Una jueza porteña declaró hoy inconstitucional el pago de indemnizaciones en cuotas previsto en la nueva ley de reforma laboral, al considerar que tiene carácter confiscatorio y afecta el derecho de propiedad de los trabajadores.

El fallo fue dictado por Viviana Dobarro, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 21, al rechazar el pedido de un Consorcio de Propietarios para abonar una condena judicial en 12 pagos mensuales.

La resolución ordena que el crédito laboral debe abonarse en un único pago dentro de los cinco días de notificada la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

La demanda se amparaba en el artículo 56 de la Ley 27.802 -publicada el 6 de marzo de 2026 y conocida como «Modernización Laboral»-, que reformó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para permitir este fraccionamiento.

Este fallo se suma a al menos otros dos que se dictaron en la misma línea, uno de la Cámara del Trabajo de Córdoba y otro del Tribunal del Trabajo número 3 de La Plata, y es un precedente importante contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En los tres casos se consideró que las reformas legislativas no pueden hacer retroceder los derechos fundamentales de los trabajadores ni contradecir el principio de progresividad.

Reforma laboral e indemnización en cuotas: para la Justicia, es discriminatorio

En la resolución, la magistrada señaló que no encontraba razones que justifiquen «darle al acreedor laboral  –como sujeto de preferente tutela- un tratamiento diferente y peyorativo al que el Código Civil y Comercial le asigna a cualquier otro acreedor».

«La pauta establecida para el pago en cuotas (12, en el presente caso como pretende la demanda) de los créditos laborales -que debieron ser judicializados para lograr su cobro- la encuentro discriminatoria por tratarse de una prerrogativa o trato diferente a favor de la empleadora, carente de racionalidad y proporcionalidad alguna conforme las disposiciones constitucionales y convencionales ya citadas y las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia», aseguró.

También dijo que «resulta violatoria del principio protectorio (artículo 14 bis de la Constitución Nacional) pues le da un trato diferente y más favorable a la deudora de un crédito laboral, en lugar de dárselo al sujeto de preferente tutela constitucional como es el acreedor».

Otro punto que remarcó es que el pago en cuotas resulta una medida «confiscatoria», pues «le impide a la parte trabajadora cobrar su crédito laboral, en este caso originado hace tres años y 5 meses atrás, de forma íntegra y oportuna».

Para la jueza, no existe una justificación concreta y le impide a la trabajadora disponer libremente de las sumas de carácter alimentario que una sentencia judicial pasada reconoció a su favor, con la evidente afectación de su derecho de propiedad también consagrado en la Constitución Nacional.

Por otra parte, de acuerdo con el fallo, el pago fraccionado «vulnera las garantías de acceso a la jurisdicción y tutela judicial efectiva, pues existe una relación estrecha entre dichas garantías y la protección del efectivo cobro de las acreencias».

En este caso, evaluó la magistrada, «resulta evidente que el pago en cuotas que habilita el artículo 56 de la ley 27802 dificulta y extiende en el tiempo el acceso efectivo, íntegro y en tiempo oportuno al crédito laboral».

Por eso concluyó que resulta evidente y notorio que la posibilidad de pagar en 12 cuotas el crédito laboral -como pretende la demandada- «no supera el test de constitucionalidad y convencionalidad» que debe realizar con carácter previo a su aplicación. 

Juicio laboral: más de cuatro años para cobrar 

En su fallo, la jueza destacó que esta causa se inició a mediados de diciembre de 2022 para que la empleada cobrara lo adeudado por la ruptura del vínculo laboral acontecido en octubre del mismo año y que luego de la producción de todas las medidas probatorias se dictó sentencia de primera instancia a su favor el 30 de abril de 2024.

Posteriormente, hubo un fallo de Cámara el 16 de octubre de 2025, pero cuando la trabajadora estaba en condiciones de acceder a las sumas determinadas a su favor, tras el cambio legislativo, apareció el pedido de la demandada fundado en la nueva ley.

En la resolución, Dobarro recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que «es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico».

«Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos», agregó la magistrada.

Al respecto, remarcó que es «una obligación de los jueces y de los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas o los actos estatales y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes».

También enumeró los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros.

Además, mencionó «el derecho a la igualdad y no discriminación, la protección del trabajo y la obligación estatal de asegurar condiciones que le permitan a la persona trabajadora desarrollar su proyecto de vida con dignidad».

Luis “Toto” Caputo era ministro de Finanzas cuando estalló la crisis cambiaria en el gobierno de Mauricio Macri. Pero ahora, como ministro de Economía, prefiere curarse en salud y evitar todo lo posible ese tipo de sobresaltos, que podrían complicar al Gobierno a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027. Por eso, está fuera de discusión la posibilidad de eliminar las trabas cambiarias que subsisten, en particular para las empresas.

En dialogo por LN+, Caputo se mostró muy confiado respecto al resultado electoral del año que viene, refiriéndose a ese proceso como “un paseo por el parque”. De esta forma, procura dejar de lado los miedos del mercado, casi asegurando la reelección de Javier Milei.

En la misma línea, defendió el modelo económico del Gobierno y lo contrastó con gestiones anteriores, a las que responsabilizó por años de estancamiento y aumento de la pobreza. Según Caputo, el cambio de rumbo es clave para generar condiciones que consoliden apoyo político en el futuro.

Pero la certeza de un futuro resultado electoral señalada por el ministro contrasta con la decisión de no avanzar con la relajación del cepo. Con la victoria electoral de octubre, muchos analistas pensaron que llegaría el momento de levantar las trabas. Pero no fue así. Y prácticamente hoy se mantienen las mismas restricciones que existían incluso antes de las legislativas.

La decisión de liberar el cepo solo para personas físicas le generó un fuerte estrés al Gobierno en la previa electoral. La demanda del público en los seis meses posteriores a abril de 2025 arrojaron un récord de 30.000 millones de dólares. Fue necesaria la intervención del Tesoro norteamericano vendiendo divisas en el mercado local para hacer frente a semejante volumen.

Con este antecedente, suena razonable que el equipo económico no quiera asumir nuevos riesgos o al menos acotarlos todo lo que fuera posible. Por eso, las empresas siguen sin acceso directo al mercado y solo pueden girar al exterior a través del contado con liquidación. Al mismo tiempo se mantiene la “restricción cruzada” que impide comprar dólares oficiales por 90 días si el inversor ya acudió al MEP para vender.

Economistas como Domingo Cavallo o Carlos Melconian insisten en que llegó el momento para liberar el cepo completamente. Esta medida tendría, según entienden, varios efectos benéficos: permitiría conocer cuál es el verdadero dólar de equilibrio, atraería más inversiones (porque ya no habría problemas para entrar y salir del mercado) y adicionalmente bajaría el riesgo país.

Claro que avanzar en ese sentido implicaría arriesgar y mucho para el 2027. “Si casi nos llevan puestos el año pasado que era una elección menor, imagínate lo que puede pasar en una presidencial”, se sinceran miembros del equipo de Caputo en diálogos con empresarios e inversores internacionales.

La sombra de lo sucedido con Macri sigue presente. El ex presidente arrancó su gestión liberando el cepo, pero se vio obligado a reinstalarlo cuando el kirchnerismo ganó las elecciones en 2019. En el medio, recibió una ayuda récord por parte del FMI para hacer frente a los pagos de deuda y la demanda de divisas que se había desatado entre los inversores.

Las restricciones actuales por un lado le dan mayor espacio al Central para acumular dólares y fortalecer las reservas. Solo en el primer trimestre compró alrededor de 4.500 millones de dólares.

Pero, al mismo tiempo, la oferta de divisas podría ser incluso mayor sin restricciones cambiarias. Esto no solo le permitiría al Gobierno compras por montos mayores sino, a la vez, la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de crédito para financiar vencimientos.

Mientras tanto, el Tesoro empezó a emitir deuda de corto plazo en el mercado local (con vencimientos en 2027 y 2028) para conseguir fondos frescos y hacer frente a esos pagos de deuda. El más relevante es el del 9 de julio, cuando vencen USD 4.200 millones de capital e intereses.

La carga impositiva sobre el sector industrial en la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los empresarios, que advierten sobre el impacto real de los tributos en comparación con lo establecido por ley. El peso de Ingresos Brutos, sumado a las elevadas tasas municipales, alimentan el malestar en un escenario de caída de la actividad, cierre de empresas y competencia desleal frente a los productos importados.

Según un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), encabezada por Alejandro Gentile, la presión tributaria efectiva del impuesto sobre los Ingresos Brutos asciende a 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5 por ciento. El nivel registrado también supera al de otras provincias con similar matriz productiva, como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%).

El estudio advierte que la carga impositiva real difiere de la establecida por ley debido al “efecto cascada” a lo largo de la cadena productiva. En general, por ese motivo, Ingresos Brutos suele considerarse el tributo más “distorsivo”. El Gobierno nacional instó en reiteradas ocasiones a las provincias a que lo reduzcan, aunque las cuentas están ajustadas. De hecho, el Ejecutivo debió otorgar un anticipo en materia de coparticipación de hasta $400.000 millones a 12 provincias.

Esto ocurre también en otras actividades. Por caso, en los servicios personales la alícuota legal es de 3,5%, mientras que la carga efectiva asciende a 18,4 por ciento. En comercio, la relación es de 5% y 23,5%, respectivamente.

“Es destacable el incremento de la presión tributaria respecto de la alícuota teórica en la industria dado el uso de insumos intermedios. Ingresos Brutos se calcula sobre una Base imponible cercana al Valor Bruto de Producción (VBP) en la industria”, señaló el informe.

Así, la UIPBA comenzó a delinear un esquema para avanzar en una reducción progresiva de dicho impuesto, planteando mecanismos compensatorios, con la intención de presentárselo al gobierno de Axel Kicillof. La iniciativa parte de un dato clave: casi el 14% de la recaudación de ese tributo proviene del sector industrial.

Asimismo, la entidad iniciará acciones legales contra ciertos municipios por las altas tasas de seguridad e higiene, consideradas “un abuso legalizado”. Señalaron que es probable que más firmas abandonen aquellos distritos que cobren cargos excesivos.

El reclamo, comentan fuentes de la industria, surge en medio de un pesimismo generalizado por la caída de la actividad y de una fuerte apertura de importaciones, con foco en China, cuyos productos no pagan la misma carga impositiva que los producidos localmente.

Cuentan que, en la práctica, no reciben respuesta del gobierno bonaerense para “nivelar la cancha”, como suele decir la UIA, y advierten que, de continuar esta dinámica, la recaudación va a desplomarse de todos modos debido a una menor cantidad de fábricas funcionando.

En ese sentido, desde noviembre de 2023, Argentina contabilizó la desaparición de 21.339 empresas privadas empleadoras. La provincia de Buenos Aires lideró el impacto, con una pérdida de 5.832 compañías.

Los industriales bonaerenses no tienen buenas expectativas para este año y creen que el cierre de compañías va a continuar. Además, manifiestan que es necesario un plan industrial en la jurisdicción, algo que en la actualidad -afirman- no hay.

Santa Fe y Córdoba, otras dos provincias con marcado perfil industrial, también registraron importantes retrocesos en los últimos dos años. En la primera dejaron de operar 2.309 empresas y en la segunda, 3.884, de acuerdo con datos de Politikon Chaco.

En Córdoba, el sector más afectado fue el comercio, con 1.027 cierres, seguido por transporte y almacenamiento, con 996, y la industria manufacturera, que perdió 218 firmas.

En Santa Fe, la mayor reducción correspondió a transporte y almacenamiento, con 1.130 empresas menos; luego la industria, con 292, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 230 cierres.