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ECONOMIA

Doble impacto por las jubilaciones: las razones por las que el problema para Milei no solo es fiscal

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A Javier Milei no sólo le preocupa el impacto que la reforma jubilatoria pueda tener sobre las cuentas fiscales. También cree que le podría implicar un costo en términos electorales, dado que se volvería al achatamiento de la «pirámide jubilatoria», en la que los jubilados de niveles superiores transfieren recursos a los de la franja mínima.

Fue esto lo que llevó al ministro de economía, Luis Toto Caputo, a asegurar que, en realidad, las jubilaciones promedio son de $900.000. La frase traje enorme controversia, dado que más de cinco millones de jubilados y pensionados reciben el cobro mínimo -$309.275 más el bono de $70.000-.

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Pero Caputo no hizo mal las cuentas. Simplemente, lo que quiso expresar es que, en el universo de 7,5 millones de beneficiarios del sistema previsional, apenas un tercio son «jubilados de verdad», porque cumplieron los requisitos de edad y 30 años de aporte a la Anses.

Y, para esa masa, efectivamente, el promedio es de $900.000, con un cobro máximo de $2 millones. Ese grupo de jubilados, donde el gobierno presume que tiene llegada electoral, está compuesto por personas que han expresado su irritación, ante cada moratoria -como la votada en 2023, que agregó 800.000 jubilados nuevos- o ante cada actualización de un bono para compensar la erosión inflacionaria sólo a la franja mínima.

«No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza», decía Milei hace tres años, cuando ya era candidato presidencial.

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Ese fenómeno generó un «achatamiento de la pirámide», de manera que la distancia entre la jubilación mínima y la máxima se iba achicando cuanto más alta era la inflación. Se producía por el efecto de la reforma de Martín Guzmán, que era de tipo «pro-cíclica». Es decir, cuando crecía la economía, subían las jubilaciones -que estaban atadas al nivel de recaudación de la Anses-, pero cuando había recesión, caían en mayor medida. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.

Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.

Jubilaciones: se vuelve a achatar la pirámide

La estrategia de Toto Caputo fue conseguir un doble objetivo: primero, que las jubilaciones, por efecto del plan de shock, tuvieran un menor peso en el gasto público. Es algo que se explica por la enorme incidencia del rubro previsional en el presupuesto -un 45% del total-.

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Fue uno de las medidas más criticadas al gobierno, ya que implicó una licuación inflacionaria de las jubilaciones. Caputo se defendió con el argumento de que la culpa la tenía la fórmula de Guzmán, pero lo cierto es que hasta el propio Fondo Monetario Internacional protestó por considerar que era un ajuste socialmente insustentable. En el peor momento, en febrero del año pasado, la caída del gasto jubilatorio llegó a un impactante 38%.

Caputo se proponía que el costo jubilatorio tuviera un recorte de 0,4% del PBI, y en parte eso se lograría con el congelamiento en $70.000 del bono extraordinario que se había instaurado en el gobierno anterior.

Pero, además, había un segundo objetivo: que se revirtiera aquel achatamiento de la pirámide y que los jubilados de la mitad superior tuvieran un incremento real en sus haberes.

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Los números son elocuentes al respecto: en noviembre de 2023 -último mes antes de la asunción de Milei-, la jubilación mínima, contando el bono, equivalía a un 21% de la máxima. Hoy, un año y medio después, y ya con la nueva fórmula rigiendo a pleno, esa diferencia se agrandó: la mínima cayó a un 18% de la máxima.

¿Qué ocurrirá ahora, tras la reforma votada en el Senado? Se volverá a achatar la pirámide, de manera que la mínima pasará a ser un 19,8% en relación el haber más alto.

El gasto jubilatorio vuelve a crecer

Caputo había logrado ese estiramiento de la pirámide por la combinación de la nueva fórmula atada a la inflación pasada, junto con el congelamiento del bono.

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Ocurre que, en el momento de mayor impacto inflacionario, las jubilaciones estaban perdiendo poder adquisitivo a un ritmo de 33% anual. En noviembre de 2033, las jubilaciones habían aumentado un 74% nominal, contra una inflación de 161%. Pero las de la franja mínima lograban defenderse mejor, gracias al bono, cuya incidencia fue subiendo hasta transformarse en un 30% del cobro total para estos jubilados.

Era una situación que el gobierno de Alberto Fernández justificaba con el argumento de la protección social -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral.

Con el cambio de fórmula jubilatoria, lo que esperaba Caputo es que, en la medida en que la inflación fuera bajando, se produjera una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pero claro, al congelarse el bono extra, esa recuperación iba a ser más rápida para el tercio de ingresos superiores.

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Desde el punto de vista fiscal, el punto de quiebre se produjo sobre fines del año pasado, cuando, pese a que el gasto jubilatorio total seguía registrando una caída real de 17,5%, las jubilaciones más altas ya habían recompuesto su poder adquisitivo en un 12,4%.

Para enero, ya toda la masa jubilatoria estaba creciendo por encima de la inflación. La variación real marcaba una mejora de 26,5%, algo que no es de extrañar, dado que la base de comparación del año anterior era el momento de peor caída de ingreso jubilatorio.

Desde entonces, la tónica ha sido la misma: el rubro jubilatorio, que al inicio fue la variable de ajuste que permitió eliminar el déficit fiscal, es ahora uno de los rubros que crece en términos reales.

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En junio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto jubilatorio tuvo un aumento interanual de 4,5%, y si se considera el primer semestre completo, la suba fue de un 16,7% real. Es decir, números que se ubican bien por encima de la inflación.

Es lo que llevó a Caputo a retuitear el cálculo de Martín Vauthier, que estimó en 32% la caída de las jubilaciones contra la canasta básica durante el gobierno pasado, y una suba de 19% desde que asumió Milei. «Dato destroza relato», fue el comentario de Caputo, cuando ya la derrota oficialista en el Congreso parecía inevitable

Cuánto cuesta la reforma

¿Qué pasará ahora, con el proyecto opositor aprobado? El cálculo de impacto fiscal es de un 0,17% del PBI para este año por el incremento generalizado de 7,2% para toda la masa jubilatoria, a modo de compensación por el ajuste no realizado en enero de 2024. Pero ese costo ascenderá a 0,4% para las cuentas del año próximo.

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A eso se le debe agregar el impacto por la suba del bono extra, desde $70.000 a $110.000, que tendrá un régimen de indexación por IPC. En términos de gasto público, supondría otro 0,22% del PBI. Y la nueva extensión de la moratoria agregaría otro 0,14% anual.

En definitiva, la reforma jubilatoria implicaría un costo de 0,31% para el segundo semestre de este año y de 0,76% para el año próximo, según la consultora Analytica. En cualquier caso, queda en duda el objetivo oficial de terminar el año con su superávit fiscal de 1,6% del PBI.

Pero claro, hay un costo que no se mide en pesos sino en términos políticos. El bono extraordinario, que había nacido como «parche» ante la imposibilidad de que la vieja fórmula indexatoria defendiera a las jubilaciones contra la inflación, ahora quedará institucionalizado como un componente estable de la jubilación mínima. En otras palabras, la medida de emergencia se transforma en permanente.

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Y la pirámide de ingresos se vuelve a achatar. La perspectiva es que esa situación se acentúe, en la medida en que más gente acceda a la jubilación por vía de la moratoria y pase a engrosar la base de la pirámide que cobra el haber mínimo.

Para Milei, en definitiva, el veto a la reforma excede el alcance de una pulseada fiscal: es también parte de la «batalla cultural».

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ECONOMIA

Solo el 14% de las empresas industriales espera incrementar su producción para después de las elecciones

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La demanda interna insuficiente sigue siendo el principal límite para la expansión de la actividad.

La industria manufacturera argentina mantiene un clima de prudencia frente al cierre del año . Según la Encuesta de Tendencia de Negocios difundida por el Indec, solo el 14,8% de las empresas del sector espera un aumento en el volumen de producción durante el período octubre-diciembre de 2025, en comparación con el trimestre anterior. En tanto, el 61,2% no prevé variaciones y el 23,9% anticipa una disminución.

El organismo estadístico precisó que el balance entre respuestas positivas y negativas fue de –9,1%, lo que refleja una percepción predominantemente desfavorable sobre la evolución de la actividad industrial.

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El comportamiento de la demanda interna muestra un patrón similar. Solo el 14% de los industriales prevé que los pedidos del mercado local aumenten en el último trimestre del año, mientras que el 56,5% espera estabilidad y el 29,5% proyecta una caída. El balance de esta variable es de –15,5%, lo que sugiere un panorama de consumo contenido y menor dinamismo en el mercado interno.

En tanto, el nivel de exportaciones es el único indicador con un saldo positivo. El 19,9% de las empresas estima que las ventas externas aumentarán, frente a un 17,5% que prevé una disminución, lo que arroja un balance levemente favorable de +2,3%. Para el resto, un 62,6%, las exportaciones se mantendrán sin cambios.

Las perspectivas laborales dentro de la industria continúan estancadas. Solo el 3,7% de las empresas prevé incrementar su plantel de trabajadores en el corto plazo, mientras que el 78,3% considera que no habrá variaciones y el 18% anticipa una reducción. En consecuencia, el balance de expectativas de empleo es negativo en –14,4%, lo que indica que la mayoría de las compañías no planea nuevas contrataciones en el cierre de 2025.

La encuesta también indaga sobre el uso de la capacidad instalada y las limitaciones que enfrenta el sector. El 49,9% de los empresarios mencionó la “demanda interna insuficiente” como el principal factor que impide aumentar la producción, seguido por la “incertidumbre económica”, con el 10,4% de las respuestas, y la “competencia de productos importados”, con 10,1%. En menor medida aparecen los “problemas financieros” (2,5%) y la “escasez de materias primas o insumos” (4%).

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Estos resultados marcan una continuidad respecto de los trimestres anteriores: las restricciones a la demanda doméstica y la inestabilidad macroeconómica siguen siendo los principales condicionantes del desempeño manufacturero.

Al evaluar la situación vigente de las empresas en septiembre de 2025, el informe señala que el 63,5% de los industriales calificó su situación empresarial como “normal”, el 28,4% como “mala” y solo el 8,1% como “buena”, lo que genera un balance de –20,2%. En términos financieros, el 63,1% consideró que su situación es “normal”, el 22,3% la definió como “mala” y el 14,6% como “buena”, con un balance de –7,7%.

En cuanto al acceso al crédito, un 34,9% de las empresas manifestó que es “difícil” obtener financiamiento, el 58,7% lo calificó como “normal” y solo el 6,4% lo consideró “fácil”. El balance de este indicador es de –28,5%, uno de los más negativos del relevamiento.

Además, la situación de los pedidos y el nivel de stock muestran señales mixtas. En septiembre, el 52,8% de las firmas indicó que su cartera de pedidos estaba “por debajo de lo normal”, mientras que solo el 3,3% afirmó tener un nivel superior al habitual. En paralelo, el 61,9% consideró “adecuado” el nivel de stock, el 24,5% lo evaluó como “por encima de lo adecuado” y el 13,7% como “por debajo”.

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El INDEC también elabora un Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que combina las percepciones sobre la producción, los pedidos y los stocks. En septiembre, el ICE de la industria manufacturera se ubicó en –23,2%, mostrando una leve caída respecto del mes anterior, cuando había sido de –21%. El índice viene descendiendo de manera sostenida desde mayo, cuando registraba –11,7%, reflejando el deterioro del clima de negocios.

El informe recuerda que este indicador “puede tomar valores entre –100% y 100%” y se construye a partir de las opiniones empresariales sobre la evolución de la producción, la cartera de pedidos y el nivel de existencias.

En lo que respecta a los precios promedio de venta, el 32,1% de los empresarios prevé aumentos en el último trimestre del año, el 58,3% estima que se mantendrán sin cambios y el 9,6% espera una reducción. Esta pregunta, aclara el organismo, “no forma parte del cálculo del indicador de confianza empresarial”, ya que los cambios en precios pueden interpretarse como positivos o negativos según el contexto económico de cada firma.

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Por último, al ser consultados sobre la evolución general de su negocio, el 12,3% de los industriales espera una mejora, el 72,3% prevé que la situación se mantendrá igual y el 15,4% anticipa un empeoramiento.

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ECONOMIA

Las claves para no pagar de más al tributar Ingresos Brutos

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Sostener un negocio en Argentina representa de por sí un reto constante, y en materia fiscal exige no solo adaptabilidad y visión estratégica, sino también un instinto de supervivencia permanente.

En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la federalización del país en 24 jurisdicciones, cada una con su propia normativa fiscal, en ocasiones se traduce en un laberinto complejo susceptible de incurrir en errores que podrían implicar una tributación en exceso o futuros reclamos que obliguen a desembolsar intereses y multas.

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Con el objetivo de ordenar y simplificar el tratamiento impositivo de quienes tributan bajo el Convenio Multilateral —es decir, aquellas empresas que operan en más de una provincia—, la Comisión Arbitral implementó un sistema unificado de codificación de actividades llamado NAES.

Este nomenclador busca estandarizar los códigos de actividades para facilitar la determinación de las alícuotas del impuesto, así como la aplicación de beneficios o exenciones. Sin embargo, no todas las provincias lo adoptaron: Buenos Aires mantiene su propia codificación y Santa Fe ni siquiera la prevé.

En consecuencia, cuando se trata de impuestos provinciales, muchas veces lo que parece simple a primera vista puede esconder detalles que vale la pena conocer. Algunas provincias aplican condiciones especiales, excepciones o requisitos adicionales por fuera de sus Códigos Fiscales.

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Ingresos Brutos: las claves para no pagar de más en distintas provincias

A continuación, repasamos algunos ejemplos concretos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La ley impositiva no dispone una alícuota específica para los resultados generados por plazos fijos o fondos comunes de inversión para aquellos sujetos que no sean entidades financieras. De allí pareciera que la alícuota a aplicar es la residual para la actividad financiera del 8,00%.

Sin embargo, AGIP aclaró en 2019 que atento la falta de un rubro específico para dichas rentas, corresponde tributar a la alícuota general, la cual oscila entre el 3,00% y el 5,00% en función del nivel de ingresos.

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Entre Ríos

Por Ley Impositiva, la actividad industrial tributa al 1,50%. Sin embargo, su Código Fiscal la exime siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos. Para ambos casos, se impone además la obligatoriedad de la Inscripción en el Registro Único Industrial de la Provincia de Entre Ríos o la presentación del Certificado vigente de inscripción en el Registro equivalente cuando se trate de contribuyentes con establecimientos industriales radicados en otras jurisdicciones.

Su incumplimiento habilita al Fisco a reclamar la tributación al 3,50%.

Venta de bienes de uso

En líneas generales, la venta de estos bienes no integra la base imponible del impuesto. No obstante, esta exclusión fue suprimida del código fiscal de la Provincia de Misiones desde 2018 en adelante, mientras que Córdoba, si bien no se excluye expresamente en su Código Fiscal, la provincia ha manifestado mediante consulta vinculante que no se gravan estas ventas.

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Salta

Mediante Decreto, la Provincia sujeta la aplicación de las exenciones al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, así como la tramitación expresa de la constancia de exención.

San Juan

Vía Resolución se establece un descuento del 15% en la medida que la presentación y el pago de la declaración jurada se efectúe en término, sumado a un 20% adicional por ley provincial.

Exportaciones de Servicios

Si bien existe consenso fiscal en eximir las exportaciones de bienes, no es así en el caso de los servicios. Algunas provincias gravan a este tipo de operaciones, como Catamarca, Corrientes, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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Venta minorista por parte de industriales

En algunas provincias, las empresas industriales que venden directamente al público pueden enfrentar una mayor carga impositiva. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires incrementa del 1,5% al 3% o 5% —según nivel de ingresos— la alícuota de Ingresos Brutos para los industriales que vendan a comercios minoristas. Algo similar ocurre en Córdoba y Jujuy.

Los casos expuestos son solo algunos ejemplos de la odisea que puede ser aplicar el tratamiento correcto para el impuesto sobre los ingresos brutos, en especial para las empresas que extienden sus actividades en todo el territorio nacional.

Conocer a la ley tarifaria provincial es apenas el punto de partida. Solo con un conocimiento profundo y una actualización constante será posible recorrer los pasadizos de este laberinto sin perderse en los desvíos escondidos leyes tarifarias, normas complementarias, interpretaciones locales o requisitos adicionales que modifican sustancialmente la carga tributaria real.

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Por Szenker, Agustina – Gerente Lisicki Litvin & Abelovich



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ECONOMIA

El dólar volvió a subir y cerró a solamente 57 centavos del techo de la banda cambiaria

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La dolarización preelectoral cobra más fuerza a falta de tres ruedas oerativas.

La operatoria cambiaria ganó intensidad este martes, a tres ruedas operativas de los comicios legislativos, con importante volumen de negocios, precios máximos en todas las franjas y ventas institucionales de la divisa en el techo de la banda cambiaria.

El dólar mayorista cerró a $1.490,50 para la venta, con alza de 15,50 pesos o 1,1%, con importantes negocios en el segmento de contado por USD 718,4 millones, unos USD 320 millones más que en la sesión anterior.

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El dólar operó sobre el cierre al filo de la banda superior del régimen cambiario, ahora en $1.491,07, apenas 57 centavos por encima del tipo de cambio oficial. Ventas institucionales -que podrían ser tanto del Tesoro de EEUU como del BCRA- le pusieron techo a la suba del precio de la divisa.

Fuente: Salvador Vitelli - Romano
Fuente: Salvador Vitelli – Romano Group

“Los operadores comienzan a percibir en las últimas ruedas que las intervenciones de Tesoro de EEUU apenas logran morigerar la dinámica del reacomodamiento alcista. Ello se debe a que la cobertura cambiaria continúa prevaleciendo en esta etapa de incertidumbre, y va ganando consenso que recién post elecciones podría llegar mayor claridad de lograr configurarse un mejor escenario político y económico”, expresó el economista Gustavo Ber.

“Más allá de dicha pulseada, los operadores reconocen que recién a partir de la semana próxima, según la lectura de los comicios, se intentaría comenzar a dilucidar si la demanda privada aflojaría de percibirse un clima político más despejado, donde además las compras oficiales deberían pronto poder abrirse paso, o que el régimen actual sea modificado ya que no resulta sustentable continuar con un mercado cambiario en desequilibrio”, explicó Gustavo Ber.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 40 pesos, lejos de la caída de 60 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En el inicio de los negocios apareció una postura vendedora a $1.491 por USD 100 millones, que operadores atribuyeron al BCRA en el techo de las bandas.

El dólar en el Banco Nación ganó 20 pesos o 1,3% la este martes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, con lo que igualó el máximo histórico del 19 de septiembre último.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.518,74 para la venta (22,13 pesos o 1,5%) y a $1.467,77 para la compra.

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A poco de finalizar los negocios con acciones y bonos en la Bolsa de Comercio porteña, las cotizaciones del dólar implícitas en los precios de estos activos que se operan en simultáneo en el exterior ganaban entre 42 y 45 pesos alcanzaban precios sin precedentes, con un dólar MEP a $1.582 (+2,9%) y un dólar “contado con liquidación” a $1.601 (+2,7%).

“La demanda de divisas sigue firme pese a los anuncios oficiales. El Gobierno confirmó un swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y una recompra de deuda, pero ambas medidas no alcanzaron para frenar la volatilidad. En el mercado se observaron posturas de venta en el techo de la banda, que podrían corresponder al BCRA. Analistas anticipan que la tensión cambiaria continuará en los próximos días. La gran duda es si el Tesoro estadounidense volverá a intervenir para evitar que el tipo de cambio toque el techo y el Central pierda reservas, o si la oferta privada logrará equilibrar la plaza”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“En las elecciones el Gobierno está obligado a revertir a nivel nacional la fragilidad que se instaló a partir de la derrota bonaerense -en las elecciones del 7 de septiembre-. Para ello, buscará reconquistar parte del electorado desencantado por el ajuste”, afirmó un informe de Romano Group.

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“Consideramos que en parte el apoyo estadounidense se trata de una muy fuerte campaña de expectativas a favor de la estabilidad financiera en Argentina y por consiguiente de su gobierno actual”, reportó Vatnet Financial Research. “En el futuro será indispensable lograr un flujo de divisas positivo para atender los compromisos básicos, incluyendo los intereses de la deuda externa”, señaló.

El secretario del Tesoro Scott Bessent ratificó que EEUU considera adecuado en rango del esquema de bandas cambiarias oficial, a la vez que ratificó que la intervención de la administración norteamericana continuará en el mercado oficial y también en el financiero, con operaciones en el “contado con liquidación”.

Pedro Siaba Serrate, analista de Portfolio Personal Inversiones, consideró que “es un momento diferente al que tuvimos en la previa de la elección en la provincia de Buenos Aires. Es un mercado más cauteloso, más pesimista, hay muchas dudas respecto de la eventual continuidad o no del soporte de EEUU. desde nuestro punto de vista creo que eso es incondicional, prácticamente sin precedentes todo el esfuerzo que ha hecho Scott Bessent”.

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“Hay una demanda de cobertura, una demanda de dolarización preelectoral que se mantiene muy significativa. El mercado está en una posición, más que de ‘show me the money’, del estilo ‘che, mostrame los votos’, esperando el resultado de octubre”, indicó Siaba Serrate por Ahora Play.

“El swap no modifica las reservas netas, que en su medida más ácida -contempla como pasivo de corto plazo a los depósitos del Tesoro en moneda extranjera y a los vencimientos de Bopreal a doce meses vista- estimamos en USD 1.540 millones al miércoles pasado» precisó Portfolio Personal Inversiones.



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