ECONOMIA
Doble impacto por las jubilaciones: las razones por las que el problema para Milei no solo es fiscal
A Javier Milei no sólo le preocupa el impacto que la reforma jubilatoria pueda tener sobre las cuentas fiscales. También cree que le podría implicar un costo en términos electorales, dado que se volvería al achatamiento de la «pirámide jubilatoria», en la que los jubilados de niveles superiores transfieren recursos a los de la franja mínima.
Fue esto lo que llevó al ministro de economía, Luis Toto Caputo, a asegurar que, en realidad, las jubilaciones promedio son de $900.000. La frase traje enorme controversia, dado que más de cinco millones de jubilados y pensionados reciben el cobro mínimo -$309.275 más el bono de $70.000-.
Pero Caputo no hizo mal las cuentas. Simplemente, lo que quiso expresar es que, en el universo de 7,5 millones de beneficiarios del sistema previsional, apenas un tercio son «jubilados de verdad», porque cumplieron los requisitos de edad y 30 años de aporte a la Anses.
Y, para esa masa, efectivamente, el promedio es de $900.000, con un cobro máximo de $2 millones. Ese grupo de jubilados, donde el gobierno presume que tiene llegada electoral, está compuesto por personas que han expresado su irritación, ante cada moratoria -como la votada en 2023, que agregó 800.000 jubilados nuevos- o ante cada actualización de un bono para compensar la erosión inflacionaria sólo a la franja mínima.
«No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza», decía Milei hace tres años, cuando ya era candidato presidencial.
Ese fenómeno generó un «achatamiento de la pirámide», de manera que la distancia entre la jubilación mínima y la máxima se iba achicando cuanto más alta era la inflación. Se producía por el efecto de la reforma de Martín Guzmán, que era de tipo «pro-cíclica». Es decir, cuando crecía la economía, subían las jubilaciones -que estaban atadas al nivel de recaudación de la Anses-, pero cuando había recesión, caían en mayor medida. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.
Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.
Jubilaciones: se vuelve a achatar la pirámide
La estrategia de Toto Caputo fue conseguir un doble objetivo: primero, que las jubilaciones, por efecto del plan de shock, tuvieran un menor peso en el gasto público. Es algo que se explica por la enorme incidencia del rubro previsional en el presupuesto -un 45% del total-.
Fue uno de las medidas más criticadas al gobierno, ya que implicó una licuación inflacionaria de las jubilaciones. Caputo se defendió con el argumento de que la culpa la tenía la fórmula de Guzmán, pero lo cierto es que hasta el propio Fondo Monetario Internacional protestó por considerar que era un ajuste socialmente insustentable. En el peor momento, en febrero del año pasado, la caída del gasto jubilatorio llegó a un impactante 38%.
Caputo se proponía que el costo jubilatorio tuviera un recorte de 0,4% del PBI, y en parte eso se lograría con el congelamiento en $70.000 del bono extraordinario que se había instaurado en el gobierno anterior.
Pero, además, había un segundo objetivo: que se revirtiera aquel achatamiento de la pirámide y que los jubilados de la mitad superior tuvieran un incremento real en sus haberes.
Los números son elocuentes al respecto: en noviembre de 2023 -último mes antes de la asunción de Milei-, la jubilación mínima, contando el bono, equivalía a un 21% de la máxima. Hoy, un año y medio después, y ya con la nueva fórmula rigiendo a pleno, esa diferencia se agrandó: la mínima cayó a un 18% de la máxima.
¿Qué ocurrirá ahora, tras la reforma votada en el Senado? Se volverá a achatar la pirámide, de manera que la mínima pasará a ser un 19,8% en relación el haber más alto.
El gasto jubilatorio vuelve a crecer
Caputo había logrado ese estiramiento de la pirámide por la combinación de la nueva fórmula atada a la inflación pasada, junto con el congelamiento del bono.
Ocurre que, en el momento de mayor impacto inflacionario, las jubilaciones estaban perdiendo poder adquisitivo a un ritmo de 33% anual. En noviembre de 2033, las jubilaciones habían aumentado un 74% nominal, contra una inflación de 161%. Pero las de la franja mínima lograban defenderse mejor, gracias al bono, cuya incidencia fue subiendo hasta transformarse en un 30% del cobro total para estos jubilados.
Era una situación que el gobierno de Alberto Fernández justificaba con el argumento de la protección social -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral.
Con el cambio de fórmula jubilatoria, lo que esperaba Caputo es que, en la medida en que la inflación fuera bajando, se produjera una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pero claro, al congelarse el bono extra, esa recuperación iba a ser más rápida para el tercio de ingresos superiores.
Desde el punto de vista fiscal, el punto de quiebre se produjo sobre fines del año pasado, cuando, pese a que el gasto jubilatorio total seguía registrando una caída real de 17,5%, las jubilaciones más altas ya habían recompuesto su poder adquisitivo en un 12,4%.
Para enero, ya toda la masa jubilatoria estaba creciendo por encima de la inflación. La variación real marcaba una mejora de 26,5%, algo que no es de extrañar, dado que la base de comparación del año anterior era el momento de peor caída de ingreso jubilatorio.
Desde entonces, la tónica ha sido la misma: el rubro jubilatorio, que al inicio fue la variable de ajuste que permitió eliminar el déficit fiscal, es ahora uno de los rubros que crece en términos reales.
En junio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto jubilatorio tuvo un aumento interanual de 4,5%, y si se considera el primer semestre completo, la suba fue de un 16,7% real. Es decir, números que se ubican bien por encima de la inflación.
Es lo que llevó a Caputo a retuitear el cálculo de Martín Vauthier, que estimó en 32% la caída de las jubilaciones contra la canasta básica durante el gobierno pasado, y una suba de 19% desde que asumió Milei. «Dato destroza relato», fue el comentario de Caputo, cuando ya la derrota oficialista en el Congreso parecía inevitable.
Cuánto cuesta la reforma
¿Qué pasará ahora, con el proyecto opositor aprobado? El cálculo de impacto fiscal es de un 0,17% del PBI para este año por el incremento generalizado de 7,2% para toda la masa jubilatoria, a modo de compensación por el ajuste no realizado en enero de 2024. Pero ese costo ascenderá a 0,4% para las cuentas del año próximo.
A eso se le debe agregar el impacto por la suba del bono extra, desde $70.000 a $110.000, que tendrá un régimen de indexación por IPC. En términos de gasto público, supondría otro 0,22% del PBI. Y la nueva extensión de la moratoria agregaría otro 0,14% anual.
En definitiva, la reforma jubilatoria implicaría un costo de 0,31% para el segundo semestre de este año y de 0,76% para el año próximo, según la consultora Analytica. En cualquier caso, queda en duda el objetivo oficial de terminar el año con su superávit fiscal de 1,6% del PBI.
Pero claro, hay un costo que no se mide en pesos sino en términos políticos. El bono extraordinario, que había nacido como «parche» ante la imposibilidad de que la vieja fórmula indexatoria defendiera a las jubilaciones contra la inflación, ahora quedará institucionalizado como un componente estable de la jubilación mínima. En otras palabras, la medida de emergencia se transforma en permanente.
Y la pirámide de ingresos se vuelve a achatar. La perspectiva es que esa situación se acentúe, en la medida en que más gente acceda a la jubilación por vía de la moratoria y pase a engrosar la base de la pirámide que cobra el haber mínimo.
Para Milei, en definitiva, el veto a la reforma excede el alcance de una pulseada fiscal: es también parte de la «batalla cultural».
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La implementación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas fue postergada por cuestiones administrativas y, según confirmaron fuentes oficiales, recién entraría en vigencia en febrero. El impacto en las facturas se vería reflejado un mes después.
De acuerdo al sitio TN, aún resta la publicación de un decreto reglamentario y la posterior oficialización de los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica por parte de la Secretaría de Energía. La falta de cumplimiento de estos pasos formales demoró la puesta en marcha del nuevo sistema.
Una vez completado el proceso administrativo, el Gobierno prevé avanzar con el esquema de subsidios focalizados desde febrero, con efectos concretos en las boletas a partir de marzo.
Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios energéticos
El nuevo régimen fue establecido a través del decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial. La norma puso fin al sistema de segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022 y lo reemplazó por un modelo simplificado con dos categorías de usuarios: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.
El esquema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tiene como objetivo trasladar de manera gradual los costos reales de la energía a los usuarios, promover un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de energía para los sectores más vulnerables.
Según lo dispuesto, el acceso a la asistencia estatal quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), de acuerdo con los valores informados por el Indec a noviembre de 2025.
El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica los criterios para otorgar beneficios en electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de 10 kilos de gas licuado de petróleo (GLP), reemplaza los mecanismos anteriores y establece una diferenciación clara entre los hogares que reciben subsidios y los que no, según el nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica del grupo familiar.
Los hogares que cumplen con los requisitos acceden a un descuento directo en la factura de luz o gas, mientras que quienes quedan fuera del régimen deben abonar el costo pleno del servicio.
Subsidios de luz y gas: cuál es la web oficial y para qué sirve
El Ministerio de Economía habilitó el sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, donde los usuarios pueden:
- Consultar si tienen subsidio energético.
- Ver el estado de una solicitud ya iniciada.
- Pedir una revisión del beneficio en caso de cambios en su situación.
El sistema centraliza toda la información vinculada al acceso a los subsidios y funciona de manera integrada con la plataforma Mi Argentina.
Quiénes deben hacer el trámite y quiénes no
Las personas que ya están inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a realizar el trámite.
En cambio, deben inscribirse nuevamente:
- Quienes utilizan garrafas.
- Beneficiarios del Programa Hogar.
- Usuarios que cobraban la Tarifa Social de Gas.
- Residentes de determinadas localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz, Formosa y Chubut, detalladas en la web de la Secretaría de Energía.
Cómo funciona la nueva página para tramitar subsidios
La web de la Secretaría de Energía ofrece tres opciones principales:
- Consultar si recibís el subsidio: se realiza a través de la app Mi Argentina. Es necesario contar con usuario, CUIL y contraseña.
- Consultar el estado de la solicitud: el sistema solicita el número de gestión, el DNI y el correo electrónico informado al iniciar el trámite.
- Solicitar una revisión del subsidio: está destinado a quienes consideran que su situación debe ser reevaluada. Se requiere el número de gestión original, disponible en Mi Argentina o en el correo electrónico recibido.
Qué datos se necesitan para hacer el trámite
Antes de iniciar cualquier gestión, se recomienda tener a mano:
- Número de medidor y número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS (figuran en la factura).
- DNI vigente.
- CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Correo electrónico personal de uso frecuente.
Quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos
Para recibir los subsidios focalizados, los hogares deben cumplir con los siguientes requisitos, considerando el total de sus integrantes:
También pueden acceder hogares que, aun sin cumplir ese tope, presenten alguna de estas situaciones:
- Al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.
- Al menos un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Cómo se aplican los descuentos en luz y gas
El nuevo esquema fija precios anuales de referencia y concentra los subsidios en los períodos de mayor consumo, con una reducción gradual.
Electricidad: bonificación del 50% durante todo el año para los hogares beneficiarios.
Gas por redes: subsidio del 50% en los meses de mayor demanda y sin bonificación en los períodos de bajo consumo.
Durante 2026, de forma excepcional, se sumará una bonificación adicional del 25% en enero, que se reducirá progresivamente hasta desaparecer en diciembre.
Cambios en los programas vigentes y subsidios a las garrafas
El decreto 943 también dispuso la derogación del Programa Hogar, destinado a la compra de garrafas, y de la Tarifa Social Federal de Gas. En ese marco, se estableció un plazo de seis meses para que la ANSES y la Secretaría de Energía concreten la migración de los beneficiarios de ambos programas al nuevo esquema de subsidios.
En el caso específico de las garrafas, la Secretaría de Energía quedó facultada para instrumentar los beneficios mediante acuerdos con entidades financieras, billeteras digitales u otros proveedores de servicios de pago, a través de mecanismos de descuento o reintegro.
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ECONOMIA
Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 15 de enero
El Tesoro renovó casi todos los vencimientos en la primera licitación de deuda en pesos del año, pero al costo de secar la plaza y elevar las tasas para las LECAP que vencen a fin de febrero a 3,39% efectivo mensual, lo que equivale a un rendimiento de casi 50% efectivo anual. Este título tuvo un premio de 5 puntos con relación a la cotización en el mercado secundario donde rendía 2,87%. La letra que vence a fin de mayo paga 2,86% efectivo mensual. Entre estos dos plazos absorbieron $5,81 millones, el 62% de lo licitado.
ECONOMIA
Fracasó la paritaria de la UTA: cuándo podrían paralizar el transporte de colectivos en el AMBA
Lejos de resolverse, la paritaria de los choferes de colectivos se profundiza tras cada reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales. El último encuentro se llevó a cabo este martes y el gremio ratificó el estado de alerta y advirtió con disponer un paro general que afectará el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En la audiencia realizada en forma virtual bajo el monitoreo de la Secretaría de Trabajo, el sindicato rechazó la oferta del 1 por ciento mensual, en tanto que el titular de la UTA, Roberto Fernández calificó la propuesta como una «burla». Fuentes gremiales señalaron que «las patronales no están haciendo ningún esfuerzo y vinieron con el mismo ofrecimiento que en la anterior reunión; es decir, no mejoraron nada».
Según las empresas, no pueden dar un aumento por encima del 1%
Los representantes de las cámaras empresariales sostienen que otorgar un incremento por encima de la pauta del 1 por ciento mensual provocaría el colapso de la actividad. Remarcaron la situación de «extrema fragilidad» que vienen atravesando y apuntaron al «estrangulamiento financiero» por la falta de actualización tarifaria como así también a la actualización de los mecanismos de compensación económica por parte del Estado.
Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) apuntaron a «la suba constante combustibles, repuestos y seguros».
Agregaron que «estamos frente a una situación cuasi terminal que compromete el pago de salarios, cargas sociales y proveedores estratégicos» y avisaron que, «mientras no se reconozca una nueva estructura de costos por parte de las autoridades, no podrán realizar ofrecimientos que satisfagan las aspiraciones sindicales».
Una protesta que afectaría a miles de usuarios del AMBA
La UTA, en tanto, aclaró su posición: «Estamos abiertos al diálogo, pero no podemos permitir que el ajuste de la actividad lo paguen los trabajadores con sus ingresos» y amplió: «La herramienta que tenemos para que nuestro reclamo se escuche es el paro de los servicios» que en este caso afectaría a los miles de usuarios del AMBA.
Fernández no solo criticó a los empresarios, sino también al gobierno, exigiendo una respuesta de parte del Estado a la situación. Alertó que «sabemos que el 40 por ciento de las empresas que operan en el sector se encuentran al borde de la quiebra». Sin embargo, subrayó que «no podemos ser rehenes de las patronales y el Ejecutivo, que se tiran la pelota mientras se deteriora el poder de compra de los trabajadores».
En esa línea, pidió formalmente que, ante «la dilación de la negociación y el impacto que puede tener una afectación del servicio o una profundización de la precaria situación en la que se encuentran los trabajadores», en la próxima audiencia se encuentre presente el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Cuándo es la fecha «limite» para decidir la huelga
Ante el riesgo inminente de una huelga que deje a millones de usuarios sin transporte, el ministerio de Capital Humano, a través de la dirección nacional de Relaciones del Trabajo, exhortó a las partes a mantener la «paz social» y extremar los esfuerzos para evitar el conflicto. Por ese motivo convocó a una nueva audiencia virtual para el martes 20 de enero a las 14.
La organización gremial tomó nota horas del cónclave, aunque los voceros indicaron que «se trata de una fecha límite, ya no podemos esperar más. Si no hay un acuerdo que satisfaga nuestras demandas, llamaremos a una protesta que paralice totalmente las actividades en todas las líneas del AMBA».
El último acuerdo paritario data de julio y finalizó en noviembre, y también se dio en un marco conflictivo con paros. El incremento salarial consistió en una suba del 11,5 por ciento (liquidado en cuotas), con un salario básico que hoy quedó en 1.682.000 pesos, sin adicionales como antigüedad y presentismo.
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