Acindar produjo apenas 600.000 toneladas de acero, la mitad de lo registrado en 2023, cuando la compañía superó 1,2 millones de toneladas

29/09/2025 – 19:20hs

La industria metalúrgica atraviesa un escenario crítico, con indicadores que reflejan una crisis persistente mientras el Gobierno mantiene su rumbo económico. En la localidad santafesina de Villa Constitución, la planta que Acindar posee se encuentra nuevamente en el centro de la escena. Este lunes se confirmó un nuevo parate productivo para la semana, acompañado de la reactivación del acuerdo de suspensiones de personal entre la compañía y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se extenderá hasta fin de año.

Los datos de producción reflejan el retroceso: en 2024, Acindar produjo apenas 600.000 toneladas de acero, la mitad de lo registrado en 2023, cuando la compañía superó 1,2 millones de toneladas. 

El golpe a Acindar: presión de importaciones y mercado interno debilitado 

La situación no se explica únicamente por la demanda interna. Las importaciones de acero, aluminio y otros materiales de construcción, principalmente desde China y Brasil, ingresan al país con menos trabas burocráticas y a precios inferiores a los nacionales. Los gremios señalan que, mientras la producción local sufría un fuerte retroceso, la firma adquirió productos elaborados en China, lo que aumentó la presión sobre los trabajadores locales.

El impacto sobre el empleo es inmediato. Se espera que casi el 90% de los trabajadores sean suspendidos, lo que afecta a unos 900 empleados de Acindar, incluidos contratistas. Según el acuerdo vigente entre la UOM y la compañía, los suspendidos percibirán entre el 75% y el 80% de sus salarios, una medida que busca mitigar, aunque de manera parcial, los efectos sobre los ingresos familiares.

El contexto laboral se cruza con un dato político relevante. En las elecciones de 2023, la fuerza La Libertad Avanza fue la opción mayoritaria entre los trabajadores de Acindar en Villa Constitución, tanto en la primera vuelta como en el balotaje y en los comicios locales posteriores. Este contraste evidencia un desencanto creciente entre el voto de confianza inicial hacia el oficialismo y la actual realidad de suspensiones y pérdida de empleo.

Más allá de Acindar: un panorama industrial crítico

La coyuntura de la siderúrgica se replica en otras ramas de la industria. Empresas como Toyota han implementado parates y suspensiones, mientras el sector automotriz y metalúrgico en general sigue enfrentando tensiones estructurales. Para gremios y especialistas, estos hechos configuran un «industricidio», donde se denuncia un modelo económico que prioriza la especulación financiera sobre la producción y el trabajo.

Villa Constitución, con un historial de luchas emblemáticas del movimiento obrero, vuelve a situarse en el centro de la discusión sobre el futuro industrial argentino. El presente de Acindar refleja no solo una crisis productiva, sino también un dilema histórico: cómo compatibilizar la política económica vigente con la continuidad del empleo y la industria nacional.

La suspensión de actividades en Acindar no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sector siderúrgico en caída, marcado por la debilidad del mercado interno, la competencia de importaciones y la incertidumbre política. La pregunta que queda flotando es si se podrá revertir esta tendencia antes de que la crisis laboral y productiva alcance niveles irreversibles para Villa Constitución y para la industria metalúrgica del país.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 de septiembre tras haber alcanzado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones.

“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.

El titular de CRA reconoció las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.

“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.

Por su lado, el segundo de CRA, José Colombatto, destacó el compromiso del campo con el desarrollo productivo del país y remarcó la necesidad de avanzar hacia una eliminación “definitiva” de las retenciones.

“Fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”, sostuvo Colombatto durante la Exposición Rural de Concepción del Uruguay.

El vicepresidente indicó que la mayoría de los productores “no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”, dejando en evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”, haciendo referencia a las cerealeras.

“No se puede jugar con la democracia ni hay lugar para los oportunismos de la política de cuarta. Necesitamos dirigentes que construyan acuerdos y trabajen para que la Argentina recupere la senda del desarrollo”, concluyó Colombatto.

La reacción de CRA se sumó a una similar de la Sociedad Rural de Rosario (SRR) desde donde también se pidió la reducción inmediata y significativa de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industrial. La entidad insiste en la necesidad de avanzar con reformas tributarias y laborales que permitan reactivar la economía.

“La Sociedad Rural de Rosario reclama con firmeza, históricamente y ahora, la baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industria y dar inicio a las Reformas Tributaria y Laboral, para reactivar el país”, aseguró en un comunicado.

“La Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento. Exigimos que equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”, manifestó la SRR.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia: reglas claras, competitivas y equitativas. El campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga. No hay futuro con retenciones. Hay presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores. El campo ya eligió crecer: ahora es el turno del Gobierno y todo el abanico político”, concluyó.

El Gobierno había dispuesto retenciones en 0% para los principales granos y subproductos durante un período transitorio: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las ventas al exterior alcanzaran los USD 7.000 millones, según ocurriera primero. La meta de ventas se alcanzó en solo 72 horas.Con información de NA

El Gobierno Nacional le confirmó a la Mesa de Enlace que ya está en marcha la obra de la Cuenca del Río Salado Bonaerense. Se trata de una inversión en infraestructura clave para el agro de Buenos Aires, principal provincia productora de Argentina. Según le explicó Juan Pazo, titular de ARCA y principal gestor de políticas públicas para el sector productivo del Gobierno Nacional, a los dirigentes ruralistas, la obra llevará un año de trabajo, y busca evitar inundaciones en campos y comunidades linderas al curso de agua.

Actualmente, buena parte de la zona central de la provincia se encuentra bajo agua, y las recurrentes lluvias no hacen más que empeorar el panorama, ya que el agua no baja por no tener donde escurrir, producto de las obras inconclusas. Según Carbap, la asociación de productores de Buenos Aires y La Pampa, hay entre 2 y 3 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones.

De acuerdo a esta entidad, que realizó conteo mediante imágenes satelitales, hay graves inconvenientes en 2 millones de hectáreas, mientras que en el territorio restante las limitantes tienen que ver con caminos cortados por el agua, o campos vecinos anegados. Distritos como 9 de Julio, Lincoln, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo concentran las mayores superficies afectadas.

Es por esto que atendiendo a un reclamo histórico del ruralismo bonaerense, el gobierno nacional decidió reactivar la obra pública para llevar soluciones, o un atisbo de ello, a los habitantes de los partidos afectados.

El Gobierno anuncia la obra pública en la Provincia de Buenos Aires

El Gobierno Nacional informó a las entidades del agro que comenzó a realizar obras de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirán prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción.

De acuerdo a lo que explicaron las autoridades, la primera etapa de esta obra comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, ubicada en el Partido de 25 de Mayo. «Se trata de la respuesta a un reclamo histórico del agro por la continuidad de las obras, lo que permitirá evitar anegamientos, inundaciones y pérdidas millonarias», dijo el gobierno en un comunicado de prensa.

La obra de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado tiene una extensión de 760 km y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. «Las obras de infraestructura generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción», aseguraron los directivos en plena reunión con los ruralistas.

El proyecto incluye movimientos de suelo por más de 19 millones de m³, que permitirán prevenir inundaciones que históricamente afectaron a municipios y áreas productivas, recuperando unas 5 millones de hectáreas cultivables.

Falta de obras y aportes en la Provincia

La falta de obras de infraestructura para prevenir las inundaciones en la provincia de Buenos Aires es menos un problema técnico y más el resultado de un fracaso político, sistémico y prolongado. Lejos de ser una fatalidad climática, el agua que anega los campos bonaerenses fluye por los cauces de la parálisis estatal, las disputas jurisdiccionales y una crónica inestabilidad en la inversión pública.

Uno de los elementos centrales del problema es el constante traspaso de responsabilidades entre el gobierno nacional y el provincial. Históricamente, sin importar el color político de las administraciones de turno, la ejecución de obras hídricas de envergadura ha sido un campo de batalla para la disputa de poder y recursos.

El ejemplo más reciente es el enfrentamiento entre el gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Axel Kicillof. Desde la provincia se acusa a la Nación de aplicar un drástico recorte en la obra pública como parte de su política de «déficit cero«, paralizando proyectos clave y reteniendo fondos legalmente correspondientes a la provincia, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a emergencias.

Disputas similares ocurrieron entre el gobierno de Mauricio Macri y las administraciones peronistas de la provincia, y anteriormente entre el kirchnerismo y gobernadores de distinto signo. La puja por los recursos de la coparticipación y la discrecionalidad en el envío de fondos han sido una constante que impide la planificación a largo plazo.

El Plan Maestro del Salado: símbolo de la inacción

El Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado es el ejemplo más paradigmático de esta parálisis. Diseñado en la década de 1990 con financiación parcial del Banco Mundial, este megaproyecto busca dar una solución estructural a las inundaciones y sequías en una de las zonas más productivas del país. A más de 20 años de su concepción, el plan ha avanzado de manera fragmentada, con etapas que se activan o «neutralizan» según el ciclo político y económico.

Las causas de un campo bajo el agua

En el corazón del problema se encuentra una combinación de factores naturales y acciones humanas. Por un lado, la provincia de Buenos Aires está surcada por una extensa red de cuencas hídricas, entre las que se destacan la del río Salado y la del Luján. Estos sistemas fluviales, de escasa pendiente, son naturalmente propensos a los desbordes durante períodos de lluvias intensas.

A esta condición natural se le suma el impacto del cambio climático. Estudios científicos han demostrado un aumento sostenido de las precipitaciones en la región pampeana en las últimas décadas. A esto se añade la influencia de fenómenos como El Niño, que durante sus fases activas incrementa significativamente la probabilidad de lluvias superiores a las normales, exacerbando el riesgo de inundaciones.

La palabra de los ruralistas

Al finalizar la reunión entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional, la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari manifestó: «Nos informaron que la obra hídrica del Salado empieza su ejecución en el día de hoy, así que esa ha sido una buena noticia después de tanta gestión que hemos hecho, pidiendo que efectivamente esa obra hídrica se finalice, más en un contexto donde la provincia de Buenos Aires está inundada y con muchísima lluvia encima de los campos. Así que para nosotros eso es una noticia que alienta, aunque sabemos que la obra va a demorar aproximadamente un año en ser ejecutada definitivamente».

Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, aseguró: «Nos dieron un escrito con un mensaje que contenía todos los detalles de la obra. Es una buena noticia, es importante, una obra que era esperada y que hacía mucho que esperábamos que se termine ese tramo para que la obra empiece a funcionar».