ECONOMIA
El Gobierno debe refinanciar al menos el 70% de los vencimientos de deuda por $14 billones para evitar tensiones de liquidez
El Gobierno enfrenta vencimientos en pesos por más de $14 billones la semana próxima, mientras que los depósitos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas superan los $4 billones, según los últimos datos oficiales disponibles. Esta diferencia obliga al Tesoro a buscar un refinanciamiento de al menos 70%, según analistas consultados por Infobae, para evitar tensiones de liquidez en un contexto de baja de las tasas de interés.
De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Economía, la próxima subasta de deuda en moneda nacional tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre. Para mejorar las expectativas, el BCRA aplicó una reducción las tasas de interés que paga a bancos por sacar dinero de circulación del 22% al 20% anual y, en simultáneo, flexibilizó los encajes bancarios para que haya más circulación de pesos. ¿El objetivo? Estimular el crédito a empresas y familias para reactivar la economía tras el apretón monetario que rigió hasta las elecciones legislativas.
Un informe de la consultora Invecq destacó que los depósitos del Tesoro en el Central, que constituyen la principal fuente de liquidez inmediata, rondan apenas los $4,7 billones, mientras el total de vencimientos para lo que resta de noviembre asciende a $14,7 billones y en diciembre superará los $40 billones.
El 28 de noviembre vencen medidas temporales del apretón monetario que incrementaron los encajes bancarios del 45% al 50% como respuesta a la volatilidad preelectoral (Invecq)
Este escenario demanda una dependencia del mecanismo de refinanciamiento. Bajo la perspectiva de los economistas de Invecq, el Tesoro se ve obligado a asegurarse un rollover superior al 90% para poder cubrir sus obligaciones.
Además, agregan que el 28 de noviembre vencen medidas temporales del apretón monetario que incrementaron los encajes bancarios del 45% al 50% como respuesta a la volatilidad preelectoral, lo que habilitaría un financiamiento mayor.
En la misma línea, un reporte de Max Capital subraya que, la próxima semana, el Gobierno enfrenta vencimientos de bonos a tasa variable y títulos dollar-linked que sirvieron de cobertura para bancos y exportadores.
“La licitación podría finalizar con una expansión por lo que el foco estará en si el Tesoro, actuando indirectamente como autoridad monetaria, convalida tasas más altas o simplemente expande desde su cuenta de depósitos en pesos”, apunta el análisis.
El informe de marras añade: “Esta licitación podría requerir cierta expansión, drenando depósitos en pesos, antes de la licitación de diciembre, que será aún más desafiante”, advirtió la consultora. En diciembre, la combinación de una demanda estacional de liquidez estimada en $2,8 billones y un balance fiscal deficitario eleva los riesgos que afronta la administración nacional. El reporte sostiene que “los depósitos en el BCRA pueden agotarse, lo que limita la capacidad del Gobierno para intervenir en el mercado cambiario desde el Tesoro”.
Esta licitación podría requerir cierta expansión, drenando depósitos en pesos, antes de la licitación de diciembre, que será aún más desafiante (Max Capital)
Por su parte, la consultora 1816 aportó una visión diferente sobre la magnitud del desafío de liquidez inmediata: “El bajo stock de pesos del fisco en el Central de ninguna manera es un problema para los vencimientos en moneda local, considerando que la Administración Nacional tiene $15,1 billones depositados en bancos comerciales, según el último registro de septiembre”.
Ese monto resulta $10 billones mayor al saldo que necesitaba el Tesoro como capital de trabajo durante la gestión anterior. De este modo, desde la firma de análisis económico sostienen que la disponibilidad de fondos en bancos permitiría contener la presión, aunque advierten sobre la naturaleza distribuida y funcional de esos recursos dentro del circuito público y privado.
En diálogo con Infobae, Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, explicó que del total del próximo vencimiento que afronta el equipo económico, $11,4 billones se encuentran en manos privadas. “Hoy el Gobierno necesita, como mínimo, un roll del 71% de los privados, contando con los depósitos en el BCRA por $4,4 billones y asumiendo un rollover de 100% del sector público”.
El economista detalló alternativas operativas disponibles para reducir las necesidades de refinanciación, aunque subrayó sus limitaciones: “El Tesoro cuenta con $15 billones adicionales en el Banco Nación, pero su disponibilidad está acotada al manejo de activos del banco. Se podría utilizar, pero requiere de otra ingeniería”.
Sebastián Menescaldi también mencionó el impacto del bono por $4,9 billones vinculado a encajes bancarios, que perderá vigencia el 28 de noviembre, al evaluar que el BCRA podría decidir prorrogar ese encaje y obligar a que los bancos demanden nuevos títulos si fuera necesario.
Consultado sobre el stock de depósitos del Tesoro en el Banco Nación, Menescaldi detalló que la entidad pública tiene esos pesos invertidos, ya sea en títulos o en créditos, por lo que no son de disponibilidad inmediata. “Si el Tesoro llega a requerir esos fondos, dado que el Nación no tiene liquidez excedente, va a tener que salir a rematar títulos públicos o, lo más probable, salir a pedirle un pase activo al BCRA contra esos títulos”, remarcó.
Del total del próximo vencimiento que afronta el equipo económico, $11,4 billones se encuentran en manos privadas (Menescaldi)
Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, consideró que la administración nacional puede resignar parte del objetivo de refinanciamiento total para sostener un contexto macroeconómico más predecible y una política de tasas que ayude a dinamizar el crédito y el consumo: “Por ahora viene bajando las tasas de interés. Es un monto grande lo que hay que refinanciar y se tiene que hacer un rollover más o menos elevado. Siempre lo ideal es 100%, pero no necesariamente: puede ser un poco menos».
“Hay que ver cuán agresivos quieren ser con mantener las tasas bajas en pesos que son importantes para que empiece a reactivar la economía. Me jugaría a que van a intentar no convalidar un aumento de tasa para llegar al rollover del 100%. Quizás hagan un poco menos y dejen un poco más de liquidez, con tasas no muy distintas de las que hubo esta semana”, amplió.
Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), dijo a Infobae que el Ministerio de Economía “está forzado a un rollover de al menos el 70%“, aunque lo ideal sería que escalara a 100%, para ”robustecer la cantidad de pesos disponibles, ya que siguen vencimientos importantes en diciembre y enero.”.
Machado subrayó que se trata de la “primera licitación que enfrenta con tan poca espalda financiera”. Además, señaló también que en el mercado secundario las tasas de interés son bajas, luego del recorte que aplicó el Banco Central en los últimos días.
La estrategia oficial podría inclinarse por aceptar un nivel de refinanciamiento algo menor al ideal, priorizando la preservación de la liquidez y evitando incrementos significativos en las tasas de interés
“Si el apetito de las entidades no es significativo, es cierto que el Gobierno podría verse forzado a convalidar tasas de interés por encima del mercado”, alertó. El analista económico resaltó que la reciente reducción de requisitos de encajes bancarios, definida por el BCRA, otorga un margen de acción adicional en la búsqueda de financiamiento.
En este escenario, la estrategia oficial podría inclinarse por aceptar un nivel de refinanciamiento algo menor al ideal, priorizando la preservación de la liquidez y evitando incrementos significativos en las tasas de interés, en línea con la cautela que sugieren algunos analistas del mercado.
ECONOMIA
Jubilaciones: quiénes recuperaron poder adquisitivo y cuánta brecha queda tras dos años de presidencia de Milei
Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei y una inflación de 25,5% en ese mes (que no descendió de los dos dígitos mensuales hasta abril de 2024), la política monetaria contractiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la recuperación del superávit fiscal se consolidaron como ejes para intentar no seguir deteriorando el poder de compra de jubilados y pensionados, y fortalecer las partidas para asignaciones familiares.
Al cabo de dos años de Gobierno, aumentó el ingreso real de casi un tercio de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema tras cumplir los años de aportes y la edad mínima. El alza fue aún mayor para los perceptores de asignaciones familiares, especialmente quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. En cambio, quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, los titulares de la jubilación mínima recibieron incrementos superiores al resto gracias a un bono complementario otorgado en marzo de 2020 para contener los efectos de la crisis de Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ese bono, equivalente al 9,4% del haber base al inicio, se fue actualizando periódicamente y llegó a representar 52% al finalizar el mandato.
Quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos
Con la llegada de Javier Milei, ese suplemento se actualizó en marzo de 2024, pasando de $55.000 a $70.000, manteniendo la relación del 52%, pero al quedar congelado hasta el presente fue perdiendo relevancia, hasta alcanzar solo 21 por ciento.
Hasta el primer trimestre de 2024, la partida previsional experimentó una caída en términos reales, ante la aceleración de la alta inflación y los ajustes pautados por la anterior Ley de Movilidad.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción, tras la suspensión de la Ley de Movilidad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 e implementar aumentos mensuales basados en la variación del IPC de dos meses antes que en general fue más alta.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción
El Gobierno también apuntó a reducir la diferencia con quienes perciben haberes superiores a la mínima, grupo integrado por beneficiarios que cumplieron con los 30 años de aportes y la edad reglamentaria (60 para mujeres, 65 para varones), que equivale al 32% del total.
Por un lado, en abril de 2024 dispuso un aumento diferenciado de 27,4%, mientras que para el resto fue de 18%, al quedar fijo el monto del bono.
En los primeros 24 meses de gobierno de Milei, hasta noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima más el suplemento de $70.000 recibieron un aumento nominal de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que significó una pérdida de 6,9% en su poder de compra. En contraste, aquellos con haberes superiores al mínimo recuperaron 9,5% de poder adquisitivo acumular ajustes del 281,7%. El incremento promedio ponderado para el total de jubilados y pensionados fue de 1,3% en el último bienio.
Durante la última administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los haberes previsionales sufrieron una reducción real: 6,6% para quienes recibieron el haber mínimo más bono y 34,4% para quienes percibieron el resto de las escalas, con una pérdida promedio ponderada del 22,9% entre extremos.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento
El Gobierno sostiene que ese desfase solo podrá cerrarse mediante una reforma previsional y laboral que fomente la contratación de trabajadores registrados en relación de dependencia en el sector privado y revierta el déficit estructural del sistema, profundizado durante las gestiones kirchneristas (2003-2015 y 2019-2023).
Las moratorias implementadas en estos períodos elevaron el número de jubilados y pensionados de 3,3 millones a 6,9 millones, mientras que la cantidad de aportantes pasó de 8,7 millones a 12,7 millones de trabajadores.
De esta manera, la relación de aportantes por beneficiario cayó de 2,6 en 2006 (antes de la primera moratoria) a algo más de 1,7 en la actualidad, en un sistema que requiere un mínimo de tres trabajadores activos por cada beneficiario para ser sustentable y honrar un haber equivalente al 82% del ingreso promedio de los trabajadores.
En materia presupuestaria, los informes de la Secretaría de Hacienda revelan que tras la crisis de 2020, la aceleración inflacionaria y la vigencia de la vieja Ley de Movilidad hasta marzo de 2024, el gasto previsional real cayó 30% en un trimestre.
Posteriormente, la recuperación de la actividad económica y la desinflación permitieron que en octubre de 2025 (último dato) el pago de jubilaciones y pensiones superara en 9,5% el de noviembre de 2023 y en más de ocho puntos porcentuales al promedio de las subas de haberes, debido principalmente a la aceleración en el pago de sentencias judiciales por parte de la Anses y en menor medida, por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios con haberes superiores al promedio.
La evolución de los haberes previsionales y el desafío de recomponer el poder adquisitivo real que tenían antes del último gobierno populista siguen generando tensión social y política, con ajustes que no logran revertir por completo la pérdida acumulada y reformas que postergan una solución estructural.
La brecha vigente en el poder de compra refuerza el reclamo de una actualización integral del sistema previsional, en busca de una solución de largo plazo que aún no se vislumbra.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, autorizó el incremento para el transporte público de pasajeros que circula exclusivamente dentro de la Provincia
28/11/2025 – 11:15hs
El Gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización en las tarifas del transporte público. A partir del lunes 1° de diciembre, el boleto mínimo de colectivo en el conurbano pasará a costar $658, tras una suba total que asciende al 14,8%.
La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 342, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, luego de una consulta ciudadana realizada entre el 19 y 20 de noviembre.
Cómo se compone el aumento
Según la Secretaría de Transporte bonaerense, la suba incluye:
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Un ajuste extraordinario del 10%,
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Más la actualización automática que sigue la inflación + 2 puntos porcentuales, vigente desde marzo.
De esta manera, se aplicará un incremento acumulado del 14,8% sobre las tarifas actuales.
Por qué se actualizan los boletos
La administración de Axel Kicillof explicó que el esquema vigente «no logró equilibrar los costos operativos del sector», afectados por:
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La evolución del tipo de cambio,
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Los aumentos en combustibles,
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Los mayores costos de mantenimiento de las unidades del sistema.
Tarifas de colectivos en PBA desde el 1° de diciembre
La suba alcanza a las líneas numeradas del 200 en adelante que prestan servicio en el corredor bonaerense.
Para usuarios que utilicen la SUBE sin nominalizar, los valores se ubicarán entre $1046,92 y $1435,34.
Colectivos de CABA (recorridos íntegros dentro de la Ciudad)
Con SUBE registrada:
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0-3 km: $568,82
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3-6 km: $633,67
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6-12 km: $682,49
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12-27 km: $731,34
Colectivos nacionales (AMBA)
Con SUBE registrada:
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0-3 km: $494,83
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3-6 km: $551,24
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6-12 km: $593,70
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12-27 km: $636,21
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Más de 27 km: $678,42
Tensión en el sector: la UTA advierte sobre un posible paro
En paralelo al aumento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a poner presión ante la posibilidad de demoras en el pago de salarios y del medio aguinaldo de diciembre.
El gremio, encabezado por Roberto Fernández, anticipó que podría convocar a medidas de fuerza si:
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Los choferes no reciben el sueldo completo,
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O si el Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en cuotas o con atrasos.
La UTA responsabilizó al Gobierno nacional y a las cámaras empresarias del AMBA, que ya adelantaron que:
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Los salarios de noviembre se pagarán en dos tramos,
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Y el aguinaldo, en seis cuotas.
«El Gobierno será responsable si los trabajadores deben realizar un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que constituyen el sustento de sus familias», advirtió el sindicato en un comunicado.
Diferencias con el interior del país
El Observatorio del IIEP remarcó que, pese a los aumentos, el AMBA continúa teniendo los boletos más bajos del país. En muchas ciudades del interior el costo supera los $1.500 por viaje:
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Bariloche: $1895
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Córdoba: $1720
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Rosario: $1580
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ECONOMIA
Cambios en los subsidios a la luz, el gas y las garrafas: cómo es el nuevo esquema y qué impacto tendrá en las tarifas
A partir de enero de 2026, regirá un nuevo esquema de subsidios energéticos que transformará la asignación de asistencia estatal en las tarifas de luz, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes.
Esta reforma elimina la segmentación previa y planes separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer solo dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidio y quienes pagarán el costo pleno de la energía.
El acceso a la ayuda será más restrictivo, con criterios de ingresos y patrimonio más exigentes, y el objetivo central es reducir el gasto fiscal y transparentar el precio real de los servicios.
El nuevo sistema, presentado a consulta pública, implica la desaparición de los niveles N1, N2 y N3, así como de los regímenes diferenciados que coexistían hasta ahora.
Desde el año que viene, solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales, podrán acceder al subsidio. Además, se mantendrán exclusiones patrimoniales: quedarán fuera dueños de embarcaciones o propiedades adicionales. La Secretaría de Energía habilitó un período de 15 días hábiles para recibir observaciones y abrió la posibilidad de que los beneficiarios actuales actualicen sus datos mediante declaración jurada.
El funcionamiento del nuevo andamiaje de subsidios varía según el tipo de energía. En electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda (invierno y verano), y de 150 kWh en los meses templados.
Para el gas natural por redes, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin bonificación el resto del año, y el bloque subsidiado se ajustará según la región y las necesidades estacionales.
En el caso de las garrafas y el gas propano, la subvención se transferirá de manera directa a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago.
Los beneficiarios del Programa Hogar, que suman alrededor de 3,3 millones de familias, serán migrados automáticamente al nuevo régimen y recibirán el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno.
La transición hacia este nuevo esquema será gradual. En enero de 2026, se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional en ambos servicios, lo que llevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas ese mes. Este plus se reducirá mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026, con el fin de evitar aumentos bruscos en las facturas durante los picos de consumo.
Las facturas reflejarán el costo real de la energía, con precios mayoristas planos y únicos: USD 3,80 el millón de BTU para el gas y USD 75 el megavatio-hora para la electricidad
Además, las facturas comenzarán a reflejar el costo real de la energía, con precios mayoristas planos y únicos: USD 3,80 por millón de BTU para el gas y USD 75 el megavatio-hora para la electricidad.
El proceso de migración será automático para quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), aunque podrán actualizar su información si lo desean. Los usuarios de gas propano por redes o garrafas que aún no estén registrados deberán inscribirse a través del sitio oficial a partir de enero. La revisión de padrones permitió detectar y corregir 2.590.000 casos de beneficiarios que no cumplían los requisitos, incluidos 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en barrios privados que accedían al subsidio de manera ilegítima.
El impacto en las tarifas será significativo. Se estima que los hogares subsidiados cubrirán, en promedio, el 76% del costo de la electricidad y el 79% del gas. El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional.
Quienes superen los límites establecidos abonarán la totalidad del consumo al precio pleno. La asistencia estatal dejará de ser generalizada y se focalizará en los hogares vulnerables, con una actualización dinámica de datos y auditorías permanentes para garantizar el acceso justo al beneficio.
Las zonas frías mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026
Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno apunta a reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, lo que representa USD 3.000 millones, frente al 1,5% registrado en 2023 y al 0,65% previsto para 2025. El rediseño busca transparentar el precio de los servicios, aumentar la proporción del gasto asumido por los usuarios y consolidar la disciplina fiscal. La reducción de subsidios irá acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición.
El esquema contempla consideraciones especiales para las zonas frías del país, que mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026. Además, se prevé la continuidad de auditorías y la actualización permanente de los padrones para evitar distorsiones y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. El oficialismo también aseguró que no se esperan cortes generalizados en el sistema eléctrico durante el verano, aunque persistirán riesgos en áreas con redes deficitarias.
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