ECONOMIA
El gran temor del mercado: que el plan de acumular dólares vendiendo bonos salga demasiado caro
El hecho de que el equipo económico en pleno -incluyendo al ministro Luis Toto Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili-, le hayan dedicado una hora a explicar las nuevas medidas financieras por el canal de streaming oficialista «Carajo», y que la charla haya enfatizado en que sí se aumentarán las reservas, da la pauta de la preocupación del gobierno por recuperar la confianza del mercado.
No por casualidad, los funcionarios festejaron el hecho de que los mercados hayan mostrado una recuperación en bonos y acciones de empresas argentinas después de varios días en rojo. Desde la óptica oficial, hay sólo una interpretación posible: a los inversores les gustaron las nuevas medidas, recuperaron la confianza en la sostenibilidad del programa económico y están dispuestos a seguir apostando a activos argentinos.
Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, no todos hicieron la misma interpretación. Entre los economistas críticos, el paquete de medidas fue considerado lisa y llanamente como una «marcha atrás», con medidas que contradicen posturas que el gobierno defendía hasta hace un mes.
Y la conclusión que muchos sostienen es que este viraje muestra, en realidad, la debilidad del gobierno, que ante la imposibilidad de acumular reservas por la llegada de inversiones en la economía real tiene que recurrir a emitir deuda con el atractivo del viejo carry trade.
La primera crítica, como era de esperar, es que la nueva estrategia implica un aumento del endeudamiento. Actualmente, el volumen de los bonos en pesos que están en manos de extranjeros equivalen a u$s1.700 millones. La cifra es pequeña si se la compara con el pico de u$s25.000 millones registrado en 2017, durante la gestión macrista, pero lo cierto es que se prevé un crecimiento acelerado. De hecho, si el gobierno cumpliera su objetivo de colocar u$s1.000 millones por mes, llegaría a u$s8.700 millones sobre fin de año.
Y los más escépticos señalan que, aun así, no resultará fácil incrementar las reservas, dado que el mes próximo el calendario financiero marca vencimientos por u$s4.800 millones.
El parking y otras contradicciones
Uno de los puntos más atacados fue la eliminación del «parking» obligatorio de seis meses para los inversores extranjeros que querían entrar al mercado local.
«Es una muy mala señal», criticó el economista y diputado Martín Tetaz, quien afirmó que este tipo de medidas prudenciales son una práctica estándar en el mundo. «Huele a desesperación por un flujo de dólares que permita sostener el déficit de la cuenta corriente, sin ajuste del tipo de cambio. 100% populismo, 100% electoral», sostuvo Tetaz.
El propio secretario de Finanzas, Pablo Quirno, le contestó en las redes sociales, afirmando que, en realidad, ese estacionamiento por un plazo determinado ya dejó de ser una práctica común en los mercados.
«Ya no se usan esas medidas. Son prácticamente un mini cepo que ahuyenta inversores globales. La manera que no sean un problema macro es tener una macro ordenada como la que tenemos», sostuvo el funcionario.
Pero su argumento -el mismo que planteó el presidente del BCRA- no terminó de aclarar por qué sí se consideró que el «parking» era necesario dos meses atrás.
No fue la única contradicción que marcaron los economistas. Por ejemplo, Amílcar Collante ironizó respecto de cómo se había «tachado» algunas de las frases más contundentes de las últimas semanas, como «El Tesoro no va a comprar dentro de la banda» y «El tipo de cambio va a ir al piso de la banda».
Otros vieron como una contradicción la emisión del Bopreal -un bono destinado a quienes tienen pendientes deudas por comercio exterior o remisiones de dividendos al exterior-, con la cual se absorbería liquidez por unos $3 billones.
Sobre este punto, Roberto Cachanosky señaló que ese afán por absorber pesos se contradice que la afirmación de Caputo sobre que con la actual oferta monetaria en pesos la economía no puede crecer al 6% anual y que por eso se fomenta el uso de dólares de los ahorristas. «Todo parece indicar que están desesperados por los dólares que la gente tiene bajo el colchón», afirma.
Pero no todos ven que esa emisión del Bopreal tenga realmente un efecto contractivo tan importante. El reporte de la consultora Outlier argumenta que, en realidad, esos inversores y empresarios que habían quedado «atrapados» en pesos estaban posicionados en bonos del Tesoro para hacer tasa, a la espera de una salida en dólares. De manera que, a los efectos prácticos, «se cambiaría una deuda de corto plazo en pesos en cabeza del Tesoro por una deuda de mayor plazo en dólares en cabeza del BCRA».
¿Todo acorde a lo planeado?
Pero, ante las críticas, el gobierno sostiene que «todo sigue acorde a lo planeado». Es decir, que el programa no solamente está funcionando bien sino que, además, no es cierto que las medidas recién anunciadas contradigan lo que los propios funcionarios habían sostenido hace pocas semanas.
El argumento de Caputo es que, en realidad, nunca se había dicho que el dólar tenía que caer al piso de la banda, sino que el gobierno no iba a intervenir para no alterar el esquema de flotación. Y hasta dio a entender que tomó nota de las quejas sobre el atraso cambiario, al mencionar los problemas de competitividad de economías regionales si el tipo de cambio cayera bruscamente.
De hecho, justificó que la emisión del Bonte dirigido a los inversores externos tuvo la intención de evitar que ocurriera una venta masiva de dólares en el mercado de divisas, lo cual habría desplomado la cotización.
Y también negó que el gobierno haya prometido no comprar dólares dentro de la banda, sino que esa prohibición iba a regir solamente para el Banco Central pero no para el Tesoro.
Quien argumentó ese punto fue Federico Furiase, el ideólogo del «plan de las tres anclas», quien sostiene que si el que compra es el BCRA, entonces se volcarían al mercado pesos que no necesariamente responden a un aumento genuino en la demanda de dinero.
En cambio, si el Tesoro compra dólares a cambio de títulos públicos y con una «duration» mayor a un año, se cumplirá el objetivo de acumular reservas sin que eso implique emitir pesos. Y destacó que el punto central de ese plan es la disponibilidad de pesos por el superávit fiscal. «El fortalecimiento de reservas líquidas en dólares para aumentar el respaldo de los pesos YA emitidos es el RESULTADO del programa macro», escribió Furiase.
Además, dijo que este mecanismo dará mayor credibilidad al sistema de flotación entre bandas. Su argumento es que si fuera el BCRA el que compra, entonces el precio de esa compra sería considerado un piso informal dentro de la banda, algo que no ocurrirá si interviene el Tesoro.
Lo cierto es que los analistas han puesto en duda ese punto. De hecho, muchos defienden la tesis opuesta: que una compra de dólares por parte del Tesoro también implicaría mandar una señal que los inversores interpretarían como un nuevo mínimo en la cotización.
¿Cuál será el costo real?
Pero el mayor tema de controversia es el del costo oculto que puede tener el viraje en el programa económico. La estrategia de los nuevos bonos para acumular reservas implicará que los inversores entreguen dólares a cambio de un título que se pagará en pesos. Esto implicará que la tasa de interés debe compensar por la devaluación esperada más la tasa de riesgo país.
Teniendo en cuenta que el Treasury bond estadounidense a cinco años rinde un 4% y el riesgo país argentino se ubica en torno a 690 puntos, el premio esperado por los inversores no puede ser menor a un 12% real –es decir, medido en dólares-.
Antes que se emitiera el Bonte dirigido a los inversores extranjeros, la expectativa del mercado era que la tasa se ubicaría en 25%, pero terminó siendo considerablemente más alta: un 29,5%. Los propios funcionarios admitieron que esa tasa -que implicaba una expectativa devaluatoria del 19% anual- está suponiendo que los inversores piden una cobertura alta para los fundamentos actuales de la economía. Pero reconocen que está en línea con el tipo de cambio histórico del período 1997-2025.
Cuando el bono empezó a cotizar en el mercado secundario, sin embargo, hubo una caída de la tasa -es decir, subió el precio del título- de manera que ahora el rendimiento es de 25%. Para algunos analistas, la diferencia respecto de la tasa que se pagó en la emisión primaria es la mayor percepción de riesgo por parte de los inversores extranjeros en comparación con los del mercado local.
Esto también podría explicar por qué en el gobierno se optó por eliminar el «parking» obligatorio de seis meses.
En todo caso, las señales del mercado parecerían indicar que para comprar dólares, el Tesoro tendrá que ofrecer una tasa parecida a la que hoy cotiza el Bonte -25%-, lo cual traerá inevitablemente la polémica respecto de si la nueva estrategia resultará muy cara en comparación a la compra directa en el mercado de divisas.
Como ya están señalando los más escépticos, el riesgo mayor es que el mantenimiento de la «no emisión» actual esconda la posibilidad de una mayor emisión -o más presión impositiva- por el pago de intereses en el mediano plazo.
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ECONOMIA
Superávit fiscal: para cumplir con el FMI, en el último trimestre el gobierno deberá profundizar el recorte del gasto
El Gobierno nacional enfrenta un desafío clave en el cierre del año. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para alcanzar el objetivo de superávit primario del 1,6% del PBI acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será necesario profundizar el ajuste del gasto público, especialmente en los rubros que no están atados a la inflación.
De acuerdo con el trabajo elaborado por el economista Nadin Argañaraz, la administración de Javier Milei deberá acelerar la reducción del gasto no indexado —que incluye salarios, subsidios a la energía y al transporte, transferencias a provincias e inversión real directa—, llevándolo de una baja del 10% real interanual en los primeros nueve meses del año a una caída del 16% en el último trimestre.
“El gasto no indexado debe bajar todo lo necesario, con tal de cumplir con el objetivo de superávit primario”, señaló Argañaraz en el informe. El especialista recordó que el compromiso de un resultado fiscal positivo del 1,6% del PBI fue incorporado en el último staff report del FMI y que constituye “el pilar fundamental de la actual administración de gobierno”.
El estudio del IARAF destaca que el año 2025 implica un desafío fiscal importante para el Gobierno, especialmente por la pérdida de recaudación del impuesto PAIS, que había sido una de las principales fuentes de recursos en 2024. De hecho, el objetivo fiscal de este año implica una leve baja respecto al superávit primario del 1,8% del PBI alcanzado el año anterior.
Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos totales del sector público nacional no financiero cayeron 1,4% en términos reales interanuales, con un descenso del 1% en los ingresos tributarios y del 5,8% en los no tributarios. Por su parte, el gasto primario total aumentó 2,1% real interanual, producto de comportamientos muy dispares entre los distintos componentes.
El gasto indexado —que incluye jubilaciones, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH)— aumentó 18,4% real interanual en los primeros nueve meses del año. En cambio, el gasto no indexado bajó 10,3% real interanual, lo que permitió contener parcialmente el avance del gasto total.
Argañaraz explicó que “una buena parte del gasto tiene que verse reducida inclusive en términos reales, es decir, en capacidad de compra”, ya que el ajuste recae principalmente en los componentes no sujetos a actualización automática por inflación.
El informe subraya que en septiembre el superávit primario cayó 35% real interanual, en línea con la trayectoria descendente esperada por el Gobierno. Ese mes, el gasto indexado creció 8% real interanual, mientras que el gasto no indexado se redujo 6%, con lo cual el gasto total se mantuvo en niveles similares a los de septiembre de 2024.
Asimismo, los ingresos tributarios disminuyeron 6,8% real interanual, lo que afectó el resultado fiscal mensual. “Fue el quinto mes del año con caída del superávit”, precisó el IARAF, y agregó que esta tendencia está en sintonía con la reducción del resultado primario del 1,8% al 1,6% del PBI.
De acuerdo con las proyecciones del instituto, si se mantiene la actual dinámica de ingresos, el gasto primario debería bajar un 6% real interanual en el último trimestre para cumplir con la meta fiscal del FMI. En ese escenario, el gasto total de 2025 terminaría con una leve suba real de apenas 0,4% respecto a 2024, en un contexto de crecimiento económico estimado en torno al 4%.
El gasto indexado continuaría moviéndose de manera automática, con una variación real interanual del 2,9% en el último trimestre y un incremento acumulado del 13,9% en todo 2025. En cambio, el gasto no indexado debería profundizar su caída, pasando del 10% al 16% real interanual entre septiembre y diciembre.
“De esta forma, el gasto primario real de 2025 debería ser prácticamente igual al de 2024”, apuntó Argañaraz. Pero aclaró que para alcanzar ese resultado será necesario un ajuste mayor en los rubros que no están protegidos por la inflación.
Según el IARAF, de cumplirse este escenario, el superávit primario caería 6% en términos reales interanuales, lo que sería consistente con la meta del 1,6% del PBI. El informe concluye con una advertencia: “Quedan tres meses de mucha intensidad fiscal. Habrá que ver la línea que sigue el gobierno para sostener al pilar fundamental de su programa económico”.
Luego de la derogación de la Ley de Alquileres, coexisten distintos tipos de contratos de alquileres. Sin embargo, el más popular es el que se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Es decir, toma como parámetro de ajuste a la inflación. De hecho, recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de septiembre, el cual sirve para determinar la próxima actualización de los contratos de alquiler.
Qué es el IPC y cómo se calcula
El Índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador que se encarga de medir la variación de precios de la vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos de un lugar.
Si el mismo es positivo, significa que los precios, en términos generales, subieron y si, por el contrario, es negativo, significa que bajaron. En pocas palabras, inflación y deflación.
En Argentina es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y toma como referencia los productos más consumidos, lo que se conoce como la canasta de compra y, posteriormente, lo compara con los precios de los meses anteriores.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre fue del 2,1%. De esta forma, el índice acumula un alza de 22% en lo que va del año, mientras en la comparación con los últimos doce meses, la variación fue del 31,8%.
Estos datos son fundamentales para definir los aumentos de los alquileres que se actualicen por IPC y que cumplan con el lapso pactado para una nueva suma. Para esto, se debe sumar los porcentajes según el tiempo pactado en el contrato, ya sea tres, cuatro o seis meses previos (lapsos más habituales).
Por ejemplo, un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $500.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total aproximado de $530.083. El cálculo para llegar a dicho resultado es el siguiente:
- IPC de julio: 1,9%
- IPC acumulado hasta julio: 1,9%
- IPC de agosto: 1,9%
- IPC acumulado hasta agosto: 3,8361%
- IPC de septiembre: 2,1%
- IPC acumulado hasta septiembre: 6,0166%
Cabe recordar que un error muy común que cometen las personas es sumar la inflación de cada mes, pero no tienen en cuenta el impacto del mes anterior. Es de suma importancia tener presente que el aumento de precios se da sobre el nuevo nivel de precios anterior.
Por ejemplo, si un artículo valía en $1.000 y subió un 1,9% en julio, el nuevo valor fue de $1.019. Si en agosto, subió un 1,9% nuevamente, lo hizo sobre $1.019 y no sobre $1.000. Por lo tanto, la fórmula para calcular el acumulado es el siguiente:
- IPC acumulado= IPC mes 1 + IPC mes 2 + (IPC mes 2 x IPC mes 1)/ 100
- En este caso: IPC acumulado= 1,9 + 1,9 + (1,9 x 1,9)/100
- IPC acumulado= 3,8 + (3,61/100)
- IPC acumulado= 3,8 + 0,0361
- IPC acumulado= 3,8361
En pocas palabras, el producto pasó a costar, en este cálculo hipotético, $1.038,361 en lugar de $1.038. Si bien la diferencia parece mínima, con el paso del tiempo el impacto es mayor.
No obstante, si no se desea realizar el cálculo de forma manual, se puede optar por páginas como www.arquiler.com, donde simplemente se ingresa el valor inicial de alquiler, la fecha de inicio de contrato, el tiempo de actualización y el índice correspondiente.
Luego, se tienen que cargar los datos, según si se firmó antes o después de la derogación de la Ley y la fórmula de actualización, ya sea IPC, ICL, Casa Propia u otra modalidad. En este caso, se elige IPC y arroja el cálculo exacto del valor a pagar.
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ECONOMIA
Una de las principales cadenas de supermercados del país cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas
El sector supermercadista argentino afronta una nueva ola de cierres. Una de las cadenas de supermercados más importantes cerró al menos cuatro sucursales en diversos puntos del país y dejó a más de cien empleados sin tareas, según confirmaron fuentes del sector a Infobae. El impacto se distribuyó entre localidades de varias provincias y refleja los movimientos de una de las empresas líderes del mercado en un escenario de baja en las ventas y cambios profundos en los hábitos de compra.
Las sucursales afectadas pertenecen a Vea, una de las principales marcas bajo el control de Cencosud, conglomerado que también opera otros formatos como Jumbo, Easy y Disco. De acuerdo con información de fuentes del sector y consultas a medios locales, las bajas ocurrieron en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (ambas en la provincia de Buenos Aires) y Villa Krause (San Juan). En total, la decisión dejó a más de 100 empleados sin tareas regulares, aunque en algunos casos la empresa propuso reubicaciones o indemnizaciones.
El cierre de la sucursal de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, generó particular preocupación entre los trabajadores y la comunidad local, según informó el portal local Primer Plano Online. El mismo medio consignó que la sucursal de Castelar tenía 80 empleados, cifra que contribuye de manera significativa al total de afectados.
En lo referente a la provincia de Catamarca, fuentes del sector indicaron a este medio que el cierre de la sucursal ubicada sobre la avenida San Martín implicó la salida de todo el personal, aunque no trascendió la cifra oficial de empleados involucrados. La decisión sorprendió a los trabajadores y generó consultas desde los sindicatos, atentos a otros movimientos similares en el sector minorista.
En la provincia de Buenos Aires, además del cierre de Castelar, la sucursal de Moreno también se sumó a la lista, aunque no se estableció el número exacto de empleados que quedaron sin funciones.
El caso de Villa Krause, en San Juan, muestra particularidades propias. Fuentes del sector precisaron a Infobae que 17 empleados perdieron su puesto en esa localidad, tras el cierre repentino de la sucursal. A pesar del escaso margen de aviso, parte de esos empleados recibió propuestas de reubicación en otros locales de la cadena, como Jumbo o Vea.
Consultados por Infobae acerca del alcance y los motivos de la decisión, voceros de Cencosud eligieron no hacer declaraciones. Desde la empresa evitaron brindar precisiones tanto sobre la cantidad de trabajadores afectados como sobre los pasos futuros en la reconfiguración de su red de tiendas.
En los últimos meses, diversas fuentes del sector mencionaron dos causas principales detrás de estos movimientos de cierre. Por un lado, la empresa encara una reestructuración orientada a más eficiencia operativa, en respuesta tanto al descenso en los niveles de consumo registrados durante este año, como al cambio en los hábitos de los compradores. El análisis sectorial apunta a una menor frecuencia de visita a las tiendas y a un ajuste generalizado del gasto en productos de la canasta básica, lo que obligó a los operadores a ajustar su estructura.
Por otro lado, desde el sector se observa que Cencosud participa en el proceso de competencia por la adquisición de la operación de Carrefour en la Argentina. Este contexto, según comentaron fuentes consultadas por Infobae, obliga al grupo a optimizar sus recursos y desprenderse de algunos locales, especialmente aquellos que presentaban bajos niveles de rentabilidad o duplicaban coberturas en zonas clave, para fortalecer su posición de cara a una eventual compra. El proceso implica también la necesidad de mostrar cuentas ordenadas y capitalizarse financieramente ante un mercado concentrado y en plena transformación.
El impacto sobre los empleados varió según la localidad. En algunos casos, como en Villa Krause, la firma ofreció reubicaciones en otros supermercados del grupo. En otros, los trabajadores fueron notificados del cierre y debieron iniciar conversaciones para acceder a las indemnizaciones de ley o buscar alternativas en el mercado laboral local.
La política de Cencosud en los últimos años priorizó una presencia fuerte en las grandes ciudades y capitales provinciales, junto a una apuesta sostenida en el sector mayorista y en el canal digital. Las recientes noticias de cierres, reconocidas por fuentes del sector, ocurren mientras la empresa mantiene su interés en expandirse mediante la compra de competidores relevantes y en consolidar su portafolio de activos de mayor rendimiento.
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