El Gobierno flexibilizó las restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior. La disposición tiene como objetivo principal facilitar ciertas operaciones financieras, aportando un marco de mayor flexibilidad en contextos de reinversión de títulos públicos argentinos.

A través de la Resolución General 1093, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estipuló que la nueva excepción permite a los no residentes superar el tope diario de $200 millones al transferir al exterior títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, en la medida en que estos hayan sido adquiridos como resultado de la reinversión de los servicios de otros títulos públicos, pagaderos en pesos, cuyas fechas de amortización sean de al menos 180 días a partir de su emisión y que hayan sido suscriptos en colocaciones o licitaciones primarias.

Este cambio se estructura como un mecanismo destinado a fortalecer la confianza de los actores extranjeros y a brindar estabilidad a los movimientos de capital, en línea con la estrategia del organismo para proteger el funcionamiento del mercado de capitales argentino.

“Continuamos quitando restricciones, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión”, comentó Roberto Silva, el titular de la CNV. Y sumó: “Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo, impulsar la normalización del mercado de capitales, hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”.

El organismo de control había fijado anteriormente límites diarios para las transferencias de valores al exterior, buscando ordenar la operatoria y evitar presiones desestabilizadoras en el sistema financiero. El tope vigente establecía que cada operador podía transferir hasta $200 millones por día en títulos a entidades depositarias internacionales, tanto para residentes como para no residentes. Ante los recientes desafíos de liquidez y volatilidad en el mercado local, la CNV detectó la necesidad de implementar una excepción puntual y focalizada que permitiera distinguir transacciones genuinas de reinversión de otras operaciones, con el propósito de promover la reinversión de fondos en instrumentos públicos emitidos por el Estado nacional.

“La CNV sigue utilizando el conjunto de normativas que conforman el esquema de control de cambios local, conocido como cepo, para generar incentivos que faciliten el financiamiento del Tesoro en pesos. Aplica a la demanda de no residentes y al BONTE que ya se emitió en junio, buscando que reinviertan los servicios”, sintetizó Gabriel Caamaño, director de Outlier.

En concreto, esto implica que un inversor extranjero que cobre intereses o amortizaciones en pesos de bonos públicos nacionales y que decida reinvertir esos fondos en nuevos bonos emitidos por el Tesoro podrá transferirlos al exterior sin el límite diario, hasta el monto efectivamente reinvertido. Para lograrlo, será indispensable acreditar el origen de los fondos y demostrar, de acuerdo con la documentación exigida por la CNV, la trazabilidad de la operación desde la percepción de los pagos iniciales hasta la suscripción de los nuevos valores negociables.

La medida supone un cambio relevante para los actores internacionales, quienes en muchas oportunidades manifestaron la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos ágiles para la toma de decisiones de inversión en mercados emergentes como el argentino. La CNV expone que “la excepción al límite diario no aplicará a otras operaciones que no cumplan con los requisitos de reinversión previstos por la resolución”, delimitando el universo de beneficiarios únicamente a inversiones canalizadas a través de este circuito de reinversión y adquisición en licitaciones primarias de instrumentos públicos.

Según los considerandos expuestos por la CNV, la decisión de flexibilizar el tope diario para estos casos obedece a la búsqueda de mejores condiciones para la reinversión de los flujos generados por servicios de títulos públicos nacionales, reconociendo el papel de los inversores no residentes en el desarrollo del mercado de capitales local. El organismo sostiene que esta herramienta apunta a fortalecer la posición argentina ante fondos internacionales y administradores de portafolios, otorgando una posibilidad concreta de reinvertir utilidades dentro del país sin la restricción habitual del límite diario, para después canalizar los fondos nuevamente al exterior si lo consideran necesario.

Esta dispensa operativa contribuye, por un lado, a estimular el flujo de capitales hacia el financiamiento del Tesoro Nacional, lo que podría repercutir en la demanda de títulos públicos en futuras licitaciones. Por otro, también satisface condiciones de competitividad que exigen los inversores internacionales para elegir mercados emergentes en escenarios globales de búsqueda de rendimiento y diversificación.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un mecanismo que promete transformar la forma en que los conductores gestionan sus multas de tránsito. Se trata de un sistema de audiencias virtuales que permite realizar descargos por videollamada, sin necesidad de acudir a una sede física.

La herramienta apunta a simplificar trámites, reducir tiempos de espera y brindar una vía más accesible para quienes enfrentan sanciones económicas elevadas.

Desde su implementación, el servicio resolvió más de 5.000 consultas en poco más de un mes, lo que evidencia una demanda creciente y la necesidad de opciones que eviten la presencialidad. Las multas más graves, especialmente las vinculadas a excesos de velocidad, pueden superar los $3.194.040, motivo por el cual la posibilidad de presentar pruebas y argumentar un descargo de forma remota representa un alivio para miles de conductores.

Una modalidad pensada para ahorrar tiempo y evitar traslados

El sistema busca agilizar procedimientos que históricamente exigían largas esperas y trámites engorrosos. La audiencia se realiza por videollamada y queda registrada en video, garantizando el derecho de defensa y la transparencia del proceso.

Además, se puede realizar desde cualquier celular, tablet o computadora, lo que permite resolver la situación desde el hogar, el trabajo o incluso durante un viaje.

El propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el objetivo del programa: «Menos burocracia significa más libertad«. Con esta premisa, la Ciudad avanza en un proceso de digitalización que también incluye la futura incorporación de un asistente de inteligencia artificial para facilitar aún más la gestión de infracciones.

Cómo solicitar una audiencia virtual: el proceso paso a paso

La modalidad propone un circuito sencillo dividido en tres pasos:

• Pedir turno: el vecino debe escribir «multas» o «infracciones» al WhatsApp de BOTI (11-5050-0147). Desde allí, el sistema guía al usuario para obtener una cita.
• Conexión: una vez asignada la audiencia, se envía por correo electrónico un enlace único y personal. El acceso puede hacerse desde cualquier dispositivo con cámara.
• Realización del descargo: la audiencia dura hasta 20 minutos y permite presentar documentación, fotos, videos o cualquier elemento que respalde el descargo.

Este procedimiento elimina la necesidad de trasladarse a una oficina de faltas, lo que implica un beneficio directo para quienes cuentan con agendas ajustadas o viven lejos de los centros administrativos.

Ventajas, advertencias y cuándo conviene usar esta modalidad virtual

Una de las principales ventajas del sistema es la posibilidad de reducir o incluso anular sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias. Infracciones como cruzar un semáforo en rojo o circular a más de 140 km/h tienen multas que llegan a los $3.194.040, por lo que contar con un espacio para argumentar errores o situaciones excepcionales puede resultar determinante.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia porteño advierte una condición importante: quienes optan por la audiencia virtual pierden automáticamente el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. Por este motivo, se recomienda utilizar este canal únicamente cuando el conductor tenga pruebas sólidas para respaldar su descargo.

Aunque esta restricción puede desalentar su uso en casos menores, el sistema se vuelve indispensable para quienes consideran que la infracción fue aplicada erróneamente o necesitan explicaciones adicionales frente a multas de alto valor.

Las multas de tránsito, más caras: qué infracciones ya cuestan más de 1 millón de pesos

El régimen de penalizaciones de tránsito en la Ciudad se calcula a partir de las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza cada seis meses en función del precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).

Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF tiene un valor de $798,51. De esta manera, el monto final de cada multa surge de multiplicar la cantidad de UF correspondientes a la infracción por este valor vigente.

A partir de este mes, manejar a más de 140 km/h dentro de CABA es la conducta que activa la sanción más alta, con montos que van desde $319.404 hasta $3.194.040, según el valor vigente de las Unidades Fijas (UF). Con esta penalización, se busca desalentar conductas de alto riesgo y proteger la seguridad vial.

En materia de alcoholemia, las sanciones económicas figuran entre las más severas y las más caras. Además de la retención del vehículo y la posible suspensión de la licencia de conducir, quienes registren entre 0,5 g/l y 0,99 g/l enfrentan multas que van de $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF). Para los conductores que superen 1 g/l de alcohol en sangre, la penalización puede escalar hasta $1.597.020 (2.000 UF).

Cruzar la barrera baja es otra de las infracciones cuya multa puede superar el millón de pesos. En este caso, la penalización es de 400 a 2.000 UF, es decir de $319.404 a $1.597.020.

Una por una, el valor de las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

A continuación, el ranking de las multas más caras en la Ciudad de Buenos Aires:

• Superar los 140 km/h (400 a 4.000 UF): $319.404 a $3.194.040
• Conducir con más de la cantidad de alcohol permitida (150 a 2.000 UF):$119.776,5 a $1.597.020
• Cruzar una barrera baja (400 a 2.000 UF): $319.404 a $1.597.020
• Violar un semáforo (300 a 1.500 UF): $239.553 a $1.197.765
• Tapar la patente (1.000 UF): $798.510
• Estacionar en lugares reservados para discapacitados (300 UF): $239.553
• Prestar el vehículo a un menor (200 UF): $159.702
• Enviar mensajes de texto (200 UF): $159.702
• Intentar evadir el pago en peajes de AUSA (150 UF): $119.776,50
• No cumplir con el grabado de autopartes (150 UF): $119.776,50
• Uso del celular al volante (100 UF): $79.851
• No usar cinturón de seguridad (100 UF): $79.851
• Circular sin la VTV vigente (100 UF): $79.851
• Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas (70 UF): $55.895,70
• No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70
• Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que en octubre activó USD 2.500 millones del swap por USD 20.000 millones que acordó el gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump. La operación se realizó contra pesos que salieron de las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la volatilidad preelectoral como telón de fondo.

“El Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés) también cuenta con un acuerdo de estabilización cambiaria (ESA) con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 20.000 millones de dólares. En virtud de este acuerdo, en octubre de 2025 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actuando a través del ESF, y el BCRA llevaron a cabo una operación de swap mediante la cual el BCRA intercambió pesos por 2.500 millones de dólares”, reza el informe del Estado Financiero Mensual del ESF correspondiente al décimo mes del año.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, había confirmado a mediados de noviembre en una entrevista concedida a la cadena MSNBC que el Gobierno argentino realizó un desembolso correspondiente a un tramo del swap de divisas con Estados Unidos, lo que generó beneficios para ese país.

El funcionario explicó que “se utilizó una pequeña cantidad” de la línea de crédito de USD 20.000 millones habilitada por Estados Unidos para la Argentina, y sostuvo: “Obtuvimos ganancias con ello”. Bessent detalló que el Tesoro estadounidense empleó su hoja de balance “para estabilizar a la Argentina” antes de los comicios legislativos.

“El Tesoro de los Estados Unidos informa que dentro del acuerdo de estabilización cambiaria firmado con el BCRA por USD 20.000 millones, en octubre activó el swap por USD 2.500 millones. El BCRA sigue sin informar sobre esta operación mostrando una falta de transparencia total», apuntó el analista financiero Christian Buteler.

Hasta el mes pasado, la consultora 1816 había identificado que los swaps documentados por el Banco Central correspondían únicamente al acuerdo vigente con China, por un total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 18.291 millones. El posterior aumento de USD 2.500 millones en la línea de intercambio de monedas, sin precisiones oficiales sobre las condiciones más allá de un plazo de vencimiento mensual, había sido interpretado como una señal clara de la activación de un tramo del swap con Estados Unidos. Todavía no se difundieron datos oficiales sobre eventuales renovaciones de este acuerdo.

El seguimiento de las operaciones oficiales permite delinear la cronología de los hechos: entre el 9 y el 25 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos compró pesos argentinos por cerca de USD 2.000 millones, con la finalidad de moderar las tensiones en el mercado de cambios y mejorar la posición financiera del gobierno de Milei antes de las elecciones de medio término. Esta intervención concluyó con un triunfo oficialista a nivel nacional.

Inicialmente, los fondos en pesos se mantuvieron fuera de circulación, depositados en el BCRA. Según los balances semanales del organismo, esos recursos fueron posteriormente invertidos en Letras del BCRA hasta el 29 de octubre. Tras esa fecha, el stock dejó de aparecer en ese instrumento, lo que llevó a 1816 a interpretar que Estados Unidos terminó su exposición al peso argentino y, en lugar de repatriar esos fondos, procedió a activar el swap. Así, la deuda del BCRA con el Tesoro estadounidense pasó de estar denominada en pesos a estar nominado en dólares.

La misma firma de análisis macroeconómico advirtió que la activación del intercambio de monedas con el Tesoro norteamericano impactó de lleno en las reservas internacionales de la autoridad monetaria argentina. “Como el BCRA pasó a tener un nuevo pasivo por USD 2.500 millones y además crecieron los pases en moneda extranjera otros USD 1.000 millones, las reservas netas caen un total de USD 3.500 millones”, remarcaron.

Esa caída de las tenencias netas de divisas complica las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la acumulación de reservas. Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) subrayó que “al 18 de noviembre, el BCRA debía sumar US$9.430 millones para llegar al objetivo de fin de año y US$13.630 millones para cumplir el de mitad de año; pero hay un punto crítico: esas metas se establecieron antes de la confirmación de la activación del swap con el Tesoro estadounidense. Al descontar esos US$2.510 millones, el objetivo más inmediato se desplaza a US$11.940 millones, tornando el cumplimiento todavía más improbable”.

“Sin señales de nuevas compras del sector público después de los menos de US$50 millones adquiridos el martes pasado, la probabilidad de requerir un nuevo waiver se incrementa cada vez más. Si bien esto no implica una diferencia insalvable en el corto plazo, sigue poniendo blanco sobre negro la tensión existente entre acumular reservas y que el dólar se mantenga alejado del techo de la banda”, apuntó el reporte.

Por otra parte, el Tesoro de EE.UU. ya había informado oficialmente que, a mediados de octubre, transfirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) por un total de USD 872 millones a la Argentina. Estos fondos se utilizaron a comienzos de noviembre para afrontar el último pago anual ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la continuidad de la asistencia financiera hacia el gobierno de Javier Milei ante la persistente escasez de reservas internacionales.

La operación fue consignada en la sección dedicada a las transacciones de DEGs del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y se encuentra reflejada en la página oficial del FMI. Durante octubre, las tenencias de DEGs de la Argentina mostraron un incremento de 640,8 millones, al pasar de 29,6 millones a 670,4 millones, cifra que coincide con la reducción equivalente observada en las reservas de Estados Unidos: de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones en el mismo periodo.

El registro de estas variaciones indica la existencia de una transferencia directa de DEGs entre ambos países. La web del Tesoro estadounidense identificó una “venta” de estos activos a la Argentina por un monto de USD 872 millones. Los Derechos Especiales de Giro constituyen un activo de reserva internacional, creado para complementar los activos oficiales de los miembros del FMI, y su cotización se basa en una canasta que integra el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.