El cierre definitivo de la planta industrial de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando marca el final de una trayectoria de más de 80 años en la fabricación de neumáticos en la Argentina.

La decisión de la empresa de la familia Madanes Quintanilla, que implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación de activos, es el desenlace de un proceso de deterioro operativo y financiero que se extendió durante la última década. La historia de esta caída puede sintetizarse en tres hitos críticos que reflejan el impacto de variables macroeconómicas y una persistente conflictividad gremial.

Si bien el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria y la empresa aseguró que la acatará, también le dijo a este medio que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

El primer hito de la fase final de este declive corresponde a marzo de 2019, cuando Fate solicitó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En aquel momento, la empresa empleaba a 2.000 trabajadores y advirtió que la sustentabilidad del negocio estaba en riesgo inminente. A través de una misiva enviada a las autoridades nacionales, la firma calificó su situación como “gravísima” y señaló que los cambios en las reglas de juego —específicamente la eliminación de reintegros a la exportación, la imposición de derechos de exportación y las elevadas tasas de interés— habían erosionado su capacidad operativa.

Durante ese período, Fate destacó que más del 50% de su producción se destinaba al mercado externo, lo que la hacía vulnerable a la pérdida de competitividad exportadora. La dirección de la empresa argumentó que la estructura de costos local, sumada a una caída del consumo interno y a la competencia de importaciones, impedía mantener el nivel de actividad.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó los argumentos patronales, vinculando la situación a una falta de inversión tecnológica y no a un exceso de costos laborales. Este primer momento cerró con una adecuación de la plantilla, pero las causas estructurales del conflicto permanecieron latentes.

Los problemas con el sindicato no terminaron ahí, sino que se mantuvieron latentes a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a finales de 2022 el sector atravesó una crisis de abastecimiento sin precedentes debido a un conflicto gremial que paralizó totalmente las tres plantas de neumáticos del país: Fate, Bridgestone y Pirelli. El Sutna, bajo la conducción de Alejandro Crespo, llevó adelante bloqueos y paros por tiempo indefinido en reclamo de aumentos salariales y el pago de horas de fin de semana al 200%. En el caso de Fate, la empresa intimó al sindicato ante la imposibilidad de operar y advirtió sobre los daños a la maquinaria y la pérdida de mercados. Este episodio consolidó una relación de extrema tensión entre la empresa y la representación sindical, factor que la compañía mencionaría recurrentemente como un obstáculo para la productividad.

Cinco años después de su primer intento de reestructuración, Fate volvió a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024. Luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno no se lo otorgó.

Este segundo momento clave estuvo signado por un cambio drástico en la política comercial. El Gobierno redujo los aranceles de importación para neumáticos de camiones y buses del 35% al 16%, con el objetivo de bajar los costos logísticos en el país. Esta medida, sumada a la persistencia de derechos de exportación y a una brecha de costos con el exterior que la empresa calificó de “insalvable”, precipitó el despido de 97 empleados en una primera instancia.

En sus comunicaciones oficiales de ese año, Fate detalló que la planta operaba con una baja utilización de su capacidad instalada debido a la imposibilidad de competir con productos fabricados en otros mercados que contaban con subsidios e incentivos. La caída de la demanda interna, afectada por la contracción de la industria automotriz —que en abril de 2024 registró una baja interanual del 21% en su producción—, redujo el margen de maniobra de la fabricante. La empresa sostuvo que, pese a las inversiones realizadas para modernizar la planta de San Fernando, los sobrecostos derivados de la carga tributaria, la deficiente infraestructura y el ausentismo laboral hacían que el costo final del neumático argentino fuera muy superior al internacional.

Esta semana Fate oficializó el cese total de sus actividades industriales en la planta de San Fernando, una decisión que la empresa calificó como el desenlace inevitable de un contexto de negocios adverso. Tras 80 años de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos anunció el despido de sus 920 empleados, confirmando que dejaría de producir en el país para reorientar su modelo hacia la importación de productos fabricados en otros mercados.

La empresa fundamentó el cierre definitivo en la imposibilidad de sostener la operación frente a una estructura de costos locales que, según sus comunicados previos de 2024, incluía una “abusiva sobrecarga impositiva”, derechos de exportación (único caso en el mundo para este sector) y una baja productividad laboral afectada por la conflictividad gremial. Fate señaló que el costo final de un neumático fabricado en Argentina se volvió significativamente superior al de productos extranjeros, generando una “brecha de competitividad insalvable” que terminó por desplazar a la producción nacional.

Este escenario se vio agravado por las medidas de apertura comercial implementadas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%. Esta política, que buscaba bajar los costos logísticos internos, facilitó el ingreso masivo de cubiertas del exterior. Según los registros de ese año, el mercado interno ya mostraba una fuerte permeabilidad al ingreso de neumáticos en condiciones que la empresa enmarcó como “comercio desleal”, sumado a una caída sostenida en la demanda interna de neumáticos, vinculada directamente a la contracción de la producción automotriz en el país. Con este cierre, la mayor empresa de capitales nacionales del sector puso fin a su ciclo productivo en la Argentina.

La indumentaria en la Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre costos para producir y precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la Cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el placard o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas. Sin embargo, el debate vuelve a tomar fuerza porque el país se transformó en algunos aspectos: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.

Como punto de partida, tomamos un dato elaborado por Focus Market, que compara cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, retomamos los datos relevados en 2024 y reconstruimos la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años. La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.

El precio de la ropa y una brecha que se achica: los motivos

En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba u$s1.049 en la Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a u$s936, una disminución del 10,8%. En cambio, en el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. El resultado es claro, vestirse en la Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es bastante menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como lo es el caso respecto a Chile. 

Pero la pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí es donde se abren las distintas aristas del debate. Por un lado, el consumidor busca precios razonables y el productor busca no fundirse. Desde el lado de la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más. Del lado de la oferta, el argumento es igualmente válido, explicando que los precios locales se deben a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan a la competitividad.

Es conveniente en este punto, evitar la lectura de «buenos y malos», porque ambos agentes describen restricciones reales. Lo que se puede afirmar es qué no explica el problema por sí solo: reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa, no resiste el contraste con los datos. La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura pudo contribuir a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.

Además, la evolución en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período en consideración tanto en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar mientras que, en la Argentina el peso se depreció. 

Esta diferencia importa porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares aun cuando la inflación interna sea moderada. Es decir, parte del aumento en dólares observado en los países vecinos responde menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se ve influida por una dinámica inversa, además del efecto competencia.

Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se muestra en los indicadores del nivel de actividad industrial. En la última publicación disponible de INDEC que refleja la utilización de la capacidad instalada, se observa que el rubro «Productos textiles» opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada del sector era 48,2%, mientras que, en el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 p.p. interanuales. Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.

En paralelo, el dato que ayuda a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural, es que en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron un 16,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Es decir, incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece venir por otras vías.

Entonces, en términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo una presión persistente. Si la industria pierde escala, trabaja con capacidad ociosa elevada y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. En este contexto, la apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.

El empleo formal, en caída

El empleo completa el panorama. Si se mira la evolución de mas largo plazo, la evidencia sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. En un reciente informe de IDESA, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, los asalariados no registrados y cuentapropistas, pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.

El empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. 

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La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Del mismo modo, los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, agregando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.

En la misma línea, los datos del Ministerio de Capital Humano, muestran que en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en «Confecciones» y del 11,2% en «Cuero y calzado». 

La conclusión es incómoda pero necesaria para ordenar el debate. El dilema argentino es que conviven ropa cara y una industria frágil. En ese marco, la discusión no puede reducirse a consignas: cerrar la economía no garantiza precios razonables, y abrirla sin reformas internas no asegura una transición ordenada. El problema de fondo atraviesa a buena parte de la economía argentina y es el costo de formalizar y producir. Contratar en blanco, sostener cargas patronales, enfrentar litigiosidad y operar con impuestos distorsivos puede volver inviable a una empresa, especialmente si compite con países que producen a escala, con menores costos y una logística más eficiente.

Ese escenario incentiva la informalidad y termina generando un «equilibrio» social de baja calidad: el empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque «es lo que hay», y el resultado final es una economía con menos productividad, salarios reales más bajos y menor inversión.

Se requieren reglas de juego claras y un esquema de incentivos que fomente la competencia sin destruir. En ese sentido, el rol del Congreso es central. En caso de avanzar con el proyecto de modernización laboral, que incluye algunos puntos tributo-impositivos específicos, podría funcionar como primer paso para habilitar una discusión posterior más amplia sobre reforma tributaria. Sin una baja de la presión impositiva distorsiva y sin una corrección del costo laboral formal, el país corre el riesgo de sostener el círculo vicioso de consumidores que buscan precios fuera del mercado local, productores que se achican y empleo que se precariza. El desafío es construir consensos que ordenen prioridades. El consumidor no pide un privilegio, pide precios razonables y el productor tampoco, pide no fundirse por intentar competir.

Los ahorristas están buscando conocer en qué invertir en un escenario en que el precio del dólar cae 3% en lo que va del mes, mientras que la inflación avanza por arriba del 2% mensual y las tasas de interés se ubican apenas por debajo de ese nivel. Por eso, desde la Fintech de inversiones Balanz recomiendan cómo debe armarse la «cartera ideal» en estos momentos.

Cabe recordar que la inflación de enero, informada por el Indec, fue de 2,9% mensual, mientras que el precio del dólar se ubica en torno a los $1.420 para la venta minorista en Banco Nación, por lo que desciende en febrero cerca de 3%.

Por el lado de las inversiones bursátiles, el principal índice de acciones de empresas líderes de Buenos Aires, el Merval, cae más de 14% en todo febrero, mientras que en lo que va del 2026 desciende cerca de 10%.

En tanto, los bonos en dólares con ley nacional descienden hasta 15% en todo el presente año.

En este marco volátil, los analistas de Balanz, la Alyc de inversiones digitales, sugieren cómo debe estar compuesta la «cartera ideal».

La misma está integrada en un 67% por renta fija en dólares y el 33% restante en instrumentos en pesos, donde busca captar las tasas altas, que se acercan a la inflación y le ganan al plazo fijo en pesos.

«Para armar una cartera moderada en Argentina, primero hay que tener claro el objetivo y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. Hoy las condiciones cambiaron: vemos tasas más bajas para la deuda en dólares que en períodos anteriores, pero también una menor percepción de riesgo y un contexto más estable», afirma Isabel Botta, Product Manager en Balanz. 

Por eso agrega que, en ese nuevo escenario, «la oportunidad está en combinar instrumentos que protejan el capital, generen rendimiento y permitan aprovechar selectivamente el potencial de crecimiento del mercado local».

Cartera ideal de inversiones 

La «cartera ideal» propuesta por Balanz se basa en una estructura, principalmente dolarizada, para «preservar valor y capturar tasas reales positivas».

Por eso, el 67% de la cartera está colocado en renta fija en dólares. 

Para configurar este segmento, los principales tickers seleccionados son las obligaciones negociables (ON) de empresas líderes y de segmentos en crecimiento.

De esta manera, este 67% de la cartera está enfocado en sumar a ON de firmas como IRSA (IRCPO), Telecom (TLCTO), Pan American Energy (PN43O) y los títulos de la provincia de Córdoba al 2035 (CO35), con TIRs que hoy se ubican en torno al 7,15% al 7,50% para la deuda corporativa, y por encima de 8% para el subsoberano.

«Estos niveles siguen ofreciendo un rendimiento real interesante por encima de la inflación de Estados Unidos», detalla Botta. 

Y agrega: «La curva de rendimientos se encuentra más comprimida que hace unos meses, lo que hace que estos tramos intermedios y largos sean particularmente atractivos». 

El 33% restante de la cartera «ideal» de inversiones está orientado a una estrategia en pesos, pensada para «capturar las tasas todavía altas que ofrece el mercado local, sin resignar liquidez», suma la analista. 

Esta opción la recomienda a través de realizar fondos de inversión de corto plazo y Lecaps (Letras de Capitalización) que vencen en las próximas semanas, ya que «se busca hacer tasa de manera estratégica, con capacidad de reacción rápida ante variaciones macroeconómicas», finaliza Botta.