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ECONOMIA

Fuerte intervención del BCRA en el dólar futuro reaviva dudas en la City sobre la credibilidad del plan Caputo

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El Banco Central confirmó lo que todos en el mercado sospechaban: que desde el levantamiento del cepo cambiario incrementó su intervención en los contratos de futuros, como forma de frenar la presión a la suba del tipo de cambio. Y de inmediato resurgió el debate respecto de si realmente se puede considerar al nuevo régimen cambiario como «de flotación».

El informe reconoce posiciones vendedoras al 31 de mayor por u$s1.946 millones, lo que implica que incrementó durante el mes sus posturas por u$s1.541 millones. En ese período, el tipo de cambio mayorista había empezado el mes muy alto, en $1.194 pero tuvo un bajón que lo llevó a terminar mayo en $1.160, tras haber tocado un nivel mínimo de $1.114 a mediados de mes.

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En comparación con otros momentos históricos, no puede decirse que la intervención sea masiva. A fines de 2015, cuando durante la gestión kirchnerista el BCRA usaba el mercado de futuros como principal herramienta para contener al dólar, se llego un nivel de intervención de u$s17.500 millones, según estimó el economista Salvador Vitelli.

Pero esa situación no quita que se haya producido una polémica respecto de qué tan «liberal» es la política económica en la nueva fase. De hecho, las intervenciones ya se venían notando desde marzo, cuando se demoraba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el mercado empezó a dar señales de desconfianza en la continuidad del esquema del «crawling peg» al 1% mensual.

Tras la adopción del nuevo esquema, el ministro Luis Toto Caputo enfatizó en que no habría intervención oficial dentro de la banda, por lo que el esquema podía calificarse como de flotación. Y para reforzar ese concepto se anunció que el BCRA se abstendría de comprar dólares dentro de la banda, ya que ello equivaldría a desnaturalizar el libre juego de la oferta y demanda de divisas, porque el precio al que, eventualmente, comprara el Central sería interpretado como un «piso» por encima del límite inferior de la banda.

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Fue también con ese argumento que se anunció que la compra de dólares para acumular reservas se haría a través de la emisión de bonos del Tesoro -suscribibles en dólar pero que se pagan en pesos-, porque de esa manera se cumplían simultáneamente dos objetivos: reforzar la caja del BCRA y mantener la pureza de la flotación cambiaria.

Quien argumentó ese punto fue Federico Furiase, el ideólogo del «plan de las tres anclas», quien sostiene que si el que compra es el BCRA, entonces se volcarían al mercado pesos que no necesariamente responden a una demanda genuina de dinero.

En cambio, si el Tesoro compra dólares a cambio de títulos públicos y con una «duration» mayor a un año, se cumplirá el objetivo de acumular reservas sin que eso implique emitir pesos. Y destacó que el punto central de ese plan es la disponibilidad de pesos por el superávit fiscal. «El fortalecimiento de reservas líquidas en dólares para aumentar el respaldo de los pesos YA emitidos es el RESULTADO del programa macro», escribió Furiase.

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¿Está mal que el BCRA intervenga?

Pero esas declaraciones siempre fueron relativizadas por los analistas más críticos, que todos los días observaban posturas vendedoras de gran volumen que terminaban «planchando» la curva de futuros.

Por caso, el contrato para fines de octubre -es decir, el primero posterior a las elecciones legislativas- cotiza ahora a $1.297, mientras a principios de abril superaba los $1.341.

En realidad, no es que haya una prohibición para que el BCRA ponga contratos en ese mercado, pero muchos analistas creen que ese instrumento quedó «quemado» tras los juicios que se le hicieron a Alejandro Vanoli y a Axel Kicillof, respectivamente ex titular del BCRA y ex ministro de economía en 2015 -además de la propia Cristina Kirchner– cuando se llegó a un nivel récord de posturas que, cuando finalmente se devaluó, tuvieron un costo de u$s5.400 millones para el Estado.

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Aunque finalmente la sentencia dictaminó la inocencia de los imputados, por entender que no se había incurrido en una conducta que deliberadamente dañara el patrimonio del BCRA y que esa intervención en futuros era una decisión que está dentro de las potestades de los funcionarios, igualmente quedó un remanente de rechazo. En caso de que, efectivamente, ocurra una devaluación, el BCRA tendrá que pagarles a quienes compraron contratos, y ante esas situaciones aparecen las acusaciones de índole político.

Movimientos llamativos

Pero, más allá de las derivaciones legales, lo que está en juego es la credibilidad del equipo económico respecto de su voluntad de sostener un esquema en el que el tipo de cambio flote libremente y sin interferencias.

De hecho, en las últimas semanas hubo movimientos del dólar que llamaron la atención de los inversores. Después de un mínimo a fines de mayo -cuando el tipo de cambio mayorista tocó $1.133 y el blue $1.160-, había comenzado un marcado proceso de suba, en línea con lo que esperaba el mercado. Era algo que hasta el propio gobierno parecía celebrar, cuando el ministro Luis Toto Caputo negó que tuviera la intención de empujar al dólar hacia el piso de la banda de flotación, porque eso podría complicar la competitividad de economías regionales.

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Pero esa suba -que alcanzó un pico de $1.191 para el mayorista y de $1.205 en el paralelo- se encontró con un techo, que tiró los valores abajo, hasta nuevos mínimos de $1.142 y de $1.160 respectivamente.

Hubo mucha discusión respecto de qué había ocasionado la abrupta baja. Se habló sobre factores estacionales, como la concentración de exportación agrícola -para aprovechar los últimos días de venta con retenciones bajas-, también de inversiones externas directas en proyectos de Vaca Muerta. Pero, además, el mercado de futuros estuvo también bajo la lupa.

¿Podría esta situación complicar el acuerdo con el FMI? No está tan claro. En principio, el organismo no es amigo de las intervenciones cambiarias, aunque en los últimos tiempos ha flexibilizado su postura en esta materia.  «Lo permite en momentos de volatilidad, al igual que en el contado con liquidación y MEP. No tuvimos de esos aún», apunta el Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, quien recuerda que el retraso en el cumplimiento de las metas de reservas es una prueba de que el Fondo no está demostrando injerencia en las decisiones del equipo económico.

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Costos y beneficios de frenar al dólar

¿Por qué motivo querría el gobierno contener una presión alcista sobre el dólar? Hay consenso sobre el primer motivo: el ancla cambiaria es una de las bases del modelo desinflacioniario. Y el gobierno priorizó el freno a la inflación por encima de otras variables, como el nivel de actividad.

«Para una inflación que en el primer semestre de 2025 habrá acumulado 15,5%, se corresponde una variación del tipo de cambio de exportación del orden del 11,0% (partiendo del «blend» de fin de 2024). Las operaciones en los mercados de futuros y la astringencia de pesos son los instrumentos para este combo de políticas», sostiene Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea.

Esa prioridad por la estabilidad cambiaria y un IPC que quiebre el piso del 1% mensual es considerado por los politólogos como una de las cartas ganadoras de Javier Milei con vistas a las elecciones legislativas de octubre.

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Pero en el mercado manifiestan preocupación por los costos de esa política. Entre los más evidentes figura el deterioro de la balanza comercial, que en mayo registró una caída interanual de las ventas de 7,4%, mientras las importaciones subieron un vigoroso 29,4%. Es decir, una situación típica de los momentos de retraso cambiario.

Y, aunque el gobierno argumenta que la suba de importaciones es imprescindible para garantizar el crecimiento de la economía, lo cierto es que el rubro que lidera el crecimiento importador no es el de insumos ni bienes de capital sino el de productos de consumo final y automóviles. Estos dos, sumados, ya representan 21% del total importado -hace un año eran apenas 14%-.

Así, muy lejos de la proyección oficial del gobierno, que espera un holgado superávit de u$s20.000 millones por la balanza comercial y la venta de servicios, hay economistas que ya están previendo números en rojo.

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«Pasada la estacionalidad favorable de las exportaciones del agro, es esperable observar un empeoramiento del saldo de bienes, con lo que es posible que veamos meses con saldo negativo. El superávit promedio mensual hasta el momento ha sido pequeño (u$s300 millones) y es fácilmente reversible», argumenta un reporte de la consultora LCG.

¿Cómo sigue?

¿Qué pasará en adelante? Históricamente, el segundo semestre es más escaso de divisas que el primero, dado que la mayor parte de la cosecha agrícola ya está vendida. El gobierno apuesta a que la exportación de petróleo podrá compensar esa situación, pero la volatilidad de los precios en el mercado internacional hace dudar sobre cuál será el aporte del crudo producido en Vaca Muerta.

Pero, además, está el tema electoral, que pondrá un elemento extra de presión, como es tradicional. Un dato a observar es el de los pequeños ahorristas, que en apenas dos semanas de abril atesoraron u$s2.000 millones.

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Por lo pronto, los economistas creen que la vocación intervencionista no cambiará el en corto plazo. «Por el momento no vemos una baja considerable de la exposición del BCRA a futuros de dólar», señaló un reporte de la consultora Romano Group.



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ECONOMIA

Efecto Whirlpool: ya hay despidos y cierres entre sus pymes proveedoras del Parque Industrial de Pilar

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La fábrica que cerró Whirlpool había sido inaugurada en 2022.
REUTERS/Anindito Mukherjee/File Photo

El cierre de la fábrica de lavarropas Whirlpool desencadenó un efecto dominó en Parque Industrial de Pilar, donde empresas proveedoras vinculadas a su cadena de valor comenzaron a cesar sus actividades y a despedir personal.

La firma logística Translog anunció el cierre de sus operaciones y desvinculó a casi todo su personal. La noticia se suma a los despidos en Novax, proveedor de piezas plásticas para los lavarropas que fabricaba Whirlpool. En este caso, la empresa reconoció que por lo menos 38 puestos de trabajo están en riesgo, según informó Pilar a diario.

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La logística Translog despidió a 17 de sus 20 empleados y reubicó a los 3 restantes en otra filial de la empresa. Había iniciado sus actividades en Pilar en octubre de 2022, coincidiendo con la apertura de la planta de Whirlpool en la localidad de Fátima. Su centro de distribución, de 15.000 metros cuadrados, se instaló específicamente para gestionar los productos de la multinacional, incluyendo lavarropas y otros electrodomésticos de línea blanca.

Según fuentes consultadas por Pilar a Diario, en los momentos de mayor actividad se movilizaban hasta 80.000 piezas diarias y se trabajaba durante toda la semana. El flujo de productos seguía un circuito definido: desde la fábrica de Fátima, los lavarropas se trasladaban al depósito de Translog en la calle Frondizi y, desde allí, a cadenas de electrodomésticos e hipermercados.

La situación comenzó a deteriorarse a mediados de este año, cuando se comunicó a los trabajadores de Translog que las operaciones con Whirlpool tenían fecha de finalización. A fines de agosto, se despacharon los últimos lavarropas, mientras la multinacional avanzaba con la construcción de un centro de distribución propio de 45.000 metros cuadrados en Fátima, frente a la planta que cerraría. Translog intentó sostener su actividad mediante contratos transitorios con otras empresas, pero estos acuerdos concluyeron recientemente. El viernes pasado, 17 empleados recibieron la notificación formal de su despido y se prevé que las indemnizaciones se depositen en los próximos días.

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Parque Industrial Pilar
Parque Industrial Pilar

En el último tramo de la crisis de Whirlpool, el presidente de Novax, Máximo Donzino, expresó al medio local su intención de limitar los despidos, aunque reconoció: “Es claro que nos sobra mucha gente”. Novax, dedicada a la fabricación de piezas plásticas para los lavarropas de Whirlpool, enfrenta la posible pérdida de 38 empleos tras el cierre de una de sus líneas de producción. A estos casos se suman los 220 despidos ya concretados en Whirlpool y la expectativa de que otras compañías de transporte y comercios locales sufran consecuencias indirectas por la caída del consumo de los trabajadores afectados.

Los casos de Translog y Novax se suman a una cadena de proveedores y prestadores logísticos que, al perder a su principal cliente, ven amenazada su continuidad. El fenómeno podría ampliarse a empresas de transporte y, de manera más difusa, a comercios y servicios locales, afectados por el contexto.

La decisión de la multinacional Whirlpool de cerrar su planta de lavarropas ubicada en el Parque Industrial Pilar fue sorpresiva pero no tanto. Hacía tiempo ya que la compañía no andaba bien, que los números no le cerraban y que no había podido alcanzar el objetivo del proyecto original, que era producir 300.000 unidades por año y exportar el 70 por ciento.

¿Cómo fue que la compañía pasó de inaugurar una planta último modelo para producir lavarropas de carga frontal de última generación y exportar a decidir cerrarla en apenas tres años (se inauguró en octubre de 2022)? En el sector recuerdan que no es la primera vez que la compañía de origen norteamericano toma esta decisión en la Argentina. Ya lo había hecho en 2003, cuando decidió cerrar su planta de heladeras que tenía en San Luis y dedicarse a importar. Ahora pasó lo mismo: el negocio no anduvo y la decisión, liderada desde la filial de Brasil de la cual depende, fue abandonar la producción local, despedir a sus 220 trabajadores, y dedicarse a la importación.

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Tras la noticia, fuentes de la empresa dialogaron con Infobae y explicaron que fueron dos los motivos por los cuales se optó por este camino: por un lado, los altos costos argentinos que hacían inviable exportar a un precio competitivo -de hecho, estaban mandando muchos menos lavarropas al exterior que el plan original- y, por otro, la apertura total de la economía, que hizo que se desplomaran los precios de los electrodomésticos por la mayor competencia de productos importados. En el caso de los lavarropas, en octubre se vendieron 20% más baratos que el mismo mes del año pasado, según datos de la consultora NielsenIQ.

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ECONOMIA

Netflix compró Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones: incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO

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El logotipo de Netflix se muestra en uno de sus edificios en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares, una operación que transformará de manera profunda el panorama de la industria del entretenimiento y los medios. Este movimiento, que se produce tras una serie de ofertas mejoradas por parte de los principales actores del sector, plantea interrogantes sobre el futuro modelo de negocio de Netflix y el impacto regulatorio que podría acarrear la operación, especialmente por el alcance global de la plataforma.

La adquisición representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento, con un valor total de empresa de aproximadamente USD 82.700 millones (valor de capital de USD 72.000 millones). El acuerdo, que se concretará tras la escisión previamente anunciada de la división Global Networks de Warner Bros. Discovery —Discovery Global— en una nueva compañía cotizada, está previsto para el tercer trimestre de 2026. Esta fusión promete redefinir el panorama audiovisual global al unir el alcance internacional de Netflix con el legado centenario de Warner Bros.

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Según detalló David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, la integración de ambas compañías permitirá que las historias más influyentes lleguen a nuevas audiencias: “El anuncio de hoy une a dos de las mayores empresas de narración del mundo para llevar a más personas el entretenimiento que más disfrutan ver”, afirmó Zaslav.

Destacó que Warner Bros. ha cautivado al público y moldeado la cultura durante más de cien años, y que la alianza con Netflix garantizará que las historias más emblemáticas sigan presentes en la vida de las próximas generaciones.El acuerdo, valorado en USD 27,75 por acción de Warner Bros. Discovery (sujeto a ajustes según lo estipulado en el contrato), permitirá que franquicias y títulos emblemáticos como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, El mago de Oz y el Universo DC se sumen al catálogo de Netflix, que ya incluye éxitos como Wednesday, La casa de papel, Bridgerton, Adolescence y Extraction.

Esta combinación ampliará la oferta de contenidos para los suscriptores y consolidará la posición de Netflix como líder en el sector del streaming.Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, subrayó la magnitud de la operación: “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de Warner Bros.—desde clásicos atemporales como Casablanca y El ciudadano Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends—con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, KPop Demon Hunters y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de narración”, declaró Sarandos.

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Charles Foster Kane (Orson Welles),
Charles Foster Kane (Orson Welles), en una escena clásica de Ciudadano Kane

Por su parte, Greg Peters, también codirector ejecutivo de Netflix, remarcó el impacto a largo plazo de la adquisición: “Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante décadas. Warner Bros. ha contribuido a definir el entretenimiento durante más de un siglo y lo sigue haciendo gracias a sus extraordinarios ejecutivos creativos y capacidades de producción. Con nuestro alcance global y modelo de negocio probado, podemos presentar a una audiencia más amplia los mundos que crean, ofreciendo a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fanáticos a nuestro servicio de streaming de primer nivel, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”.

En el tramo final de las negociaciones, Paramount expresó su descontento con el proceso, señalando en una carta dirigida al director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que la compañía había “iniciado un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”, en referencia a Netflix. Además, Paramount advirtió en una comunicación previa a los abogados de Warner Bros. Discovery que una venta al gigante del streaming probablemente “nunca se concretaría” debido a los posibles obstáculos regulatorios tanto en Estados Unidos como en el extranjero, dada la posición dominante de Netflix en el mercado global.

La decisión de Warner Bros. Discovery de entablar conversaciones exclusivas con Netflix se produce después de recibir propuestas de compra de varias compañías. Paramount había manifestado su interés en adquirir la totalidad de la empresa, incluyendo las cadenas de cable como CNN, TNT y TBS, mientras que Comcast buscaba hacerse únicamente con los estudios y el negocio de streaming HBO Max. Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal, las tres empresas presentaron ofertas mejoradas esta semana, pero fue Netflix quien avanzó con una propuesta mayoritariamente en efectivo.

Un aviso de la serie
Un aviso de la serie de Netflix «Stranger Things» en Hollywood, Los Angeles (REUTERS/Mike Blake)

De acuerdo con Bloomberg, la operación se enmarca en la estrategia de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos entidades: una que agruparía los activos de estudios y streaming, y otra que concentraría las operaciones globales de cable, antes de cerrar el acuerdo con Netflix.

La integración de los activos de Warner Bros. Discovery en Netflix ha generado inquietudes entre legisladores y autoridades de Estados Unidos, quienes temen que la adquisición de HBO Max otorgue a Netflix un poder excesivo en el mercado del streaming, según reportó The Wall Street Journal. Analistas del sector han señalado que la fusión plantea dudas sobre la evolución del modelo de negocio de Netflix, ya que Warner Bros. Discovery suele estrenar sus películas en salas de cine mucho antes de llevarlas a plataformas digitales, mientras que Netflix produce principalmente para nutrir su propio servicio de suscripción.

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Actualmente, el estudio de televisión de Warner Bros. vende sus programas a diversas cadenas y servicios de streaming, incluidos competidores tanto de HBO Max como de Netflix. Por su parte, Netflix ha mantenido históricamente sus producciones dentro de su propia plataforma, lo que podría cambiar si se concreta la adquisición.La exclusividad de las negociaciones representa un revés para las aspiraciones del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, quien asumió el control de la compañía a principios de este año y buscaba fusionar dos marcas emblemáticas del entretenimiento.



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ECONOMIA

De cara a la reforma, los expedientes por juicios laborales casi llegan a 640.000

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El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y tratará la reforma laboral.

Además de la reforma laboral que enviara el Gobierno durante las sesiones extraordinarias, la discusión sobre la legislación y sus impactos en la economía tomaron nuevo impulso en las últimas semanas con un caso particular. Cuando un juzgado dictó una indemnización de $250 millones en favor de un mozo con 26 años de antigüedad vinculado a un restaurante. El caso abrió el debate sobre la sustentabilidad del régimen de indemnizaciones y sus efectos sobre empresas y aseguradoras.

Pare el origen del conflicto reside en la forma en que la normativa laboral operó durante la emergencia sanitaria. La prohibición de despidos en el período de pandemia multiplicó el valor de las indemnizaciones en los juicios, al combinarse con el criterio judicial que consideró las propinas como parte del salario para el cálculo final. Ese enfoque arrojó, para el caso mencionado, un valor de $9,4 millones en 2020. A ese monto, el tribunal aplicó la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% anual, una fórmula definida por el entonces Gobierno de Alberto Fernández, que resultó en la cifra actual de $250 millones.

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Este fallo reciente encendió alarmas en sectores empresariales y en el sistema de aseguradoras, al proyectar un posible efecto multiplicador sobre futuras sentencias. El fenómeno no resulta exclusivo de los despidos individuales. Operadores del sector destacaron que un proceso similar afecta a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), como lo evidencia la inhibición impuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación a una de las compañías de mayor peso en ese mercado. En esa oportunidad, el disparador fue la presión financiera de los juicios acumulados y sus actualizaciones, que absorbieron una porción significativa de los ingresos y complicaron la operatoria habitual de la aseguradora.

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) con base en datos aportados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, expuso que el universo de litigios laborales incluye un volumen extraordinario de expedientes. El stock de juicios por riesgos del trabajo alcanza los 308.082 casos actualmente en trámite. El segmento de despidos, la otra gran fuente de litigiosidad, suma 329.248 expedientes adicionales. Considerados de manera conjunta, el total de causas en curso por ambas vías judiciales trepa a 637.330 procesos pendientes de resolución.

En la última versión de
En la última versión de la reforma se habría eliminado la limitación al financiamiento de los gremios y a su rol en la negociación de los convenios, pero sumó un fondo para despidos con aporte del sector patronal

La magnitud cobra otra dimensión al relacionar el stock de juicios con los asalariados registrados en el sector privado, que suman alrededor de 6,3 millones. La relación indica que los litigios pendientes representan cerca del 10% del empleo formal, proporción que inquieta a especialistas y destaca el peso del pasivo pendiente sobre las cuentas empresariales y el sistema judicial.

La legislación laboral vigente habilita mecanismos de actualización que, en el contexto inflacionario y con las reformas implementadas durante la emergencia sanitaria, transformaron el universo de pasivos judiciales en cifras de difícil cobertura. Las propias reglas utilizadas por la justicia en distintas jurisdicciones, incluyendo la capitalización de intereses y la indexación por inflación, generan montos “históricos” que comprometen la sostenibilidad de las empresas afectadas.

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Desde la óptica de quienes siguen la evolución de estos expedientes, la dimensión del stock de juicios amenaza el funcionamiento normal del sector asegurador y de múltiples empresas de servicios y comercio. Al respecto, se señalan que los sistemas de actualización aprobados o sugeridos en las normas actuales convierten en una deuda impagable la suma de pasivos judiciales acumulados.

La preocupación oficial y privada coincide en que la única forma de controlar hacia adelante esta problemática consiste en eliminar o acotar los elementos que potencian la litigiosidad, aunque ese enfoque solo impactaría en los casos futuros. Resta resolver cómo enfrentar el pasivo ya generado con las reglas que tensionan financieramente a los distintos actores.

“El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 768, habilita al Banco Central a fijar una tasa de intereses moratorios de referencia para uso de los tribunales en la actualización de deudas. Extremar la prudencia en la definición de esta tasa de interés es la única manera de hacer viable el pago de los juicios acumulados”, destacaron en el informe de Idesa.

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En respuesta a este escenario, el Banco Central abrió una consulta pública sobre la nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM). La propuesta contempla calcular la tasa como un promedio ponderado entre la tasa pasiva de depósitos y la tasa activa de préstamos, estableciendo un rango entre un piso y un techo definidos por CER más 3% anual. El planteo busca preservar el valor real de los créditos judiciales, evitando “arbitrariedades” y escaladas mayores o pérdidas severas en los montos finales. El esquema se considera razonable para el futuro, siempre y cuando se logren cambios en los factores que generan una litigiosidad incompatible con el desarrollo normal del mercado.

No obstante, ese modelo choca con el objetivo de aliviar el pasivo asociado a los millones de juicios que esperan sentencia. Analistas proponen para ese universo aplicar hasta el 31 de diciembre de 2025 la metodología de la Comunicación BCRA 14.290, que combina los rendimientos de caja de ahorro y plazos fijos, y luego, a partir de enero de 2026, empalmar ese índice con la fórmula incorporada por el Decreto 70/2023 (IPC + 3% anual).

La Comunicación BCRA 14.290 nació en 1991 para enfrentar los saldos judiciales surgidos de la hiperinflación de 1989 y 1990. Voceros apuntan que el mismo recurso resulta útil en el presente, al enfrentar las consecuencias de la inflación de los años recientes y la acumulación de litigios laborales. No disponer de un mecanismo de emergencia adecuado para estas circunstancias pondrá en riesgo la viabilidad de innumerables empresas e impactará sobre el empleo en el sector formal.

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El debate permanece abierto sobre cuál será el índice de actualización definitivo que los tribunales aplicarán para los juicios actuales. Tanto las empresas como las cámaras empresariales y las aseguradoras de riesgos laborales aguardan definiciones normativas que aporten previsibilidad a los pagos y permitan dimensionar el tamaño real del pasivo. Mientras tanto, el stock de juicios laborales sigue creciendo y compite por el centro de la agenda en la definición de la próxima reforma laboral.

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