ECONOMIA
Caputo festeja que le dan dólares pero la tasa sigue elevada: ¿señal de que los inversores ven una suba del tipo de cambio?

Tanto la obtención del préstamo «repo» por u$s2.000 millones como la emisión de Bonos del Tesoro por u$s500 dejaron en evidencia uno de los mayores temores del mercado: que la estrategia de Luis Toto Caputo para reforzar las reservas podría costar más cara de lo previsto.
En el primer caso, el préstamo se toma y se devuelve en dólares. En el caso del Bonte, el inversor entrega dólares pero recibirá pesos. Y en ambos casos sorprendió el alto nivel de la tasa de interés que el gobierno debió aceptar para reforzar la caja del Banco Central.
La tasa que exigen los inversores conlleva implícito su expectativa sobre la evolución del riesgo país, sobre la estabilidad cambiaria y sobre la capacidad de acumulación de reservas que aseguren el repago.
Ya había sido motivo de controversia el debut de los Bontes, que en su primera licitación estuvo dirigido exclusivamente a los inversores externos. En ese momento, había sorprendido la tasa de 29,5% en pesos que debió suscribir el gobierno, muy por encima del 25% que habían pronosticado los analistas
Los propios funcionarios admitieron que esa tasa está suponiendo que los inversores piden una cobertura alta para los fundamentos actuales de la economía. Pero reconocen que está en línea con el tipo de cambio histórico del período 1997-2025.
En todo caso, el mensaje que llevaba implícita esa tasa era la expectativa de una devaluación anual de 19% anual. No necesariamente es lo que los inversores creen que vaya a ocurrir, pero es de lo que se están cubriendo con la tasa.
En aquel momento, los funcionarios dejaron traslucir su optimismo sobre una caída de la tasa en las futuras licitaciones, cuando el bono debutara en el mercado secundario y los inversores locales pudieran incluirlos en sus portafolios.
Riesgo país: duro de bajar
Luego vino la concreción del «repo», celebrada por Caputo como una señal de confianza por parte de los grandes actores del mercado internacional de crédito. Fue la extensión del acuerdo al que se había llegado en enero, por el cual en aquel momento entraron u$s1.000 millones a una tasa en dólares de 8,8%.
Seis meses más tarde, se concretó el segundo tramo por u$s2.000 millones, a una tasa de 8,25%. Aunque la tasa tuvo un recorte, los analistas del mercado no ocultaron su decepción.
Después de todo, entre los dos eventos ocurrió la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el levantamiento del cepo cambiario sin una devaluación traumática y una marcada baja en la inflación.
En teoría, esa mejora en el panorama macroeconómico -y tras el ingreso de u$s12.000 millones del FMI más u$s2.000 millones de organismos internacionales- debería haber permitido un recorte mayor en el costo financiero.
Sin embargo no ocurrió así, y ahí fue cuando las miradas se posaron sobre el índice de riesgo país, que tercamente se resiste a bajar y a desconocer el discurso optimista del gobierno. El nivel de ese riesgo crediticio se ubica hoy en torno de 660 puntos básicos, todavía por encima de los 610 que se registraba en enero, cuando se acordó el primer «repo».
Luz amarilla por las reservas
Fue en ese marco que recrudecieron las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico. Primero, por las señales en el sentido de que no se comprarían dólares mientras no llegaran al piso de la banda de flotación -algo que los economistas creen que podría no ocurrir nunca-.
Luego, por las manifestaciones del presidente Javier Milei que minimizaron la gravedad del déficit de la cuenta corriente, que algunas proyecciones ya ubican en u$s8.000 millones para este año.
Milei argumentó que, al haber superávit fiscal, no puede equipararse la situación actual con la de otros momentos en que el rojo de la cuenta corriente fue el preámbulo de una crisis devaluatoria. Y, además, dijo que el ingreso de capitales al país iba a compensar el déficit por los bienes y servicios.
Pero ni siquiera el paquete de medidas que habilitó la compra de dólares por parte del Tesoro parece haber cambiado esa percepción. De hecho, economistas muy influyentes en el mercado, como Ricardo Arriazu y Domingo Cavallo -a quienes nadie puede acusar de ser opositores a Milei- advirtieron que no es lo mismo acumular reservas con endeudamiento que hacerlo con divisas provenientes del superávit comercial.
¿Se paga caro por los Bontes?
Entonces llegó otra instancia que abonó las dudas del mercado: se licitó el nuevo Bonte, pero esta vez se le permitía ofertar a los inversores locales, y a los extranjeros se les eliminó el «parking» obligatorio de seis meses -esta última es una medida controversial que según el gobierno ya no se aplica en los principales mercados, pero que los economistas ven como una fuente de volatilidad-.
La licitación asigno bonos del Tesoro por el equivalente a u$s500 millones. La tasa fue de 28,46%.
Teniendo en cuenta que el Treasury bond estadounidense a cinco años rinde un 4% y el riesgo país argentino se ubica en torno a 660 puntos, el premio esperado por los inversores no puede ser menor a un 11% real -es decir, medido en dólares-. El diferencial está explicado por la necesidad de cubrirse de una eventual devaluación.
Cuando el primer Bonte empezó a cotizar en el mercado secundario, hubo una caída de la tasa -es decir, subió el precio del título por la alta demanda- de manera que ahora el rendimiento es de 28%. Para algunos analistas, la diferencia respecto de la tasa que se pagó en la emisión primaria es la mayor percepción de riesgo por parte de los inversores extranjeros en comparación con los del mercado local.
Por qué celebra el gobierno
El gobierno celebró la tasa de la última licitación, por el recorte respecto del 29,5% que se había registrado en mayo, pero en el mercado se la sigue considerando demasiado elevada para un contexto en el que el gobierno quiere reforzar la sensación de estabilidad cambiaria.
Federico Furiase, el ideólogo de la política monetaria del gobierno -el «plan de las tres anclas»- destacó que la licitación fue positiva porque se extendió la «duration» de la deuda en pesos al mismo tiempo que bajaron las tasas.
Y volvió sobre el argumento preferido del gobierno: que esta acumulación de reservas se realiza sin que haya una expansión de dinero no demandado por el mercado -algo que no ocurriría si el comprador fuera el BCRA-. De hecho, Furiase destacó como una situación positiva la contracción monetaria generada por el «rolleo» de 152% sobre los vencimientos.
Hablando en plata, se retiraron del mercado $1,9 billones, con los cuales se recomprarán bonos de deuda soberana hoy en cartera del Banco Central.
Esta evaluación oficial parece confirmar que sigue en pie el plan para obtener dólares por parte del Tesoro, lo que implica la emisión de u$s6.500 millones adicionales hasta fin de año. La lupa estará puesta en la tasa. Si el análisis oficial fuera correcto, entonces, el costo financiero por tomar esa deuda debería ser caer sucesivamente en cada salida del Tesoro.
De todas maneras, el mercado está lejos de concitar unanimidad. Los más escépticos argumentan el riesgo mayor es que el mantenimiento de la «no emisión» actual esconda la posibilidad de una mayor emisión futura -o más presión impositiva- por el pago de intereses en el mediano plazo.
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ECONOMIA
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ECONOMIA
Revés para Milei: deberá renegociar acuerdo comercial con Trump, tras fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos le asestó un golpe político al presidente Donald Trump que también le dolió a Javier Milei en la Argentina. Por seis votos contra tres, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los aranceles globales y «recíprocos» que Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Es exactamente la misma base legal que sostuvo el esquema arancelario negociado con Buenos Aires.
En la Casa Rosada ya admiten en voz baja lo inevitable: habrá que «barajar y dar de nuevo» la parte arancelaria del flamante acuerdo comercial con Washington.
Según altas fuentes confiaron a iProfesional, el presidente Javier Milei analizó junto con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno, que ahora el acuerdo comercial y de inversiones entre ambos países «deberá renegociarse de nuevo y entra en un limbo» porque quedó alcanzado por ese fallo de la Corte norteamericana.
El Gobierno asegura que sólo se revisará la parte arancelaria del tratado, porque el resto como, por ejemplo, los acuerdos patentes, propiedad intelectual, marcas registradas o las normas, controles y regulaciones comerciales entre los dos países, quedarán en pie.
La Corte Suprema resolvió en un categórico fallo redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, que la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977 «no alcanza» como autorización clara del Congreso para que el Presidente imponga aranceles de «monto, duración y alcance ilimitados».
Invocó incluso la doctrina de las «cuestiones principales»: cuando el impacto económico es masivo —la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó efectos por hasta 3 billones de dólares en la próxima década— el Congreso debe delegar ese poder de manera expresa.
«La Constitución otorga muy claramente al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. Los redactores no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo», escribió Roberts.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. Kavanaugh defendió la legalidad de los aranceles. Pero la mayoría se impuso y la IEEPA quedó herida de muerte como herramienta para fijar tarifas comerciales. El problema para la Argentina es directo.
Acuerdo bilateral de aranceles: una negociación que podría entrar en revisión
El cuadro arancelario del acuerdo bilateral firmado hace dos semanas fue construido sobre esa misma ley. Y allí está el núcleo delicado del entendimiento: Argentina concedió 5.600 posiciones arancelarias, con el 82% a arancel cero.
El listado ocupa 415 páginas del schedule publicado por la USTR. Estados Unidos otorgó 950 posiciones, con apenas el 36% en cero, en un anexo de 77 páginas que se puede leer en la página web de United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer.
Si la base jurídica que habilitó esa arquitectura cae, la negociación entra en revisión. En cambio, en principio no caería la cuota adicional de carne que Trump firmó para la Argentina ni la suba de aranceles al 50% para las exportaciones argentinas del acero y el aluminio.
Altas fuentes de la Casa Rosada lo explicaron a iProfesional con la máxima reserva: «Acero y aluminio es de los temas que sí tiene competencia el Presidente porque lo hizo sobre la Resolución 232 de seguridad nacional. Y la cuota de la carne salió por una ‘presidential proclamation’».
Agregaron que «la afectación viene por el lado del cuadro arancelario, que se hizo sobre una facultad que el Presidente no tenía, e implica posiblemente una rediscusión de todo el acuerdo, pero sólo en la parte de los aranceles». Esa precisión es clave: los aranceles al acero y al aluminio —que impactan sobre Techint y Aluar y hoy tributan 50%— fueron dictados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial por razones de seguridad nacional. La Corte no se expidió sobre esa norma. Se expidió sobre la IEEPA y los aranceles «recíprocos».
La ampliación de la cuota de carne —80.000 toneladas adicionales a las 20.000 vigentes— tampoco caería en principio, porque fue establecida por proclamación presidencial con sustento en la Sección 404 de la Ley de Implementación de la Ronda Uruguay (URAA) y la Sección 604 de la Ley de Comercio de 1974, que habilitan modificar contingentes arancelarios agrícolas ante insuficiencia de oferta interna.
En respuesta a la Corte Suprema, Trump anunción un nuevo arancel general del 10%
El corazón del problema es el arancel general y las subas fundadas en la IEEPA. Trump reaccionó con dureza. Defendió su autoridad, criticó a la Corte y anunció un nuevo arancel general del 10%. Además, anticipó que podría recurrir a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales de hasta el 15% durante 150 días ante desequilibrios en la balanza de pagos. Es decir: si la IEEPA quedó invalidada para este fin, buscará otras herramientas legales.
Mientras tanto, el Congreso ya presiona para levantar tarifas contra Canadá y Brasil, y empresas afectadas comenzaron a demandar la devolución de los más de 133.000 millones de dólares recaudados bajo la ley ahora desautorizada. En Washington se abre una maraña judicial que podría extenderse dos años. En Buenos Aires, el acuerdo firmado hace apenas dos semanas y celebrado por Milei entra en un limbo técnico.
Nadie en el Gobierno cree que el fallo habilite a tocar capítulos blindados como acero, aluminio o la cuota de carne. Pero sí admiten que el tema del cuadro arancelario —el más voluminoso y políticamente sensible— podría volver a la mesa. La Corte ordenó barajar y dar de nuevo y el acuerdo con la Argentina quedó en puntos suspensivos.
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ECONOMIA
Los mercados globales reaccionaron en alza al fallo de la Corte de EEUU a los aranceles de Donald Trump

En una rueda cargada de noticias macroeconómicas, un fallo de la Corte Suprema de los EEUU, que anuló los amplios aranceles aplicados por la administración de Donald Trump, impactó en las bolsas internacionales.
La definición impulso tanto a los mercados europeos como norteamericanos, dado que las economías del Viejo Continente fueron ampliamente alcanzadas por la barrera arancelaria para comerciar con los EEUU pero, a la vez, dicha medida fue impulsora de la suba de precios de productos importados en suelo norteamericano.
El FTSE 100 de Londres subió 0,56%, el CAC 40 de París creció 1,4%, mientras que el DAX de la Bolsa de Fráncfort también avanzó 0,87 por ciento. También el euro se encarecía 0,1% respecto del dólar, a USD 1.18 por unidad.
Además subieron los principales índices de Wall Street en un rango de 0,5 a 0,9 por ciento.
La medida judicial, de alcance global, representa una derrota significativa para el presidente norteamericano, en un tema crucial para su agenda económica.

El fallo dispuso suspender de inmediato una parte considerable de los aranceles que Trump anunció el año pasado el Día de la Liberación, basándose en una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por su sigla en inglés). Esta ley otorga al Presidente la facultad de declarar una emergencia económica y tomar medidas, pero no especifica los aranceles como solución. “La IEEPA no autoriza al Presidente a imponer aranceles”, se lee en la decisión del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Fue un fallo complejo con diversas opiniones y disensos que se extendieron a lo largo de 170 páginas. Roberts captó la cuestión jurídica central, escribiendo que Trump había invocado “la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de cantidad, duración y alcance ilimitados”.
La decisión, con seis votos a favor y tres en contra, se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluyendo los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.
La mayoría concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Entre otros puntos, el fallo planteó la cuestión de los reembolsos, que podrían devolver aproximadamente USD 129.000 millones a los importadores en los próximos meses. Confirma la decisión de dos tribunales inferiores, incluido el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que previamente dictaminaron que Trump no tenía la autoridad para imponer aranceles globales utilizando la ley de 1977.
“La decisión probablemente tendrá amplias ramificaciones, afectando al comercio global, a los consumidores, a las empresas, a la inflación y al bolsillo de todos los estadounidenses. En las últimas semanas, Trump ya había planteado reducir algunos aranceles sobre metales, incluyendo los productos de acero y aluminio, mientras él y su administración buscan combatir la crisis de asequibilidad antes de las elecciones de mitad de mandato”, explicaron los analistas de Yahoo Finance.
“La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades”, indicó AP.
El fallo dispuso suspender de inmediato una parte considerable de los aranceles que Trump anunció el año pasado
El presidente republicano fue enfático sobre el caso, al que calificó como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos, y afirmó que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país norteamericano. Sin embargo, la oposición legal cruzó el espectro político, incluyendo grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Las encuestas revelaron que los aranceles no son muy populares entre el público, en medio de una preocupación más amplia de los votantes por la inflación y el encarecimiento de productos importados.
En ese contexto, los principales índices de Wall Street sostienen las ganancias este viernes en base a las expectativas generadas por el fallo de la Corte norteamericana e informes macroeconómicos. El panel tecnológico Nasdaq ganó 0,9%, el S&P 500 ascendió un 0,6%, mientras que el índice Dow Jones de Industriales ganó 0,47 por ciento.

Por un lado, los agentes del mercado sopesaron el resultado del índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística preferida por la Fed (Reserva Federal) para monitorizar la inflación, que repuntó una décima en diciembre al 2,9% interanual, según reveló la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.
La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el último mes de 2025 con un incremento del 3%, dos décimas más. De su lado, el importe de los alimentos creció un 2,1% y la factura energética se encareció un 2,2 por ciento.
En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,4% y la subyacente arrojó otra lectura del 0,4%, el doble que el mes anterior en ambos casos.
Una inflación por encima de los previsto en los EEUU es un tema de preocupación para el gobierno de Trump antes de las elecciones de noviembre
En su reunión del 28 de enero, la Fed optó por mantener las tasas de interés de referencia en un rango entre el 3,50% y el 3,75% al romper con la racha de tres bajadas consecutivas de 25 puntos básicos iniciada el pasado septiembre. Además, subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo “altas”.
Por otro lado, la Oficina de Análisis Económico de los EEUU informó que la economía creció a una tasa anualizada del 1,4% en los últimos tres meses de 2025. Los economistas esperaban que el PIB creciera a una tasa anualizada del 2,9% en el cuarto trimestre.
Este dato debió ser publicado el 29 de enero último, pero la recopilación de datos se retrasó debido al cierre de la administración norteamericana que abarcó todo octubre y partes de noviembre.
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