Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas.

En medio de la polémica por la medición del INDEC sobre el IPC, la cual iba a ponderarse teniendo en cuenta las canastas de los años 2017 y 2018, la inflación de enero marcó su quinto mes en alza y se aceleró al 2,9%. En particular, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con un incremento de 4,7% y se ubicó como  la división de mayor aumento.

Los informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de ese rubro, aunque continúa quedando por encima del 2%. Hay que remontarse a agosto del 2025 para encontrar un aumento inferior en los alimentos (cuando marcó 1,5%). Desde ese mes en adelante, se consolidó una tendencia ascendente con aceleraciones notables.

Distintos escenarios

Para EcoGo, la inflación de los aliementos ronda entre 2,6% y 2,8%. En la primera semana de febrero, la consultora ponderó una variación del 2,6% en los alimentos dentro del hogar (+0,7), mientras que los que se consumen fuera del hogar se sitúan en 2,4%, promediando entre ambos 2,6%.  Teniendo en cuenta la segunda semana del mes, ese índice se aceleró al 2,8%: dentro del hogar marcaron 2,9% (+0,9%) y fuera del hogar 2,1%, equilibrando una inflación del 2,8% para el rubro.

Así, EcoGo estima que el IPC de febrero se sitúe en torno al 2,7% y 3%. «Se registró una aceleración en el precio de la carne y aporta mayor presión al rubro en el cierre del mes», señalaron desde la consultora.

Y agregaron que se prevén más aumentos en el componente de esparcimiento vinculados a la demanda estacional por los feriados del Carnaval, lo que «podría añadir una incendencia adicional sobre el nivel general de precios».

Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (-0,5%). Para las cuatro semanas, la consultora estima un aumento del 2,2% en el rubro.  Tras haber ponderado un alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó al 1% para la segunda semana (2,4% mensual). 

Por su parte, Analytica también obtuvo una medición inferior al resto: en la primera semana consignó una variación del 0,6% en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires (GBA), lo que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%.

A pesar de que la inflación de enero registró el quinto mes en alza, desde Invecq indicaron que «esto no implica que el proceso de desinflación haya quedado atrás», sino que «refleja la inercia propia de la dinámica inflacionaria, junto con la mayor incidencia de componentes estacionales y regulados que, tras haber contribuido trasitoriamente a moderar el  índice a mediados de 2025, hoy están ejerciendo presión alcista sobre el nivel general».

La consultora estima una inflación menor a la de enero a través del IPC Invecq, actualmente corriendo a una velocidad mensual de 2,7% y que prevén que cierre febrero en 2,5%, continuando con una «leve desaceleración».

«Los procesos de desinlfación no son líneales. Aunque desde fines del 2025 la suba de precios parece haberse ubicado en un esclaón algo más elevado, la trayectoria sigue fuertemente condicionada por la dinámica de los estacionales y regulados, algo que probablemente se repita en lo inmediato». 

Para el primer semestre del 2026 -que abarca los primeros seis meses del año-, Invecq proyectó una inflación del 2,2% que luego caerá al umbral del 1,5% en el segundo semestre, cerrando el año en la zona del 25% anual.

El IPC de enero se aceleró y cerró en 2,9%

Tras la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y luego de que se de marcha atrás para la nueva metodología de medición del IPC, la inflación del primes mes del año se aceleró al 2,9%.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

El gobierno de Javier Milei resolvió suprimir el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, vinculado a las restricciones de las licencias médicas aprobada previamente en el Senado. La decisión se adoptó en horas recientes, en medio de las negociaciones con los aliados para aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

El oficialismo busca aprobar la iniciativa el jueves próximo y el inciso en cuestión se eliminaría en la reunión plenaria de comisión que tendrá lugar mañana en la Cámara Baja. ¿El objetivo? Garantizar que el proyecto de reforma laboral obtenga luz verde en Diputados.

Con el cambio de normativa que estipulaba el artículo 44, cuando un trabajador sufría un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo y no podía cumplir con sus tareas, tenía derecho a cobrar una parte de su sueldo mientras durara esa situación. Si la imposibilidad surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para su salud, percibía el 50% de su salario habitual, durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses si contaba con familiares legalmente a cargo. En caso de recaída de una enfermedad crónica, solo se consideraba un nuevo episodio si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

En los casos en que el accidente o la enfermedad no fueran consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del trabajador, correspondía el 75% del sueldo, por los mismos plazos según la situación familiar. Si el empleador suspendía al trabajador por motivos económicos o disciplinarios, esa medida no afectaba el derecho a percibir el porcentaje de salario previsto durante el período de enfermedad o accidente.

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

Noticia en desarrollo…

La Justicia del Reino Unido ordenó a la República Argentina entregar información financiera y contractual vinculada con activos en el exterior, en el marco de la ejecución de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a tenedores de bonos atados al crecimiento económico, conocidos como Cupones PBI en euros. La medida forma parte del proceso de localización de bienes susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento del fallo.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Londres, que en 2023 condenó a la Argentina a abonar el equivalente a aproximadamente USD 1.500 millones, suma que incluye capital e intereses. El litigio fue iniciado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que cuestionaron la modificación en la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) implementada en 2013.

El reclamo judicial se originó a partir de cambios introducidos durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía. Según los demandantes, la alteración en la base de cálculo del PBI redujo los pagos vinculados a los cupones emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Los Cupones PBI fueron diseñados como instrumentos adicionales atados al crecimiento económico. Establecían pagos extraordinarios a los bonistas si la expansión anual superaba determinados umbrales. La controversia se centró en el cambio metodológico aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que modificó la base de cálculo y reportó una variación inferior al nivel necesario para activar el pago.

El proceso de discovery y la búsqueda de activos

La orden reciente se inscribe en el procedimiento denominado discovery, una instancia procesal orientada a identificar activos que puedan ser embargados para ejecutar una sentencia firme. En este contexto, la Corte británica dispuso que el Estado argentino debe revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y datos sobre cuentas bancarias en el exterior.

Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló a través de la red social X que la Corte londinense «ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros».

La información solicitada busca determinar si existen bienes o derechos de la Argentina fuera de su territorio que puedan ser alcanzados por medidas de embargo. Este tipo de diligencias se utiliza cuando el deudor no cumple voluntariamente con una sentencia y los acreedores procuran identificar activos ejecutables en distintas jurisdicciones.

Garantía ejecutada y saldo pendiente

Durante el proceso judicial, la Argentina había depositado una garantía por 313 millones de euros para apelar el fallo. Tras la desestimación del recurso, los beneficiarios ejecutaron esa garantía en febrero de 2025. La misma había sido constituida mediante una carta de crédito emitida por el Banco Santander. Aunque no se difundió la composición exacta del respaldo, especialistas estimaron que estaba integrada por efectivo o instrumentos de pago inmediato.

Con la ejecución de esa suma, aún restan aproximadamente 1.000 millones de euros pendientes, según datos informados por la Procuración del Tesoro. El organismo ubicó este litigio como el quinto de mayor monto que enfrenta el país en el exterior.

Los acreedores sostienen que la República Argentina no coopera con las medidas destinadas a ejecutar la sentencia y que tampoco abona los intereses diarios acumulados sobre el monto adeudado. Además, plantearon que el país debería resolver atrasos vinculados con emisiones anteriores antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.

Antecedentes del conflicto por el cálculo del PBI

El origen del conflicto se remonta a la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, impulsó cambios en la medición de variables económicas, entre ellas la inflación. Posteriormente, en 2013, el organismo modificó la base de cálculo del PBI.

Con la nueva metodología, el crecimiento informado quedó por debajo del umbral de 3,22% necesario para activar el pago de los Cupones PBI. Bajo la base anterior de 1993, la expansión habría alcanzado el 4,9%. Esa diferencia impactó directamente en la obligación de pago a los tenedores de los instrumentos atados al crecimiento.

El Gobierno argentino había suspendido los desembolsos en 2011, cuando la economía dejó de registrar incrementos superiores al 3%. Sin embargo, los fondos demandantes argumentaron que la modificación metodológica aplicada en 2013 afectó sus derechos contractuales y redujo de manera indebida los montos a percibir.

Referencias del FMI y posición de los demandantes

En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó conversaciones entre la Argentina y los acreedores en torno al litigio. No obstante, los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones formales.

En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes afirmaron: «No hay negociaciones en curso entre ellos y la República». Asimismo, informaron al organismo multilateral que consideran incorrectas ciertas afirmaciones incluidas en el reporte técnico y solicitaron su actualización.

La controversia sobre la existencia o no de tratativas se produjo mientras avanza el proceso de identificación de activos en el exterior. El discovery ordenado por la Justicia británica podría derivar en nuevas medidas si se detectan bienes embargables bajo jurisdicción extranjera.

Impacto jurídico y financiero

La condena por los Cupones PBI se suma a otros litigios internacionales derivados de la reestructuración de deuda y de decisiones económicas adoptadas en años anteriores. De acuerdo con la Procuración del Tesoro, el caso figura entre los de mayor exposición económica para el Estado argentino.

La obligación total reconocida por la justicia británica asciende a 1.330 millones de euros más intereses. Tras la ejecución parcial de la garantía, el saldo continúa generando intereses diarios. El cumplimiento de la sentencia depende de la disponibilidad de recursos y de eventuales acuerdos entre las partes.

El proceso judicial en el Reino Unido continúa en etapa de ejecución. La entrega de información ordenada por el tribunal constituye un paso adicional en la búsqueda de activos que permitan a los acreedores satisfacer el crédito reconocido en la sentencia.

Mientras tanto, el caso mantiene su relevancia dentro del conjunto de litigios que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y que inciden en la situación financiera y en las perspectivas de acceso a financiamiento internacional.