Los analistas buscan anticiparse a los movimientos del mercado y el futuro de la economía post electoral, luego de la puesta en marcha de la histórica intervención directa del Tesoro de EEUU en la plaza cambiaria local y la confirmación de un paquete de socorro financiero por un total de 40.000 millones de dólares.

La imagen más potente para el electorado y también el mercado fue el martes 14, cuando el presidente Javier Milei fue recibido en Washington por su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en momentos en que se celebraron las “Reuniones Anuales 2025″ del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la postal no dejó el mensaje esperado, luego de que Trump pareció condicionar la ayuda financiera al resultado electoral del domingo 26. Eso llevó a que el día siguiente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantara que se planea un paquete total de USD 40.000 millones, compuesto por un swap -intercambio de monedas- de USD 20.000 millones y otro tramo de USD 20.000 millones que provendría de bancos y fondos de inversión.

El apoyo estadounidense a la gestión del presidente libertario se concretó dos semanas antes de la elección legislativa en la que el oficialismo buscará aumentar su presencia en el Congreso, donde cuenta con minoría.

Los tiempos se acortaron después las ventas oficiales en el mercado por más de USD 3.000 millones en menos de un mes, cuando la cotización del dólar “testeó” insistentemente el techo de las bandas de flotación.

El Tesoro norteamericano habría efectuado ventas por unos USD 400 millones en total en cinco de las últimas seis cambiarias para mantener el precio de la divisa, aún cerca del techo de las bandas.

Su poder de intervención es enorme, mientras que la demanda local debería estar limitada, por cuanto los analistas ven probable que disminuya su presión después de los comicios del próximo domingo.

Pero al mismo tiempo esa fortaleza puede ser leída como una debilidad, pues para los analitas el Banco Central hoy no cuenta con reservas propias líquidas para defender las bandas. ¿Qué pasará si el Tesoro norteamericano se retira de la plaza?

Max Capital consideró que “una parte importante de las compras en el mercado cambiario no fue puramente ‘especulativa’, sino que respondió a importaciones adelantadas y a la dolarización de ahorros individuales. Esto hace que la señal del Tesoro estadounidense sea fuerte, aunque insuficiente por sí sola. Se necesita algo de liquidez para aliviar la presión sobre la moneda”.

La ayuda financiera de EEUU fue comprometida para actuar en varios flancos: el swap para reforzar reservas, intervención del dólar en el mercado de contado y futuros, además de compra de bonos, que ayudaría a bajar el riesgo país -hoy sobre los 1.100 puntos básicos- e, indirectamente, retraer los precios de los dólares bursátiles.

“El uso específico de esos recursos no está claro, y la reacción del mercado fue moderada, lo que sugiere que las valuaciones actuales ya incorporan un menor riesgo de evento crediticio en 2026–2027. Ahora los inversores centran su atención en los ajustes de política pendientes -el énfasis del Gobierno en las bandas cambiarias, en lugar de un esquema de flotación pura, no ayuda- y en las elecciones, donde las encuestas muestran una ventaja para La Libertad Avanza, aunque de solo 2 a 3 puntos en promedio», añadió Max Capital.

“Cuando un post en ‘X’ o una declaración puede hacer que los bonos suban o bajen 10% o 20%, en lo inmediato no tiene mucho sentido detenerse a analizar los fundamentos macro y, al menos hasta el lunes 27 de octubre, hay que operar ‘esperando el próximo tuit’”, observaron los analistas de la Consultora 1816.

“Pensando hacia adelante, la sostenibilidad del régimen cambiario depende exclusivamente de la continuidad del apoyo estadounidense: mientras Bessent quiera apuntalar al peso, en el nivel que él considere apropiado, no se va a quedar sin dólares para hacerlo. Cualquiera sea el régimen cambiario post elecciones, que la inflación siga en la zona de 2% con la reciente volatilidad cambiaria es una buena señal”, apuntaron desde 1816.

En el Atlantic Council de Washington, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, defendió la continuidad de las bandas como “apropiada y en proceso de ensanchamiento gradual” y atribuyó la incesante demanda cambiaria a un “shock preelectoral desproporcionado” que se disipará después de las elecciones.

Lo concreto es que el esquema de bandas impidió la compra de reservas desde que entro en vigencia hace seis meses, obligó a ventas de la entidad monetaria -USD 1.110 millones entre el 17 y el 19 de septiembre- más otros USD 2.100 millones por parte del Tesoro argentino, hasta el rescate de Bessent. E igualmente, el tipo de cambio oficial sigue cerca de la banda superior, ahora en los $1.450 -con un máximo nominal de $1.476 el viernes 17-, frente a un techo de las bandas en 1.489 pesos.

Tampoco los analistas ven un escenario que justifique el pánico inversor, incluso con una eventual dura derrota del oficialismo en las urnas. El tipo de cambio real está en una zona de equilibrio para la cuenta corriente de la balanza de pagos -intercambio de bienes y servicios con el exterior- y los depósitos privados en dólares anotaron esta semana un nuevo récord de casi 35.000 millones de dólares.

“Existe expectativa por conocer la estrategia de las intervenciones en el mercado cambiario, tanto antes como después de las elecciones, y cómo encuadraría con una postura oficial de compra de reservas. También como se aplicaría un programa de compra de deuda en dólares -más allá del respaldo frente a los próximos vencimientos- dado que ello podría actuar como un nuevo driver para los inversores que permita impulsar una decidida convergencia del riesgo país -hacia los 500 puntos básicos- y así lograr recuperar capacidad para renovar los vencimientos», enfatizó el economista Gustavo Ber, director del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que “la volatilidad volvió a dominar el mercado financiero luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dejara en duda el apoyo prometido a la Argentina si el Gobierno de Javier Milei sufre una derrota en las legislativas del 26 de octubre. La reacción fue inmediata: las tasas de interés se dispararon por encima del 100%. El clima de tensión ya se percibía desde comienzos de semana, cuando el Tesoro estadounidense intervino en el mercado cambiario comprando pesos para contener al dólar. Pero los dichos de Trump encendieron las alarmas entre los inversores”.

“El respaldo de Washington alienta una tregua financiera, pero no garantiza gobernabilidad ni sostenibilidad: es un salvavidas, no una brújula”, resumió el economista Luis Secco.

“El apoyo estadounidense solo se aprovechará completamente si Argentina logra forjar un consenso político más amplio y se ajusta el régimen cambiario”, definió un informe de la banca JP Morgan. “El régimen cambiario es adecuado para el momento, pero después de las elecciones será necesario introducir ajustes”, estimó.

“Más allá del inusual mecanismo financiero, lo central del anuncio radica en su dimensión y efectos potenciales sobre la estabilidad. La línea de swap por USD 20.000 millones y la intervención directa en el mercado cambiario constituyen medidas contundentes para modificar las expectativas en el corto plazo”, evaluó Eric Ritondale, economista del agente de liquidación y compensación Puente.

“El respaldo directo del Tesoro estadounidense no solo aporta liquidez, sino también validación política y credibilidad externa a las reformas en curso”, agregó.

Para los analistas de Adcap Grupo Financiero, “el apoyo fue histórico y contundente. La magnitud del nuevo financiamiento equivale al último programa con el FMI”.

Además consideró que “la alineación ideológica y geopolítica de Argentina con Washington resultó clave para que el Gobierno de Trump anunciara semejante respaldo” que ”claramente le otorga más tiempo al régimen de bandas cambiarias, que incluso el secretario del Tesoro (Bessent) mencionó que le parecían adecuadas en este contexto”.

“Consideramos que en parte se trata de una muy fuerte campaña de expectativas a favor de la estabilidad financiera en Argentina y por consiguiente de su Gobierno actual”, destacó Vatnet Financial Research.

“La idea sería llegar a las elecciones del domingo sin mayores sobresaltos; en el futuro será indispensable lograr un flujo de divisas positivo para atender los compromisos básicos, incluyendo los intereses de la deuda externa”, agregó.

En los primeros nueve meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El impacto abarcó a casi todos los sectores del Estado, con recortes profundos en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.

Entre los organismos más afectados figuran la Superintendencia de Servicios de Salud, con una reducción del 70% de su presupuesto, y varios hospitales nacionales con bajas que van del 30% al 38%. El Instituto Malbrán perdió el 22% de su ejecución, y la Anmat, encargada de fiscalizar medicamentos y alimentos, un 28%. El Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 42% en sus partidas.

En el área científica, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una baja de 83%, mientras el Conicet, la Conace, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino registraron caídas de entre 19% y 35%. En el ámbito educativo: programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución, y los fondos para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio cayeron hasta un 89 por ciento.

Los organismos de desarrollo productivo tampoco escaparon al ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto 78%, el INTA 38% y el INTI 45%, lo que afectó directamente la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la asistencia técnica al sector industrial y agropecuario. La Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió un 44%, el ENRE un 22% y el Enargas un 28%, mientrasa persiste la discusión sobre la política energética y tarifaria nacional.

El área social también sufrió recortes de magnitud. La Anses redujo su ejecución en 7%, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en 72%. Los fondos destinados al Inaes se contrajeron 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia directamente dejaron de ejecutarse o registraron caídas del 100% al 88%, según el estudio privado. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un ajuste del 63 por ciento.

El Ministerio de Capital Humano, que concentró buena parte de las áreas sociales y educativas, fue el más afectado dentro de la estructura estatal. La caída del gasto en Educación fue del 49%, mientras que en Niñez y Familia alcanzó el 72%. Los recortes también alcanzaron al Ministerio de Economía (51%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (53%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (21 por ciento).

Por el contrario, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto de 2023.

El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA proyecta la continuidad del ajuste con un nuevo marco normativo que consolida el “blindaje fiscal”.

El texto establece que si la recaudación supera lo previsto, el Gobierno reducirá impuestos; pero si los ingresos caen, deberá recortar el gasto discrecional, es decir, el destinado a áreas como salud, educación y desarrollo social.

El Presupuesto mantiene la meta de equilibrio financiero, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3% del PBI. La proyección de crecimiento económico con 5% se ubica moderadamente por encima del consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, del 4,4 por ciento.

Del lado del gasto se consolida una política de recorte estructural en áreas sensibles. En educación, las partidas aumentan 4% nominal respecto de 2025. Las universidades nacionales siguen con recursos limitados, mientras los programas de becas estudiantiles muestran una caída acumulada del 76% desde 2023. En el Conicet, el recorte interanual será del 5,4%, acumulando una reducción de casi el 40% en tres años.

La Conae tendrá una partida 34% menor a la de 2025, mientras el INTA y el INTI registran caídas acumuladas del 44% y 49%, respectivamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica perderá otro 13% interanual.

En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá un nuevo recorte del 7,3%, mientras la Prestación Alimentar y los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente, ante la baja observada en los índices de pobreza e indigencia.

El CEPA advierte que el Presupuesto 2026 no solo mantiene el sesgo contractivo del gasto público, sino que incorpora medidas estructurales que agravan la situación de los organismos. Entre ellas, la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef (Fondo de Defensa Nacional).

Según Hernán Letcher, director del CEPA, “La lógica del desfinanciamiento no se limita a la reducción del gasto, sino que afecta las capacidades institucionales del Estado: Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.

Desde una óptica más fiscal, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que el proceso actual combina dos dinámicas: “El gasto total crece, pero por debajo del PBI, por lo que el Estado va perdiendo peso relativo en la economía”. En los primeros nueve meses del año, el gasto indexado -incluye jubilaciones y pensiones- aumentó 18% en términos reales, mientras el gasto no indexado, donde se concentran salarios, obra pública y subsidios, cayó 10% real.

“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, detalló Argañaraz, quien advirtió que esa combinación genera un efecto multiplicador negativo: “El menor poder adquisitivo de los empleados públicos se traduce en menor consumo, y la caída de la obra pública implica menos actividad económica en ese sector y en las cadenas que dependen de él”.

Según los cálculos del Iaraf, el gasto total crecería este año un 2,1% real, por debajo del ritmo de expansión de la economía. Eso implica que el gasto público pierde incidencia en el PBI y, al mismo tiempo, que el superávit fiscal se sostiene a costa de un ajuste cada vez más profundo.

Para alcanzar la meta del 1,6% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno debería intensificar los recortes: “Debería bajar un 16% real el gasto no indexado en el último trimestre, cuando ya venía cayendo 10%”, apuntó.

Argañaraz aclaró, sin embargo, que el desafío de fondo no es solo cuantitativo sino cualitativo: “Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos provoca una caída directa en los servicios que presta el Estado y la demanda social se mantiene, aparecen los cuellos de botella”. En ese punto, advirtió que la eficiencia no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios públicos funcionando con menor presupuesto.

Daniel Garro, director de Value International Group, interpretó el desfinanciamiento como parte de una estrategia deliberada del Gobierno para “cerrar o debilitar organismos considerados ineficientes o redundantes”. Según explicó, “cuando la Ley Bases salió recortada y el Congreso o la Justicia impidieron avanzar con el cierre de ciertas dependencias, el Ejecutivo optó por desfinanciarlas”.

“El mensaje es claro -sostuvo Garro-: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. Se trata de una decisión política y fiscal: no hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.

En su análisis, el recorte no generará grandes disfunciones: “Muchos de esos organismos cumplen tareas que pueden hacer los privados, o son cajas políticas. Por eso, no habrá un impacto relevante en la actividad económica. Lo que el Gobierno busca es obligarlos a ajustarse, auditar sus gastos y eliminar ineficiencias”, conluyó Daniel Garro.

Mar del Plata. La estructura impositiva y la proliferación de la informalidad en la Argentina ocuparon el centro del debate en este segundo día del 61° Coloquio de IDEA cuyo lema es “Juega Argentina”. En distintos paneles que abordaron la temática, referentes de distintas áreas analizaron cómo la presión fiscal y los tributos distorsivos limitan la competitividad y el crecimiento económico y qué reforma se requiere hacia adelante para revertir este escenario.

En tres paneles consecutivos que moderó la periodista Florencia Donovan, ejecutivos de empresas líderes, referentes del tercer sector y especialistas desglosaron de manera detallada cómo la carga tributaria y la expansión impositiva impactan en los sectores productivos. Los principales oradores coincidieron en los efectos de la informalidad, las distorsiones tributarias y la proliferación de tasas municipales.

Matías Surt, economista, socio-director de Invecq y profesor universitario, abrió el espacio con una radiografía del sistema fiscal en el panel “Nivelando la cancha, el desafío impositivo”. Para Surt, la presencia de impuestos distorsivos, como ingresos brutos, derechos de exportación, aranceles de importación y el impuesto al cheque supone un freno concreto a la inversión y al desarrollo de exportaciones. Según expuso, Argentina recauda cerca de ocho puntos del PBI por estos conceptos, más 1,5% extra mediante tasas municipales. Esto lleva el total a más del 9% del producto, una cifra que el sector privado soporta y que considera un impedimento para su rentabilidad.

Surt señaló que, aun con cierta reducción en aranceles y derechos de exportación que ocurrieron durante la actual gestión de Javier Milei, las distorsiones por ingresos brutos impactan especialmente sobre cadenas de valor extensas por el clásico efecto cascada. Los supermercados, de acuerdo a su exposición, enfrentan tasas promedio en torno al 1%, pero en ciertos municipios el cargo llega al 6%.

Además, manifestó que entre el 20 y el 35% del precio de algunos productos terminados es absorbido por cargas fiscales distorsivas. “Si se alineara el sistema tributario argentino con los parámetros habituales de otros países, la carga podría descender hasta un tercio”, remarcó.

El economista también vinculó la presión fiscal con el elevado gasto público argentino. Aclaró que, si bien es esperable una estructura tributaria más alta en este contexto, advirtió contra la permanencia de impuestos distorsivos y altos niveles de evasión, que terminan desalentando la inversión y encareciendo productos para el consumidor.

Desde el sector supermercadista, Nicolás Braun, Director de IDEA y gerente general de Supermercados La Anónima, focalizó en la brecha que existe entre empresas formales y la expansión del canal informal. Según explicó, el nivel de evasión en el comercio llega al 55% y la informalidad laboral se sitúa cerca del 60%. “Con una utilidad promedio apenas superior al 2%, los supermercados pueden ver cómo el monto de impuestos sextuplica márgenes considerados razonables”, dijo.

Según Braun, la suba tanto de impuestos como de niveles de evasión detuvo la expansión de los supermercados de grandes cadenas y promovió el avance de canales informales, en especial los autoservicios. “Hoy hay cerca de 13.000 autoservicios en el país”, ejemplificó, y mencionó casos como la salida de empresas internacionales del sector—entre ellas Walmart—como resultado de las trabas a la inversión y el crecimiento formal.

El impacto de la informalidad no se restringe a los supermercados. Braun también planteó la situación en los frigoríficos, sector en el que en 2018 tres de cada cuatro kilos comercializados tenían algún componente informal. Bajo este escenario, reclamó que el Estado garantice que todos los actores compitan bajo las mismas reglas, y defendió que la ventaja competitiva debe surgir de la innovación y la inversión, no de la evasión impositiva.

Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, relató la carga fiscal específica que enfrenta la industria de los combustibles. Detalló que “de cada 100 pesos que se pagan por un litro de nafta, 45 pesos corresponden a impuestos”, que tildó de distorsivos. Si bien remarcó que el sector refina y produce con alta eficiencia y destina toda su producción al mercado local, esos tributos afectan principalmente al consumidor final.

Cavallari subrayó el aumento de la cantidad, el monto y la variedad de tasas municipales, con algunos casos donde una refinería enfrenta hasta ocho tipos diferentes según la jurisdicción. Expuso que la eliminación de impuestos distorsivos no tiene por objetivo incrementar las ganancias empresariales, sino reducir los precios que paga el cliente y mejorar la competitividad. Solicitó, además, un sistema más simplificado, con aplicación razonable de tasas y visión integral de la problemática.

Desde el rubro industrial, Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast y director en IDEA, comparó la situación tributaria de Argentina con la de Uruguay, Paraguay y Chile. Para Rodríguez, si no existieran diferencias fiscales, el precio de los productos sería casi igual en esos mercados. La divergencia aparece por la carga de impuestos, que repercute en el consumo, el empleo y la recaudación potencial. Consideró fundamental una reducción del gasto público y mayor eficiencia estatal, además de combatir la evasión, para recomponer el equilibrio.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, consideró que la Argentina “está en un momento de transición” donde la presión fiscal ronda los 28 puntos sobre el PBI. Observó que la obligación recae esencialmente sobre el sector formal y advirtió que los consumidores suelen priorizar precios, incluso cuando eso los lleva a elegir productos informales. “¿Quién no cambia una marca de auto por 10 o 12 puntos de diferencia?”, planteó. La falta de competitividad influye tanto en la oferta local como en la exportadora, con impactos directos sobre la generación de divisas. Ticinese propuso que la industria forme parte de la estrategia de desarrollo nacional.

La mirada del sector social llegó de la mano de Matías Olivera Vila, presidente de la ONG Lógica, quien presentó los avances y retos del Proyecto de Régimen de Transparencia Fiscal. Bajo la consigna “Juego limpio”, Olivera Vila describió tres causas principales del problema: la voracidad fiscal del sector político, la tolerancia del poder judicial y la desconexión fiscal de la ciudadanía. “Tenemos un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos”, expresó.

Explicó que, aunque la ley de Transparencia Fiscal ya rige, la adhesión de las provincias es todavía limitada. Mendoza y Chubut la aplican, mientras que tres jurisdicciones están en proceso (entre ellas, CABA) y diecinueve, en desacuerdo. Olivera Vila remarcó el papel de la sociedad civil para llevar el debate fiscal fuera del ámbito estrictamente político y convertirlo en una “cuestión ciudadana”. Señaló que el compromiso del tercer sector puede ser clave para impulsar mayor transparencia y control social sobre la recaudación y el gasto.

A lo largo del panel, ejecutivos y especialistas remarcaron la urgencia de revisar el esquema fiscal, promover la simplificación y redoblar los esfuerzos dirigidos a la formalización del mercado de trabajo y de bienes. Con experiencias y cifras, cada uno recordó que la transformación del régimen impositivo es central tanto para la recuperación de la competitividad como para el crecimiento a largo plazo.