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ECONOMIA

El enojo de un productor yerbatero tras la desregulación: “Nos bajaron el precio, pero en la góndola no hubo cambios”

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Tras la reciente desregulación del mercado de la yerba mate, que estableció -entre otras medidas- que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ya no intervendrá en el mercado fijando precios de referencia, el productor misionero Jonás Peterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte cuestionó la decisión y transmitió la inquietud de miles de pequeños agricultores del sector ante el flamante decreto. “Nos bajaron el precio, pero en la góndola el valor de la yerba no cayó”, disparó en diálogo con Infobae en Vivo, al explicar las consecuencias de la nueva desregulación impulsada por el gobierno nacional, que eliminó la protección de precios mínimos al productor.

Peterson relató que, hasta antes de esa desregulación, el INYM cumplía un papel clave y fijaba un precio mínimo para la hoja verde en cada inicio de cosecha, tomando en cuenta una grilla de costos consensuada y discusiones técnicas dentro del organismo. “Cobramos 400 pesos el kilo de hoja verde en 2023, y ese precio cubría los costos y nos dejaba un pequeño margen para vivir”, afirmó. Según indicó, luego de los cambios normativos, esa garantía desapareció y el panorama productivo cambió por completo.

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La eliminación de los artículos de la ley que permitían fijar precios colocó a los productores minifundistas —más de 12.500 en Misiones— en clara desventaja frente a “cinco o seis grandes empresas”, que industrializan y almacenan stock suficiente para un año. “Para la industria es sencillo esperar si no les queremos vender; nosotros no tenemos esa capacidad”, explicó Peterson. Ese desequilibrio, narró, afectó la negociación y empujó el precio del kilo de hoja verde a la franja de 200-250 pesos, mientras los costos de producción aumentaron.

La Asociación de Productores Yerbateros del Norte denunció que el sector quedó sin herramientas legales de negociación tras la desregulación

Durante la entrevista, el referente yerbatero detalló que el escenario económico llevó a un fuerte retroceso social. “Entre 2023 y la actualidad, nuestros costos subieron y el ingreso bajó a menos de un tercio. Si antes nos quedaban 300 pesos de bolsillo por kilo, hoy apenas quedan entre 80 y 100 pesos, con insumos y servicios mucho más caros”, explicó. Peterson señaló que muchos productores dejaron de fertilizar, redujeron atención y sufrieron una baja en el rendimiento. “Hasta el año pasado casi no había pequeñas propiedades a la venta. Ahora aparecen cada vez más, porque la actividad dejó de cerrar”, reconoció.

Al evaluar la utilización de la yerba mate, Peterson negó la existencia de exceso de oferta como factor explicativo del derrumbe de precios en origen. Insistió en que, incluso cuando la producción local resultó elevada, las empresas importaron yerba de Paraguay y Brasil. Con ese argumento, rechazó la idea dominante entre los industriales acerca de la necesidad de ampliar mercados para resolver la presión sobre el sector: “Importaban yerba para conseguir materia prima barata”.

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El productor misionero hizo foco en la diferencia que se observa entre el precio recibido por el agricultor y el valor que pagan los consumidores en las góndolas. “En 2023 el kilo de yerba mate costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos. A nosotros nos bajaron el precio a 200 pesos, pero el consumidor paga cada vez más”, enfatizó, y sostuvo que “la brecha se amplió por la pérdida de herramientas institucionales que permitían defender el ingreso del sector primario”.

“En 2023 el kilo de
“En 2023 el kilo de yerba mate costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos», remarcó Peterson

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con la capacidad de fijar precios para el producto, el INYM perdió otras funciones regulatorias de importancia, como la facultad para establecer calendarios de cosecha y ejercer controles de calidad. Ese retroceso limitó cualquier intervención protectora en momentos críticos. “Si los productores deciden demorar la cosecha para esperar una mejora, la industria simplemente aguanta o trae yerba de Brasil o Paraguay. Ya no tenemos defensa”, explicó Peterson.

El impacto de la desregulación se observó también —según el testimonio— en la estructura productiva regional y en la economía familiar. El vocero de la Asociación describió una estructura productiva fragmentada. Mientras Corrientes concentra la industrialización en dos empresas de gran escala, Misiones reparte la actividad entre miles de agricultores y numerosos puestos de trabajo.

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“En Corrientes, bancan a dos empresas. En Misiones, el esfuerzo lo hacen 12.500 familias y todo el empleo asociado. Cuando termina la cosecha, la provincia sostiene la vida rural”, indicó. Como contrapartida de los movimientos empresariales hacia Paraguay y Corrientes, Peterson remarcó la dificultad de migrar la producción: “¿Qué hago yo con mi chacra? Vivo en Andresito, al norte de Iguazú, lejos de los centros industriales. No puedo mudarme a voluntad”.

Durante la charla, el productor explicó que, ante la caída del margen productivo, muchas familias rurales buscaron alternativas para sobrevivir. “Sobrevivimos criando chanchos, gallinas, vacas para el consumo diario, y reduciendo los gastos al mínimo”, comentó. A la par, describió la experiencia de las décadas anteriores, cuando la desregulación ya había impactado en la zona. “En los 90, hubo canje de yerba mate por mercadería y combustible, y a veces hasta debíamos ir a Brasil para conseguir productos básicos”, recordó.

Peterson dijo que buscaron respuestas en el gobierno nacional. “Fui a Buenos Aires, llevé mi tractor. Pero nos dijeron siempre lo mismo: la desregulación no se negocia. No entendimos el ensañamiento con el sector, porque nuestra actividad no mueve la economía nacional”, declaró.

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Para el dirigente, el escenario definido por las nuevas normas empujó a los productores familiares a una posición de debilidad nunca vista en dos décadas. “Cuando existía la grilla de costos y el precio mínimo, logramos cierto avance y mejores condiciones para los trabajadores del campo. Hoy estamos lejos de ese objetivo”, concluyó durante la entrevista.

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Mirá la entrevista completa a Jonás Peterson



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ECONOMIA

Cuál es la empresa familiar más antigua de la Argentina, a qué se dedica y quiénes son los dueños

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La conducción de Delfino S.A. permanece en manos de la familia fundadora; actualmente el mando operativo y estratégico es ejercido por Julio José Delfino, Santiago Delfino y Julio Delfino. (Freepik)

La supervivencia en el tiempo es uno de los mayores desafíos de quienes deciden iniciar un negocio. Según un reciente informe de la consultora Payroll Prices, aunque el 82% de los nuevos emprendimientos logra superar su primer año de vida, la cifra cae drásticamente al 35% al alcanzar la primera década de actividad.

En este contexto de volatilidad, las empresas familiares que logran traspasar el mando generacional durante siglos se convierten en casos de estudio de resiliencia y adaptación.

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La investigación, basada en un relevamiento manual de informes y registros de propiedad en todo el mundo, buscó identificar los negocios que permanecen operativos y bajo el control mayoritario de la familia fundadora.

Los resultados arrojan un mapa de longevidad empresarial donde la Argentina ocupa un lugar destacado a través de una firma vinculada estrechamente al desarrollo del comercio exterior nacional: Delfino S.A..

Fundada en 1838, Delfino S.A. es la empresa familiar más antigua del país en operación. De acuerdo a la historia que cuenta la propia compañía, su origen se remonta a la figura de Bernardo Delfino, un inmigrante genovés que comenzó su actividad en el puerto de Buenos Aires recibiendo embarcaciones sardas y estableciendo un tráfico de mercaderías mediante goletas con la actual República Oriental del Uruguay.

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A través de su división
A través de su división de agentes de carga, la compañía gestiona el transporte marítimo internacional y coordina la logística en los principales puertos turísticos y comerciales del Cono Sur. (Delfino S.A.)

Tras la etapa fundacional, la conducción pasó a manos de su hijo, Antonio Delfino, el primero de la familia nacido en suelo argentino. Durante su gestión, la firma consolidó su posición en el mercado al captar el interés de la compañía alemana Hamburg Süd, convirtiéndose en su agencia local para la recepción de buques. Un hito que marca la escala de la empresa en el siglo XIX ocurrió en 1874; a pesar de los bloqueos portuarios y la inestabilidad política de la época, la firma llegó a concentrar la atención del 60% de las naves que arribaban al puerto porteño.

A finales del siglo XIX, la empresa acompañó la expansión económica hacia la Patagonia. Ante el auge de la producción lanar, Antonio M. Delfino impulsó la creación de la “Línea Nacional del Sud”, una estructura que prestaba servicios regulares a los puertos del sur bajo pabellón nacional y que luego derivaría en la Argentina Compañía General de Navegación.

A lo largo del siglo XX, la estructura de la compañía se adaptó a las nuevas demandas del transporte y el turismo. En 1922 incorporó la organización de cruceros y eventos, lo que llevó a la firma a protagonizar eventos históricos como la asistencia a la aeronave Graf Zeppelin tras su cruce transatlántico en 1934.

La modernización del grupo continuó en 1960 con la creación de una división de cargas aéreas, estableciendo oficinas permanentes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para agilizar el transporte internacional. Hacia la década de 1980, la empresa fortaleció su red de agentes internacionales y se integró formalmente a instituciones sectoriales como el Centro de Navegación, la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham).

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En 1934, la empresa fue
En 1934, la empresa fue la encargada de asistir a la aeronave alemana LZ-127 tras su cruce transatlántico. (American Stock/Getty Images)

En la actualidad, el Grupo Delfino opera bajo la marca unificada Delfino Global y mantiene una presencia física estratégica en el Cono Sur, con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Pablo (Brasil) y Montevideo (Uruguay). La conducción de la firma sigue siendo estrictamente familiar, encabezada hoy por Julio José Delfino en calidad de presidente, junto a Santiago Delfino y Julio Delfino.

La operatividad actual de la compañía se diversifica en unidades de negocio que cubren los eslabones críticos de la cadena de suministros y la infraestructura portuaria. A través del área de Tramp & Chartering, la firma gestiona el transporte de cargas que no utilizan contenedores, como productos a granel, ganado en pie y sustancias líquidas o sólidas, actuando como nexo técnico entre armadores y fletadores.

En el segmento de “Cruceros», funciona como agente local en puertos estratégicos como Buenos Aires, Montevideo, Puerto Madryn y Ushuaia, donde coordina desde trámites ante Aduana y Migraciones hasta el suministro de provisiones y combustible para líneas internacionales.

Por otro lado, la división de Cargas de Proyecto se especializa en la logística de piezas extra pesadas o sobredimensionadas, con un enfoque reciente en el traslado de componentes para la industria de energías renovables, tales como aerogeneradores y palas eólicas. Esta estructura se complementa con la unidad de IT Solutions, dedicada al desarrollo de herramientas informáticas que permiten la trazabilidad y automatización de procesos operativos y contables para sus clientes.

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La unidad de Cargas de
La unidad de Cargas de Proyectos Especiales se especializa en la logística de componentes sobredimensionados, con un enfoque actual en la industria de energías renovables, minería y el sector de Oil & Gas. (Delfino S.A.)

De acuerdo con la compañía, durante toda su trayectoria han trabajado con más de 20.000 empresas en todo el mundo.

El informe de Payroll Prices permite poner en perspectiva la longevidad de la empresa argentina frente a otros casos internacionales. La empresa familiar más antigua del mundo es el Hōshi Ryokan, un hotel y spa ubicado en Japón que fue fundado en el año 718 d.C..

En Europa, la antigüedad de las firmas familiares suele estar ligada a la producción de bienes tradicionales y la herencia de propiedades. Ejemplos notables incluyen:

  • Pontificia Fonderia Marinelli (Italia): Una fundición de campanas que opera desde el año 1000.
  • Château de Goulaine (Francia): Un viñedo y bodega establecido en el siglo XI.
  • RJ Balson & Son (Inglaterra): Una carnicería fundada en 1515, durante el reinado de Enrique VIII.
  • The Coatinc Company (Alemania): Dedicada a la industria del acero desde 1502.

En el contexto regional, el mapa de longevidad corporativa muestra una fuerte presencia de compañías surgidas durante los periodos coloniales o en los albores de las independencias nacionales. El caso más extremo de permanencia en Sudamérica se encuentra en Chile con la Hacienda Los Lingues, una explotación vinculada al agro y el turismo que data del año 1599. Le sigue en antigüedad la mexicana Jose Cuervo, firma emblemática del sector de destilerías fundada en 1758, y el Grupo Kersten en Surinam, que mantiene operaciones desde 1768.

Ya entrado el siglo XIX, el registro de Payroll Prices identifica a la compañía Braillard en Perú, activa desde 1821, año de la independencia de ese país. En la década de 1840, coincidiendo con la consolidación de las estructuras comerciales modernas en el Cono Sur, surgen casi en simultáneo el Grupo Telles en Brasil y la firma Carrau & Cia en Uruguay, ambas fundadas en 1843.

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Finalmente, el informe destaca otros casos de especialización técnica y artesanal que han perdurado por más de un siglo y medio, como es el caso de Guitarras Ensueño en Colombia, una empresa de luthería que ha mantenido su producción ininterrumpida desde 1860.

El estudio concluye que el cierre de un negocio suele estar motivado por bajas ventas o el retiro de sus dueños sin un plan de sucesión, por lo que la continuidad de firmas como Delfino S.A. en Argentina o Hōshi Ryokan en Japón resalta la capacidad de estas estructuras para profesionalizar el mando familiar y adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales de sus respectivas épocas.



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Presupuesto y crédito: más de la mitad de las familias no llega al 20 del mes y 9 de cada 10 tiene dificultades para pagar las deudas

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economía, finanzas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente morosidad crediticia de las familias, que se cuadruplicó durante el último año y en enero había alcanzado el 10,6%, según datos del Banco Central (BCRA), se habría agravado entre febrero y marzo.

Según una encuesta privada correspondiente a este último es, el 56,4% de los hogares se endeuda y más de la mitad no llega al día 20 del mes.

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La situación se refleja claramente en el reciente Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, según la cual el 26,2% de los hogares que se endeuda lo hace para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para poder pagar tarjetas de crédito y un 18,9% para cubrir otras deudas, el 6,6% para pagar servicios, el 5,2% para gastos de alquiler o vivienda y el 3,9% para afrontar gastos de salud. Esto es, la propia dinámica de la deuda y otros rubros básicos suman más del 80% de las razones del endeudamiento, que adquiere así dinámica propia.

“De esta manera, se reconfigura el mapa del endeudamiento familiar: de herramienta financiera a mecanismo de subsistencia”, dice el informe, para describir el escenario en que crece la desaprobación del Gobierno nacional.

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El endeudamiento surge como respuesta al deterioro de los ingresos. El 56,4% de los encuestados tomó crédito en los últimos seis meses y, al interior de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya tiene dificultades para pagarlo. El 83,9% de los encuestados afirmó que su salario corre detrás de la inflación.

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La tendencia a endeudarse no es un hecho aislado sino que -señala Zentrix- “se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad”. Más del 53% de la población se representa como clase baja “no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala”.

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De este modo, las decisiones económicas se reorganizan bajo una lógica defensiva: ya no se trata de mejorar la posición económica sino de sostener niveles mínimos de consumo.

La deuda deja de ser algo excepcional y se vuelve un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aportar lo que falta, al costo de acumular dificultades para pagarla.

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Según el Monitor, los problemas de repago (que están detrás del aumento de morosidad que precisan los datos del BCRA) ya no son un dato pasajero o puntual, sino que reflejan el endeudamiento como sustituto del ingreso.

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“Los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones”, dice un pasaje del informe, que describe a la situación no como un circuito marginal, sino uno mayoritario y temporariamente equilibrador. “El resultado no es sólo financiero, sino también social: una economía donde la vulnerabilidad deja de ser una condición transitoria y comienza a estructurar las decisiones cotidianas de una parte significativa de la población”.

La misma encuesta refleja una creciente desconfianza o dudas sobre la calidad de los datos oficiales para reflejar la evolución de la economía. Según la encuesta, en marzo, el 65,8% de la población consideró que el dato de inflación publicado por el Indec no reflejó bien la inflación que los encuestados perciben en su vida diaria.

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“No se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, De hecho, explica el informe, ”cuando el 83,9% afirma que su salario no le gana a la inflación, la percepción social tiende a contrastar de manera directa el dato oficial con el resultado concreto en su bolsillo”.

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La encuesta de Zentrix muesta que solo 28,7% de los encuestados consideró su situación económica personal como “buena” o “muy buena” (en enero la suma daba 39%), un 31,8% la consideró “regular” y 40,1% la describió como “mala” o “muy mala” (contra 31% que elegía alguna de esas opciones en enero)

El trabajo muestra también un claro deterioro político de la imagen del gobierno: solo 28,5% de los encuestados “aprueba” su gestión, contra 53,3% que la “desaprueba”. En cuanto a la imagen del presidente Javier Milei, las opiniones positivas cayeron de 47% en enero a 40,3% en marzo, en tanto la imagen negativa creció en el mismo período de 46 a 51 por ciento.

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El Monitor abarcó en marzo “1.198 casos válidos con cobertura nacional” y un margen de error téorico del ±2,83 por ciento.

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ECONOMIA

Alivio fiscal para bares y restaurantes: vence el plazo para pedir la exención de ABL en CABA ante la caída de la actividad

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Interior del restaurante porteño Brighton, que esta semana solicitó la quiebra

El próximo 31 de marzo representa una fecha límite para los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que buscan beneficiarse con la exención del ABL por seis meses, una medida que apunta a mitigar el impacto de la reducción de la actividad en el sector gastronómico y hotelero. La decisión, lanzada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), se dirige de manera exclusiva a bares, restaurantes y hoteles, tres rubros que muestran signos claros de retracción en la demanda y el movimiento comercial.

En la actualidad, 4.267 contribuyentes ya accedieron a este beneficio fiscal, lo que evidencia el alcance de la política de alivio implementada por la administración porteña. La exención implica que los contribuyentes alcanzados dejarán de pagar el impuesto por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026. De este modo, la AGIP busca acompañar a un sector considerado estratégico para la economía y el turismo de la ciudad.

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El mecanismo para acceder al beneficio requiere que los propietarios o responsables de bares, restaurantes y hoteles realicen una solicitud formal a través del sistema Trámites a Distancia (TAD), disponible en La tramitación es obligatoria y debe completarse antes del cierre del plazo, ya que la fecha límite es el 31 de marzo. Esta instancia administrativa se presenta como una de las principales herramientas de política fiscal local para sostener a un sector con fuerte incidencia en el empleo y la actividad económica urbana.

Para presentar la solicitud, cada contribuyente necesita consignar información precisa y detallada. Se exige el número de partida inmobiliaria, así como el domicilio de explotación, que debe figurar correctamente inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE). Además, en caso de que el inmueble opere bajo un contrato de locación o comodato, resulta indispensable informar la fecha de inicio y finalización del contrato, junto con el nombre, apellido o razón social del locatario o comodatario y el CUIT correspondiente, si corresponde.

El formulario también requiere que el solicitante declare la actividad económica desarrollada en el inmueble, según la clasificación del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES). Solo aquellas actividades declaradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y asociadas a la gastronomía y el hospedaje pueden acceder a la exención.

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La medida, calificada como alivio fiscal por la AGIP, responde a un contexto de fuerte retracción en el sector. Los comercios gastronómicos y hoteleros han reportado caídas en la actividad en los últimos meses, lo que llevó a la administración porteña a priorizar políticas de acompañamiento que reduzcan la carga tributaria. El objetivo declarado es evitar cierres definitivos y proteger los puestos de trabajo vinculados a estos rubros.

Los hoteles de la Ciudad
Los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires también están alcanzados por el beneficio fiscal dispuesto por la AGIP

La exención del ABL contempla situaciones específicas para quienes ya realizaron pagos correspondientes a las cuotas 1, 2 y/o 3 del impuesto de 2026 antes de solicitar el beneficio. Para estos contribuyentes, la AGIP descontará automáticamente el monto abonado de las cuotas restantes del año fiscal. De esta forma, quienes adelantaron pagos no pierden el beneficio, ya que el sistema ajusta el saldo pendiente en función de la exención otorgada.

En el caso de aquellos responsables que optaron por abonar el ABL de manera anticipada, cubriendo la totalidad del año, la normativa prevé la generación de un crédito fiscal equivalente a la mitad del total abonado. Este crédito se imputa de manera automática en las cuotas correspondientes al año 2027, proporcionando así un mecanismo de compensación que evita la doble imposición y resguarda el equilibrio financiero de los contribuyentes.

La decisión de implementar esta exención responde a la necesidad de dar respuesta a reclamos del sector y a la evidencia de la reducción de la actividad. El sector gastronómico y hotelero integra una de las cadenas de valor más amplias de la ciudad, con alto impacto en el empleo y el movimiento turístico. La AGIP identificó a estos rubros como prioritarios para sostener la recuperación económica, en un contexto en el que la demanda interna muestra signos de debilidad.

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El proceso de solicitud, canalizado a través del sistema TAD, requiere que los contribuyentes reúnan y carguen toda la documentación respaldatoria, incluyendo datos contractuales y registrales. La administración porteña dispuso que la evaluación se realice con celeridad, de modo que los beneficiarios puedan gozar del alivio fiscal en el menor plazo posible. Además, la automatización de los descuentos y créditos fiscales busca evitar trámites presenciales y reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia administración.

El beneficio no se otorga de manera automática sino que exige una solicitud expresa, lo que obliga a los responsables de bares, restaurantes y hoteles a estar atentos a los requisitos y plazos. La AGIP aclaró que solo se considerarán las solicitudes presentadas hasta el 31 de marzo de 2026. La omisión de este trámite implicará la imposibilidad de acceder al beneficio para el semestre correspondiente.

La exención de ABL para el sector gastronómico y hotelero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inscribe en una serie de medidas fiscales orientadas a sostener la actividad económica local. La decisión de focalizar el alivio en estos rubros responde a su papel en la generación de empleo y su aporte a la recaudación general. Según datos oficiales, los más de 4.000 inmuebles beneficiados representan una porción significativa del total de establecimientos de la ciudad.

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