La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy jueves 19 de febrero el pago de diversas prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según el cronograma oficial correspondiente a febrero de 2026. El calendario de pagos, determinado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), alcanza a millones de beneficiarios en toda la Argentina. Los haberes se actualizan este mes con un incremento del 2,8% en línea con la inflación registrada en diciembre, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

La actualización de los montos impacta de manera directa tanto en las jubilaciones como en las asignaciones, incluyendo el pago de bonos extraordinarios para sectores más vulnerables. El refuerzo adicional de $70.000 se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que las asignaciones familiares también se incrementan en el mismo porcentaje.

Hoy jueves 19 de febrero, corresponde el pago a los titulares de diferentes prestaciones, según la terminación de su DNI y el tipo de beneficio.

Las personas cuyo DNI finaliza en 6 y 7 pueden cobrar su prestación hoy. Este grupo integra a quienes perciben la jubilación o pensión mínima establecida por la ANSES para febrero de 2026.

El pago para titulares cuyo DNI termina en 6 está disponible desde hoy. Estos beneficios alcanzan a familias con hijos menores de 18 años y a personas con discapacidad, según los requisitos vigentes.

Las beneficiarias cuyo DNI finaliza en 5 acceden hoy al cobro de la AUE, prestación destinada a mujeres embarazadas que cumplen los requisitos establecidos por la ANSES.

Hoy corresponde el pago a titulares cuyos DNI finalizan en 8 y 9. Este beneficio se otorga a trabajadoras registradas y monotributistas durante el embarazo y el período de licencia por maternidad.

Estas asignaciones pueden cobrarse desde el 10 de febrero y hasta el 12 de marzo, independientemente de la terminación del DNI. Incluyen los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento.

El calendario para Pensiones No Contributivas concluyó el 13 de febrero para todas las terminaciones de DNI, pero quienes no hayan cobrado en fecha pueden hacerlo hasta 60 días después.

Este beneficio continúa disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, de acuerdo con los lineamientos oficiales.

La prestación por desempleo correspondiente a DNI terminados en 0 y 1 se abonará el próximo 24 de febrero, por lo que hoy no está incluida en el pago.

El haber mínimo jubilatorio en febrero de 2026 es de $359.219,42. A este monto se suma el bono previsional vigente de $70.000, lo que eleva el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo a $429.079,70. El refuerzo está congelado desde marzo de 2024 y se mantiene como parte de la política de contención para los sectores de menores ingresos.

Para el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se ubica en $287.375,53, equivalente al 80% de la jubilación mínima. En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascienden a $251.453,59, cerca del 70% del haber mínimo, y también incluyen el bono de refuerzo. El haber máximo para jubilados en febrero se ubica en $2.417.441,63.

La actualización de los haberes se realiza de manera automática en función del índice de movilidad, mecanismo que ajusta los ingresos previsionales en función de la variación inflacionaria y la recaudación de la Seguridad Social. La consulta sobre el monto exacto a cobrar puede realizarse en la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y clave de la Seguridad Social.

El monto general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $129.096, con un pago directo de $103.276,80 tras la retención habitual del 20%. Para quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, el valor actualizado es de $420.354, con un pago directo de $336.283,20. Las asignaciones familiares SUAF varían según los ingresos del grupo familiar; el primer rango establece $64.554 por menor y $210.186 por hijo con discapacidad.

En lo referente a la Asignación Universal por Embarazo, el monto se alinea con la AUH general, permitiendo a las beneficiarias acceder al mismo esquema de actualización y pagos. Las asignaciones de pago único también fueron incrementadas: nacimiento sube a $75.246, adopción a $449.888 y matrimonio a $112.668.

El monto de la Prestación por Desempleo en febrero de 2026 se ubica entre $170.500 y $341.000, ya que se abona a mes vencido, de modo que los nuevos topes comenzarán a regir a partir del mes siguiente.

Para acceder a la información completa y consultar el estado de cada prestación, la ANSES recomienda ingresar a su sitio web oficial o utilizar la aplicación Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar la fecha exacta de cobro y el monto liquidado. La entidad recuerda que los fondos permanecen disponibles en las cuentas bancarias hasta 60 días después de la fecha asignada para el pago, y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibirlos.

El cierre definitivo de la planta industrial de Fate en la localidad bonaerense de San Fernando marca el final de una trayectoria de más de 80 años en la fabricación de neumáticos en la Argentina.

La decisión de la empresa de la familia Madanes Quintanilla, que implica el despido de sus 920 trabajadores y la liquidación de activos, es el desenlace de un proceso de deterioro operativo y financiero que se extendió durante la última década. La historia de esta caída puede sintetizarse en tres hitos críticos que reflejan el impacto de variables macroeconómicas y una persistente conflictividad gremial.

Si bien el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria y la empresa aseguró que la acatará, también le dijo a este medio que “la empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas”.

El primer hito de la fase final de este declive corresponde a marzo de 2019, cuando Fate solicitó ante el entonces Ministerio de Producción y Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En aquel momento, la empresa empleaba a 2.000 trabajadores y advirtió que la sustentabilidad del negocio estaba en riesgo inminente. A través de una misiva enviada a las autoridades nacionales, la firma calificó su situación como “gravísima” y señaló que los cambios en las reglas de juego —específicamente la eliminación de reintegros a la exportación, la imposición de derechos de exportación y las elevadas tasas de interés— habían erosionado su capacidad operativa.

Durante ese período, Fate destacó que más del 50% de su producción se destinaba al mercado externo, lo que la hacía vulnerable a la pérdida de competitividad exportadora. La dirección de la empresa argumentó que la estructura de costos local, sumada a una caída del consumo interno y a la competencia de importaciones, impedía mantener el nivel de actividad.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) rechazó los argumentos patronales, vinculando la situación a una falta de inversión tecnológica y no a un exceso de costos laborales. Este primer momento cerró con una adecuación de la plantilla, pero las causas estructurales del conflicto permanecieron latentes.

Los problemas con el sindicato no terminaron ahí, sino que se mantuvieron latentes a lo largo de los años. Sin ir más lejos, a finales de 2022 el sector atravesó una crisis de abastecimiento sin precedentes debido a un conflicto gremial que paralizó totalmente las tres plantas de neumáticos del país: Fate, Bridgestone y Pirelli. El Sutna, bajo la conducción de Alejandro Crespo, llevó adelante bloqueos y paros por tiempo indefinido en reclamo de aumentos salariales y el pago de horas de fin de semana al 200%. En el caso de Fate, la empresa intimó al sindicato ante la imposibilidad de operar y advirtió sobre los daños a la maquinaria y la pérdida de mercados. Este episodio consolidó una relación de extrema tensión entre la empresa y la representación sindical, factor que la compañía mencionaría recurrentemente como un obstáculo para la productividad.

Cinco años después de su primer intento de reestructuración, Fate volvió a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis en julio de 2024. Luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno no se lo otorgó.

Este segundo momento clave estuvo signado por un cambio drástico en la política comercial. El Gobierno redujo los aranceles de importación para neumáticos de camiones y buses del 35% al 16%, con el objetivo de bajar los costos logísticos en el país. Esta medida, sumada a la persistencia de derechos de exportación y a una brecha de costos con el exterior que la empresa calificó de “insalvable”, precipitó el despido de 97 empleados en una primera instancia.

En sus comunicaciones oficiales de ese año, Fate detalló que la planta operaba con una baja utilización de su capacidad instalada debido a la imposibilidad de competir con productos fabricados en otros mercados que contaban con subsidios e incentivos. La caída de la demanda interna, afectada por la contracción de la industria automotriz —que en abril de 2024 registró una baja interanual del 21% en su producción—, redujo el margen de maniobra de la fabricante. La empresa sostuvo que, pese a las inversiones realizadas para modernizar la planta de San Fernando, los sobrecostos derivados de la carga tributaria, la deficiente infraestructura y el ausentismo laboral hacían que el costo final del neumático argentino fuera muy superior al internacional.

Esta semana Fate oficializó el cese total de sus actividades industriales en la planta de San Fernando, una decisión que la empresa calificó como el desenlace inevitable de un contexto de negocios adverso. Tras 80 años de trayectoria, la histórica fabricante de neumáticos anunció el despido de sus 920 empleados, confirmando que dejaría de producir en el país para reorientar su modelo hacia la importación de productos fabricados en otros mercados.

La empresa fundamentó el cierre definitivo en la imposibilidad de sostener la operación frente a una estructura de costos locales que, según sus comunicados previos de 2024, incluía una “abusiva sobrecarga impositiva”, derechos de exportación (único caso en el mundo para este sector) y una baja productividad laboral afectada por la conflictividad gremial. Fate señaló que el costo final de un neumático fabricado en Argentina se volvió significativamente superior al de productos extranjeros, generando una “brecha de competitividad insalvable” que terminó por desplazar a la producción nacional.

Este escenario se vio agravado por las medidas de apertura comercial implementadas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno redujo los aranceles para la importación de neumáticos del 35% al 16%. Esta política, que buscaba bajar los costos logísticos internos, facilitó el ingreso masivo de cubiertas del exterior. Según los registros de ese año, el mercado interno ya mostraba una fuerte permeabilidad al ingreso de neumáticos en condiciones que la empresa enmarcó como “comercio desleal”, sumado a una caída sostenida en la demanda interna de neumáticos, vinculada directamente a la contracción de la producción automotriz en el país. Con este cierre, la mayor empresa de capitales nacionales del sector puso fin a su ciclo productivo en la Argentina.

La indumentaria en la Argentina ha sido históricamente un tema de discusión por la tensión que genera entre costos para producir y precios para consumir. No ha sido extraño ver argentinos cruzar la Cordillera para comprar ropa, aprovechar unas vacaciones en el exterior para abastecer el placard o, más recientemente, recurrir a la importación directa a través de plataformas digitales, en su mayoría asiáticas. Sin embargo, el debate vuelve a tomar fuerza porque el país se transformó en algunos aspectos: luego de años de restricciones, una mayor apertura comercial y diferentes medidas económicas dejaron al sector expuesto a la competencia externa.

Como punto de partida, tomamos un dato elaborado por Focus Market, que compara cuánto cuesta vestir a dos personas (un hombre y una mujer) en 2026 en Argentina frente a países seleccionados, medido en dólares. Para ampliar el análisis, retomamos los datos relevados en 2024 y reconstruimos la evolución de la misma canasta a lo largo de dos años. La canasta de indumentaria utilizada incluye, para el hombre, una camiseta estampada, jeans de moda, zapatillas urbanas y un perfume de 100 ml EDT; y para la mujer, una blusa o camisa informal, bermuda o short, sandalias, un perfume de 50 ml EDP y un bolso o cartera.

El precio de la ropa y una brecha que se achica: los motivos

En 2024, el conjunto de prendas y calzado considerado costaba u$s1.049 en la Argentina. En 2026, ese mismo conjunto pasó a u$s936, una disminución del 10,8%. En cambio, en el resto de los países los precios se incrementaron: en Chile un 31,3%, Brasil 24,3%, Uruguay 19,6% y en Paraguay 10,1%. El resultado es claro, vestirse en la Argentina sigue costando más (en dólares), pero la distancia respecto de los países vecinos es bastante menor a la de hace dos años, con brechas reducidas en hasta 70 puntos porcentuales, como lo es el caso respecto a Chile. 

Pero la pregunta relevante es por qué se achicó la brecha y allí es donde se abren las distintas aristas del debate. Por un lado, el consumidor busca precios razonables y el productor busca no fundirse. Desde el lado de la demanda, la lógica es simple: se comparan los precios y se compra donde el dinero rinda más. Del lado de la oferta, el argumento es igualmente válido, explicando que los precios locales se deben a la estructura de costos, la carga impositiva, los costos laborales y litigiosidad, las dificultades de financiamiento y otros factores que afectan a la competitividad.

Es conveniente en este punto, evitar la lectura de «buenos y malos», porque ambos agentes describen restricciones reales. Lo que se puede afirmar es qué no explica el problema por sí solo: reducir la discusión a que la apertura comercial es la causa, no resiste el contraste con los datos. La indumentaria era cara con medidas proteccionistas y el sector ya mostraba fragilidades previas. La apertura pudo contribuir a acelerar tensiones, pero no inventa de cero un esquema de precios altos ni una estructura productiva vulnerable.

Además, la evolución en dólares no se explica únicamente por lo que ocurrió dentro del sector, sino también por la dinámica cambiaria regional. Durante el período en consideración tanto en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, las monedas locales se apreciaron respecto al dólar mientras que, en la Argentina el peso se depreció. 

Esta diferencia importa porque, cuando una moneda se aprecia, los precios expresados en moneda local se traducen a un valor mayor en dólares aun cuando la inflación interna sea moderada. Es decir, parte del aumento en dólares observado en los países vecinos responde menos a un salto de precios y más a un tipo de cambio que se movió a favor de sus monedas. Al mismo tiempo, la caída en dólares de la canasta argentina se ve influida por una dinámica inversa, además del efecto competencia.

Una fuerte señal de la debilidad estructural del sector se muestra en los indicadores del nivel de actividad industrial. En la última publicación disponible de INDEC que refleja la utilización de la capacidad instalada, se observa que el rubro «Productos textiles» opera a menos de un tercio de su potencial. En noviembre de 2024, el uso de la capacidad instalada del sector era 48,2%, mientras que, en el mismo mes de 2025 cayó a 29,2%. Es un desplome de casi 19 p.p. interanuales. Cuando una industria trabaja tan por debajo de su capacidad, no es una simple desaceleración, sino una retracción profunda de producción, con efectos directos sobre los costos unitarios, el empleo y la sostenibilidad empresarial.

En paralelo, el dato que ayuda a comprender por qué la baja en dólares no necesariamente implica una mejora estructural, es que en pesos y en términos mayoristas el sector siguió aumentando sus precios. En diciembre de 2025, los precios mayoristas de prendas de materiales textiles subieron un 16,1% y los de cuero, marroquinería y calzado aumentaron 11,8%, ambos interanualmente. Es decir, incluso con una brecha regional menor medida en dólares, el sector no muestra una dinámica de precios compatible con ganancia de productividad, ya que los costos internos siguen empujando al alza y la corrección relativa parece venir por otras vías.

Entonces, en términos económicos, la baja en dólares puede explicarse por la combinación de tipo de cambio y competencia importada, pero la estructura de costos domésticos y la dificultad para ganar eficiencia siguen ejerciendo una presión persistente. Si la industria pierde escala, trabaja con capacidad ociosa elevada y enfrenta costos crecientes, la consecuencia natural es una competitividad débil. En este contexto, la apertura comercial orientada a la competencia no crea el problema, pero sí expone con mayor crudeza lo que antes quedaba amortiguado por barreras.

El empleo formal, en caída

El empleo completa el panorama. Si se mira la evolución de mas largo plazo, la evidencia sugiere que las medidas comerciales proteccionistas no sostuvieron el empleo formal. En un reciente informe de IDESA, en base a la Secretaría de Trabajo y la EPH, los asalariados no registrados y cuentapropistas, pasaron de 204.000 a 261.000 entre 2012 y 2023. Mientras que de 2023 a 2025, los asalariados registrados disminuyeron de 105.000 a 97.000, y los no registrados junto con los cuentapropistas lo hicieron en 13.000 personas.

El empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. 

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La tendencia es consistente: el empleo formal cae y persisten las modalidades informales que precarizan. Del mismo modo, los salarios reales del sector cayeron un 31% entre 2012 y 2025, agregando al análisis que incluso bajo un esquema más cerrado, el empleo formal no creció y, además, perdió poder adquisitivo.

En la misma línea, los datos del Ministerio de Capital Humano, muestran que en el segundo trimestre de 2025, los puestos de trabajo asalariados registrados tuvieron una caída interanual del 2,1% en «Confecciones» y del 11,2% en «Cuero y calzado». 

La conclusión es incómoda pero necesaria para ordenar el debate. El dilema argentino es que conviven ropa cara y una industria frágil. En ese marco, la discusión no puede reducirse a consignas: cerrar la economía no garantiza precios razonables, y abrirla sin reformas internas no asegura una transición ordenada. El problema de fondo atraviesa a buena parte de la economía argentina y es el costo de formalizar y producir. Contratar en blanco, sostener cargas patronales, enfrentar litigiosidad y operar con impuestos distorsivos puede volver inviable a una empresa, especialmente si compite con países que producen a escala, con menores costos y una logística más eficiente.

Ese escenario incentiva la informalidad y termina generando un «equilibrio» social de baja calidad: el empleador evita riesgos, el trabajador acepta condiciones precarias porque «es lo que hay», y el resultado final es una economía con menos productividad, salarios reales más bajos y menor inversión.

Se requieren reglas de juego claras y un esquema de incentivos que fomente la competencia sin destruir. En ese sentido, el rol del Congreso es central. En caso de avanzar con el proyecto de modernización laboral, que incluye algunos puntos tributo-impositivos específicos, podría funcionar como primer paso para habilitar una discusión posterior más amplia sobre reforma tributaria. Sin una baja de la presión impositiva distorsiva y sin una corrección del costo laboral formal, el país corre el riesgo de sostener el círculo vicioso de consumidores que buscan precios fuera del mercado local, productores que se achican y empleo que se precariza. El desafío es construir consensos que ordenen prioridades. El consumidor no pide un privilegio, pide precios razonables y el productor tampoco, pide no fundirse por intentar competir.