ECONOMIA
El costo político de la turbulencia financiera: las 5 promesas del Gobierno que ahora el mercado pone en duda
El Gobierno sufrió en los últimos días mucho más que una turbulencia con la cotización del dólar: puso en duda la credibilidad de su credo económico, al dar marcha atrás con una serie de declaraciones de principios.
Por más que Toto Caputo y su equipo han tratado de llevar calma al mercado y repetir su convicción de que «todo marcha acorde a lo planeado», lo cierto es que en el mercado se respira un clima de mayor incertidumbre, lo cual se refleja en movimientos bruscos de capitales, que van en búsqueda de cobertura.
De hecho, la licitación fuera de programa no logró absorber toda la liquidez excedente, aun cuando el Tesoro debió convalidar un salto de tasas -hasta 3,3% efectiva mensual, lo que equivale a una tasa de retorno de 47,8%.
A continuación, un listado de los «principios» del plan económico sobre los que se sembraron dudas en el mercado.
1. Adiós a los pasivos remunerados.
Era uno de los temas de los que más se enorgullecía el gobierno, que consideraba estos pagos por liquidez excedente como una especie de déficit fiscal camuflado, que a fines de 2023 llegó a significar nada menos que 10% del PBI.
Tras criticar duramente la herencia de Leliqs, Lebacs, pases overnight y otras formas de pasivos remunerados con los que el Banco Central premió a los bancos por el excedente de liquidez -y con lo cual inyectaba todos los meses billones de pesos en concepto de intereses-, hubo que echar mano al viejo recurso.
En realidad, algunos economistas han cuestionado siempre que estos pasivos hayan sido realmente eliminados, sino que lo que se hizo fue sacarlos de la órbita del BCRA para pasarlos al Tesoro, sin una diferencia real desde el punto de vista del efecto monetario.
Pero lo cierto es que, hasta ahora, el BCRA exhibía con orgullo la eliminación de pasivos remunerados en un «balance limpio». El martes no tuvo más remedio que resucitar -supuestamente en forma temporal, pero el antecedente ya quedó establecido- los pases pasivos, para darles refugio a $5 billones que estaban presionando al tipo de cambio y la tasa de interés.
2. La tasa se fija de manera endógena.
Era el nuevo mantra del equipo económico, que declaraba que su misión era controlar la cantidad de dinero para evitar que circulara un excedente de pesos no demandados genuinamente por la economía. La eliminación de las LEFI -Letras de liquidez fiscal- era parte de esa estrategia.
Sin embargo, cuando $9 billones quedaron sin destino y la tasa de caución se desplomó al 12% -después de haber alcanzado 37% hace algunas semanas-, el gobierno reaccionó de forma contundente. No era para menos, porque la contracara de eso fue la disparada del dólar.
Así, el BCRA ofreció pases pasivos al 35% de tasa nominal, lo cual influyó sobre el resto de las tasas del mercado, que empezaron a moverse hacia arriba, tomando como referencia la cifra que había puesto Bausili. Así, la caución llegó al tocó el nivel de 39% y se acomodó luego al 30%.
Ahora, hay un debate sobre cómo interpretar lo sucedido. Los analistas del mercado no dudan en calificar esta situación como el fin de la filosofía liberal que deja que el mercado fije la tasa libremente. Pero el propio Caputo niega ese argumento: «Esa tasa no la puso el Central, sino el mercado», dijo, y recordó que el único objetivo de Bausili fue absorber excedente monetario sin que ello implicara poner un objetivo de tasa.
No fue un argumento que pasara sin ser discutido. Después de todo, es una tasa que equivale a 700 puntos básicos por encima de lo que se pagaba por las LEFIs. Y por eso una de las críticas repetidas es que hubo un error de «timing» al desarmar las LEFIs, que ahora se está pagando con un mayor costo financiero para el Central.
3. El dólar flota libremente.
Muchos recordaron en estos días un viejo dicho del mercado: a todos les gusta la libre flotación, siempre que se trate de una flotación a la baja; en cambio, si el dólar sube, vuelven los reflejos intervencionistas.
Al principio, parecía que Caputo no se sentía incómodo con la recuperación que estaba marcando el tipo de cambio. Y hasta se jactó, en el ya célebre discurso ante el IAE, de que la economía estaba recuperando competitividad porque el peso se devaluaba al mismo tiempo que los países vecinos revaluaban sus monedas.
Sin embargo, la velocidad de la suba empezó a generar nervios. Primero, porque un dólar al alza siempre conlleva el riesgo de un contagio a los precios, con lo cual se pondría en riesgo la continuidad del plan anti inflacionario. Pero, también, por un motivo político: en octubre hay elecciones legislativas, y la historia que una situación de volatilidad cambiaria en plena campaña siempre perjudica al gobierno de turno.
Además, un dólar que sube a un ritmo de 5% mensual deja en rojo a los depósitos de los ahorristas en plazo fijo y también a los inversores que se posicionan en letras. En otras palabras, ya se perdía el atractivo del «carry trade, y esto llevaba al riesgo de un pasaje masivo desde los títulos públicos hacia el dólar.
Para colmo, esto ocurre en un momento en que, por motivos estacionales, los dólares empiezan a escasear, justo cuando la demanda de los pequeños ahorristas toma envión y supera los u$s100 millones diarios comprados en el sistema bancario.
De manera que, contradiciendo el discurso, el gobierno dejó en claro que no estaba dispuesto a permitir que el tipo de cambio se acercara al techo de la banda de flotación.
4. No habrá intervención oficial en el mercado cambiario.
Es cierto que todos los días, al enviar su resumen de variables financieras, el BCRA comunica que no intervino en el mercado de divisas. Pero claro, esto se refiere a que no hizo ni compras ni ventas directas en el mercado spot -algo que sí hacía antes del levantamiento del cepo-.
Pero eso no significa que no haya formas indirectas de intervención. La principal es la postura de contratos en el mercado de futuros del dólar. Estos contratos funcionan como un «seguro contra devaluación», por el cual el Central se compromete a pagar la diferencia, en pesos, en caso de que al llegar a la fecha de vencimiento el dólar cotice por encima de la cifra pactada.
La primera vez que esto ocurrió, el mes pasado, el gobierno dijo que había sido una situación excepcional. Pero el mercado está viendo ya desde hace muchos días que esta estrategia se ha tornado una costumbre.
Hablando en plata, hubo jornadas en las que la intervención del BCRA fue equivalente a u$s2.000 millones. La justificación técnica es que se necesitaba bajar la «tasa implícita» de la cobertura en futuros, porque ya se encontraba por encima de lo que pagaban títulos como el Lecap.
Como dicen en la jerga financiera, no se podía «armar la tasa sintética» -que es la inversión consistente en posicionarse en pesos y, al mismo tiempo, cubrirse en el mercado de futuros por si hay devaluación-. Para que esta operatoria tenga sentido, y los menos arriesgados se animen al carry trade, la tasa del instrumento en pesos tiene que ser, necesariamente más alta que la que se paga por el contrato a futuro.
Pero el efecto secundario de un aplastamiento de la curva de futuros, naturalmente, es una disminución en la compra de dólares, con lo cual se logra el mismo efecto que si el BCRA a vender divisas. La ventaja, en todo caso, es que no se sacrifican reservas.
En los últimos días la presión alcista del dólar fue tan grande que, aun con el nivel de intervención del BCRA en futuros, no alcanzaba para contener la suba. Y fue por eso que, además, salió a vender Lecaps. La idea era darle a los inversores mayor oferta de estos títulos, que iban a bajar su precio en el mercado secundario -o, dicho de otra forma, iban a subir su tasa de interés-.
De manera que el BCRA, que había proclamado neutralidad, terminó poniéndole tope al dólar y subiendo la tasa.
5. Los bancos vuelven a trabajar de bancos
Es una frase que Toto Caputo se ha cansado de repetir en cada foro empresario y entrevista televisiva. No solamente transmitía la satisfacción por el regreso del crédito, sino que también le servía al ministro como justificativo cada vez que, ante un vencimiento de deuda, no lograba «rollear» la totalidad y debía inyectar liquidez al mercado.
Su argumento, en esas situaciones, era que se trataba de un síntoma de fortaleza de la economía, porque ante la recuperación de la actividad comercial e industrial, los bancos preferían prestarle el dinero a las empresas y consumidores antes que alojarlos en títulos del sector público.
Era lo que el equipo de Caputo llamaba «punto Anker», y refería al momento en el que, gracias a la estabilidad y al crecimiento, los argentinos dejaran de repudiar al peso. El propio Javier Milei había resaltado el dato de que la base monetaria estaba en un nivel tan bajo en relación al PBI, que si se seguían aspirando pesos, «vamos a ir a una economía de trueque».
Puesto en cifras, los últimos datos reflejan una base monetaria equivalente al 4,2% del PBI y un M2 -es decir, sumando los ahorros en plazo fijo- de 10,5%, valores que se consideran en aproximadamente la mitad que el promedio histórico.
Sin embargo, los últimos datos empiezan a reflejar una tendencia al freno en el crédito, así como en los depósitos en pesos. Y las pymes se quejan del elevado costo del crédito bancario para quien no se encuentra dentro de la categoría de empresas de primera línea.
En definitiva, el hecho de que en algunas licitaciones el «rolleo» haya sido inferior al 100% no significa necesariamente que haya una reactivación. Más bien, los economistas han recordado que la demanda de pesos es muy cambiante, y tiene picos estacionales -por ejemplo, sube en junio por el «efecto aguinaldo», pero luego vuelve a caer-.
La mini crisis generada por los $9 billones que quedaron líquidos en la caja de los bancos es una prueba de que aún se está lejos del «punto Anker».
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ECONOMIA
ATE convocó a asambleas en todos los aeropuertos del país ¿Demoras y cancelaciones de vuelos?
Advierten sobre «incumplimiento de normativas». Podrían dictar la conciliación obligatoria. El gremio reclama mejoras salariales y laborales
29/09/2025 – 06:44hs
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó, para la media mañana de este lunes, a asambleas en los 21 aeropuertos del país, advirtiendo que «la seguridad de todos los vuelos está amenazada, ya que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) incumple auditoría internacional y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino». La decisión gremial generará, en principio, demora en los vuelos y no se descarta que también se registren cancelaciones.
Anoche, las secretarías de Trabajo y de Transporte tomaron conocimiento de la protesta gremial, por lo que podrían decidir la conciliación obligatoria para evitar la escalada del conflicto y los inconvenientes a los pasajeros. Desde la ANAC, en tanto, no emitieron un comunicado para fijar su posición respecto a la denuncia, aunque desmintieron que no se cumplan con las normativas de seguridad.
ATE advierte sobre riesgos en el sistema aéreo
Según ATE, «la ANAC no está realizando las auditorías internacionales, generando un preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos». Al respecto, el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «todos los vuelos están amenazados» y reveló que «hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del gobierno».
Explicó que «son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema», en relación a la alerta roja emitida hace pocas semanas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
El dirigente indicó que «el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios» y reclamó la «reapertura de la paritaria sectorial para empezar a revertir la crisis, ya que se debe reparar el poder adquisitivo dañado y dotar de estabilidad a quienes mantienen contratos precarios en el organismo».
Reclamos salariales y laborales. ¿Dictan la conciliación?
Aguiar planteó que «con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere» y estimó que «si se calcula desde diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo en el organismo llega al 45 por ciento, agregando que el Ejecutivo «incumple con su obligación de garantizar salarios acordes a la función, lo que se traduce en la falta de reconocimiento de la tarea específica».
Las demandas de ATE son «un urgente incremento salarial; pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados; aumento del «Módulo ANAC» en un 20 por ciento; implementación del pago «Suplemento de Zona»; suba del «Adicional Función Aeronáutica Crítica»; pago de «Adicional Función Aeronáutica» al Personal Administrativo; pago de «Título» al Personal Operativo; cambio en la escala del «Suplemento de Densidad de Tráfico»; creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales y pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores».
Conocida la decisión de la medida de fuerza, en la Casa Rosada se activaron las alarmas para intervenir en el conflicto. Funcionarios del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mantuvieron contactos con sus pares de la secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero para evitar el crecimiento del conflicto. Se descarta que durante este lunes se dicte la conciliación obligatoria, que ordena la suspensión de las protestas y retomar la paritaria de la actividad.
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ECONOMIA
El Gobierno avanzó con la privatización parcial de la empresa que opera los reactores nucleares
Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.
Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.
Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.
Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.
En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.
Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.
El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.
Las empleadas domésticas en Argentina recibirán un nuevo ajuste salarial en octubre de 2025, correspondiente al tramo final de su último acuerdo paritario. Este incremento impacta directamente en los valores por hora y mensuales de todas las categorías, incluyendo a las empleadas domésticas con más categoría y a quienes realizan tareas generales.
En su última Resolución, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió aumentos escalonados bajo el siguiente esquema:
- actualización fija del 3,5% sobre los sueldos de junio,
- aumento acumulativo del 1% en los meses de julio, agosto y septiembre, aplicable sobre las remuneraciones mínimas vigentes desde enero de 2025.
- bono no remunerativo en julio, agosto y septiembre de 2025.
Como empleador, es crucial conocer las nuevas escalas para garantizar la correcta liquidación de sueldos y cumplir con los requisitos de la ARCA y el régimen de trabajo registrado.
Los siguientes son todos los detalles a tener en cuenta para abonar adecuadamente el salario de las empleadas domésticas por el trabajo realizado durante septiembre.
Escala salarial de octubre 2025 por hora y por mes
Los nuevos valores salariales de octubre 2025 se liquidan con una base de cálculo actualizada y afectan tanto a la modalidad «con retiro» (sin pernoctar) como «sin retiro».
A continuación, se detallan las escalas vigentes a partir de octubre de 2025, según la categoría, para el personal con retiro:
Supervisor (coordinación y control de personal)
-
$3.683,21 por hora
-
$459.471,73 por mes
Personal para tareas específicas (cocineros/as, jardineros/as, etc.)
- $3.487,00 por hora
- $426.875,19 por mes
Asistencia y cuidado de personas (cuidado de ancianos, enfermos o niños)
- $3.293,99 por hora
- $416.485,63 por mes
Personal para tareas generales (limpieza, cocina y mantenimiento del hogar)
- $3.052,99 por hora
- $374.541,36 por mes
Y los siguientes son los valores mínimos a pagar en octubre, por el trabajo de septiembre, al personal de casas particulares, según la categoría y sin retiro:
Supervisor
- $4.034,05 por hora
- $511.800,22 por mes
Personal para tareas específicas
- $3.822,91 por hora
- $475.184,56 por mes
Caseros (tareas inherentes al cuidado de una casa. No existe esta categoría con retiro)
- $3.293,99 por hora
- $416.485,63 por mes
Asistencia y cuidado de personas
- $3.683,21 por hora
- $464.129,59 por mes
Personal para tareas generales
- $3.293,99 por hora
- $416.485,63 por mes
Puntos clave para la liquidación del sueldo de octubre
Al liquidar el sueldo de octubre de 2025, los empleadores deben considerar los siguientes conceptos, además del salario básico según la categoría:
1. Adicional por Antigüedad
Se debe aplicar un adicional del 1% por cada año de antigüedad de la relación laboral. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos de la categoría correspondiente para el mes de octubre.
2. Adicional por Zona Desfavorable
Se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que preste servicios en las siguientes provincias y territorios: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
3. Bono de septiembre
En la última paritaria del personal auxiliar de casas particulares se definió el pago de un bono no remunerativo durante los meses de julio, agosto y septiembre. El mismo está definido de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo semanales de la empleada doméstica, bajo el siguiente esquema:
- Hasta 12 horas: $4.000 por mes.
- Entre 12 y 16 horas: $6.000 en septiembre.
- Más de 16 horas o personal sin retiro: $9.500 en septiembre.
Es fundamental recordar que la suma fija (bono) otorgada en septiembre de 2025 fue un monto no remunerativo para ese mes. Esta suma fija no se mantiene en la liquidación de octubre.
4. Pago de aportes
Además del salario de bolsillo de la empleada doméstica, los empleadores deben abonar las contribuciones y aportes patronales a través del formulario F.102/RT. Estos pagos tienen como destino la cobertura de salud de la trabajadora, los aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART).
Es crucial entender que estos montos son fijos y se determinan en función de las horas trabajadas semanalmente y la condición laboral de la empleada (Activa o Jubilada). No dependen de la categoría salarial (como Supervisor o Tareas Generales).
Estos valores deben ser actualizados por el empleador al momento de la liquidación y se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.
Los valores previamente expresados significan los sueldos mínimos legales para las empleadas domésticas registradas debidamente. Aquellas trabajadoras y trabajadores que no tengan regularizado el vínculo laboral no tienen garantizados esos mínimos, así como otros derechos laborales tales como vacaciones pagas, cobertura de salud, licencia por enfermedad o por maternidad, entre otros.
A la vez, muchos empleadores, reconociendo la labor de sus empleadas domésticas registradas y la baja retribución que suponen estos mínimos legales, pagan por encima de esos montos y abonan además un extra en concepto de viáticos. De esta manera, a los empleados les sigue resultando conveniente la ecuación costo-beneficio de desempeñarse en el servicios doméstico.
Finalmente, en octubre el personal auxiliar de casas particulares cobra el último tramo de su aumento salarial ya homologado. Se espera que en breve la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establezca nuevos valores para la remuneración de las empleadas domésticas.
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