En una entrevista en Infobae en vivo, Antonio Aracre, economista y exjefe de asesores presidenciales, remarcó la urgencia de discutir los efectos de la reforma laboral sobre las pymes argentinas: “Una PYME que contrata dos, tres, cuatro personas y justo tiene una persona que se enferma por un año, no puede bancar ese reemplazo”. El actual militante de La Libertad Avanza detalló que su afiliación surgió a raíz de una apuesta perdida con el presidente Javier Milei: “Si baja de 1200 el dólar, me afilio, prometí. Y un día bajó, así que tuve que cumplir mi palabra”, recordó entre risas.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Aracre ahondó en la controversia generada por los cambios en las licencias por enfermedad: “Nadie discute que la gente que tiene una enfermedad grave o no, tiene que tener una solución. La solución es ver cómo puede seguir recibiendo ese ingreso. Lo que no se está discutiendo es que una PYME no puede soportar el 100% del salario de un trabajador enfermo durante un año”.

Según Aracre, el sistema vigente pone en jaque a los pequeños empleadores: “En un concepto actuarial o estadístico, vos tenés millones de trabajadores y cientos de miles de empresas y con un pequeño porcentaje financiamos todo eso. Es típicamente lo que se piensa del seguro”, explicó. Al ser consultado sobre quién debería hacerse cargo de ese costo, fue contundente: “Una compañía de seguros y tenemos que discutir quién fondea esa compañía. No tiene que estar a cargo de la PYME eso”.

El economista diferenció la realidad argentina de otros países: “Se podría decir como España, como Uruguay, como Chile. Estados Unidos, cero protección”. Reconoció, de todos modos, que no acuerda con la redacción final del artículo sobre licencias aprobado en el Congreso: “No estoy de acuerdo quizás con la forma en que está redactado. Ahora, si hay muchos que creen que la solución pasa por dejar todo como está y que una PYME se siga haciendo cargo…”. Aracre insistió en que el Gobierno debe corregir desprolijidades y consensuar un texto aceptado por todas las partes: “Ojalá entre hoy y mañana eso se subsane y se pueda llegar a un texto aceptado por todas las partes. Las empresas grandes no tienen ese problema. Ahora, una PYME sí”.

El exjefe de asesores presidenciales se mostró crítico con sectores que resisten la reforma: “Tengo una cierta desilusión con mis excolegas empresarios, con mucho del periodismo progresista, que no ve la otra cara de esta cuestión. Estoy hablando de los 10 millones de empleados informales o empleados en negro que el día de mañana no van a tener una jubilación, no van a tener un PAMI, no van a tener nada”.

Para Aracre, la legislación laboral argentina quedó obsoleta: “Seguimos queriendo imponer una ley que hace 50 años era fantástica, pero hoy, en los últimos veinte, hizo que el trabajo registrado privado no se mueva de los seis millones de personas. Es evidente que no sirve”.

Puso énfasis en la necesidad de reducir la litigiosidad y la llamada “industria del juicio”: “Países con similares tasas de accidentes de trabajo de Argentina, España y Chile, misma tasa de accidentes de trabajo. ¿Cuánto se judicializa en la Argentina y cuánto en Chile o en España? 10 veces más que Chile en Argentina, 15 veces más que en España, con una cobertura de las ART que en Argentina es mejor que en España y Chile. ¿Qué tenés ahí? La famosa industria del juicio”.

Frente a la pregunta sobre si la reforma generará empleo, Aracre precisó: “Para el blanqueo de gente que hoy tiene un trabajo, pero que no está registrado, yo creo que sí. No te digo ni mañana ni pasado mañana, pero en la medida que la gente comprenda el beneficio de tener una reducción del 80% de los costos laborales, es atractivo”.

Aracre subrayó que la reforma laboral se inserta en una serie de cambios más amplios: “Hay una política fiscal diferente, una política monetaria diferente, una política cambiaria distinta, que te estabilizan la macroeconomía. Pero no siendo suficiente eso, ahora viene una reforma laboral, pronto va a venir una reforma impositiva, después seguramente una reforma previsional, hay una reforma penal pendiente”.

Consultado sobre la falta de propuestas alternativas del peronismo, analizó: “Uno de los grandes triunfos de Milei en la batalla cultural fue hacer que la gente común entienda la cuestión del déficit fiscal. Y lo que es más fácil de entender es la inflación. ¿Cómo hacés desde el peronismo para decirle a la gente que le vas a dar un montón de derechos, pero sin generar déficit?”. Definió la situación como una “pérdida del relato o un relato atractivo para la gente que ya no come vidrios”.

El economista también se refirió a los incentivos para el empleo registrado y propuso un tope de indemnización para pymes: “Yo para las pymes hubiese puesto un tope de indemnización de tres sueldos y punto. Una pyme no se puede bancar la misma indemnización”.

Para el futuro, Aracre auguró que la clave estará en la estabilidad macroeconómica y la simplificación tributaria: “La reforma impositiva este año apunta más a la simplificación que a la reducción importante de impuestos, porque hasta que no haya un crecimiento más sostenido, tampoco podés correr demasiados riesgos fiscales”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

La Justicia del Reino Unido dispuso que el Gobierno argentino debe entregar información financiera y contractual sobre activos en el extranjero, tras una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos cupón PBI. Este proceso se enmarca en la búsqueda de los acreedores por identificar bienes susceptibles de embargo para ejecutar el fallo.

El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron a la República Argentina por modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Áxel Kicillof se desempeñaba como su ministro de Economía. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010. La Corte londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado. Todavía resta el pago de unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.

La orden de la Corte británica exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó a través de su cuenta en la red social “X” que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.

El procedimiento judicial del discovery busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.

En agosto, un informe técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) mencionó conversaciones entre Argentina y los acreedores, pero los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes declararon: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. También informaron al FMI sobre lo que consideran afirmaciones incorrectas y solicitaron la actualización del reporte técnico.

La deuda pendiente se originó en el cupón atado al PBI, instrumento creado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 que lideró Roberto Lavagna. El mecanismo establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de registrar ese nivel de expansión.

Los acreedores afirman que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco abona los intereses diarios acumulados. Además, advierten que ven necesario que la Argentina resuelva sus atrasos externos, especialmente los asociados a emisiones de deuda anteriores, antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.

En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar el equivalente a unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del cupón PBI. En febrero de 2025 los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado a través de una Carta de Crédito emitida por Banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, expertos estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.

La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esa alteración motivó la demanda de cuatro fondos internacionales.

Con la nueva metodología, el Indec difundió un crecimiento inferior al umbral del 3,22% necesario para activar el pago de estos warrants. Bajo la base previa de 1993, el PBI había subido un 4,9%. Así, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.

El presidente Javier Milei encabezó este martes un encuentro en Casa Rosada con el CEO de la minera Vicuña, Ron Hochstein, y el director local de la firma, José Morea, tras el anuncio de la inversión extranjera directa más alta registrada en la historia nacional que implicará el desembolso de USD 18.000 millones, según anunció la propia compañía días atrás.

Junto al mandatario, asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión se realizó luego de que la compañía oficializara su plan de desarrollo para la explotación de cobre, oro y plata en el país.

Durante el encuentro, los representantes de Vicuña Corp. subrayaron que la decisión de avanzar con el megaproyecto se apoyó en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado desde el Ejecutivo. Destacaron que este marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica resultó determinante para viabilizar la inversión. “Sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”, expresaron los ejecutivos en el encuentro, según se desprende del comunicado oficial.

El desembolso total proyectado para la primera década asciende a USD 18.000 millones, una cifra sin precedentes para el sector minero argentino. De ese total, USD 7.000 millones se aplicarán hasta la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030. El plan comprende dos proyectos principales: Josemaría y Filo del Sol.

El anuncio de la inversión se enmarca en una estrategia del Gobierno para captar capitales internacionales y posicionar a la Argentina como proveedor global de minerales estratégicos. El propio Milei señaló en declaraciones recientes que el país busca transformar su matriz productiva y aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética y la demanda mundial de metales como el cobre, el oro y la plata.

La empresa Vicuña Corp. cuenta entre sus accionistas principales con los grupos internacionales BHP y Lundin Mining, dos referentes de la minería global. Con esta inversión, la operación argentina ubicará a la firma entre las cinco mayores explotaciones de cobre, oro y plata del planeta.

El RIGI, aprobado por el Gobierno nacional, establece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones productivas de gran envergadura. El objetivo consiste en atraer desarrollos que por su escala demandan garantías jurídicas y reglas claras a largo plazo. El caso de Vicuña Corp. se convirtió en el primer proyecto de gran minería que accede a este marco regulatorio.

Los proyectos Josemaría y Filo del Sol se localizan en la provincia de San Juan, una de las jurisdicciones con mayor potencial geológico del país. Según el plan presentado, la etapa inicial requerirá la construcción de infraestructura, plantas de procesamiento y caminos de acceso, así como la adquisición de equipamiento de última tecnología.

El desarrollo de estos yacimientos generará un impacto relevante en el empleo, la provisión de servicios y la transferencia de tecnología. Si bien la empresa no precisó cifras sobre la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, fuentes del sector estiman que el movimiento de inversiones dinamizará las economías regionales y los clústeres industriales asociados.

En un comunicado cuando anunció la inversión, la empresa reiteró que espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

En esa oportunidad, Hochstein comentó: “El Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones. Estamos comprometidos a avanzar Vicuña de manera responsable y en colaboración con los gobiernos y las comunidades para generar valor sostenible para el país”.

“Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata”, detalló la empresa.

La estrategia de posicionamiento de la Argentina como proveedor mundial de minerales críticos responde a la demanda creciente de cobre, oro y plata en el contexto de la transición energética, la electromovilidad y las industrias tecnológicas. Los proyectos Josemaría y Filo del Sol aspiran a abastecer mercados internacionales desde una plataforma de producción competitiva.

El desembarco de estos capitales refuerza el perfil exportador del sector minero argentino y amplía las oportunidades de desarrollo para las regiones productoras. San Juan, sede de los yacimientos, se consolidó en los últimos años como una de las provincias más activas en materia de inversiones mineras y alianzas público-privadas.