Los ahorristas están buscando conocer en qué invertir en un escenario en que el precio del dólar cae 3% en lo que va del mes, mientras que la inflación avanza por arriba del 2% mensual y las tasas de interés se ubican apenas por debajo de ese nivel. Por eso, desde la Fintech de inversiones Balanz recomiendan cómo debe armarse la «cartera ideal» en estos momentos.

Cabe recordar que la inflación de enero, informada por el Indec, fue de 2,9% mensual, mientras que el precio del dólar se ubica en torno a los $1.420 para la venta minorista en Banco Nación, por lo que desciende en febrero cerca de 3%.

Por el lado de las inversiones bursátiles, el principal índice de acciones de empresas líderes de Buenos Aires, el Merval, cae más de 14% en todo febrero, mientras que en lo que va del 2026 desciende cerca de 10%.

En tanto, los bonos en dólares con ley nacional descienden hasta 15% en todo el presente año.

En este marco volátil, los analistas de Balanz, la Alyc de inversiones digitales, sugieren cómo debe estar compuesta la «cartera ideal».

La misma está integrada en un 67% por renta fija en dólares y el 33% restante en instrumentos en pesos, donde busca captar las tasas altas, que se acercan a la inflación y le ganan al plazo fijo en pesos.

«Para armar una cartera moderada en Argentina, primero hay que tener claro el objetivo y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. Hoy las condiciones cambiaron: vemos tasas más bajas para la deuda en dólares que en períodos anteriores, pero también una menor percepción de riesgo y un contexto más estable», afirma Isabel Botta, Product Manager en Balanz. 

Por eso agrega que, en ese nuevo escenario, «la oportunidad está en combinar instrumentos que protejan el capital, generen rendimiento y permitan aprovechar selectivamente el potencial de crecimiento del mercado local».

Cartera ideal de inversiones 

La «cartera ideal» propuesta por Balanz se basa en una estructura, principalmente dolarizada, para «preservar valor y capturar tasas reales positivas».

Por eso, el 67% de la cartera está colocado en renta fija en dólares. 

Para configurar este segmento, los principales tickers seleccionados son las obligaciones negociables (ON) de empresas líderes y de segmentos en crecimiento.

De esta manera, este 67% de la cartera está enfocado en sumar a ON de firmas como IRSA (IRCPO), Telecom (TLCTO), Pan American Energy (PN43O) y los títulos de la provincia de Córdoba al 2035 (CO35), con TIRs que hoy se ubican en torno al 7,15% al 7,50% para la deuda corporativa, y por encima de 8% para el subsoberano.

«Estos niveles siguen ofreciendo un rendimiento real interesante por encima de la inflación de Estados Unidos», detalla Botta. 

Y agrega: «La curva de rendimientos se encuentra más comprimida que hace unos meses, lo que hace que estos tramos intermedios y largos sean particularmente atractivos». 

El 33% restante de la cartera «ideal» de inversiones está orientado a una estrategia en pesos, pensada para «capturar las tasas todavía altas que ofrece el mercado local, sin resignar liquidez», suma la analista. 

Esta opción la recomienda a través de realizar fondos de inversión de corto plazo y Lecaps (Letras de Capitalización) que vencen en las próximas semanas, ya que «se busca hacer tasa de manera estratégica, con capacidad de reacción rápida ante variaciones macroeconómicas», finaliza Botta. 

El Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida de USD 575 millones, aunque la cifra depende del nivel de acatamiento. La protesta, impulsada en rechazo a la reforma laboral, coincide con la persistente incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún falta el dictamen de comisión para tratar el proyecto.

Según fuentes oficiales de Economía consultadas por Infobae, el impacto estimado responde a proyecciones sectoriales que consideran la adhesión variable de cada rubro, en un contexto atravesado por la presión sindical y el reciente cierre de la fábrica FATE. Una fuente del Ministerio precisó que el cálculo “da aproximadamente USD 575 millones, asumiendo un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, según la actividad”. Así, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente menor respecto de huelgas anteriores con mayor participación.

La información se difundió tras la confirmación del paro nacional por parte de la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE y lo presentó como muestra de la crisis industrial. La central obrera sostuvo que la decisión empresarial constituye una señal de alerta para el sector manufacturero y atribuyó la situación al “fracaso del plan económico del Gobierno”. El objetivo de la medida es expresar el rechazo sindical a la reforma impulsada por el Gobierno, que, según la CGT, pone en riesgo derechos laborales y podría agravar la pérdida de empleo. En su comunicado, la central sindical describió la clausura de FATE como un llamado de atención para el sector productivo y respaldó el paro como respuesta ante el “fracaso del plan económico del Gobierno”.

La CGT vinculó la convocatoria con el cierre de FATE y la situación de la industria, argumentando que el evento refleja las dificultades que enfrenta el sector productivo ante el contexto económico y los cambios en la legislación laboral. Representantes sindicales definieron el paro nacional como una herramienta legítima para la defensa del empleo y las condiciones laborales.

Las huelgas generales previas convocadas por la CGT y otras organizaciones sindicales generaron pérdidas de hasta USD 544 millones, cifra registrada durante la medida del 9 de mayo de 2024, según datos del Instituto de Economía de la UADE. En esta ocasión, se anticipa un menor nivel de acatamiento y el Gobierno presiona por la no adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la amenaza de quitarle la personería jurídica al encontrarse en conciliación obligatoria.

En 2025, el paro del 10 de abril sirvió como antecedente para analizar estas variaciones. En esa oportunidad, el funcionamiento habitual de los colectivos amortiguó la caída de la actividad, con un costo económico de USD 194 millones, equivalente al 6,4% del PBI diario. No obstante, los modelos técnicos advirtieron que, sin transporte, esa jornada habría costado USD 539 millones, casi el triple, lo que subrayó la importancia de la movilidad para el comercio y la industria.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó la dinámica estructural de estas protestas. El economista indicó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincide con el impacto de otros paros masivos, como el del 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total generó una pérdida de USD 544 millones, alcanzando el 24,3% del PBI de ese día.

El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano, destacaron que está vigente la conciliación obligatoria y que, por lo tanto, no deberían adherir porque, de lo contrario, corren el riesgo de que se les quite la personería jurídica (representación sindical). Mientras que en el sindicato que conduce Roberto Fernández guardan silencio.

El escenario actual se diferencia de protestas anteriores por el menor nivel de adhesión previsto, la coyuntura industrial y el clima político. La CGT reiteró que el cierre de FATE es un mensaje de advertencia para el empleo y la producción, mientras que el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la prórroga por un año y la optimización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Entre los cambios más relevantes, se sumaron nuevos desarrollos de upstream petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y se ajustó la reglamentación para facilitar su implementación y otorgar previsibilidad a los inversores.

“Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por USD 25.479 millones y muchos más en evaluación. El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, detalló Caputo en su cuenta oficial de X.

El plazo de las compañías para adherirse al régimen era de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo contaba con la potestad de prorrogar por única vez el plazo para acogerse a la iniciativa por un período de hasta un año a partir del vencimiento del período previo, algo que finalmente ocurrió en las últimas horas.

En concreto, el Gobierno resolvió la extensión del esquema de incentivos a las grandes inversiones, por lo que las compañías podrán presentar sus respectivos proyectos hasta julio de 2027. Una vez cumplido ese lapso temporal, finaliza la oportunidad de acceder a los beneficios de la legislación.

Además de la prórroga, se definió incluir proyectos del upstream del petróleo y el gas. En esta industria, el término hace referencia a todas las actividades vinculadas a la exploración y producción de hidrocarburos. Esto incluye la búsqueda de yacimientos (exploración), la perforación de pozos, y la extracción del petróleo y gas natural desde el subsuelo hasta la superficie. Es la primera etapa de la cadena de valor del sector, anterior al transporte (midstream) y al refinado y comercialización (downstream).

Algunos de los incentivos que ofrece el RIGI y despiertan interés en empresas extranjeras incluyen la baja en la tasa del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención del pago de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación para resolver controversias legales a través de mecanismos de arbitraje internacional.

El RIGI busca fomentar la llegada de capitales y potenciar grandes proyectos en sectores estratégicos como la minería y la energía. Si bien ya suma más de 27 iniciativas presentadas, la mayoría concentradas en esos rubros, hasta el momento solo 10 recibieron la aprobación gubernamental. Estos proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

1. YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.
2. YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril.
3. Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.
4. Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.
5. Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.
6. PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.
7. Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.
8. Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.
9. Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
10. Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.