El Gobierno oficializó este lunes el bono previsional de $70.000 para abril. La medida alcanza a jubilaciones que perciban el haber mínimo y fue formalizada mediante el Decreto 213/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Con esta confirmación, las jubilaciones mínimas quedarán por encima de $450.000 durante abril. El cálculo contempla la actualización del haber inicial, que debe ajustarse en línea con la inflación de febrero registrada en 2,9%.

El Ejecutivo viene renovando este refuerzo mes a mes desde enero de 2024. Los primeros dos meses de ese año, el bono fue de $55.000. Desde marzo de 2024 en adelante, se actualizó a $70.000 y se mantuvo en ese monto hasta la fecha.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la medida señalando que la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde marzo de 2021 (Ley 27.609) no resguardaba el riesgo inflacionario y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes.

El texto oficial fue más allá. Puntualizó que esa normativa implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente para aquellos de menores ingresos.

Por eso resultó necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales por diferentes montos desde enero de 2024 hasta marzo de 2026 inclusive.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en abril 2026

El Decreto 213/2026 detalló con precisión quiénes podrán acceder al bono previsional. La lista incluye tres categorías principales de beneficiarios.

Primero, las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES. Es decir, quienes accedieron a su jubilación por aportes realizados durante su vida laboral activa.

Segundo, las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Este programa asiste a quienes no cumplieron con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse por el sistema tradicional.

Tercero, las personas beneficiarias de pensiones no contributivas. Acá entran las pensiones por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas cuyo pago está a cargo de ANSES.

El documento oficial fue claro en un punto adicional. Para percibir el bono, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación.

También estableció que el bono no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. Es decir, no genera deducciones ni se suma para cálculos futuros.

Jubilación mínima ANSES: de cuánto será en abril 2026 sumando el bono

A partir de abril, el haber mínimo legal se ubicará en $380.319,31. Ese es el monto base que recibirán quienes tengan la jubilación más baja del sistema previsional argentino.

Pero hay un dato clave que modifica ese piso. El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores más vulnerables del universo jubilatorio.

De esta manera, ningún jubilado cobrará menos de $450.319,31 sumando haber y bono. Ese es el piso de ingresos que garantiza el Estado nacional para los adultos mayores durante abril.

Cabe aclarar un punto importante: quienes perciban un ingreso superior al haber mínimo pero inferior a $450.319,31 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. ANSES realiza un cálculo para que todos los beneficiarios lleguen al piso, independientemente de su situación particular.

El bono no es remunerativo. No genera aportes ni se computa para futuros ajustes de haberes. Es una asistencia extraordinaria que el Gobierno viene renovando mensualmente.

En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del bono.

Cuál es el tope máximo de las jubilaciones en abril

En el otro extremo de la escala previsional, el haber máximo establecido para abril será de $2.559.188,81. Este monto representa el techo del sistema jubilatorio argentino.

Solo un porcentaje reducido de jubilados alcanza este nivel de prestación. Son quienes realizaron los mayores aportes durante su vida laboral activa y cumplen con todos los requisitos del sistema.

La diferencia entre el haber mínimo y el máximo es considerable. Sin contar el bono, el haber máximo representa casi siete veces el mínimo. Una brecha que refleja las disparidades salariales del mercado laboral argentino.

El decreto señaló que el otorgamiento del bono se realiza «a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley 27.609» en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos.

La medida busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados más vulnerables mientras el Gobierno evalúa modificaciones estructurales al sistema de movilidad jubilatoria vigente desde 2021.

Cuándo cobran los jubilados en abril: el calendario completo

ANSES ya publicó el cronograma de pagos para abril de 2026. Las fechas varían según el monto del haber y la terminación del DNI.

Los jubilados que no superan el haber mínimo cobrarán primero. El calendario arranca el 10 de abril para DNI terminados en 0 y se extiende hasta el 23 de abril para DNI terminados en 9.

El detalle completo para jubilaciones mínimas:

• DNI terminados en 0: 10 de abril
• DNI terminados en 1: 13 de abril
• DNI terminados en 2: 14 de abril
• DNI terminados en 3: 15 de abril
• DNI terminados en 4: 16 de abril
• DNI terminados en 5: 17 de abril
• DNI terminados en 6: 20 de abril
• DNI terminados en 7: 21 de abril
• DNI terminados en 8: 22 de abril
• DNI terminados en 9: 23 de abril

Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán en la última semana del mes. Las fechas van del 24 al 30 de abril, agrupando de a dos terminaciones de DNI por día.

El cronograma para haberes superiores:

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
• DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
• DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
• DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen su calendario específico. Los pagos se concentran entre el 10 y el 15 de abril, con terminaciones agrupadas.

Fechas para PNC:

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
• DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Este cronograma escalonado permite a ANSES distribuir el pago de millones de prestaciones sin saturar el sistema bancario. Los jubilados pueden consultar sus fechas exactas ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El Ministerio de Economía sostiene una estrategia basada en tres frentes para enfrentar el vencimiento de deuda de julio por USD 4.200 millones: la venta de activos, la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento internacional y el impulso al mercado de capitales local. Aunque las recientes colocaciones de bonos en dólares resultaron exitosas en términos generales, en el escenario más favorable, Luis Caputo, lograría incorporar menos de USD 620 millones al Tesoro hacia fin de mes. Esto refuerza la perspectiva de que podría ser necesaria la asistencia externa para afrontar el pago de mitad de año.

Desde el comienzo de las licitaciones de los títulos en dólares, el Gobierno adquirió USD 931 millones, de los cuales utilizó algunos en el pago de deuda a organismos internacionales, lo que explica la merma en sus depósitos en el Central.

El viernes, Finanzas adjudicó USD 300 millones a través de dos títulos: el Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28), ambos denominados en moneda extranjera. Con esta operación ya se garantizó el ingreso de USD 150 millones por cada bono, recursos que quedarán contabilizados en los depósitos del Tesoro a partir del martes 31 de marzo. Tras conseguir otros USD 131 millones en la segunda licitación del lunes, el saldo total escalará a USD 619 millones antes de finalizar el mes

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 26 de marzo, detalló que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en la entidad ascendían al equivalente de 188 millones de dólares. Este cálculo surgió de una conversión de $257.348 millones a un tipo de cambio de $1.370 por dólar.

El viernes, la primera subasta de Bonar 2027 y Bonar 2028 permitió a Finanzas captar USD 300 millones. Cada uno de los bonos aportó USD 150 millones, monto que ya quedó asegurado y que se sumará a los depósitos del Tesoro el martes 31 de marzo. De esta manera, el stock acumulado ascendería a USD 619 millones, siempre y cuando no se produzcan movimientos de salida.

Más allá del financiamiento local, la atención se centra en el mecanismo que el ministro Caputo afirmó tener asegurado para cubrir los vencimientos de capital de julio, y de enero y julio del próximo año. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, no se trataría de un préstamo con bancos internacionales, como el realizado por el BCRA en enero, y su anuncio se espera en las próximas semanas.

Expectativas menores

Tras la licitación del viernes pasado, la Secretaría de Finanzas adjudicó este lunes USD 131 millones adicionales en Bonares 2027 y 2028, mediante una colocación por adhesión.

La operación incluyó dos series: el Bonar 2027 (AO27), que sumó USD 97 millones con una tasa interna de retorno efectiva anual de 5,12% y una tasa nominal anual de 5%. Por su parte, el Bonar 2028 (AO28) totalizó USD 34 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual de 8,86% y una tasa nominal anual de 8,52 por ciento. En ambos casos, puede emitir hasta USD 2.000 millones a fin de enfrentar el cronograma de vencimientos de julio.

El objetivo de la emisión fue atraer dólares del mercado, en un contexto donde el Tesoro busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer opciones en moneda extranjera a inversores con distintos perfiles de riesgo y plazo.

La atención estaba puesta en si Finanzas lograría repetir la colocación máxima del AO27, como había ocurrido en subastas anteriores. En esta oportunidad, el monto se ubicó apenas por debajo del tope de 100 millones de dólares. En el caso del AO28, la adjudicación fue más baja, con solo USD 34 millones frente al máximo permitido de 100 millones de dólares.

La referencia a una demanda consolidada sobre el AO27 sugiere que los inversores identifican a este título como una alternativa sólida dentro del menú de opciones en moneda extranjera, ya que el vencimiento es en octubre de 2027, dentro del mandato de Javier Milei. En contraste, el AO28 enfrentó un interés más moderado en la primera vuelta, que se profundizó en la segunda etapa.

La evolución de las licitaciones muestra una dinámica de creciente interés por los bonos en dólares, especialmente en el caso del AO27. El Gobierno consiguió captar recursos relevantes en ambas series, aunque la respuesta de los inversores frente al AO28 resultó algo más contenida. La tasa de corte en torno al 8,5% aparece como un elemento central en la definición de la demanda, ya que representa una referencia para quienes evalúan ingresar en la segunda vuelta.

Con ello, el ministro Caputo demostró lo que quería, que el “riesgo kuka” aún existe. Al difundir el resultado de la licitación del viernes, destacó que en ambos casos el monto a colocarse era de USD 150 millones. Pese a ello, el AO27 recibió ofertas por USD 466 millones y validó una tasa nominal anual (TNA) de 5,02%, mientras que el AO28 sumó USD 226 millones con una TNA de 8,5 por ciento. Caputo también detalló los diferenciales de riesgo país: 117 puntos básicos para el bono a 2027 y 460 puntos básicos para el título a 2028. Además, calculó una tasa forward bajo un escenario de alternancia política, que alcanzó 14,09% TNA.

Luis «Toto» Caputo dejó en claro la situación contradictoria en la que se encuentra el gobierno tras la victoria judicial por YPF: su celebración política no puede ser confundida con una defensa de las expropiaciones estatales. Y por eso publicó una extensa argumentación en la que intenta explicar lo que Javier Milei no había dejado claro en su cadena televisada.

El mayor temor del ministro es que la oposición kirchnerista tenga éxito en instalar la idea de que, si no fuera por la expropiación, Argentina no gozaría hoy de un autoabastecimiento y superávit comercial en el rubro de la energía.

Ese fue, precisamente, el punto que resaltaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof ni bien se conoció la noticia de que el tribunal de apelaciones neoyorquino había sentenciado a favor de Argentina, en el juicio que le había ganado el fondo Burford en primera instancia, y que obligaba al país a pagar u$s18.000 millones.

Kicillof, que era ministro de economía cuando se produjo la estatización, fue el principal impulsor de ese argumento, luego de años de haber sido duramente criticado por Milei. El presidente llegó incluso a proponer que se creara un impuesto llamado «tasa Kicillof», que pagarían los automovilistas cada vez que cargaran nafta. El propósito político de Milei era dejar en claro que las decisiones políticas populistas se pagan en el plano financiero.

Pero claro, celebrar ahora la victoria judicial conlleva un riesgo: que se confunda ese festejo con una admisión tácita de que la reestatización fue la política correcta. Ante esa situación, Caputo se sintió en la necesidad de abundar en explicaciones tras la cadena de Milei, sobre todo porque uno de los datos de los que se jacta el gobierno es el hecho de que el rubro energético haya pasado a ser un proveedor de dólares, tras años de haber «quemado» reservas.

La máquina de petrodólares

A inicios de año, cuando la expectativa global era la de una baja en el precio del petróleo y se especulaba con el «efecto Venezuela», el gobierno argentino esperaba que el saldo de la balanza energética fuera este año de u$s10.000 millones, lo que implica un salto de más de 20% en un año.

Pero, tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, las cuentas se están revisando casi a diario. Los analistas calculan que por cada 10 dólares que se incrementa el precio global del petróleo, Argentina aumentará su ingreso de divisas en u$s1.700 millones.

Si el conflicto en Irán se extendiera y esa premisa sobre el precio del petróleo se cumpliera, entonces habría que agregar u$s5.000 millones a la ya de por sí optimista previsión que se había hecho para este sector. En todo caso, las cifras de la balanza comercial de marzo darán una pauta respecto de si los análisis eran correctos o si pecaron de entusiasmo desmedido.

En todo caso, es un fuerte contraste con lo que había ocurrido hace cuatro años tras la disparada del petróleo y el gas por la invasión rusa a Ucrania. Sólo en el mes de julio de ese año hubo que importar gas por u$s2.281 millones, una cifra que hoy requiere casi un año de importaciones. En aquel momento, la energía equivalía al 28% de las compras totales, mientras que ahora apenas llega al 3%.

¿De quién es el mérito?

Ese cambio en la situación energética tiene un nombre propio: Vaca Muerta, que sigue batiendo récords de producción. Y no paran los anuncios de inversión, como el de YPF, que desembolsará u$s6.000 millones con el objetivo de incrementar su capacidad de producción de petróleo «shale», un terreno en el que aspira a ser un jugador de relevancia mundial. El objetivo es llegar a una producción de 215.000 barriles diarios, lo que supone más del doble del nivel de producción de al inicio de la gestión Milei.

Para Caputo, la prioridad es demostrar que ese drástico pasaje de país importador a exportador de energía no fue obra del kirchnerismo. Más bien al contrario, sostiene «la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas».

Y menciona tres hechos fundamentales de la gestión actual: la actualización tarifaria, para «dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión»; además la cancelación de la deuda estatal con las empresas del sector. Y, en un punto polémico, Caputo agregó al esquema RIGI, «para garantizar la seguridad jurídica que el gobernador se cansó de desacreditar».

Los críticos del ministro argumentaron que los proyectos del RIGI en Vaca Muerta están recién en fase de ejecución y, por lo tanto, no iniciaron exportaciones que aparezcan registradas en las cuentas de la balanza comercial. 

Y es ahí donde entra en discusión otro tema en disputa: de quién es el mérito por la construcción del gasoducto que conecta a Vaca Muerta con la red de abastecimiento en los mayores centros urbanos, y gracias al cual disminuyó drásticamente la necesidad de importar gas licuado de petróleo traído en barcos.

Ya en el invierno de 2024, Cristina Kirchner acusó a Milei de haber retrasado las obras con su política de «motosierra» y que, por ahorrarse u$s40 millones del gasto público, terminó con la necesidad de importar u$s500 millones no previstos originalmente.

La versión del gobierno era radicalmente diferente: el déficit energético formaba parte de la «pesada herencia» del gobierno peronista, que había demorado innecesariamente el gasoducto, al dejar sin efecto la licitación que había hecho Mauricio Macri.

La confesión involuntaria de Kicillof a favor del discurso de Milei

Pero lo que más llama la atención en el debate es que el principal argumento en favor del gobierno de Milei lo dio, involuntariamente, el gobernador Kicillof. Fue el único que recordó por qué se había llegado a la instancia de estatizar las empresas: la inversión de Repsol prácticamente había desaparecido, porque los españoles se estaban cobrando en cuotas la cesión de 25% de la compañía al grupo Eskenazi.

El acuerdo, impulsado por Néstor Kirchner, se concretó en 2008, ya con Cristina en la Casa Rosada. El método de «nacionalización parcial» fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero -y cuyo mérito consistía en ser «expertos en mercados regulados»- ingresaron sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF.

Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía. El propio Kicillof, en su polémica con Caputo, publicó un artículo titulado «¿Por qué recuperamos YPF?«, y explica que «bajo la desastrosa gestión privada, la compañía generaba inmensas ganancias pero los argentinos íbamos camino a quedarnos sin gas y sin petróleo».

Lo que no mencionó Kicillof, pero que terminó siendo el detonante de la estatización, es que YPF demandaba una cantidad creciente de divisas. En 2011, el crítico año en que se instauró el cepo cambiario, las importaciones de energía fueron de u$s9.000 millones.

La quiebra del socio amigo

Por cierto que la reestatización no revirtió de inmediato el déficit energético. Recién en 2020, ante el desplome en los precios por causa de la pandemia, se recuperó un leve superávit, pero todo el resto de la gestión de Alberto Fernández registró otra vez números en rojo.

Ese es el argumento del gobierno para sostener que con la reestatización no se solucionó el problema, sino que lo que hacía falta era generar un clima favorable a la inversión.

Lo que ni Milei ni Caputo dijeron es que la crisis que llevó al déficit energético -y, además, al litigio en reclamo de u$s18.000 millones- fue consecuencia directa de la decisión kirchnerista de haber sumado a un socio argentino, que no puso dinero para entrar en la empresa.

En cambio, quien sí recordó ese punto fue Kicillof: «Una vez que recuperamos las acciones, un accionista minoritario que había contraído una serie de créditos fue a la quiebra. Ahí apareció un fondo buitre que inició un proceso legal», explica el gobernador.

Desde su punto de vista, es un argumento exculpatorio, pero se trata en realidad del principal punto por el cual la reestatización estuvo envuelta en un halo de acusaciones. El grupo Petersen, conducido por los Eskenazi, que poseía el 25% de las acciones sin haber puesto un dólar, reclamaba un resarcimiento igual al que obtuvo Repsol -que se terminó llevando u$s5.000 millones en bonos, más u$s1.300 millones en intereses-.

Un debate con influencia en la agenda

La polémica sobre el caso judicial de YPF no se limita apenas a la disputa sobre quién tuvo el mérito del fallo favorable. Es, sobre todo, una confrontación de visiones ideológicas, respecto de si el desarrollo de los recursos naturales del país se logra mejor bajo la gestión privada o estatal.

Para Kicillof, toda la saga de YPF lleva a una conclusión clara: «No podemos entregar nuestros recursos en beneficio de otros países». Es un punto central justo cuando está en debate legislativo la explotación minera en la Patagonia a cargo de inversores globales.

Y todo indica que Kicillof, parado en rol de pre-candidato presidencial, enfatizará ese argumento: las encuestas siguen mostrando una preferencia de los argentinos por la gestión estatal y, en general, una actitud anti-privatizadora.

Es por eso que Caputo decidió entrar en la pelea, y argumentar que «la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas». Todo indica que el debate será largo y excederá la cuestión meramente juridica.