ECONOMIA
Doble impacto por las jubilaciones: las razones por las que el problema para Milei no solo es fiscal
A Javier Milei no sólo le preocupa el impacto que la reforma jubilatoria pueda tener sobre las cuentas fiscales. También cree que le podría implicar un costo en términos electorales, dado que se volvería al achatamiento de la «pirámide jubilatoria», en la que los jubilados de niveles superiores transfieren recursos a los de la franja mínima.
Fue esto lo que llevó al ministro de economía, Luis Toto Caputo, a asegurar que, en realidad, las jubilaciones promedio son de $900.000. La frase traje enorme controversia, dado que más de cinco millones de jubilados y pensionados reciben el cobro mínimo -$309.275 más el bono de $70.000-.
Pero Caputo no hizo mal las cuentas. Simplemente, lo que quiso expresar es que, en el universo de 7,5 millones de beneficiarios del sistema previsional, apenas un tercio son «jubilados de verdad», porque cumplieron los requisitos de edad y 30 años de aporte a la Anses.
Y, para esa masa, efectivamente, el promedio es de $900.000, con un cobro máximo de $2 millones. Ese grupo de jubilados, donde el gobierno presume que tiene llegada electoral, está compuesto por personas que han expresado su irritación, ante cada moratoria -como la votada en 2023, que agregó 800.000 jubilados nuevos- o ante cada actualización de un bono para compensar la erosión inflacionaria sólo a la franja mínima.
«No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza», decía Milei hace tres años, cuando ya era candidato presidencial.
Ese fenómeno generó un «achatamiento de la pirámide», de manera que la distancia entre la jubilación mínima y la máxima se iba achicando cuanto más alta era la inflación. Se producía por el efecto de la reforma de Martín Guzmán, que era de tipo «pro-cíclica». Es decir, cuando crecía la economía, subían las jubilaciones -que estaban atadas al nivel de recaudación de la Anses-, pero cuando había recesión, caían en mayor medida. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.
Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.
Jubilaciones: se vuelve a achatar la pirámide
La estrategia de Toto Caputo fue conseguir un doble objetivo: primero, que las jubilaciones, por efecto del plan de shock, tuvieran un menor peso en el gasto público. Es algo que se explica por la enorme incidencia del rubro previsional en el presupuesto -un 45% del total-.
Fue uno de las medidas más criticadas al gobierno, ya que implicó una licuación inflacionaria de las jubilaciones. Caputo se defendió con el argumento de que la culpa la tenía la fórmula de Guzmán, pero lo cierto es que hasta el propio Fondo Monetario Internacional protestó por considerar que era un ajuste socialmente insustentable. En el peor momento, en febrero del año pasado, la caída del gasto jubilatorio llegó a un impactante 38%.
Caputo se proponía que el costo jubilatorio tuviera un recorte de 0,4% del PBI, y en parte eso se lograría con el congelamiento en $70.000 del bono extraordinario que se había instaurado en el gobierno anterior.
Pero, además, había un segundo objetivo: que se revirtiera aquel achatamiento de la pirámide y que los jubilados de la mitad superior tuvieran un incremento real en sus haberes.
Los números son elocuentes al respecto: en noviembre de 2023 -último mes antes de la asunción de Milei-, la jubilación mínima, contando el bono, equivalía a un 21% de la máxima. Hoy, un año y medio después, y ya con la nueva fórmula rigiendo a pleno, esa diferencia se agrandó: la mínima cayó a un 18% de la máxima.
¿Qué ocurrirá ahora, tras la reforma votada en el Senado? Se volverá a achatar la pirámide, de manera que la mínima pasará a ser un 19,8% en relación el haber más alto.
El gasto jubilatorio vuelve a crecer
Caputo había logrado ese estiramiento de la pirámide por la combinación de la nueva fórmula atada a la inflación pasada, junto con el congelamiento del bono.
Ocurre que, en el momento de mayor impacto inflacionario, las jubilaciones estaban perdiendo poder adquisitivo a un ritmo de 33% anual. En noviembre de 2033, las jubilaciones habían aumentado un 74% nominal, contra una inflación de 161%. Pero las de la franja mínima lograban defenderse mejor, gracias al bono, cuya incidencia fue subiendo hasta transformarse en un 30% del cobro total para estos jubilados.
Era una situación que el gobierno de Alberto Fernández justificaba con el argumento de la protección social -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral.
Con el cambio de fórmula jubilatoria, lo que esperaba Caputo es que, en la medida en que la inflación fuera bajando, se produjera una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pero claro, al congelarse el bono extra, esa recuperación iba a ser más rápida para el tercio de ingresos superiores.
Desde el punto de vista fiscal, el punto de quiebre se produjo sobre fines del año pasado, cuando, pese a que el gasto jubilatorio total seguía registrando una caída real de 17,5%, las jubilaciones más altas ya habían recompuesto su poder adquisitivo en un 12,4%.
Para enero, ya toda la masa jubilatoria estaba creciendo por encima de la inflación. La variación real marcaba una mejora de 26,5%, algo que no es de extrañar, dado que la base de comparación del año anterior era el momento de peor caída de ingreso jubilatorio.
Desde entonces, la tónica ha sido la misma: el rubro jubilatorio, que al inicio fue la variable de ajuste que permitió eliminar el déficit fiscal, es ahora uno de los rubros que crece en términos reales.
En junio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto jubilatorio tuvo un aumento interanual de 4,5%, y si se considera el primer semestre completo, la suba fue de un 16,7% real. Es decir, números que se ubican bien por encima de la inflación.
Es lo que llevó a Caputo a retuitear el cálculo de Martín Vauthier, que estimó en 32% la caída de las jubilaciones contra la canasta básica durante el gobierno pasado, y una suba de 19% desde que asumió Milei. «Dato destroza relato», fue el comentario de Caputo, cuando ya la derrota oficialista en el Congreso parecía inevitable.
Cuánto cuesta la reforma
¿Qué pasará ahora, con el proyecto opositor aprobado? El cálculo de impacto fiscal es de un 0,17% del PBI para este año por el incremento generalizado de 7,2% para toda la masa jubilatoria, a modo de compensación por el ajuste no realizado en enero de 2024. Pero ese costo ascenderá a 0,4% para las cuentas del año próximo.
A eso se le debe agregar el impacto por la suba del bono extra, desde $70.000 a $110.000, que tendrá un régimen de indexación por IPC. En términos de gasto público, supondría otro 0,22% del PBI. Y la nueva extensión de la moratoria agregaría otro 0,14% anual.
En definitiva, la reforma jubilatoria implicaría un costo de 0,31% para el segundo semestre de este año y de 0,76% para el año próximo, según la consultora Analytica. En cualquier caso, queda en duda el objetivo oficial de terminar el año con su superávit fiscal de 1,6% del PBI.
Pero claro, hay un costo que no se mide en pesos sino en términos políticos. El bono extraordinario, que había nacido como «parche» ante la imposibilidad de que la vieja fórmula indexatoria defendiera a las jubilaciones contra la inflación, ahora quedará institucionalizado como un componente estable de la jubilación mínima. En otras palabras, la medida de emergencia se transforma en permanente.
Y la pirámide de ingresos se vuelve a achatar. La perspectiva es que esa situación se acentúe, en la medida en que más gente acceda a la jubilación por vía de la moratoria y pase a engrosar la base de la pirámide que cobra el haber mínimo.
Para Milei, en definitiva, el veto a la reforma excede el alcance de una pulseada fiscal: es también parte de la «batalla cultural».
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La proyección realizada por BBVA Research calcula que las exportaciones mineras en Argentina podrían elevarse hasta USD 25.000 millones para el año 2033 si el país logra concretar la mayor parte de los proyectos en carpeta y sostiene un entorno macroeconómico y regulatorio estable. Actualmente, la minería representa menos del 1% del PBI argentino y aporta menos del 6% de las exportaciones nacionales, pero las expectativas para la próxima década abren la posibilidad de una transformación estructural en el sector.
Esta estimación surge en el contexto de una transición energética global que demanda crecientes cantidades de minerales críticos. El informe de BBVA Research, según la información provista, destaca la privilegiada situación geológica de Argentina, que cuenta con una de las carteras de proyectos más relevantes a nivel mundial para abastecer la demanda de estos minerales en los próximos años. La inversión prevista supera los USD 35.000 millones solo en el horizonte de diez años.
El principal impulsor de esta perspectiva es el litio. El sector estima que Argentina, parte fundamental del denominado Triángulo del Litio junto con Bolivia y Chile, podría suministrar hasta un 20% de la oferta global hacia 2033. El año 2024 marcó un punto de inflexión, con el litio superando a la plata y representando aproximadamente el 14% de las exportaciones mineras argentinas. Esta proporción, según los especialistas, refleja el potencial de expansión de este recurso en la próxima década y su posicionamiento como uno de los motores de ingreso de divisas más relevantes para el país en el corto y mediano plazo.
En el análisis de BBVA Research, el litio asume el liderazgo en el crecimiento de los próximos años gracias a la demanda internacional de baterías para la electromovilidad y el almacenamiento de energía renovable. Con la puesta en marcha de nuevos emprendimientos y la ampliación de operaciones ya existentes, el sector minero prevé un salto exportador que modificaría la matriz de las exportaciones argentinas.
El informe detalla que, aunque Argentina no produce cobre desde 2018, posee proyectos de clase mundial cuya concreción modificaría substancialmente el aporte del sector en los balances externos nacionales. Estos emprendimientos, actualmente en distintos grados de avance, consignan un volumen potencial de inversión de USD 35.000 millones, una cifra que podría redimensionar el posicionamiento del país entre los productores globales.
En la última década, la minería argentina exhibió un ritmo de crecimiento sostenido aunque moderado, condicionado en parte por la volatilidad macroeconómica y los desafíos regulatorios. El informe subraya que la materialización de los proyectos de cobre podría impulsar las exportaciones mineras por encima de los USD 11.000 millones anuales para 2033. De cumplirse estas previsiones, el cobre pasaría a ocupar el rol de principal motor en el salto exportador de la minería nacional durante la próxima década.
El esquema regulatorio figura entre los factores clave para concretar las inversiones previstas. El reporte menciona al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas fundamentales presentadas por el Gobierno nacional para dotar de previsibilidad y estabilidad jurídica a los grandes capitales interesados en el sector. La puesta en funcionamiento de estos instrumentos resulta un punto de inflexión para atraer financiamiento y activar proyectos cuyo desarrollo exige plazos y montos de inversión de gran envergadura.
La minería en Argentina enfrentó históricamente retrasos y obstáculos derivados tanto de su estructura regulatoria como de la situación económica general. En medio de una crisis económica de largo plazo, el Gobierno promueve una agenda de inversiones que busca aprovechar el potencial hasta ahora subexplotado del rubro para expandir las exportaciones y generar las divisas que necesita el país.
Los datos aportados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señalan que en 2025 se alcanzaría un récord de exportaciones del sector, rozando los USD 5.055 millones. La proyección implica un aumento del 14% frente a los valores de 2024. Dentro de esa dinámica, el oro seguirá aportando casi el 80% de las ventas al exterior, seguido por el litio y la plata, que se posicionan como actores cada vez más importantes en la ecuación exportadora.
Según la información agregada en el análisis de BBVA Research, la evolución de la minería en Argentina depende de la capacidad de ejecutar los proyectos previstos y de sostener políticas consistentes que generen confianza en inversores nacionales e internacionales. Al respecto, especialistas en el sector coinciden en que el país dispone de ventajas competitivas para posicionarse como referencia en minerales estratégicos, respaldadas por su dotación de recursos y la ubicación geográfica dentro de las regiones más demandadas.
El cambio estructural que propone el escenario descrito transformaría la matriz exportadora del país y diversificaría la fuente de divisas, hasta ahora muy concentrada en el complejo agroindustrial. La posible irrupción del cobre y la consolidación del litio como pilares de las exportaciones mineras refuerzan el ciclo de transición energética en curso a nivel internacional.
El informe resalta que el litio mantendrá el mayor protagonismo en el corto plazo, mientras que el cobre sumará volumen a las exportaciones argentinas especialmente en la segunda mitad de la década. Las proyecciones contemplan un incremento paulatino a medida que los nuevos emprendimientos entren en operaciones, con una contribución significativa de ambos minerales a partir del 2030.
El contexto internacional incide en la dinámica local a través de la demanda creciente de insumos esenciales para la descarbonización en las principales economías. El litio y el cobre, por su papel en la fabricación de baterías y componentes electrónicos, integran el grupo de bienes con mejores perspectivas de mercados en el mediano y largo plazo.
El desarrollo previsto por los analistas involucrados en el sector sitúa a Argentina en una posición ventajosa frente al desafío de captar inversiones estratégicas, estimular el empleo y fortalecer la balanza comercial. La información suministrada remarca que la materialización de los grandes proyectos no sólo dependerá de las condiciones internas, sino también de la evolución de los precios internacionales, las innovaciones tecnológicas y la competencia de otros países mineros.
Las exportaciones mineras, en ese esquema, constituyen una apuesta prioritaria para robustecer la economía nacional. Los registros correspondientes a 2025 muestran una tendencia ascendente que, de sostenerse, ofrecerá la posibilidad de diversificar los ingresos externos. El análisis de la CAEM brinda una radiografía del sector: el oro lidera actualmente las ventas, pero el ascenso del litio y la reactivación del cobre rediseñarán la composición de los envíos al exterior en los años venideros.
La mirada de BBVA Research incorpora las variables de contexto internacional y regional para explicar el potencial argentino en la minería. El acceso a los mercados globales y la disposición de recursos posicionan al país entre los proveedores más atractivos para cadenas de suministro que, en un escenario de transición energética, precisan volumen y regularidad en la oferta.
El portafolio de proyectos en proceso, sumado a las nuevas normativas orientadas a captar grandes inversiones, configura una oportunidad sin precedentes para los actores de la industria. El informe indica que la implementación de un régimen de incentivos y estabilidad regulatoria será determinante para el despliegue de capital y la puesta en marcha de emprendimientos de gran escala.
El sector minero, de esta manera, se proyecta como un motor de crecimiento y transformación para la economía argentina, aportando no sólo divisas sino también empleo y desarrollo regional en las zonas productoras de minerales clave.
El lanzamiento del Consejo Empresarial por la Infancia y Adolescencia (CEIA) marca un nuevo capítulo en la articulación entre el sector privado y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Argentina. Impulsada por Unicef Argentina, esta iniciativa reúne a trece organizaciones que representan a más de 10.000 empresas, con el objetivo de consolidar una agenda común que priorice el bienestar y el desarrollo de la infancia y adolescencia como eje estratégico para el futuro del país.
La realidad que enfrentan los menores en Argentina, destacó la entidad, es alarmante: cerca de la mitad de las niñas, niños y adolescentes crecen en contextos de vulnerabilidad, lo que limita su acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación, y los expone a diversas formas de violencia. Esta situación golpea con especial dureza a quienes atraviesan la primera infancia y la adolescencia, etapas decisivas para el desarrollo integral.
En el acto de presentación del CEIA, el Embajador de Buena Voluntad de Unicef, Julián Weich, ofició de anfitrión y cedió la palabra al Representante de Unicef Argentina, Rafael Ramírez Mesec, así como a Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y primer titular del Consejo. Durante el evento, las 13 organizaciones miembro firmaron la carta compromiso que formaliza su adhesión a la iniciativa.
El Gerente de Movilización de Recursos de Unicef, Martín Giménez Rébora, destacó el carácter innovador de la propuesta al afirmar: “Frente a los problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, Unicef propuso algo distinto: unir fuerzas con asociaciones, bolsas, cámaras y uniones, en un espacio innovador, estratégico y transformador. El CEIA será un lugar donde el Sector Privado puede hacer historia, contribuyendo a que cada niña y cada niño tenga la oportunidad de crecer, aprender y alcanzar su potencial”, expresó.
Por su parte, Miguel Simioni subrayó el compromiso asumido por el sector privado: “Como Consejo Empresarial y junto a Unicef asumiremos este desafío pensando cómo podemos seguir mejorando nuestras prácticas empresarias y fortaleciendo nuestro vínculo con los distintos actores sociales vinculados con la niñez. Nos comprometemos a continuar trabajando para hacer lo que nos toca, para aportar desde nuestro lugar a los debates y reflexiones que se requieran por la infancia y adolescencia; es la mejor garantía de un mejor presente y futuro para todos”.
El CEIA se propone impulsar el compromiso empresarial con la infancia y adolescencia como prioridad estratégica para el desarrollo sostenible, mediante la elaboración de una agenda consensuada entre sus miembros. Entre sus líneas de acción se encuentran la incidencia en políticas y prácticas empresariales, la implementación de acciones concretas junto a las empresas miembro que beneficien a la niñez y adolescencia, y la movilización de recursos y alianzas estratégicas para apoyar los programas de Unicef.
Las entidades que integran el CEIA abarcan sectores clave de la economía argentina: Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Asociación de Fabricantes de Autopartes (ADEFA), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara de Comercio Argentino Británica (Britcham), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Energía (CADE), Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Cámara de Comercio de la Industria Franco Argentina, Cámara de Comercio Suizo Argentina, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Unión Industrial Argentina (UIA).
La creación del CEIA representa un avance en la estrategia de Unicef Argentina para fortalecer la participación del sector privado en la garantía de los derechos de la infancia. Este esfuerzo se suma al trabajo sostenido de la organización para construir una sociedad que reconozca y promueva, cada vez más, oportunidades de desarrollo pleno para las chicas y los chicos.
ECONOMIA
Pick-ups compactas: cuáles son y cuánto cuestan las camionetas de mayor crecimiento del mercado
El concepto generalizado es decir que la Argentina es un país que consume camionetas en una proporción fuera de lo común para su cantidad de habitantes. Martín Massinimo, director comercial de Volkswagen siempre lo define como un país “pickapero”.
Actualmente, entre sus tres segmentos de los productos que se venden en el mercado (las camionetas medianas o de una tonelada de capacidad de carga, las compactas que se suelen encasillar como de media tonelada, y las Full Size, las más grandes y potentes de todas), este tipo de vehículos representa el 22,5% del total de autos nuevos que se venden en la Argentina.
Separados por segmentos, las pick-up con chasis de una tonelada de carga son mayoría y se llevan el 72% de la categoría; las compactas representan el 26% y las más voluminosas quedan con el 2% restante.
Sin embargo, dos años atrás, el 22,5% actual de todas las camionetas juntas era de un 30%, y dentro de las categorías las camionetas medianas tenían el 92% del mercado y las compactas sólo el 9,5%.
Claramente, más allá de una baja en la cantidad de camionetas en general, lo que cambiaron fueron las proporciones de cada segmento y las ganadoras son las pick-up compactas, que no tienen chasis sino son un monocasco como un automóvil, pero que por sus dimensiones resultan más apropiadas para el uso urbano y recreativo, además de tener un precio menor.
El mercado de estas camionetas tenía dos años atrás muy pocas alternativas en Argentina. Estaban la Fiat Toro, la Renault Oroch y la recientemente llegada Ford Maverick. Pero con la apertura de las importaciones desde 2024, volvieron a llegar modelos que entraban a cuentagotas como la Fiat Strada y la Chevrolet Montana, regresó la Volkswagen Saveiro y se lanzó la RAM Rampage.
El año pasado, además, se anunció que desde 2026 se comenzará a fabricar en Santa Isabel, Córdoba, la nueva Renault Niágara (o como decidan llamarla cuando se presente oficialmente el vehículo), que también pertenece a este competitivo segmento.
Hoy, la pick-up compacta más vendida en el mercado argentino es la Fiat Toro, que se importa desde Brasil y se comercializa en cuatro versiones, dos de tracción simple y dos integrales. El precio de la versión más accesible es de $43.113.000 y el de la más equipada es de $61.659.000.
La segunda camioneta sin chasis con mayor demanda en Argentina es la Fiat Strada, más pequeña pero a la vez más accesible. También viene de Brasil y se vende con 5 opciones de equipamiento, siendo sus precios extremos de $32.083.000 para la más barata y $44.328.00 para la más cara. Todas las versiones tiene tracción delantera únicamente.
El tercer modelo más vendido también es de Stellantis, pero de la marca RAM. Se trata de la RAM Rampage, camioneta que se lanzó un año y medio atrás en el mercado y que se produce también en Brasil. A medida que fue penetrando entre los usuarios argentinos aumentó sus opciones de configuración y hoy tiene 5 versiones, una turbodiésel y cuatro nafteras, todas con tracción integral. Los precios van desde los USD 43.700 hasta los USD 54.400.
Cuarta está una pick-up compacta que entró al mercado en 2023. Es la Chevrolet Montana, producida por General Motors en Brasil, que se vende con 4 opciones de equipamiento, todas con motor naftero turbo de 1.2 litros. La Montana de acceso a la gama tiene un precio de $37.808.900 y la más sofisticada cuesta $44.213.900.
Recién en quinto lugar entra la primera pick-up que no viene de Brasil sino de México. Es la Ford Maverick, que este año amplió su gama incorporando la versión Tremor a un portafolio de tres modelos que incluyen la versión híbrida, única en la categoría. Maverick se vende en $52.636.080 para la versión de acceso, $36.500.100 para la híbrida y $66.178.200 para la más equipada.
La pequeña Volkswagen Saveiro está en el sexto y penúltimo puesto de la lista de las más vendidas entre enero y octubre de 2025. Se fabrica en Brasil y regresó con fuerza al mercado local este año. Tiene tres versiones, una de cabina simple y dos de cabina ampliada y los precios van desde $40.616.350 para la primera hasta los $48.037.650 para la de mayores prestaciones y confort.
Por último, la Renault Oroch es un vehículo que está viviendo sus últimos meses de vida en el mercado, ya que seguramente sea suplantada en la oferta de la marca con la nueva Niágara en 2026. Oroch se hace en Brasil y se vende con 3 versiones, una de tracción integral y dos de tracción delantera. Los precios van desde los $42.910.000 hasta los $49.120.000.
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