Hay innumerables formas de evaluar el desempeño de la actividad económica en el país, pero una de las más sensibles, es sin duda la que tiene que ver con el empleo. En ese sentido, no son buenas las noticias par el Gobierno nacional: en los últimos doce meses el sector asalariado formal privado perdió a 88.848 trabajadores.

Los números son contundentes. Según el último informe el Ministerio de Capital Humano, elaborado en base a datos del SIPA, en diciembre de 2024 había un total de 6.285.719 argentinos trabajando como empleados para alguna empresa. Un año más tarde, en diciembre de 2025, la cantidad de asalariados registrados se redujo a 6.196.871. De ahí se desprende la diferencia de más de 88.800 empleos.

Lejos de torcer el rumbo, el sector privado sigue cayendo. La “serie desestacionalizada” demuestra que entre noviembre y diciembre se destruyeron 12.399 empleos. De esa forma, ya se acumulan siete meses consecutivos sin creación de puestos de trabajo.

En concordancia con el resultado general del sector privado, las estadísticas muestran que la mayoría de las actividades económicas sufrió una caída de la cantidad de empleados en los últimos doce meses. De 14 sectores económicos relevados, diez tuvieron números negativos.

En términos porcentuales, el rubro de peor desempeño en lo que refiere al mercado de trabajo fue el de explotación de minas y canteras, que registró una caída del 8,6% y perdió a 8.071 empleados. El resultado llama la atención, teniendo en cuenta que la minería fue una de las actividades pujantes del 2025, con el litio y otros minerales creciendo con fuerza. De hecho, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indica que en todo el 2025 ese rubro creció 8%.

Es diferente el caso para la industria manufacturera, que también cayó, pero con un resultado que no sorprende. De acuerdo a las estadísticas oficiales, ese sector perdió a 38.971 trabajadores entre diciembre de 2024 e igual mes de 2025 (-3,3%), en un año que fue particularmente difícil para la actividad.

El tercer sector con mayor caída de empleo asalariado formal fue el de intermediación financiera. Una vez más, no se encuentra correlación con el nivel de actividad de ese rubro económico, que según indicó el EMAE, se expandió 24,5% en 2025. Según el Ministerio de Capital Humano, las empresas de esa categoría despidieron a 4.307 trabajadores en el año (-2,8%).

Asimismo, se encuentran otros siete sectores con datos negativos. En contraparte, hubo cuatro ramas de actividad que crecieron en términos de empleo, pero sin un impacto significativo. En términos porcentuales el mejor resultado lo tuvo la pesca, que mejoró 5,7% y creó 811 empleos nuevos.

También crecieron el suministro de electricidad, gas y agua, la construcción y la enseñanza, pero todos con mejoras inferiores al 1% anual. Entre los tres sumaron a 5.853 trabajadores nuevos.

El mal momento del sector asalariado formal privado se replica también en otras categorías del mercado laboral. De acuerdo a los datos del SIPA, en los últimos doce meses el Estado despidió a 18.652 trabajadores. En total había 3.446.932 empleados públicos en diciembre de 2024 y el número descendió a 3.428.280 trabajadores en igual mes de 2025.

También cayó la categoría de “trabajadores independientes autónomos”, aunque en ese caso la variación fue mínima. Se pasó de 400.246 ocupados en 2024 a 398.207 a finales de 2025 (-0,5%).

En ese mismo período, se contrajo 2,4% la cantidad de trabajadores independientes del monotributo social. En total, se pasó de 259.193 a 253.014 personas inscriptas en esa categoría. La sangría de empleos se produjo luego de que el Ministerio de Capital Humano iniciara un “proceso de reempadronamiento del sistema. En paralelo, a finales del 2024 los trabajadores pertenecientes al monotributo social debieron comenzar a pagar la mitad de los aportes a la obra social, algo que antes era cubierto en su totalidad por el Estado. Eso generó un desincentivo que provocó la baja de trabajadores por decisión propia.

En contraste, hubo dos modalidades de empleo que crecieron en el último año. Una es la que corresponden a los trabajadores del monotributo. Los datos del SIPA indican que había 2.084.244 monotributistas en el país a finales del 2024 y el número creció a 2.197.263 personas en diciembre de 2025, lo que marcó una diferencia de 5,4%, que reflejó la incorporación de 113.019 trabajadores.

Por último, se debe mencionar el caso del empleo en casas particulares. Tras atravesar una larga tendencia de caída, el servicio doméstico logró recuperarse levemente en 2025, sumando a 1.268 empleados nuevos y llegando al total de 445.888 trabajadores.

De esta manera, tomando en consideración a todo el universo de trabajadores (asalariados privados, empleados públicos, trabajadores de casas particulares, trabajadores independientes y monotributistas tradicionales y sociales), se observa una situación de estancamiento. El mercado laboral no creció, pero tampoco cayó. Estadísticamente en todo el país se perdieron 1.431 empleos en el año (-0,01% interanual) y se cerró el 2025 con 12.919.523 trabajadores formales.

Queda al margen la discusión de la “calidad de empleo”. Para los especialistas en mercado laboral, no vale lo mismo un puesto de trabajo en el sector asalariado privado, que en la categoría del monotributo. Lo que sí está claro, es que en los últimos doce meses se el mercado de trabajo fue particularmente dinámico, con personas saltando de una categoría a otra.

Los números de empleo no vienen pasando desapercibidos por el entorno político. La oposición se aferra a los datos duros para cuestionar el impacto del plan económico del Gobierno nacional sobre el mercado laboral, mientras que el Estado busca en las cifras la forma de defenderse.

¿Cuál es la realidad? Los datos publicados por el Ministerio de Capital Humano muestran que el total de trabajadores registrados cayó 3,7% desde noviembre de 2023 (justo antes de la asunción de Milei) hasta diciembre de 2025 (último dato disponible), lo que representa la pérdida de 500.352 puestos de trabajo.

Una vez más, se encuentran grandes diferencias según la categoría. Según la serie desestacionalizada, en el período analizado se perdieron unos 200 mil empleos asalariados del sector privado y 70 mil empleos estatales. También se destruyeron 17.500 puestos de trabajo en casas particulares y se perdieron 381.706 monotributistas sociales, con los atenuantes que ya fueron mencionados. En total, entre esas cuatro categorías se perdieron 670.500 empleos. Esa baja fue parcialmente compensada por la aparición de 10.600 nuevos trabajadores autónomos y 159.500 trabajadores independientes del monotributo.

Ante estos números, las críticas han sido más que contundentes. Sin embargo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, compartió en su cuenta de X una explicación que da cuenta de una situación diferente. Según su argumento, desde que Milei llegó al Gobierno “se crearon 400.000 puestos de trabajo”. Para llegar a esa cifra, el ministro toma en consideración todo lo que pasa fuera del empleo formal. Si bien admite que hubo una caída de más de 200 empleos registrados, argumenta que “hubo un aumento de 630.000 puestos informales e independientes”.

Con el mismo fin, comparó la cantidad de personas que figuran con empleo en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2023 con el número de trabajadores que se contabilizaron en igual período de 2025. Efectivamente, la EPH muestra que se pasó de 13.396.000 a 13.606.000 trabajadores en ese período.

Por último, Sturzenegger respondió también a las críticas sobre la “calidad del empleo”. En su publicación, detalló que un trabajador independiente ganaba en promedio $1.460.000 en 2025, contra un salario medio de $1.300.000 de un asalariado. No mencionó, sin embargo, cuál fue el ingreso promedio de los trabajadores informales.

El Ejecutivo duplicó la alícuota del gravamen para tratar de limitar subas en estaciones de servicio ante el avance del precio internacional del crudo

14/03/2026 – 11:44hs

Las retenciones al petróleo convencional sufrieron un fuerte ajuste esta semana. La Secretaría de Energía elevó la alícuota del 3,36% al 8% para la exportación de crudo producido en yacimientos tradicionales.

La medida alcanza a la producción de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. Se trata de cuatro provincias clave en la extracción de petróleo en Argentina.

El aumento responde directamente a la escalada del precio internacional del petróleo, que volvió a superar la barrera de los u$s100 por barril este viernes tras semanas de tensión en los mercados globales.

El Gobierno busca amortiguar el impacto de esa suba en el mercado interno de combustibles. La estrategia apunta a desincentivar la exportación de crudo pesado y fomentar su venta a refinerías locales a precios más bajos.

Con este mecanismo, la Casa Rosada intenta evitar que el salto del Brent se traslade de manera directa a los surtidores argentinos. El esquema de retenciones variables funciona como una herramienta de regulación frente a movimientos bruscos del mercado internacional.

El contexto: una reducción que duró apenas un mes

La decisión marca un giro de 180 grados respecto a la política anunciada a fines de enero. En ese momento, el Ejecutivo había oficializado una reducción de los derechos de exportación para el petróleo crudo de campos convencionales.

El esquema contemplaba una alícuota variable diseñada para estimular inversiones en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge, que abarca Chubut y Santa Cruz, además de áreas productivas de Mendoza y Neuquén.

Hacia finales de febrero, la retención se había fijado en apenas 3,36%. El cálculo se basaba en un precio promedio del barril de u$s71,30.

Ese escenario cambió radicalmente en cuestión de semanas. La escalada del conflicto en Medio Oriente generó una fuerte presión alcista sobre el precio del petróleo a nivel global.

El Brent, referencia clave para el mercado internacional, rompió nuevamente el techo de los u$s100. Esa cifra no se veía desde antes de la pandemia en algunos períodos y representa un salto de casi 40% respecto al valor tomado como base para la alícuota inicial.

Qué busca el Gobierno con el aumento de retenciones

La estrategia oficial tiene un doble objetivo. Por un lado, captar una mayor porción de la renta extraordinaria que genera la suba del precio internacional del crudo.

Por otro lado, desalentar las exportaciones para garantizar abastecimiento interno. El mecanismo presiona a los productores locales a ofrecer el petróleo pesado a las refinerías argentinas en condiciones más favorables.

De esta forma, el Gobierno apuesta a que las refinerías puedan acceder a crudo más barato. Eso, en teoría, debería moderar el ritmo de aumento de los combustibles en el mercado interno.

La medida también refleja la vulnerabilidad del esquema energético argentino frente a shocks externos, especialmente cuando el precio del petróleo se dispara por conflictos geopolíticos en zonas productoras clave.

El sector petrolero ya había expresado su preocupación por la volatilidad de las retenciones. Ahora, con este nuevo ajuste al 8%, las empresas deberán recalcular la rentabilidad de sus operaciones de exportación.

La cuenca del Golfo San Jorge, una de las más afectadas, concentra gran parte de la producción convencional del país. El aumento de la alícuota impacta directamente en la ecuación económica de proyectos que ya enfrentan desafíos técnicos por tratarse de yacimientos maduros.

El Gobierno, mientras tanto, mantiene el foco en contener el impacto inflacionario de los combustibles. Las retenciones al petróleo convencional ahora en 8% representan una herramienta de corto plazo para navegar la turbulencia del mercado internacional sin que el precio del Brent se replique automáticamente en las estaciones de servicio.