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Círculo rojo: la trama que decretó la caída de Adorni y los interrogantes de la nueva etapa

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Algo cambió en las últimas semanas. En altas esferas del poder aseguran que fue Karina Milei la que en conversaciones reservadas en Casa Rosada le terminó de quitar el último apoyo que le quedaba a Manuel Adorni, a raíz de las increíbles explicaciones con las que intentó justificar su crecimiento patrimonial. También su hermano Javier, que retrasó una resolución por una cuestión casi de orgullo personal contra el sistema político, que lo llevó incluso a enfrentarse a los gritos con colaboradores en la quinta de Olivos y a dispensarle a su flamante ex jefe de Gabinete una batería de gestos. A Patricia Bullrich, que se encargó en público y en privado de horadar al saliente funcionario e intentó promover su renuncia de todas las maneras posibles -una estrategia compartida por buena parte del Gabinete que llegó a irritar a Karina Milei más que al Presidente-, la secretaria general le había pedido “tiempo”, días atrás.

El deadline se decretó ayer a las 18.38, cuando el ahora ex jefe de Gabinete publicó en sus redes la carta de renuncia tras casi ocho meses en el cargo y más de tres de un calvario político, judicial y mediático que lo consumieron a él y al Gobierno. Anoche, los hermanos Milei fantaseaban con empezar a dar vuelta esa página.

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“A veces hay discusiones entre Karina y Javier y eso llevó a que prefirieran mantenerlo a Adorni”, ensayó semanas atrás un dirigente que conoce a los hermanos desde el minuto cero. Uno de los motivos de la permanencia de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete radicaba, hasta hace no mucho tiempo, en la interna feroz en la cúpula del Ejecutivo entre la hermanísima y Santiago Caputo: el ex vocero presidencial llegó a ese lugar en octubre pasado, sin ningún antecedente en materia de gestión más que su rol de portavoz y una buena performance en una campaña electoral, como la porteña, de la que casi no participó, por su cercanía con Karina Milei y la necesidad de ella de obturar el ascenso del consultor.

Manuel Adorni y Santiago Caputo (Jaime Olivos)

Pero sostener a Adorni como ministro coordinador se tornó insoportable en las últimas semanas, un goteo diario de escándalos que impactó en la popularidad del Gobierno. Al desprestigio interno del saliente funcionario, que se convirtió en una sátira por las revelaciones en torno a las adquisiciones patrimoniales -su imagen negativa llegó a alcanzar más del 80%-, se sumó la parálisis de la gestión ejecutiva y, en particular, del Congreso: cualquier iniciativa quedó opacada, en algunos casos en stand-by, por la catarata de pedidos de interpelación y mociones de censura por parte de la oposición y la incomodidad de los aliados, hartos del affaire. Era cuestión de tiempo, tal como avisó puertas adentro la Secretaria General.

Fue decisiva, además, la presión interna, en especial la que ejerció Bullrich desde el Senado, furiosa con la suspensión del informe que Adorni debía dar el 2 de julio en la Cámara alta y el posteo del renunciado ministro asegurando que estaba a disposición del Parlamento. La senadora le dedicó los peores insultos. El tiempo empezaba a agotarse.

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Esa avanzada del Congreso se subió al derrotero de la investigación judicial que tuvo una aceleración atípica para un jefe de Gabinete en funciones. “Si la Justicia lo encuentra culpable, lo vuelo yo de una patada”, dijo el viernes Milei en Madrid para terminar de correrle a Adorni el último banquito sobre el que se sostenía. En Casa Rosada tenían, de antemano, escasísimas expectativas de un salvavidas para el ex vocero que evitara su hundimiento. Peor aún: sostenían, incluso, la posibilidad de una indagatoria en el cortísimo plazo. Eso precipitó la decisión. Fuentes y gestores judiciales resaltaron, además, que las gestiones que habría intentado desde el Ejecutivo fueron infructuosas. El encargado, en su momento, fue Juan Bautista Mahiques. Por eso el viaje reciente a París, en el marco del GAFI, que compartió con el juez Ariel Lijo, que tramita el expediente por enriquecimiento ilícito del saliente ministro coordinador, delegado en el fiscal Gerardo Pollicita, despertó todo tipo de elucubraciones, como si hiciera falta viajar hasta la capital francesa. Se disputan, en esa interna del Poder Judicial, intereses mucho más relevantes que la suerte de Adorni. Por ejemplo, los dos asientos en pugna en la Cámara Federal porteña.

Manuel Adorni y Juan Bautista Mahiques

Ayer, al cierre de esta nota, mientras se terminaba de acordar la renuncia de Adorni en Olivos y la posible incorporación de Diego Santilli, “El Colorado” -el mejor posicionado- como reemplazo del renunciado funcionario, se preguntaban en el seno del Gobierno por qué el Presidente y su hermana habían sostenido a Adorni durante más de tres meses y provocado, con esa decisión, un desgaste prolongado de la gestión.

“Esta fue la ‘foto de Olivos’ de Javier”, exageró un dirigente libertario en términos del daño provocado en el liderazgo del Presidente. Más allá de la exageración, el escándalo volvió a poner bajo la lupa la conducción de Milei y la lógica política que utiliza para tomar sus decisiones: por qué si el mandatario borró de un plumazo a un buen número de funcionarios, incluso algunos mucho más cercanos como Nicolás Posse o Guillermo Francos, a los que conocía desde hacía años, tardó tanto tiempo en definir la suerte de Adorni, el dirigente que mayor daño le causó al Gobierno con sus tropelías patrimoniales.

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Fue tal el perjuicio que ni la Copa el Mundo, los récords alcanzados por Lionel Messi o el escándalo en torno a Martín Insaurralde y Jesica Cirio alcanzaron a cambiar el eje de la agenda pública: el volumen de la conversación digital entre el 20 y el 22 de junio, cuando trascendieron los videos en los que se exhibieron decenas de fajos con dólares escondidos en vestidores, atribuidos presuntamente a esa ex pareja, apenas fue levemente superior al caso Adorni. Suficiente, sin embargo, para sacar de la cancha al ex jefe de gabinete bonaerense. Con un pedido de detención a cuestas, solicitada por el fiscal Sergio Mola, la decisión ahora está en manos del juez Luis Armella. Insaurralde, que entró al gabinete de Axel Kicillof tras las elecciones legislativas del 2021 para tratar de contrarrestar la figura del gobernador de la mano de Máximo y Cristina Kirchner, estaba a punto de obtener buenas noticias de ese juzgado cuando se filtraron los videos, y sostenía una alta influencia en el sistema político provincial: bastaba con ver la cantidad de dirigentes y operadores que lo visitaban hasta hace poco más de una semana en sus oficinas frente al Palacio de Tribunales, a metros del obelisco porteño. Quienes hablaron con él esta última semana lo notaron destrozado anímicamente.

El Gobierno entendió entonces que, a pesar de las muy enormes diferencias patrimoniales, la sociedad empezaba a asemejar ambos escándalos, el de Adorni y el de Insaurralde, como parte de una misma lógica de concebir la política. Influyó, además, la embestida de la oposición en el Congreso, pero en particular la de los aliados. El viernes, en Mar del Plata, Mauricio Macri adelantó que el PRO votaría “por la interpelación” del saliente funcionario en “ambas cámaras”. Los hermanos Milei no estaban dispuestos a darle ese gusto al ex presidente. ¿Y qué pensará el jefe del PRO de la designación de un dirigente al que no le tiene ninguna estima? Los Milei tampoco querían seguir colaborando con la inquietud de los mercados frente a la posibilidad de que el Parlamento alcance el número para echarle al Presidente a su ministro coordinador, lo que le otorgaría a Milei otro récord: el mandatario que más rápido eyectó a un jefe de Gabinete -Posse- y el primero en perder a esa figura desde la reforma constitucional de 1994.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Si bien hasta anoche no hubo anuncio formal, se estimaba para estas horas la oficialización de Santilli como flamante jefe de Gabinete. Como paso previo, los hermanos Milei habían empezado a mostrar un cambio sustancial respecto a los últimos tres meses con la incorporación de Adrián Ravier como vocero presidencial y Fabián Fernández en la Secretaría de Medios, dos funcionarios con un estilo muchísimo más amigable con la prensa, en el caso de Fernández, con una trayectoria profesional en el rubro. En esas dos incorporaciones, que socavaron el organigrama de Adorni, comenzó a escribirse el final del ex vocero como funcionario.

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Esos dos movimientos revitalizaron la interna a cielo abierto entre Karina Milei y Santiago Caputo. La disputa no da señales de tregua, más bien lo contrario. La llegada de Ravier, pero en especial la de Fernández, originó una serie de trascendidos en torno a quién había diseñado y ejecutado esa decisión.

Por eso es muy factible que la hermana presidencial se ocupe de instalar que el eventual desembarco de Santilli tiene su sello. Ecuménico, de diálogo fluido con los gobernadores, el sistema político en general y el círculo rojo, el ministro llegó al Gabinete de la mano la secretaria general: trabajó ese nexo con paciencia mientras buena parte de sus colegas fatigaban la oficina de Santiago Caputo. Santilli entendió que la llave de su entrada a La Libertad Avanza era con ella, y no con él. El ministro, sin embargo, tiene una buena relación con Caputo y una histórica vinculación con la consultora Move, en especial con Rodrigo Lugones, que lo asesoró durante años, en su paso por la capital, hasta trabar una amistad. El año pasado, “El Colorado” lo visitó en Madrid, donde el consultor pasa la mayor parte de su tiempo. A propósito: ¿Existen discrepancias, en Las Fuerzas del Cielo, entre Madrid y Buenos Aires?

“Siempre tiene suerte ‘El Colo’”, sentenció ayer, con sorna, un amigo del funcionario, que tiene un solo objetivo: ser gobernador bonaerense. El año pasado, cuando reemplazó a otro dirigente eyectado por opacidad como José Luis Espert, en ese caso como cabeza de la lista de diputados nacionales en territorio provincial, los hermanos Milei le prometieron, en una extensa cena posterior al triunfo de octubre, que se preparara para ser el candidato de La Libertad Avanza en ese territorio en el 2027. Desde ese momento, Santilli le juró lealtad a Karina Milei, que destaca ese atributo del funcionario desde que acompañó, hasta el final, el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Un metamensaje para Bullrich. El ex diputado del PRO fue capaz, en estos más de tres meses, de despotricar en privado contra Adornir pero mantener, públicamente, una actitud bien dócil.

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Diego Santilli

Es una incógnita, en ese sentido, cómo será, en esta nueva etapa, el organigrama de la Jefatura de Gabinete y sí, como trascendió en estas horas, el ministerio del Interior volvería a estar bajo el paraguas de esa oficina, como anteriormente. Sonaba, en ese contexto, como secretario, el nombre de Ignacio Devitt, que también tiene ambiciones electorales: quiere ser intendente de Vicente López, territorio del “jorgemacrismo”, por el jefe de Gobierno del que el funcionario nacional guarda amarguísimos recuerdos. Sobre el resto de los ex colaboradores de Adorni, todavía hay dudas. Por ejemplo, Aimé Ayelén Vázquez, “Meme”, más que una mano derecha del renunciado funcionario.

La hermanísima quiere tener pleno control de la gestión del gabinete, con excepción de las áreas que controla el consultor o el rubro económico. Por eso se mencionan potenciales cambios en la comunicación y la supervisión de ese sector. Parte de esas inquietudes se analizaron en la reunión que la Secretaria General mantuvo el viernes con Santilli y Martín Menem.

La salida de Adorni abre otra vez el mismo interrogante de siempre: si la interna, que quedó en otro plano por la centralidad del renunciado ministro, volverá a tomar el mismo vigor de antes. Después de avanzar sobre el Ministerio de Justicia, la hermanísima pretendía seguir con otras áreas, pero frenó ese plan por el estallido del caso Adorni. ¿Volverá a reflotarlo ahora? Una inquietud, una más, de esta nueva-vieja etapa que comienza con la salida del ex vocero. Fin.

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Tras 8 años de distancia, los hermanos Rodríguez Saá coquetean con unirse para volver al poder en San Luis

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Hay una idea de forjar la unidad que atraviesa la discusión de todo el peronismo a nivel nacional. La gran mayoría de los dirigentes creen importante construir una coalición amplia que esté apoyada sobre la base de acuerdos provinciales. Así sucedió, en gran medida, durante el 2018, cuando se edificó el Frente de Todos. Esa experiencia, por más traumática que resultó en la gestión, tuvo resultados favorables en el plano electoral.

San Luis representa el 1,15% del padrón electoral a nivel nacional. Tiene cerca de 420.000 electores. Es una de las provincias con menor representatividad en las urnas. Sin embargo, lo importante de la discusión que tiene el peronismo por estos días, entre ellos la versión puntana de la fuerza política, es el valor simbólico de la unidad como método para ganar elecciones en todas las provincias. Y, sobre todo, que la unidad sea entre dos hermanos que ocuparon el poder del gobierno de San Luis en nueve períodos: Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

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Adolfo Rodríguez Saá fue gobernador entre 1983 y el 2001 en forma ininterrumpida, mientras que su hermano Alberto ocupó la gobernación entre el 2003 y el 2011, y el 2015 y el 2023. Entre el 2001 y el 2003 estuvo a cargo de la provincia Alicia Lemme. Entre el 2011 y el 2015 el delegado en el gobierno de los Rodríguez Saá fue Claudio Poggi, que ocho años después volvió al poder pero divorciado de Alberto y aliado con Adolfo.

Los hermanos, que están en el borde las ocho décadas, se encuentran distanciados desde el 2018. Hay cuestiones personales y políticas que trazaron una línea divisoria en el vínculo. El conflicto político se profundizó cuando Adolfo apoyó la candidatura de Poggi en el 2023. Enfrente quedó Alberto, como principal promotor de la candidatura de Jorge “Gato” Fernández, el último candidato a gobernador del PJ. La diferencia fue de ocho puntos pero con un umbral alto para el peronismo. Obtuvo el 42,30% de los votos contra el 52,9% del actual mandatario.

Alberto Rodríguez Saá fue el último gobernador del peronismo en San Luis

Con ese piso de votos, en el justicialismo piensan que una eventual unidad entre los hermanos podría volver muy competitiva a la oposición. “¿Van a forjar la unidad para salvar San Luis?“, le preguntó una periodista militante a Adolfo Rodríguez Saá en una entrevista realizada pocos días atrás en la provincia. ”Dios quiera. Hoy no hay nada. Pero por su puesto que me gustaría. Hay que buscar los puntos que nos unen y dejar de costado las cosas que nos dividen», respondió.

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El planteo fue explícito. Adolfo está dispuesto a firmar la paz. Tiene su partido y su vocación de ser candidato nuevamente. Pero, a esta altura del calendario, las expresiones y los gestos son parte de un combo de tensiones donde el objetivo real es tener fuerza para negociar la unidad para volver al poder. “Esto no es solo para mi hermano. Sino para todos los dirigentes. Tenemos que dejar de buscar la mugre y buscar lo que nos une. Las coincidencias tienen que servir para tener un programa común”, explicó en una entrevista brindada a FM La Nuestra 100.3.

Adolfo utilizó en ese diálogo un lema muy conocido en el peronismo. La unidad no se proclama, la unidad se construye con gestos, ideas y propuestas. Ese mensaje cercano al PJ provincial se da cuatro meses después de su distanciamiento del esquema político e institucional del gobierno de Poggi. Ese cambio abrupto es tolerado, pero no olvidado, por muchos dirigentes peronistas. Entre ellos su propio hermano.

La mayor parte del peronismo puntano está alineado detrás de la figura de Alberto Rodríguez Saá que, un puñado de días atrás, reapareció en un acto en la sede del PJ de San Luis, donde juntó a una gran cantidad de militantes que pidieron por una nueva candidatura provincial. Allí planteó la necesidad de volver más humildes al poder y le dio impulso a una idea que tuvo en el 2019: “Hay 2027”. Una expresión de deseo y convicción para sostener el proceso de armado político y electoral. Quienes lo frecuentan aseguran que ya no habla tan mal de su hermano como antes. El silencio parece ser una señal de aplacamiento.

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Adolfo Rodríguez Saá actualmente ocupa una banca en el Senado (Gustavo Gavotti)

La decisión personal de los hermanos es lo que realmente vale para sostener el consenso. Pero por fuera de ese diálogo, hay una mayoría de dirigentes del peronismo que presionan para construir un acuerdo de unidad y presentar una opción competitiva para el año que viene. Algunos miran con atención el 17 de octubre, cuando se celebre el día de la Lealtad peronista. Advierten que puede haber un gesto de acercamiento con un trasfondo histórico que lo sostenga.

Alberto cree en la concentración de fuerzas como parte de la edificación política. Trazar una línea y contar quienes están de un lado y quienes del otro. Y, una vez seguro de los propios, avanzar en una discusión sobre roles, candidaturas y funciones. El último gobernador peronista pretende que el PJ, que actualmente preside, tenga un candidato provincial antes de fin de año.

Las especulaciones están a la orden del día en San Luis. Hay dos caminos visibles para la unidad. Uno es que haya un acuerdo entre ambos y alguno decida apoyar al otro como candidato a gobernador. En ese juego el que mejor parado está es Alberto, porque tiene el mayor caudal dirigencial desde su lado y porque es el que mejor mide en las encuestas como referente del peronismo.

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El otro camino es que logren un acuerdo para respaldar la candidatura de un dirigente que no lleve su apellido. Así como lo hicieron en el 2015 con Poggi. En ese escenario hipotético empieza a correr el nombre del diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, que está alineado a Alberto, pero que recibió halagos de Adolfo por su decisión de estar en la trinchera enfrentando al gobierno de Poggi.

El diputado nacional Ernesto

La semana pasada Alí se fue del bloque de Fuerza Patria y se unió al bloque del “Gato” Fernández. Fue una decisión basada en el reacomodamiento territorial. Alberto Rodríguez Saá pretendía que el “Pipi” esté afuera del bloque. El ex gobernador nunca tuvo un buen vínculo con el kirchnerismo. Y el legislador, que tiene voluntad de ser candidato si su jefe político no se presenta, movió su ficha en el tablero legislativo.

Detrás de bambalinas hay un trasfondo más complejo en la convivencia parlamentaria. Pero la base de la decisión está basada en el ordenamiento político del peronismo en el territorio. En un encuadramiento local. Alí es parte del esquema político del PJ Federal donde están Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával. Su cara podría ser la que encarne una renovación. Sin embargo, el diputado sabe con claridad que si Alberto decide ser candidato, su vocación tendrá un freno brusco.

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Otro nombre que sonaba hasta hace poco es el del “Gato” Fernández, último candidato del peronismo para la gobernación. Pero el legislador no tiene voluntad de afrontar una nueva campaña. Trabajará para la unidad pero sin la expectativa de volver a ser. La situación es diferente en el universo de Alberto. En su entorno creen que podría ser un candidato de la unidad que contenga a su hermano, pero también algunas vertientes del kirchnerismo y el massismo, minoritarias en la superficie política de la provincia.

Tanto Alberto como Adolfo están muy activos. Recorriendo distintas localidades de la provincia y subidos a la vida pública de la política. El año que viene no solo habrá elecciones nacionales, sino que también se llevarán a cabo elecciones constituyentes, ya que Poggi decidió avanzar con un proyecto para reformar la constitución provincial. En ese contexto, la negociación de unidad gana preponderancia y altera la estabilidad política de la provincia. Hay distintos espacios en el frente para ocupar y representar.

El actual gobernador de San Luis, Claudio Poggi, hoy muy cercano a la Casa Rosada

Los hermanos no tienen interlocutores. Y la discusión que se va a dar en los próximos días es netamente provincial. El peronismo puntano no quiere que la interna nacional, anclada en las peleas de la provincia de Buenos Aires, contaminen la negociación dentro de los márgenes de San Luis. Por eso nadie habla de ni de Cristina Kirchner ni de Axel Kicillof, ni de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Realidades diamentralmente opuestas.

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“Hay que dejar de estar con el peronómetro en la puerta del partido. Hay que frenar los pases de factura. Y hay que poner toda la carne al asador para ganar el año que viene. El peronismo necesita la unidad del Alberto y el Adolfo. El tiene que unirse para ganar”. Así definió el estado de situación del justicialismo puntano un dirigente que conoce bien a los hermanos Rodríguez Saá. Sus palabras bien podrían ser la de tantos otros dirigentes de base que buscan, en un gesto de extremo pragmatismo, que haya perdón, para después encontrar el amor.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Después se quejan cuando les digo que son mier… humanas”, apuntó el Presidente contra la prensa

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El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. A ello se suman los reparos de constitucionalistas y la preocupación de entidades periodísticas.

En concreto, propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

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En medio de la polémica por el recorte en el área de Discapacidad, que se conoció luego de que se presentara el proyecto de presupuesto 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, volvió a mostrar diferencias con la Casa Rosada y endilgó responsabilidades al Ministerio de Economía de Luis Caputo por haber realizado modificaciones sin previo aviso. “A mí no me tomen por tonta”, dijo la senadora.

La espada libertaria en la Cámara alta reconoció que la eliminación de artículos claves de la ley de emergencia en discapacidad también la sorprendió a ella y confirmó que el tema no se habló en la mesa política del último martes.

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“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo Bullrich el jueves por la mañana al ser consultada por el tema en Radio Rivadavia.

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El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.

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En la votación en general dividió al recinto de manera transversal y terminó con 41 votos a favor y 25 en contra.

El propósito central de la normativa apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.

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La izquierda presentó un habeas corpus para “evitar detenciones arbitrarias” en una movilización que hará el sábado

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Los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Alejandro Bodart y Celeste Fierro presentaron una acción de habeas corpus para “evitar detenciones arbitrarias” en la denominada “Marcha de la Bronca”, que el Frente de Izquierda impulsa y que se realizará este sábado por la tarde, en un recorrido desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, con consignas opositoras al gobierno de Javier Milei. Los organizadores buscan contrarrestar la posible aplicación del protocolo antipiquetes.

Bodart y Fierro −ambos exlegisladores porteños− sostuvieron en su presentación judicial que formalizan la solicitud de habeas corpus “en favor de todas las personas que participen o transiten por la manifestación denominada ‘Marcha de la Bronca’, prevista para el día 19 de septiembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de evitar detenciones arbitrarias y cualquier afectación a su integridad por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la aplicación del denominado ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’”.

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Los dirigentes del MST consideraron que el protocolo antipiquetes habilita “la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa, calificando cualquier reunión o corte parcial de calles como un delito flagrante y permitiendo la detención arbitraria de manifestantes”. Argumentaron que “esta normativa vulnera derechos constitucionales fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad ambulatoria y el derecho de reunión pacífica”.

Alejandro Bodart y Celeste Fierro, dirigentes del MST que presentaron la acción de habeas corpusPrensa MST

“Se solicita que se mandate a las fuerzas de seguridad cumplan su función acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, a los fines de garantizar el pleno ejercicio de manifestarse y peticionar ante las autoridades, salvaguardado la integridad física de quienes participan de las protestas. En particular, se ordene que el personal de las fuerzas de seguridad porte visiblemente su nombre, apellido y rango”, pidieron Bodart y Fierro en la presentación judicial, que aún no tiene juzgado a cargo designado.

Como antecedente, los integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad que firmaron la solicitud de habeas corpus señalaron que, en la manifestación contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el 6 de agosto, en la Plaza del Congreso, “las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la masiva protesta en un Congreso vallado y la aplicación de este protocolo derivó en detenciones masivas e ilegales y uso de la fuerza desproporcionado, dejando una gran cantidad de heridos por la fuerza de seguridad nacional y de la ciudad de Buenos Aires”. remarcaron que “existe riesgo cierto e inminente de que esta situación se repita”.

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Al insistir sobre el antecedente de la manifestación del 6 de agosto, en la presentación se subrayó el pedido de que “se disponga la designación de veedores judiciales que supervisen el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo del 19 de septiembre de 2026″.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad nacionalEmbajada de EEUU en Argentina

Según puntualizaron los dirigentes del MST en su requerimiento judicial, “el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, confirmó ante las consultas de distintos medios de comunicación que aplicará un dispositivo especial de control en la zona”.

“El derecho a la protesta es una manifestación esencial de la vida democrática y una herramienta legítima de participación ciudadana. Su criminalización, mediante la aplicación de un protocolo que habilita la represión indiscriminada y las detenciones arbitrarias, constituye una grave regresión en materia de derechos humanos. El Poder Judicial tiene el deber de actuar como garante de la Constitución Nacional y de velar por la supremacía del Estado de derecho”, concluyeron Bodart y Fierro.

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El FIT-U impulsa una “autoconvocatoria” de unas 200 organizaciones a la “Marcha de la Bronca”, que tiene como consigna “En el camino de derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general”. La manifestación comenzará frente al Congreso, a las 15.30 y, una hora después, comenzará la marcha hacia Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo. Los organizadores esperan una concurrencia de “varias decenas de miles” y anuncian réplicas de la marcha central en distintas ciudades de todo el país.

Al confluir en Plaza de Mayo, la protesta culminará con la lectura de un documento crítico de la gestión Milei, a cargo de artistas, y el cierre musical con una versión de “La Marcha de la Bronca”, de Miguel Cantilo.




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