Luego de que el Estado Nacional decidiera interrumpir su participación directa en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y transferirla al sector privado, la licitación para encontrar un nuevo operador sumó sus primeros interesados. Según informó el Gobierno, Energía Argentina (Enarsa) recibió dos ofertas técnicas en el marco del proceso que definirá quién se hará cargo del abastecimiento durante el invierno de 2026.

Se trata de la primera etapa del proceso licitatorio, correspondiente al Sobre 1 (técnico), en la que se evalúan los antecedentes y la capacidad operativa de los postulantes. El cronograma prevé la presentación y posterior apertura de sobres el próximo lunes 13 de abril, mientras que la adjudicación está prevista para el martes 21 de abril.

El proceso apunta a seleccionar a un único operador que se encargará de importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y comercializarlo en el mercado interno durante la temporada de invierno, el período de mayor demanda gas.

Esta licitación forma parte del esquema oficial para transferir al sector privado actividades que hasta ahora estaban en manos del Estado. En paralelo, según informó la secretaría de Energía, este jueves 10 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener -la mayor transportadora de energía del país-, en línea con la política de desinversión definida por el Gobierno.

Menos participación estatal

El Gobierno había formalizado su decisión de retirar al Estado de la importación de GNL en febrero de este año. La medida fue oficializada mediante la Resolución 33/2026, que estableció un nuevo esquema para garantizar el abastecimiento de gas durante los meses de invierno, cuando la producción local no alcanza a abastecer al mercado interno por limitaciones en el transporte.

A partir de ahora, la operatoria quedará en manos de un privado, que será responsable de coordinar la llegada de buques, gestionar inventarios y operar la terminal de regasificación de Escobar.

El contrato tendrá vigencia anual y cubrirá el período crítico, entre el 1° de abril y el 30 de septiembre. Según puntualizó el ente regulador, el criterio de adjudicación será económico, de manera que ganará la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional más los costos logísticos.

Además, la normativa fija un precio máximo para el gas regasificado, que surgirá de ese esquema competitivo. El cambio también implica el fin de la intermediación estatal en este segmento.

Hasta ahora, el Estado importaba GNL a valores internacionales —entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía en el mercado interno a precios subsidiados cercanos a USD 2,7, absorbiendo la diferencia.

Con el nuevo modelo, ese rol pasa al sector privado, que asumirá tanto la operatoria como el riesgo comercial. La decisión se explica por la falta de capacidad para transportar gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo, especialmente el AMBA y el Litoral, lo que obliga a recurrir a importaciones en los picos de demanda.

La privatización de Transener

El Gobierno lanzó el proceso de privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, mediante un concurso público abierto tanto a oferentes locales como internacionales a fines del año pasado.

La iniciativa, en línea con el proceso de desregulación del Estado que encaró el Gobierno, implica la venta de la participación que Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad que controla la operadora de la red nacional de alta tensión.

La medida se apoya en el marco legal vigente y declara a Transener como empresa “sujeta a privatización”, habilitando la venta escalonada de acciones para asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de obras. El procedimiento, que se llevará a cabo en varias etapas, prioriza la transparencia y la apertura a inversores nacionales y extranjeros.

Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa, que posee el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin. La estructura accionaria se completa con la tenencia de la Anses y el capital flotante que cotiza en el mercado bursátil local. Citelec también tiene participación en Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y en Transba, a cargo del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.

Transener administra más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman más de 6.000 kilómetros bajo la gestión de su controlada. Esto es alrededor del 85% de la red de alta tensión, al mismo tiempo que supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.​

La enajenación de la participación estatal en la transportista eléctrica apunta a captar nuevos fondos para el Tesoro Nacional. El Gobierno ya concretó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, por unos USD 700 millones, lo que permitió reforzar las reservas internacionales en la previa de compromisos financieros relevantes.

El presidente Javier Milei publicó un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias argentinas. El límite total es de $400.000 millones. La medida salió este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de recursos que ya pertenecen a las propias jurisdicciones por ley. Pero el Gobierno los girará de manera anticipada. Las provincias deberán devolverlos dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.

El objetivo central es darles liquidez inmediata para cubrir gastos corrientes, en un contexto donde las transferencias automáticas cayeron 6,4% en el primer trimestre y la recaudación sigue en baja.

La herramienta no es nueva. Las provincias ya venían pidiendo adelantos mensuales de manera extraordinaria. La diferencia ahora es que el esquema se sistematiza con un tope global y condiciones definidas.

El marco es de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. La coparticipación federal registró una caída de 7% interanual en marzo, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los recursos propios de las jurisdicciones también muestran contracción. El combo genera problemas para pagar salarios en educación, salud y seguridad, sectores que concentran entre 70% y 80% del gasto provincial.

Cómo funciona el mecanismo de adelantos de coparticipación

Los adelantos de coparticipación son fondos que las provincias reciben por anticipado. Corresponden a su participación en la masa coparticipable de impuestos nacionales. Al adelantarlos, el Estado reduce los envíos futuros.

Esto obliga a las administraciones locales a ordenar sus cuentas dentro del mismo año. No es un préstamo externo: son recursos propios que se anticipan.

El decreto fija una tasa de 15% para estos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero, donde el financiamiento para provincias oscila entre 30% y 45%.

El objetivo del Gobierno nacional es tener margen de negociación con gobernadores aliados. Busca evitar que recurran a endeudamiento más costoso para afrontar compromisos inmediatos.

El monto específico para cada provincia no está definido en la norma. Será la Secretaría de Hacienda quien asigne los fondos según dos criterios:

• La capacidad de repago de cada jurisdicción
• Su participación en la recaudación de impuestos nacionales
• Las necesidades financieras manifestadas
• El cumplimiento de compromisos fiscales previos

Los considerandos del decreto indican que varias provincias manifestaron estar «impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes». Esa fue la razón esgrimida para intervenir.

El nuevo régimen reemplaza la modalidad tradicional de pedidos mensuales. Antes, las provincias informaban sus necesidades y el Gobierno definía montos caso por caso. Ahora hay un marco preestablecido.

Qué provincias pueden acceder y por qué las necesitan

El esquema de adelanto de coparticipación incluye a 12 jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026, por lo que la suma total de provincias alcanzadas es de 13.

Se trata, en su mayoría, de distritos con alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación les reduce la capacidad de pago en sectores clave como educación, salud y seguridad.

En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos en descenso.

Varias de estas provincias enfrentan dificultades estructurales para generar recursos propios. Su matriz productiva depende en gran medida de sectores primarios o de la administración pública.

La caída sostenida de la actividad económica redujo la base imponible provincial. Los tributos locales —ingresos brutos, inmobiliario, automotor— también registran bajas en términos reales.

El adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez en el corto plazo. Pero no resuelve el problema de fondo: la contracción persistente de los ingresos provinciales.

Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA quedaron fuera del esquema. Su mayor capacidad de generación de recursos propios y acceso al mercado de crédito las excluyen del mecanismo.