 63,9% a 65,3%. La presión de agua —el reclamo más repetido de los usuarios de la zona sur del conurbano— mejora del 58% al 61% y luego al 67% de mallas con servicio satisfactorio, mientras que la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 de cloacas por ciclo completan una agenda que el propio pliego describe como de “estabilización operativa”, no de expansión.

Las obras de mayor porte quedan, en su mayoría, fuera de la primera década de la concesión. Entre 2026 y 2036 se completan apenas la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1 y la ampliación de la planta de Bernal, junto con el cierre del Plan de Transición heredado de la gestión anterior. Recién después aparecen en el contrato el Río Subterráneo Tramo 2, la nueva toma de agua de Bernal y las cuatro plantas de tratamiento cloacal que la Región Metropolitana necesita hace años —Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar—, todas obras de entre 150 y 560 millones de dólares que el concesionario recién estaría obligado a encarar una vez terminado el segundo quinquenio.

El contrato tiene, además, tres agujeros que ya empiezan a discutirse puertas adentro del sector. No prevé la universalización del servicio dentro de sus 30 años: esa meta queda relegada a una eventual prórroga, con una cobertura que llegaría, en el mejor de los casos, al 90% en agua y al 75% en cloacas. La obra de Berazategui, clave para la disposición de efluentes de buena parte del conurbano, solo tiene comprometidos “estudios” para el segundo quinquenio, sin fecha ni presupuesto para la ejecución. Y el problema de los nitratos —una cuestión de salud pública, no de confort— recién se resuelve en un 99% hacia 2041, en el tercer ciclo tarifario, 15 años después de la firma del contrato.

En el Ministerio de Economía calculan recaudar unos US$450 millones con la operación de venta del 90% de las acciones. El 10% restante, en tanto, quedará para el programa de propiedad participada (PPP), el centro de la pelea gremial. Además, el sindicado logró que en los pliegos quede claro que el Convenio Colectivo que rige la actividad de los empleados, que tiene vigencia hasta 2028, se mantenga como régimen laboral aplicable.

A fines de agosto dejará de ser una discusión de despachos oficiales y dudas técnicas. El agua y las cloacas de 14 millones de personas van a tener, por primera vez en dos décadas, un dueño privado.