El duro enfrentamiento del Gobierno con el grupo Techint dejó un mensaje claro y contundente: la apertura de la economía no tiene marcha atrás y no es negociable. Aunque hay fuertes evidencias sobre la sobreoferta de acero a nivel internacional y las presiones chinas para sacarse de encima parte del stock sobrante a cualquier costo, la posibilidad de abrir una causa por dumping es virtualmente nula.

Techint perdió una licitación por ofertar 40% más caro la fabricación de tubos de acero para un gasoducto clave para la exportación de Gas Natural Licuado. Luego empató la propuesta ganadora en una segunda instancia. Esto fue inicialmente aceptado por YPF y Pampa Energía, pero el resto de las empresas del consorcio Southern Energy se negó. Harbour Energy, Golar y Pan American Energy optaron por hacer cumplir la propuesta ganadora en primera instancia.

La empresa que preside Paolo Rocca tendrá revancha, porque en tres meses habrá una compulsa por otro gasoducto y por un monto que podría quintuplicar el de la licitación polémica. Se trata de un nuevo megaproyecto, firmado el año pasado entre YPF y la italiana ENI, en el que también participa ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.

No solo un gigante como Techint ahora se verá sometido a una gran competencia internacional. Todas las empresas que producen bienes transables atraviesan un proceso similar. Los autos chinos representan una porción creciente del mercado de cero kilómetro y la compra de indumentaria, calzado y electrónica por plataformas internacionales ya es moneda corriente.

La apertura económica de Argentina era imprescindible, luego de décadas de fuertes controles y todo tipo de dificultades para importar y acceder a divisas. Esas restricciones llegaron a niveles extremos durante el gobierno de Alberto Fernández, dando lugar a un esquema de elevado nivel de corrupción. Los importadores relatan que debían pagar coima dos veces: para el otorgamiento de las SIRA (permiso para importar) y luego para que les autoricen a girar los dólares.

La apertura, sin embargo, pasa factura. La industria manufacturera, por ejemplo, está 12% debajo de los niveles de producción del año pasado y sigue casi 6% debajo de los niveles de noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno. La construcción también está bien por debajo de los niveles previos a la llegada de Milei.

Tanto la industria como la construcción son mano de obra intensiva, por lo que los niveles de empleo de la economía se ven resentidos. Otro de los segmentos de la actividad que explica buena parte del empleo blanco es el comercio mayorista y minorista. La caída se mantiene en este caso también en niveles de 6% respecto a un año atrás.

El impacto sobre los márgenes de rentabilidad es sustancial y afecta prácticamente a todos los rubros. Algunas empresas directamente pasaron a mostrar números rojos. Y otras apenas logran mantenerse a flote.

Por un lado, tuvieron que adaptarse a una mayor competencia: la apertura de la economía las obliga a vender más barato. Esto resultó especialmente notorio en rubros como indumentaria y electrodomésticos. En línea blanca, por ejemplo, los precios cayeron hasta 25% en pesos de un año a otro.

El consumo presenta también realidades dispares. La venta de autos, motos o línea blanca voló el año pasado por la caída de precios y la financiación. Pero el consumo masivo, por ejemplo en supermercados, sigue de capa caída y sin señales de recuperación de corto plazo.

En este caso es la caída de salarios reales la que pasa factura Si bien aumentaron en dólares, la evolución de la inflación sigue por encima de la suba de ingresos. El índice de precios de enero será menor al de diciembre 2025, pero se mantendrá cómodamente arriba del 2 por ciento. La pregunta ahora es cuándo se volverá a perforar ese nivel. No es seguro que sea en febrero.

En un blog divulgado ayer, Domingo Cavallo consideró que el Gobierno va por el buen camino, aún en medio de las dificultades para que la recuperación se sienta en la calle: “La remonetización de la economía vía compra de reservas es la mejor opción para reactivar la economía”, aseguró.

“Lo mejor que podría hacer el Gobierno es acumular reservas y seguir avanzando en el levantamiento del cepo, con garantías de que no será reintroducido bajo ninguna circunstancia. Esto incluye declarar al dólar como moneda de curso legal”, explicó el ex ministro de Economía.

La renovada apreciación cambiaria y las tasas de interés altas al menos a principio de año también implican un escollo para las empresas en un contexto de márgenes cada vez más bajos.

En este contexto todavía complicado para la economía real, los empresarios tienen grandes expectativas en la reforma laboral que se discutirá en el Congreso a lo largo de febrero y que incluye también un capítulo impositivo.

Como repiten en la UIA, se trata de “nivelar la cancha” para poder competir con las importaciones de países que llegan con impuestos muchos más bajos y con esquemas laborales sustancialmente más flexibles y menos onerosos.

Las encargados de transmitir de los beneficios de la reforma laboral tanto al mundo político como en los medios son Patricia Bullrich (ahora como senadora) y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el encargado de negociar con los gobernadores para obtener los votos en la Cámara Alta.

Pero aún en el caso que la reforma laboral consiga avanzar exitosamente, incluso con algunas concesiones, el tema que más inquieta al mundo empresario es otro: la industria del juicio.

Aunque la reforma es clara al introducir un esquema mucho más rígido para el rol de los abogados laboralistas y particularmente de los jueces, la realidad del mercado es cada vez más preocupante: récord de juicios por accidentes laborales, millonarios fallos por lesiones menores o inexistentes, proliferación de licencias de seis meses o un año por stress laboral.

El Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025 situó a los Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Singapur e Israel como líderes en el ranking sistemas de jubilación a escala mundial.

Este índice, que compara 52 países y abarca aproximadamente el 65% de la población global, dejó a Argentina en el puesto 51, solo por delante de India.

De acuerdo con el informe, los Países Bajos encabezan la lista con una calificación general de 85,4 puntos sobre 100, clasificándose en la categoría A.

Islandia siguió con 84 puntos y Dinamarca con 82,3, ambos también en la máxima categoría. Singapur, como el primer país asiático en alcanzar la calificación A, y Israel completaron el grupo de los cinco primeros con 80,8 y 80,3 puntos, respectivamente. Todos presentan sistemas de pensiones con prestaciones adecuadas, sostenibilidad financiera a largo plazo y altos niveles de integridad regulatoria.

Estos países se destacan por brindar beneficios sólidos y mecanismos que aseguran ingresos estables durante la jubilación. Además, cuentan con regulaciones estrictas y una gobernanza eficiente, lo que, según el informe, fortalece la confianza en sus respectivos sistemas previsionales.

Dentro de América Latina, Chile, Uruguay y México lograron posicionarse por encima de la media regional: Chile obtuvo 76,6 puntos, Uruguay alcanzó 71,1 y México, 69,3. El documento señala que estos sistemas sobresalen por su adecuación, sostenibilidad e integridad, mientras que Argentina quedó rezagada con solo 45,9 puntos.

Para Argentina, el índice asignó una calificación D, con puntajes de 60,8 en “adecuación” (ingresos aceptables), apenas 31,3 en “sostenibilidad” (viabilidad financiera) y 42,4 en “integridad” (calidad regulatoria y transparencia).

Por contraste, los países mejor evaluados superan los 80 puntos y logran un equilibrio en las tres dimensiones.

El análisis advierte que el sistema argentino se encuentra entre los más débiles del mundo. El mayor déficit está en la sostenibilidad: hay un aportante por cada 1,7 jubilados cuando el estándar recomendado es de tres.

Esto se suma a un alto nivel de informalidad y una dependencia significativa de recursos fiscales, lo que agrava los desequilibrios financieros. También se subraya que las sucesivas moratorias y la complejidad institucional aumentan la fragilidad del sistema.

A nivel internacional, el índice pondera más de 50 indicadores agrupados en tres subíndices: “adecuación” (40% de la calificación), “sostenibilidad” (35%) e “integridad” (25%).

Cada dimensión evalúa aspectos como el monto de las prestaciones, cobertura, regulación, transparencia, gobernanza y viabilidad financiera.

El puntaje final surge de la combinación de estos subíndices y permite comparar sistemas de características muy diversas en cuanto a su capacidad para atender las necesidades actuales y futuras de los jubilados.

El propio informe destaca que no existe un modelo único recomendado, sino que cada país debe adaptar las reformas previdenciales a su contexto. Incluso en los sistemas mejor evaluados, se detectan áreas de mejora, como la ampliación de la cobertura, la transición acelerada hacia sistemas más sostenibles y la protección de los derechos de los jubilados.

El índice busca fomentar el debate y la mejora continua de los sistemas previsionales, impulsando el acceso a ingresos dignos y una mayor estabilidad financiera para los jubilados en todo el mundo.

Las canastas escolares para los distintos niveles presentaron aumentos interanuales, pero en todos los casos inferiores a la inflación. Además, se registraron bajas de precios en algunos productos en relación al inicio del ciclo lectivo 2025, explicadas por el estancamiento del consumo y una mayor oferta, derivada del ingreso de productos importados y elevados stocks en comercios.

Así surge de un relevamiento de Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, el cual indicó que una canasta básica para primaria con 20 productos tiene un costo de $63.636, cifra que implica un incremento del 12% respecto al año pasado, cuando totalizaban 56.265 pesos.

La mochila básica con tiras, incluida en el Combo 1 de útiles escolares, cuesta $20.999, lo que marca una baja del 5% frente al año anterior, cuando se ubicaba en $22.000. En el caso de la cartuchera de un cierre, el precio actual es de $12.450, con un incremento interanual del 13% respecto a los $11.050 de 2025.

Para el Combo 2, la mochila con carro, diseño 3D y holograma tiene un valor de $133.924, una reducción del 2% en comparación con los $136.379 registrados el año pasado. La cartuchera de dos cierres o pisos, con personajes de moda, vale este año $28.300, apenas un 1% menos que en 2025, cuando costaba 28.495 pesos.

Ambos combos incluyen un guardapolvo recto con broches, en talles del 6 al 18, que este año presenta un precio promedio de $37.849, lo que representa un aumento interanual del 13% frente a los $33.575 del año anterior.

Si se suman los valores de los útiles, la mochila, un guardapolvo unisex de primera marca (promedio $37.849) y una cartuchera básica ($19.000), el Combo 1 para primaria alcanza los $118.863, un 12% más que en 2025, cuando el mismo conjunto costaba 105.839 pesos.

Por su parte, el valor total del Combo 2 asciende a $241.088, lo que representa un aumento del 4% respecto a los $232.714 registrados en 2025.

“En contraste, los menores aumentos se registraron en mochilas de tiras y cartucheras, donde la suba de precios fue más moderada. Esto se debe a un alto nivel de stock remanente de la temporada anterior, una oferta muy diversificada —con fuerte presencia de productos importados— y estrategias comerciales agresivas para sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo más cauteloso”, indicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El combo completo de 28 útiles para Secundaria registra un aumento interanual del 26%, con un valor total de $68.593 frente a los $54.675 de 2025. El principal incremento se observó en goma tinta lápiz (67%), seguido por un set de 6 microfibras (43%) y las voligomas (41%).

El Combo 3 para este nivel incluye la misma mochila básica que en primaria (-5%), una cartuchera tipo canopla (-3%) y los útiles esenciales (26%), alcanzando un costo de $95.592, lo que equivale a un 15% más que el año pasado, cuando costaba 82.775 pesos.

“En el detalle por nivel educativo, se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos“, dijo Di Pace.

Estos incrementos en la canasta básica escolar, aunque menores a los de años anteriores, se suman a los aumentos previstos en las cuotas de los colegios privados, lo que genera un mayor desafío para los hogares al momento de afrontar los gastos vinculados al inicio de clases.