Aunque todavía no está escrita la última palabra en el largo juicio de Burford Capital contra la Argentina, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dio de baja el fallo en primera instancia por la expropiación de YPF, es mucho más que un traspié para este “financista de litigios” con sede en Londres y fundado en 2009 por Christopher Bogart, la cara más visible del juicio más voluminoso contra el estado argentino.

El reflejo más evidente de la derrota tal vez definitiva de Burford en el juicio contra la Argentina, en el que el gobierno tuvo el apoyo clave del gobierno de Donald Trump a través de presentaciones del Departamento de Justicia, es la propia cotización de la empresa en la bolsa de Nueva York.

En septiembre de 2023, cuando Burford obtuvo en el juzgado de la jueza Loretta Preska el fallo hoy “vaciado” (void) por la Cámara de Apelaciones, la “capitalización de mercado” de Burford había trepado a cerca USD 3.500 millones. Hoy, tras la difusión del fallo, el valor de la empresa, que a fines de febrero aún cotizaba por sobre los USD 2.000 millones, caía como un piano, a poco más de USD 750 millones hacia el mediodía de la Argentina.

Debe tenerse en cuenta además que si bien Burford podría aún recurrir a la Corte Suprema de EEUU, el mayor tribunal de la justicia norteamericana toma muy pocos casos en sus manos y es -según señaló un abogado consultado por Infobae– altamente improbable que lo tome en este caso, en que el propio gobierno norteamericano, a través del Departamento de Justicia ya se puso del lado de la Argentina.

La Cámara de Apelaciones básicamente priorizó la validez de aplicación de la ley de expropiación de la Argentina por sobre lo que decía el estatuto de YPF, que fue el argumento de Burford. “El estatuto estaba pensado para aplicarse en caso de un take over, especialmente si era de carácter hostil, no para aplicarse en caso de una expropiación, explicó mientras leía la sentencia un abogado consultado por Infobae, que pidió más tiempo para digerirla.

“Este caso es sobre los acreedores e inversores que han perdido miles de millones de dólares a causa de los actos ilegales del gobierno argentino, no sobre Burford”, había dicho a Infobae un vocero de Burford, en octubre pasado, cuando este medio investigó y publicó un historial sobre el accionar de este “financista de litigios” cuyo accionar se asemeja mucho a un “fondo buitre”, aunque niega a ser asimilado a ese status.

Por el contrario, se presenta a sí mismo como una fuerza justiciera que -proporcionando recursos y expertise permite a los little guys- defenderse de contrapartes abusivas. “La financiación de litigios por terceros” busca “emparejar la cancha”, le dijo Bogart, CEO y cofundador de la firma, a Lesley Stahl, histórica periodista de la cadena CBS, en un reportaje televisivo.

El historial, sin embargo, desmiente esa pretensión.

Burford se ganó enemigos de fuste por los costos que impone a las empresas, las impugnaciones éticas y legales a su práctica y fue incluso acusado de “contabilidad creativa”.

Balances “enronescos”

En 2019 el fondo de inversión Muddy Waters calificó los métodos contables de Burford de “Enronescos”. La referencia era a Enron, la empresa de energía que quebró en 2001, cuando sus fraudes contables se hicieron inocultables y llevaron incluso al desprestigio y desaparición de Arthur Andersen, que debía auditarla.

El fondo denunció también que la Chief Financial Officer (CFO) de Burford, Elizabeth O’Connell, era la esposa de Bogart, que actuaba como “consejero delegado”. De resultas, O’Connell fue corrida del cargo y nombrada Chief Strategy Officer.

Un artículo del diario inglés Financial Times reportó también la irregular estructura corporativa de Burford, pues sus 4 consejeros no ejecutivos, incluido Peter Middleton, ex presidente de Barclays, entonces de 85 años, llevaban una década en el consejo, lo que según el código británico de gobierno corporativo compromete su independencia, amén del hecho de que ningún miembro del directorio integra el consejo de administración, lo que impide conocer los salarios de los principales ejecutivos, como el propio Bogart y Jonathan Molot, las caras de la firma en el litigio contra la Argentina.

Al respecto, Burford respondió que se trata de “insinuaciones sin fundamento” y que Muddy Waters “está bajo investigación criminal por fraude de valores y fue acusado de manipulación de mercado en relación con su ataque a Burford”.

La Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber of Commerce), principal agrupación empresaria del país del norte, tiene una actitud militante contra la “financiación de litigios por terceros” (TPLF, por su sigla en inglés), la industria que Burford creó y lidera.

Matt Webb, vicepresidente del sector legal de la Cámara, acusó a los financiadores de litigios de operar sin supervisión y crear “riesgos para la seguridad nacional y la integridad del sistema judicial de EEUU”, dijo que hay firmas chinas y rusas que operan de ese modo y señaló a Burford como “uno de los mayores financiadores globales, que intentó tomar el control de una demanda antimonopolio presentada por Sysco, anteponiendo sus propios intereses económicos a la voluntad del demandante de resolver el litigio”.

Caso paradigmático

Se trata de un caso paradigmático: Sysco, un distribuidor de alimentos que demandó por prácticas monopólicas a algunos abastecedores, llegó a Burford a través de Boies Schiller, un estudio sospechado de acuerdos secretos con la firma de Bogart, pero cuando alcanzó arreglos amigables con algunos de sus demandados, Burford habría bloqueado los arreglos y demandó a Sysco, porque quería recompensas mayores.

Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables y convertirla en rehén de un financiador codicioso

“Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables, convirtiéndola en un rehén de un financiador codicioso”, dice una nota de la US Chamber. Tras cuatro meses de conflicto, Sysco y Burford llegaron a un acuerdo, pero Sysco debió ceder a Burford los derechos de litigio de sus subsidiarias.

Nathan Morris, vicepresidente de reformas legales de la Cámara dijo a Bloomberg Law: “Burford debería aclarar qué papel desempeña en otros casos y publicar sus acuerdos de financiación; es la única forma en que los tribunales y las partes sepan quién toma realmente las decisiones”.

De hecho, debido al caso de Sysco, varios estados sancionaron normas de divulgación automática para que los jueces conozcan el monto de los fondos externos involucrados en juicios que se ventilan en sus juzgados.

Buckhead Beef, una de las subsidiarias de Sysco, fue proveedora de los restaurantes de la cadena hotelera de Donald Trump, y de los Trump Steaks, marca de un fallido negocio cárnico del actual jefe de la Casa Blanca.

Además, el CEO de Sysco, Kevin Hourican, se relacionó con Trump a través de su participación en los “Grupos Industriales de la Gran Reactivación de EEUU”, iniciativa de la primera gestión trumpista (2016-2020) a favor de la reapertura económica durante la pandemia de Covid-19.

Desde Burford habían señalado entonces que los detalles del caso Sysco mostraron que actuó “apropiadamente y en interés de sus clientes en todo momento”.

“Los acuerdos de financiación permiten a empresas como Sysco tener éxito en los litigios. Burford ayudó a Sysco en la pandemia. Actualmente, no existe ningún litigio ni arbitraje entre ambas”, agregaron.

Los representantes republicanos John Kennedy y Mike Johnson y el demócrata Joe Manchin presentaron en 2023 un proyecto de “Protección de nuestras Cortes contra la Manipulación Extranjera”, que obligaría a revelar la participación de financiadores externos en litigios en EEUU y prohibiría la inversión de gobiernos y fondos soberanos del exterior en estos procesos, de modo de garantizar que jueces, partes y autoridades conozcan la presencia de financiadores externos, en especial si son entidades extranjeras, “para fortalecer la protección del sistema judicial federal”.

En 2025, además, el senador Tom Tillis, otro republicano, presentó una iniciativa que apunta a estudios como Burford: un impuesto del 40,8% sobre los “ingresos derivados de la financiación de litigios” y un adelanto o “retención” del 20,4% (la mitad del impuesto final) a los abogados que participan en juicios de ese tipo. El proyecto no prosperó, por cuestiones de procedimiento, pero podría inspirar futuras presentaciones.

El 1 de octubre pasado la International Legal Finance Association (ILFA), que agrupa a los “financiadores de litigios” e integra Burford, presentó al Congreso de EEUU un documento de 238 páginas contra proyectos de ese tipo y tilda de “discriminatorio” imponer reglas de información a una específica forma de litigio, la que permite “emparejar la cancha” y defender a los “little guys”, como le gusta presentarse a la firma de Bogart.

Caso fraudulento en Ecuador

Las andanzas de Burford, sin embargo, tienen alcance mundial. Uno de los más escabrosos fue el juicio contra la petrolera Chevron en Ecuador, en el que el bufete de Bogart, a través de su filial en las Islas Caimán, se comprometió a aportar USD 15 millones para financiar el litigio contra Chevron que encabezaba el abogado Steven Donziger en defensa de tribus indígenas cuyo ambiente y salud habían sido supuestamente dañados por derrames y otras acciones de la petrolera en la zona de “Lago Agrio”.

Un documento ventilado en el juicio que Chevron llevó adelante contra Donziger detalla que Burford convino hacer tres desembolsos, incluido el inicial de USD 4 millones a cambio de 5,5% del “monto de liquidación”, fijado en USD 1.000 millones. Pero si el acuerdo se cerraba por una cifra inferior, Burford recibiría 98,25% de las “recuperaciones netas”, deducidos USD 2,5 millones de otro “inversor externo” y ciertos gastos legales.

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya calificó el caso contra Chevron de “fraudulento y corrupto” y consideró que no debía ser “reconocido ni hacerse cumplir” en ningún juzgado. Nueva York y otros distritos suspendieron la licencia de abogado de Donziger y en 2021 este fue condenado a prisión por Loretta Preska, la misma jueza del caso Burford contra la Argentina. Donziger no completó la condena, pues en 2022 fue liberado tras pedidos de ONGs de derechos humanos que alegaron un “acoso judicial” de Chevron.

Sobre el tema, Burford respondió que se retiró de esa demanda en 2011, tras comprobar que había sido “engañado” por Donziger y no obtuvo ganancia alguna de esa inversión.

Además de los USD 4 millones que perdió por el adelanto de fondos que hizo en el fraudulento caso ecuatoriano, el estudio inglés perdió USD 11 millones en un arbitraje en Paquistán. “Burford gana muchos más casos de los que pierde; el 93% de los asuntos concluidos en nuestra cartera han generado recuperaciones para los clientes, pero perder casos es una parte cotidiana de los litigios y es de esperar de vez en cuando”, dijo el vocero de Burford.

Divorcio de un oligarca ruso

De hecho, ganó muchísimo dinero en otros litigios, como el juicio de divorcio que financió a Tatiana Akhmedova, exesposa del oligarga petrolero ruso Farkhad Akhmedov. Ante la resistencia a pagar de Akhemdov, Burford logró un fallo de una Corte de Londres para incautar el yate “Luna”, de 120 metros de eslora, que Akhmedov le había comprado a su dueño original, Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea.

Burford se quedó con más del 55% del arreglo en uno de los divorcios más costosos de la historia

Akhmedova-Burford intentaron incautar el buque en Dubai, donde estaba en ese momento, pero la justicia del Emirato rechazó el pedido por considerarlo contrario a la sharia islámica.

Burford intentó luego una acción en las Islas Marshall, donde estaba registrada la nave, y persiguió activos de Akhmedov en Lichtenstein, un paraíso fiscal. Finalmente, el oligarca petrolero cedió al asedio e hizo un arreglo “amigable” de USD 186 millones con su exesposa, en uno de los divorcios más caros de la historia. Para Tatiana fue un éxito algo menos que a medias. Burford se quedó con USD 103 millones, poco más del 55% del arreglo judicial.

“Burford asumió una de las sentencias más grandes de la historia inglesa y la cobró en nombre de nuestro acreedor judicial, tal como lo está haciendo en el caso YPF. Burford tiene un sólido historial de éxito con más de 16 años haciendo esto”, había respondido el estudio cuando Infobae lo consultó por aquel caso.

En el juicio contra la Argentina Burford creía haber mordido la más grande presa en los 17 años de su hasta ahora exitosa historia como “financiador de litigios”.

La ampliación de los controles al movimiento de los buques extranjeros que depredan el Atlántico Sur parece aún no hacer suficiente mella en la actividad de las flotas ilegales. Por estos días, alrededor de 500 embarcaciones, en un 80% conformada por unidades que operan para China, operan en torno a la milla marítima 200, frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Precisamente, en estos días ya se ubicaron sendas situaciones ilícitas de actividad pesquera en aguas nacionales: el buque extranjero Hai Xing 2, de origen chino y bandera de conveniencia de Vanuatu, fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en inmediaciones del Golfo San Jorge, hace poco más de una semana. En simultáneo, el buque pesquero Bao Feng, también chino y con bandera de Vanuatu, viene de recibir una multa cercana al millón de dólares por efectuar la misma pesca ilegal.

Con relación al Bao Feng, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que, en un trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), aplicó y cobró a la embarcación un multa de $1.260 millones -algo más de u$s900.000- tras detectar de forma electrónica que la unidad pescaba en la ZEE.

Barcos chinos saquean utilizando banderas de terceros

«El procedimiento se originó el pasado 10 de enero, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu», precisó la dependencia oficial.

«Esta plataforma tecnológica, de vanguardia en la región y desarrollada enteramente por profesionales de la Fuerza, permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca», añadió.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la sanción aplicada al Bao Feng representa un «antecedente histórico» en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque.

En paralelo a esa situación, durante la semana del 20 de este mes el pesquero Hai Xing 2 fue detectado realizando maniobras de captura mediante arrastre muy cerca del Golfo San Jorge. De acuerdo a medios fueguinos, la embarcación también posee bandera de conveniencia de Vanuatu aunque opera para capitales chinos.

«La detección se produjo a partir del monitoreo satelital y análisis de patrones de navegación. El arrastrero fue registrado desplazándose a una velocidad de entre 4,3 y 6 nudos, un comportamiento que, según los nuevos criterios vigentes, constituye un indicio concreto de actividad pesquera», indicaron medios patagónicos.

«Lejos de tratarse de un tránsito inocente, la baja velocidad y las maniobras en zigzag del buque son consideradas la ‘huella’ típica de redes en el agua. Esta evidencia surge de los sistemas tecnológicos implementados recientemente, que permiten identificar con mayor precisión incursiones ilegales sin necesidad de constatación visual directa», agregaron.

Se indicó que el Hai Xing 2 es un pesquero de gran porte construido en astilleros chinos en 2025, y que por su actividad ilegal en aguas nacionales podría recibir una multa del orden de los 4 millones de dólares.

Estados Unidos busca intervenir en el control de la pesca ilegal

La presencia en el Atlántico Sur de una flota de pesca ilegal integrada por al menos 500 embarcaciones también mantiene inquieto a los Estados Unidos, que buscan potenciar su influencia en ese extremo del continente.

De ahí que, siempre con vistas a poner en discusión el posicionamiento de la potencia asiática frente a las costas argentinas, la nación que gobierna Donald Trump busca tomar parte de las acciones de vigilancia e incluso patrullaje en torno a la milla marítima 200.

Ese aspecto quedó sobre la mesa en la reciente visita que integrantes de las Fuerzas Armadas, con Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, a la cabeza, realizaron al Pentágono norteamericano. En concreto, en Estados Unidos se evalúa la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Atlántico Sur a través de la armada del país del Norte y su Guardia Costera.

La opción de que unidades de Estados Unidos tomen parte del patrullaje en las aguas frente a la Patagonia no es nueva. Ya en enero de 2021, durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el frente del Ejecutivo nacional, la US Coast Guard envió a la zona el buque Stone (WSML 758) que, según informó el Departamento de Estado norteamericano en ese momento, se ocupó de «fortalecer la cooperación y reforzar la seguridad en toda la región».

En paralelo, Estados Unidos viene de desplegar en el sur a su buque oceanográfico R/V Roger Revelle, que se hizo con los permisos correspondientes el mes pasado. Según se indicó de forma oficial, la embarcación realiza en el Atlántico Sur sendas «actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales».

El buque en cuestión, se indicó, es «gemelo» del R/V Atlantis que participó en la búsqueda y detección de los restos del ARA San Juan. Su labor en aguas nacionales está establecida hasta el 30 de este mes.

En una entrevista exclusiva, los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira detallaron en Infobae al Regreso el trasfondo jurídico y las instancias clave por las que la justicia estadounidense anuló una condena millonaria que amenazaba a la Argentina.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, los abogados responsables de la defensa argentina repasaron el recorrido judicial que permitió revertir una sentencia de primera instancia que implicaba una deuda de 16 mil millones de dólares más intereses. “Nos salvamos de un riesgo existencial para el país”, subrayó Comadira, y explicó: “Si se confirmaba el fallo, implicaba la responsabilidad del Estado argentino por casi 18 mil millones de dólares y los intereses que hubieran seguido corriendo. Era realmente una amenaza gravísima”.

La estrategia jurídica que convenció a los jueces estadounidenses

Stampalija precisó el eje argumental de la defensa: “Lo que se estaba discutiendo era si Argentina, al expropiar las acciones de YPF, debía haber hecho una oferta pública a los demás accionistas. Nosotros insistimos en que el remedio propuesto por la jueza de primera instancia no existe en el derecho argentino. Y eso fue lo que dijo finalmente la Cámara: ‘Básicamente se inventó una solución que en el derecho argentino no existe’”. Comadira reforzó: “Esto tenía que resolverse de acuerdo con el derecho argentino, y la solución que había dado Preska no correspondía”.

El equipo legal argentino apostó por una estrategia audaz durante la audiencia de octubre pasado. “Era nuestra única oportunidad para hacerle entender a tres jueces, que no son expertos en derecho argentino, cómo funciona nuestro derecho. Si lográbamos eso, ganábamos”, relató Stampalija. El resultado fue inmediato: “Ese mismo día bajaron abruptamente las acciones de Burford, y en seis meses perdió un 30% de su cotización”.

El peso del contexto y la continuidad estatal en la defensa

Stampalija reconoció que la posición argentina partía de una desventaja reputacional: “Fueron a tribunales donde Argentina tiene un historial negativo. Es mucho más fácil convencer a un juez norteamericano de que el derecho argentino dice A cuando no lo dice, que a un tribunal argentino”. Comadira remarcó que el fallo adverso de primera instancia era “imposible de imaginar en un tribunal argentino”.

La coherencia de la defensa a lo largo de distintos gobiernos fue clave. “No fue igual en todas las etapas ni todos los argumentos, pero algunos se mantuvieron porque eran ciertos y jurídicamente correctos”, sostuvo Stampalija. “El ratio de fallos que revoca la Cámara es del 15%, y aun así logramos revertirlo”, destacó. También subrayó la importancia de cumplir con los procedimientos: “El Gobierno decidió cumplir con el discovery para no ser declarados en desacato, y eso evitó un daño reputacional aún mayor”.

Costos, impacto y el futuro tras el fallo

Consultados sobre los caminos que podría intentar la contraparte, Stampalija detalló: “Pueden pedir un rehearing en banc o ir a la Corte Suprema, pero las chances de éxito son muy bajas. La Corte toma solo entre 100 y 120 casos por año. No veo probable que decidan intervenir en un tema de derecho argentino”.

Respecto al costo para el Estado, Comadira fue claro: “Pagamos cero de la condena, pero tener un juicio ejecutable por 18 mil millones de dólares tiene un impacto en toda la economía, incluso para YPF a la hora de operar en el extranjero”. El cálculo de los costos directos e indirectos, admitieron, aún se está realizando.

El cierre de la entrevista dejó espacio para la emoción y el reconocimiento. Stampalija confesó: “Siento mucha emoción porque pienso en nuestros hijos y en lo que hubiera implicado para el país. Además, fue un trabajo de años y de mucha gente en la Procuración. Litigamos contra los mejores abogados del mundo y logramos que la justicia de Estados Unidos valore la posición argentina”.

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