La actividad de seguridad privada volvió a actualizar sus ingresos en la Argentina. A partir de enero de 2026, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 perciben nuevos salarios tras el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que regirá durante el primer semestre del año.

El entendimiento establece nuevas escalas salariales mensuales entre enero y junio de 2026, sumas no remunerativas escalonadas, un adicional vacacional especial y la continuidad del convenio colectivo durante todo el año, en un contexto de inflación aún elevada y con negociaciones previstas para la segunda mitad del año

Cuánto gana un empleado de seguridad privada en enero, febrero y marzo de 2026

Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, el salario de un vigilador general, categoría testigo del sector, quedó conformado desde enero de la siguiente manera:

Febrero 2026

• Sueldo básico: $876.000

• Adicional por presentismo: $165.000

• Viático: $473.800

• Suma no remunerativa: $25.000

• Salario total bruto: $1.539.800

Este monto marca el piso salarial del sector para el primer mes de 2026 y sirve como referencia para el resto de las categorías, que presentan ingresos superiores según función, responsabilidad y especialización.

A continuación, cuánto cobra cada categoría:

• Vigilador General 1.539.800
• Vigilador Bombero 1.611.300
• Administrativo 1.645.100
• Vigilador Principal 1.681.800
• Verificación de Eventos 1.611.300
• Operador de Monitoreo 1.611.300
• Guía Técnico 1.645.100
• Instalador Sist. Electrónicos 1.681.800
• Controlador de Admisión y Permanencia General 1.539.800

Marzo 2026

• Sueldo básico: $884.800

• Adicional por presentismo: $165.000

• Viático: $473.800

• Suma no remunerativa: $25.000

• Salario total bruto: $1.548.600

Con esta actualización, el salario de bolsillo de los vigiladores continúa ajustándose de forma progresiva frente a la inflación, mientras se mantiene abierto el esquema de revisión para los meses siguientes.

A continuación, cuánto cobra cada categoría por marzo 2026:

• Vigilador General: $1.548.600
• Vigilador Bombero: $1.620.600
• Administrativo: $1.654.600
• Vigilador Principal: $1.691.700
• Verificación de Eventos: $1.620.600
• Operador de Monitoreo: $1.620.600
• Guía Técnico: $1.654.600
• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.691.700
• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.548.600

En categorías superiores —como vigilador principal, administrativo, operador de monitoreo o instalador de sistemas electrónicos— los ingresos mensuales superan estos valores y se acercan o superan los $1,65 millones brutos ya desde el primer trimestre de 2026.

Escalas salariales de seguridad privada: cómo evolucionan hasta junio

El acuerdo paritario prevé incrementos progresivos mes a mes, con sumas no remunerativas que se pagan entre enero y junio y que, en el caso de la correspondiente a junio, se incorporarán al salario básico en julio de 2026.

De acuerdo con las grillas oficiales, el salario total de un vigilador general alcanzará en junio de 2026 los $1.644.650, mientras que categorías como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos superarán los $1,75 millones, siempre en valores brutos.

Este esquema busca acompañar la evolución de los precios durante el primer semestre, con una cláusula de revisión abierta ante eventuales cambios macroeconómicos.

Qué pasa con las sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el pago de sumas no remunerativas mensuales, identificadas como «Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026».

Estas gratificaciones:

• Se abonan de enero a junio.

• No impactan en aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

• Sí están alcanzadas por aportes sindicales y de obra social.

• La suma de junio se incorpora al básico en julio.

En el caso de trabajadores con jornada reducida, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, el monto se liquida de forma proporcional.

Adicional vacacional: cuánto se paga por día de vacaciones

El acuerdo también estableció un adicional vacacional extraordinario, reconociendo el carácter esencial del servicio de vigilancia privada. Los montos varían según el mes en que se tomen las vacaciones:

El adicional se paga por hasta 21 días de vacaciones y tiene carácter remunerativo.

Fondo de Ayuda Solidaria: se mantiene hasta junio

De manera transitoria, las partes resolvieron mantener vigente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) previsto en el artículo 31 del CCT 507/07.

Entre enero y junio de 2026, el aporte será del 1% mensual sobre el salario básico del vigilador general, aplicado exclusivamente durante ese período.

Cuándo vuelven a discutirse los salarios

El acta paritaria fija una nueva instancia de negociación a partir del 20 de mayo de 2026, cuando UPSRA y CAESI volverán a reunirse para definir los salarios del sector desde julio en adelante.

Además, se dejó abierta una cláusula de revisión, que habilita a reabrir la discusión salarial si se producen variaciones económicas significativas.

Afiliados a FATRASEP: acuerdo cerrado para el primer semestre de 2026

En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial para el período enero-junio de 2026. El convenio establece aumentos escalonados a lo largo de los seis meses. Una vez aplicadas todas las correcciones, el salario de los vigiladores del sector nucleado en la federación alcanzará $1.644.650.

En el anuncio formal, la conducción de FATRASEP también comunicó que se resolvió prorrogar durante todo 2026 los convenios colectivos de trabajo vigentes y sus anexos complementarios. La continuidad incluye las condiciones laborales actualmente establecidas para las distintas ramas de la actividad de seguridad privada.

Seguridad privada: empleo estable y demanda sostenida

Más allá de la negociación salarial, el sector de la seguridad privada continúa mostrando niveles estables de empleo en todo el país. La demanda se concentra especialmente en:

• Vigilancia de edificios y empresas

• Eventos masivos

• Monitoreo remoto y seguridad electrónica

• Transporte y custodia

• Control de accesos y admisión

A esto se suma la capacitación obligatoria y los reentrenamientos periódicos, exigidos por las provincias, que refuerzan la profesionalización del rubro.

El gasto público descendió 5,1 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2025, alcanzando el 14,4% del Producto. Este nivel representa el registro más bajo de la última década y equivale a una reducción cercana al 25% respecto al gasto del año anterior.

Según el análisis de Fundación Libertad, el ajuste fiscal impulsado por el actual gobierno se enfocó especialmente en partidas ajenas a las políticas de ingresos y prestaciones sociales. La obra pública fue la más afectada, al caer 1,24% del PIB, situándose cerca de mínimos históricos.

Las prestaciones sociales no contributivas, excluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, retrocedieron 1,12% del PIB. Los subsidios económicos —que abarcan energía y transporte— pasaron a representar cerca del 1% del PIB, la mitad del nivel registrado en 2023.

Los salarios públicos y las transferencias corrientes a provincias y universidades reflejaron caídas parecidas, de aproximadamente 0,7% del PIB cada una.

En contraste, las jubilaciones y pensiones aportaron solo una reducción de 0,13% del PIB. Sin embargo, su valor real se encuentra por debajo del de años anteriores. La única partida que exhibió crecimiento real fue la de asignaciones familiares y AUH, que se incrementaron 0,22 puntos porcentuales del PIB.

Considerando valores constantes de diciembre de 2025, los fondos para AUH y asignaciones familiares crecieron de 8,3 billones de pesos en 2023 a 10 billones en 2025, lo que implica un alza real cercana al 20%.

La caída de los subsidios económicos se mantuvo sostenida durante los dos últimos años. Fundación Libertad señaló que la suma destinada en 2025 llegó al 1% del PIB, por debajo del 1,4% de 2024 y casi la mitad del 2% de 2023. Entre 2020 y 2023, los subsidios superaron el 2% del PIB.

En este lapso reciente, los subsidios energéticos bajaron hasta representar alrededor del 0,6% del PIB y los referidos al transporte disminuyeron hasta el 0,3%, cerca de la mitad en solo dos años.

La composición del gasto público muestra transformaciones notables. El peso de las partidas sociales —jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y pensiones— aumentó desde poco más del 54% del total del gasto en 2023 hasta alcanzar el 66% en 2025.

En paralelo, los recursos asignados a transferencias corrientes y obra pública se redujeron de forma considerable.

El rediseño en la distribución del gasto público refleja un cambio de prioridades: la protección social gana centralidad, mientras se recortan recursos para subsidios, obras y transferencias a provincias y universidades.

Fundación Libertad destaca que esta nueva estructura marca el inicio de una etapa fiscal caracterizada por la menor participación de partidas alejadas de los beneficios sociales.

De acuerdo también a un informe de Analytica, en 2025 el gasto público se mantuvo en mínimos históricos, con una variación anual leve que fue de apenas 0,1% una vez descontada la inflación.

Los mayores aumentos del gasto se concentraron en las transferencias corrientes a las provincias, que crecieron un 22%, impulsadas principalmente por las erogaciones asociadas al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024. También se registró un incremento en el gasto en bienes y servicios, con una suba del 14,2%.

El gasto en asignaciones familiares y por hijo registró un incremento del 12%. Este aumento se atribuye principalmente al crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que subió un 18,9%. En contraste, las asignaciones familiares presentaron un alza del 2%.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, esta partida muestra una tendencia ascendente, lo que se refleja en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Según el economista Nadin Argañaraz, la AUH duplicó su capacidad de compra en los últimos dos años y sus destinatarios experimentaron el mayor aumento en el ingreso real.

Llenar el changuito del supermercado volvió a reflejar en enero diferencias marcadas según la provincia: un relevamiento privado mostró que el costo de una canasta representativa de alimentos y bebidas subió con ritmos desiguales en el país y dejó al descubierto brechas concretas en el gasto mensual de las familias.

El informe elaborado por Analytica describió al changuito federal como una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia integrada por dos adultos y dos menores. La consultora explicó que la canasta utilizó exactamente los mismos productos, con igual marca y presentación, para asegurar comparabilidad entre provincias. También señaló que la metodología priorizó primeras marcas y consumos básicos, con cantidades que replicaron un patrón mensual.

Durante enero, las mayores subas del changuito se registraron en Chubut y Entre Ríos, con incrementos del 3%, seguidas por el interior de la provincia de Buenos Aires, que mostró una variación del 2,9%. En el extremo opuesto, La Rioja presentó un aumento del 1,1%, mientras que Catamarca registró la menor suba del período, con un 0,9%. Estas diferencias marcaron un mapa de variaciones regionales dentro de un mismo mes.

Al interior de la canasta, el relevamiento destacó incrementos generalizados en varios productos. El aceite de girasol mostró subas que oscilaron entre el 3% y el 5% en la mayoría de las provincias. Córdoba registró un aumento más moderado del 1,9%, mientras que Santa Cruz mostró una variación del 2,4%. Otro producto con incrementos extendidos fue la hamburguesa, cuyos precios subieron entre el 4% y el 7% en todo el país. En la misma línea, las salchichas registraron aumentos de entre el 2% y el 4%, aunque con menor intensidad relativa.

El precio de la docena de huevos se mantuvo sin cambios en la mayoría de las jurisdicciones. La excepción se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor mostró una baja del 1,3%. Este movimiento contrastó con el comportamiento de otros alimentos incluidos en la canasta y evidenció variaciones puntuales dentro de la estructura de precios.

En términos absolutos, el changuito más costoso se ubicó en Santa Cruz, con un valor de $911.587. Le siguieron otras provincias patagónicas: Chubut alcanzó los $903.640, Tierra del Fuego llegó a $891.399, Río Negro registró $887.034 y Neuquén mostró un total de $867.078. En el otro extremo, las compras más económicas se localizaron en Misiones, con $798.252; La Rioja, con $807.716; y Chaco, con $808.958. La dispersión de valores reflejó diferencias regionales significativas en el acceso a bienes de consumo básicos.

Al comparar los precios con el cierre de diciembre, el informe indicó que Formosa presentó el mayor aumento absoluto, con una suba de $30.481. Tierra del Fuego registró un incremento de $30.414 y Chubut mostró una variación de $27.065. En contraste, varias provincias registraron reducciones nominales: La Rioja bajó $55; Salta, $941; Corrientes, $1.879; Catamarca, $2.295; San Juan, $5.373; y Misiones, $16.849. Estos movimientos mostraron trayectorias diversas dentro del mismo período.

Analytica vinculó la dispersión de precios con el costo de vida regional. El informe señaló que la Patagonia concentró los changuitos más caros y, al mismo tiempo, registró salarios promedio más elevados dentro del sector privado formal. Santa Cruz encabezó el ranking de canastas más costosas y ocupó el segundo lugar en remuneraciones privadas, detrás de Neuquén. Bajo ese marco, la ponderación promedio del costo del changuito sobre la suma de dos salarios privados registrados en la región patagónica alcanzó el 15,7%, lo que implicó un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

La situación contrastó con el noreste argentino. Allí, los precios de la canasta resultaron más bajos, pero los salarios promedio también se ubicaron en niveles inferiores. En consecuencia, el costo del changuito representó el 29,7% de la suma de dos salarios privados registrados. Pese a esa proporción más elevada, el ratio mostró una mejora de 0,5 puntos porcentuales frente al mes previo. El informe indicó que este resultado coincidió con la Encuesta Nacional de los Hogares de 2017/18, que registró una mayor participación del gasto en alimentos y bebidas dentro del presupuesto familiar de las provincias del norte.

El relevamiento se elaboró a partir de precios online y mantuvo una canasta única para todas las jurisdicciones. Analytica remarcó que cada producto conservó la misma marca y el mismo tamaño de empaque en todas las mediciones, lo que permitió evaluar variaciones territoriales bajo un criterio uniforme.

La publicación del informe coincidió con una semana marcada por el seguimiento de indicadores de precios. El IPC CABA registró una suba del 3,1%, dato que sumó referencia a la evolución inflacionaria. En tanto, este martes se conocerá el índice nacional del Indec, luego de la polémica generada por la no difusión del nuevo indicador y la renuncia de su titular, Marco Lavagna. En ese contexto, los resultados del changuito federal aportaron una medición adicional sobre el comportamiento de alimentos y bebidas en distintas regiones del país.