Hay un número que conviene tener presente desde el principio: tres.

Tres jueces distintos llevaron la causa por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde desde que estalló el escándalo del yate Bandido. Ninguno de los tres lo citó a declarar (aunque el último de ellos tiene ahora una oportunidad). Ninguno de los tres respondió ante nadie por haberlo decidido así. Y el juzgado donde tramita la causa sigue sin tener un juez titular.

Si algún vecino de Lomas de Zamora tuviera con la AFIP la misma deuda que el patrimonio no declarado que se le imputa a su exintendente, ya habría recibido una carta documento, una notificación, un embargo, un contador del Estado revisando sus facturas con fruición. Y hasta el sonoro eco de las botas policiales. El vecino común no tiene la ventaja del juzgado vacante. No tiene la suerte del juez que se va porque no quiere críticas, del “juez subrogante” que se va cuando le vence el turno. No tiene, en definitiva, la arquitectura judicial a su favor.

De esto último se trata toda la historia. No la corrupción de Insaurralde, que es lo que se sigue con pertinencia. Sino el sistema que lo preserva, que funciona exactamente igual que si alguien lo hubiera diseñado para eso, aunque nadie lo haya diseñado.

Todo arranca con una vacante. El Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 2 de Lomas de Zamora no tiene juez titular. No lo tenía cuando estalló el escándalo. No lo tiene hoy. La vacante sobrevivió al macrismo, al kirchnerismo, al albertismo y sobrevive al gobierno de Milei. Cuatro presidentes, cuatro oportunidades de cubrir el cargo, ninguna urgencia.

La razón de esa falta de urgencia no es administrativa sino política, y no es difícil de explicar. Un juzgado sin titular es un juzgado sin responsabilidad permanente. El juez subrogante o sustituto llega, actúa mientras dura su turno, y se va. Nadie puede pedirle cuentas por lo que no hizo, porque técnicamente no era su juzgado. La causa queda flotando entre un magistrado y el siguiente, perdiendo impulso en cada transición, empezando de nuevo con cada cambio de manos.

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La impunidad por dilución no requiere conspiración. Requiere algo más fácil de sostener y más difícil de probar: la inercia conveniente de un sistema al que no le urge resolver.

Paso a Paso: cómo el juzgado que tiene la causa de Insaurralde no consigue tener un juez

El primer juez de la causa fue Federico Villena, titular del Juzgado Federal Número 1 de Lomas de Zamora. Villena era, allá en 2023, el juez natural: el magistrado al que le correspondía por competencia territorial investigar a un exintendente del municipio. Era, en la jerga judicial, el responsable.

Duró cinco días.

El fiscal Sergio Mola pidió su recusación con dos argumentos concretos: una presunta amistad personal con Insaurralde, y el hecho de que la primera exesposa del imputado, Liana Toledo, hija de un exintendente del mismo partido, trabajaba como prosecretaria en el propio juzgado de Villena. El juez rechazó ambos argumentos. Negó la amistad y aclaró que Toledo llevaba años en el cargo antes de que él llegara. Sostuvo que nada de eso era causal de recusación. Acto seguido, en la misma resolución en que refutaba todo, anunció que se apartaba de la causa por “violencia moral”.

La “violencia moral”, en el lenguaje jurídico, describe situaciones de presión directa que comprometen la independencia del magistrado. Villena la usó para describir la incomodidad de ser señalado públicamente. Que los señalamientos carecieran de base legal no modificó su decisión.

Al apartarse Villena, el expediente siguió su camino natural: las reglas procesales indican que la causa debe pasar al juzgado correlativo de la misma jurisdicción. En este caso, al Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora.

El problema es que ese juzgado no tenía ni tiene juez. Entonces, la Cámara Federal de La Plata designó a un juez de otro juzgado para que se haga cargo del expediente de manera provisoria, en carácter de subrogante. Juez de paso, en un juzgado sin dueño investigando una causa sin indagado.

El primero en llegar fue Ernesto Kreplak, hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof y dirigente de La Cámpora. Arrancó como para comerse la cancha: levantó el secreto bancario de los tres imputados, Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clérici, pidió información a AFIP y Migraciones, requirió declaraciones juradas de la última década, ordenó el secreto de sumario. Todo lo que se esperaba de un juez que toma una causa caliente.

El fiscal Sergio Mola presentó un informe detallando posibles testaferros, propiedades sin declarar y gastos incompatibles con el sueldo de un funcionario público. Pidió la indagatoria de Insaurralde. Mola objetó el peritaje que Kreplak había encargado a la UBA, argumentando que debía realizarlo el cuerpo oficial de peritos de la Corte Suprema. Kreplak rechazó la objeción con críticas al fiscal, a quien acusó de ser él quien dilataba. El fiscal le respondió que la dilación era del juzgado, que había demorado los allanamientos pedidos y no había dispuesto medidas sustanciales.

Un juez y un fiscal discutiendo quién dilata, mientras el imputado espera sin ser llamado a declarar. Esa discusión duró meses.

Cuando venció su suplencia, Kreplak se fue sin haber citado a Insaurralde a indagatoria. La única decisión sustantiva que había tomado —encargar el peritaje a la UBA— fue posteriormente anulada por la Cámara de Casación, que ordenó que lo hiciera el cuerpo oficial de peritos de la Corte Suprema. Es decir, Kreplak se fue dejando atrás una causa sin indagado y un peritaje invalidado. Nadie abrió un expediente disciplinario. Nadie pidió explicaciones. El sistema no tiene mecanismo para eso.

La Cámara Federal de La Plata designó a Luis Armella, juez federal de Quilmes, como nuevo subrogante. La causa lleva años sin ningún resultado. El tiempo pasa y se conocieron ahora los videos del vestidor de Insaurralde en la casa de San Vicente con millones de dólares en bolsos y cajones, tapados con remeritas. Los habría grabado su esposa de entonces, Jesica Cirio. Otro comienzo. Ahora pidieron la indagatoria y hasta la detención de él y de la modelo. ¿Estará de acuerdo Armella? Veremos…

El peritaje contable —el instrumento que debería determinar si el patrimonio de Insaurralde tiene explicación lícita— tiene fecha límite el 17 de julio de 2026. Casi tres años después del escándalo inicial, el primer documento técnico que podría responder la pregunta central de la causa todavía no está listo. Los peritos, además, pidieron una prórroga. El fiscal Molas quiere que se tengan en cuenta los bienes del exintendente cuando estaba casado con su primera esposa Liana Toledo. El juez no está de acuerdo.

Hasta aquí el derrotero judicial. Árido, técnico, lleno de nombres y resoluciones. Pero hay una dimensión que los expedientes no registran y que es, en realidad, la más importante.

Mientras la causa Insaurralde acumulaba subrogantes y discutía qué institución hacía el peritaje, los mismos juzgados federales de Lomas de Zamora tramitaban las causas de los vecinos comunes del conurbano. Causas de contrabando menor, de evasión impositiva de pequeños comerciantes, de deudas con el fisco que ningún juzgado vacante protegió de la eficiencia recaudatoria del Estado.

En esas causas no hubo discusiones sobre quién hacía la pericia. No hubo subrogantes que se fueran sin indagar. No hubo tres años de espera antes de una citación.

La desproporción no es solo moral. Es institucional. Y su mensaje para el ciudadano es preciso y demoledor: las reglas se aplican, sí, pero no exactamente igual para todos. Para algunos, el sistema tiene toda la energía del mundo. Para otros, tiene juzgados vacantes, subrogantes que se van y pericias que llegan tarde.

La ironía más fina de esta historia no es que el sistema proteja a Insaurralde. Es que no lo protege deliberadamente a él: simplemente funciona así para cualquiera que tenga suficiente poder como para beneficiarse de sus demoras. La arquitectura judicial no discrimina por apellido. Discrimina por posición.

Y eso, a diferencia de la corrupción, no tiene fiscal que lo investigue ni peritaje que lo mida. Es simplemente la normalidad. Y la normalidad, como se sabe, es lo más difícil de cambiar.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Corrupción, Lomas de Zamora