El Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida de USD 575 millones, aunque la cifra depende del nivel de acatamiento. La protesta, impulsada en rechazo a la reforma laboral, coincide con la persistente incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún falta el dictamen de comisión para tratar el proyecto.

Según fuentes oficiales de Economía consultadas por Infobae, el impacto estimado responde a proyecciones sectoriales que consideran la adhesión variable de cada rubro, en un contexto atravesado por la presión sindical y el reciente cierre de la fábrica FATE. Una fuente del Ministerio precisó que el cálculo “da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad”. Así, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente menor respecto de huelgas anteriores con mayor participación.

La información se difundió tras la confirmación del paro nacional por parte de la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE y lo presentó como muestra de la crisis industrial. La central obrera sostuvo que la decisión empresarial constituye una señal de alerta para el sector manufacturero y atribuyó la situación al “fracaso del plan económico del Gobierno”. El objetivo de la medida es expresar el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno, que, según la CGT, pone en riesgo derechos laborales y podría agravar la pérdida de empleo. En su comunicado, la central sindical describió la clausura de FATE como un llamado de atención para el sector productivo y respaldó el paro como respuesta ante el “fracaso del plan económico del Gobierno”.

La CGT vinculó la convocatoria con el cierre de FATE y la situación de la industria, argumentando que el evento refleja las dificultades que enfrenta el sector productivo ante el contexto económico y los cambios en la legislación laboral. Representantes sindicales definieron el paro nacional como una herramienta legítima para la defensa del empleo y las condiciones laborales.

Las huelgas generales previas convocadas por la CGT y otras organizaciones sindicales generaron pérdidas de hasta USD 544 millones, cifra registrada durante la medida del 9 de mayo de 2024, según datos del Instituto de Economía de la UADE. En esta ocasión, se anticipa un menor nivel de acatamiento y el Gobierno presiona por la no adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la amenaza de quitarle la personería jurídica al encontrarse en conciliación obligatoria.

En 2025, el paro del 10 de abril sirvió como antecedente para analizar estas variaciones. En esa oportunidad, el funcionamiento habitual de los colectivos amortiguó la caída de la actividad, con un costo económico de USD 194 millones, equivalente al 6,4% del PBI diario. No obstante, los modelos técnicos advirtieron que, sin transporte, esa jornada habría costado USD 539 millones, casi el triple, lo que subrayó la importancia de la movilidad para el comercio y la industria.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó la dinámica estructural de estas protestas. El economista indicó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincide con el impacto de otros paros masivos, como el del 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total generó una pérdida de USD 544 millones, alcanzando el 24,3% del PBI de ese día.

El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, destacaron que está vigente la conciliación obligatoria y que, por lo tanto, no deberían adherir porque, de lo contrario, corren el riesgo de que se les quite la personería jurídica (representación sindical). Mientras que en el sindicato que conduce Roberto Fernández guardan silencio.

El escenario actual se diferencia de protestas anteriores por el menor nivel de adhesión previsto, la coyuntura industrial y el clima político. La CGT reiteró que el cierre de FATE es un mensaje de advertencia para el empleo y la producción, mientras que el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

Según la estadística oficial del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), el salario bruto de los trabajadores de la industria del neumático asciende a los $2.189.000 mensuales.

Se trata de un salario intermedio en el ránking de lo que las empresas pagan a sus empleados, y es por eso que el sindicato del neumático -SUTNA- empujaba un aumento salarial por encima de la inflación.

En el último año no hubo acuerdo entre las partes. Hasta fin de 2025 se habían realizado 40 audiencias en la secretaría de Trabajo. Todas fallidas.

A diferencia de Bridgestone y Pirelli, que ofrecieron incrementos salariales del 23,8%, Fate habló de una «imposibilidad objetiva de acompañar las propuestas» de las otras dos compañías.

El ranking de los gremios, según su sueldo: cuánto cobra cada uno

En un contexto económico desafiante, la dinámica del mercado laboral argentino muestra disparidades profundas en los niveles salariales.

A noviembre de 2025 (último dato disponible), un total 6,18 millones de trabajadores eran asalariados formales en empresas privadas (excluyendo el empleo en casas particulares). Ese mes hubo una disminución de 13.100 puestos (-0,2%) respecto del mes anterior.

Desde que asumió Javier Milei, hubo una pérdida de 192.300 puestos formales en el sector privado. La mitad de ese total se dio desde mayo hasta noviembre ùltimo.

Según un reciente informe de la consultora Eco Go, basado en datos oficiales, la brecha entre los salarios más altos y los más bajos del sector registrado supera los 4,9 millones de pesos mensuales.

El análisis, que contempla el empleo y los salarios registrados hasta finales de 2025, revela que la «Explotación de minas y canteras» se consolida como la actividad con las remuneraciones más elevadas del país, alcanzando un salario bruto promedio de $5,9 millones.

A pesar de ser un sector estratégico por su capacidad de generación de divisas, emplea a una dotación relativamente pequeña de 87.000 personas.

En el podio de los mejores salarios le sigue el sector de la «Pesca», con un salario bruto promedio de $4,0 millones para sus 14.000 empleados registrados.

La «intermediación financiera» se ubica en el tercer puesto del ranking ,con sueldos de $3,7 millones y una fuerza laboral de 149.000 personas. Por su parte, el sector de las empresas de servicios públicos -«Electricidad, gas y agua»- registran un salario promedio de $3,5 millones para un universo de 76.000 trabajadores.

En concreto, el podio de los gremios con mejores sueldos quedaría de la siguiente manera:

1. Explotación de minas y canteras: $5,9 millones
2. Pesca: $4 millones
3. Intermediación financiera: $3,7 millones

Los empleados del neumático, en tanto, cobran en torno a $2,1 millones, un salario intermedio si se consideran los gremios que más ganan con otros cuyos ingresos están muy por debajo.

Empleados públicos y empleados de comercio: los mayores empleadores

Si se analiza el mercado por cantidad de ocupados, el sector público provincial es el principal empleador del país, con 2,3 millones de empleados. En este segmento, el salario bruto promedio se ubica en los $1,5 millones, una cifra que lo sitúa en la mitad de la tabla salarial general.

Dentro del sector privado, el Comercio lidera la generación de puestos de trabajo con 1,2 millón de ocupados y un sueldo promedio de $1,5 millones.

Le sigue muy de cerca la Industria, que emplea a 1.136.000 personas, con una remuneración bruta media de $2,1 millones, siempre según los registros oficiales.

Otros sectores con un peso significativo en la cantidad de mano de obra son:

• Actividades empresariales: 880.000 empleados ($1,8 millones de salario bruto).
• Transporte y comunicación (incluye a rubros como logística, choferes de colectivos y a las telefónicas): 513.000 empleados ($2,2 millones).
• Enseñanza: 429.000 empleados ($1,0 millón).
• Construcción: 383.000 empleados ($1,4 millones).
• Servicios sociales y de salud: 330.000 empleados ($1,7 millones).

Qué trabajadores cobran el sueldo más bajo del país

En el extremo opuesto de la escala salarial, se encuentran sectores fundamentales para la economía diaria pero con niveles de ingresos rezagados.

Los salarios más bajos se registran en «Hoteles y restaurantes» y en el ya mencionado sector de la «Enseñanza», ambos con un promedio bruto de un millón de pesos mensuales. En el caso de la hotelería y gastronomía, el sector da trabajo a 276.000 personas.

Por su parte, la «Agricultura y Ganadería», un motor clave de la economía nacional, registra 311.000 empleados con un salario bruto promedio de $1,1 millón.

El salario bruto en el Estado nacional

El informe de Eco Go también detalla la situación en el «sector público nacional», que cuenta con una plantilla de 371.000 trabajadores. En este caso, el salario bruto promedio asciende a $2,0 millones, situándose por encima del promedio provincial y de varios sectores de servicios.

Finalmente, los «Servicios personales» -que comprende una amplia gama de servicios que pueden incluir educación, salud y esparcimiento- registran 363.000 ocupados, con una remuneración de $1,7 millones.

Estas cifras reflejan la heterogeneidad de un mercado laboral donde conviven sectores de alta productividad y salarios competitivos con actividades masivas que luchan por no perder terreno frente a la inflación.

La empresa de neumáticos Fate aseguró que acató la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó que la planta cerró y que no volverá a abrir sus persianas. Y agregó que pagará las indemnizaciones en cuatro días, aunque había programado hacerlo este miércoles tras el cierre. En paralelo, en el Ministerio de Trabajo sostienen que la conciliación «anula los despidos» por 15 o 20 día, según se prorrogue o no, y obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto, aunque no impone la reincorporación efectiva.

El choque es frontal y el clima enrarecido se puede tocar con la mano en las dos veredas, según pudo comprobar iProfesional. Fuentes de la empresa repiten que Fate «acató la conciliación obligatoria», que «hay cuatro días para pagar las indemnizaciones -que iban a abonarse este miércoles- pero que con la conciliación quedaron en un compás de espera».

La frase es tajante: «La empresa cerró, no va a abrir. Perdón porque damos precisiones y la realidad suma imprecisiones». Se interpretó esa frase como un estado de confusión de la empresa frente a la medida de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que al igual que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la conciliación obligatoria, que a todas luces interpela a la empresa.

Del otro lado, los voceros de Capital Humano señalaron a iProfesional que «la conciliación obligatoria anula los despidos, aunque no los tiene que volver a tomar: anula los despidos por 15 o 20 días, según si se extiende el plazo. Y el gremio está obligado a abandonar todas las medidas de acción directa en la fábrica».

Es decir: pausa forzada, negociación obligatoria y suspensión del conflicto. Pero no necesariamente reapertura, algo que Fate insiste en que no ocurrirá.

Fate cerró y no abrirá, pese a la conciliación obligatoria

La medida, admiten en despachos oficiales, fue también una devolución de gentilezas. En la Casa Rosada el malestar con Javier Madanes Quintanilla es inocultable y desde hace bastante tiempo. Lo colocan en un pie de igualdad con Paolo Rocca, el dueño de Techint, a quien Javier Milei apodó con ironía «Don Chatarrín de los tubos caros» tras perder la licitación del gasoducto Vaca Muerta–Río Negro frente a la india Welspum.

«Madanes pasó a ser un adversario político de Javier Milei. Hoy le dedicó muchos retuits», deslizan en Balcarce 50. Y agregan: «Está en el mismo plano que Rocca».

Milei, fiel a su estilo, retuiteó en X a varios usuarios, en especial al libertario Felipe Núñez, quien comentó un video en el que Madanes criticaba la política industrial del Gobierno y advertía que la producción había caído más del 50%, que se habían sobrestockeado por temor a una crisis y que la situación era asfixiante para la industria y las PyMEs.

La respuesta fue fulminante. Núñez escribió: «Traduzco a Madanes: nos sobrestockeamos pensando que la economía se iba al demonio, pero como eso no pasó, ahora hay que reclamar y atacar porque así no se puede. Es decir, según este empresario, la culpa fue nuestra por haber evitado una crisis que él y muchos otros pensaron inevitable».

Y fue más allá: recordó que «durante años vendió aluminio en el mercado interno a precios muy superiores a los internacionales -aún hoy un 40% más caros- y que hasta 2024 pinchar una goma era un problema para la mayoría de los argentinos» porque reponerla costaba cuatro veces más que en países vecinos.

La ofensiva digital dejó en claro que el conflicto ya no es solo laboral, sino ideológico.

El cierre y la tensión en planta

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por al menos quince días tras el anuncio sorpresivo del cierre y el despido de 920 empleados. Ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto, lo que deja sin efecto los despidos durante ese plazo.

Los trabajadores ocuparon la planta de San Fernando en forma pacífica. «La única forma de solucionar esto es que la empresa vuelva a producir», dijo uno de los delegados desde detrás del alambrado. Anunciaron estado de alerta y movilización, aunque la Policía bonaerense se retiró del perímetro. Sin embargo, en la empresa fuentes cercanas a Madanes Quintanilla aseguraron que la empresa no reabrirá.

La Secretaría de Trabajo dispuso que ambas partes se abstengan de medidas que alteren las relaciones laborales mientras duren las negociaciones. Recordó además que el conflicto arrastra antecedentes: en junio de 2024 la empresa abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis que concluyó sin acuerdo en agosto.

En mayo de 2025 hubo un entendimiento por conceptos no remunerativos y reorganización de turnos, homologado oficialmente. En octubre pidió prórroga por agravamiento económico, pero no hubo nuevo acuerdo. Capital Humano promete seguir mediando «en resguardo del empleo».

Kicillof también intervino con conciliación obligatoria

Tan diferentes en el discurso ideológico, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof dictó en espejo de Milei su propia conciliación obligatoria por 15 días, dejando sin efecto los 920 despidos. A través del Ministerio de Trabajo provincial, intimó al gremio a cesar las medidas de fuerza y a la empresa a cumplir sus obligaciones laborales, «retrotrayendo el estado de situación al inicio del conflicto», con el argumento de preservar la paz social.

La doble conciliación -nacional y provincial- expone la dimensión política del caso. La Nación interviene en medio del cruce con Madanes. La Provincia se mete en defensa del empleo en territorio bonaerense.

Javier Madanes Quintanilla, el empresario en la mira

Javier Madanes Quintanilla, 72 años, ingeniero de la UCA formado en el Liceo Francés, heredero de una saga industrial que comenzó en los años 40 con Leiser Madanes y que supo tener vínculos estrechos con el poder -desde Raúl Alfonsín hasta la elite cultural que frecuentaba la casa familiar en Martínez- es hoy uno de los hombres más ricos del país. Según Forbes, su fortuna rondaba los u$s1.500 millones en 2024.

Controla Fate Aluar y la hidroeléctrica Futaleufú. Un «capitán de industria» para algunos, como lo llamaba Alfonsín. Un empresario prebendario que «caza en el zoológico» para sus críticos más libertarios y un nuevo blanco político para Milei.

El cierre de Fate no es solo un conflicto laboral. Es el punto de ebullición de una tensión más profunda entre el Gobierno libertario y parte del establishment industrial aunque el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, mantiene buenos vínculos con la Casa Rosada y emitió un comunicado donde «lamentó» el cierre de Fate, marcando una incómoda equidistancia de ambos sectores en pugna. La conciliación obligatoria impone una tregua formal, pero en los hechos, la guerra ya empezó.