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ECONOMIA

Hola «súper IVA», chau Ingresos Brutos: el plan de Milei desata una guerra con gobernadores

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Se aceleran los tiempos de la reforma tributaria. Si bien en Washington el ministro Luis Caputo había dicho que el proyecto se enviaría después de las elecciones, la «exitosa» salida del cepo cambiario, el dólar bajo control y la inflación en baja habría convencido al gobierno de avanzar con todo y, de paso, aportar para que la economía domine la campaña electoral.

«Cuanto más se hable de economía, más puntos subimos en la consideración de la gente», le dijo a iProfesional un estratega libertario, al admitir que el gobierno debe mostrarse cada vez más encima de la gestión y tratar de dejar atrás escándalos como el de la criptomoneda $Libra.

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Coparticipación: el Gobierno busca bajar el IVA y las provincias deberán competir

En medio de esa estrategia, Caputo -el «mejor ministro de Economía de la historia», según Milei- salió a copar el centro de la cancha. Primero instaló que habrá una oferta difícil de rechazar para quienes tienen más de u$s200.000 millones en el colchón, porque se necesita parte de esa plata para remonetizar una economía en crecimiento. Y enseguida nomás, metió otro gancho al mentón: dijo que ya se tiene avanzada una reforma tributaria para dotar de mayor equilibrio y justicia al pago de impuestos.

Esa reforma no traería buenas noticias para las provincias. El Gobierno sostiene que, en el imaginario popular, todos los impuestos los cobra la Nación, pero a la gente no le queda claro que parte de esos fondos van a las provincias. Sobre todo a la Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof.

Tal vez por eso, a dos meses de la reforma tributaria anunciada por Javier Milei en marzo, el Gobierno volvió a reflotar su proyecto con la mira puesta en el IVA.

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La idea es crear un esquema de alícuotas diferenciadas entre Nación y provincias para que estas últimas compitan por reducir la carga del tributo y así atraer inversiones, con un sistema de reparto de recaudación diferente al vigente.

«Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincia. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, aproximadamente un 9% sobre el 21% que constituye actualmente el IVA. Las provincias, por su parte, establecerán su propio porcentaje de IVA», reveló el ministro Caputo, mientras los gobernadores comenzaban a echar chispas.

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Tantas fueron que decidieron reunirse de urgente este martes en el marco de una actividad del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Entre Ríos, para discutir los alcances de la propuesta y definir una posición común. La preocupación gira en torno a la posible afectación de la coparticipación y el avance unilateral del Ejecutivo sobre tributos que, según la Constitución, requieren consenso federal.

Es que e IVA es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el territorio, incluida la mayoría de las transacciones comerciales, con una alícuota general del 21%. Y lo recaudado se coparticipa entre Nación (46%) y las provincias y CABA (54%). Lo que se busca ahora es descomponer la alícuota de manera que cada parte reciba ingresos en función de la tasa fijada, pero también cada provincia deberá dar la cara ante la población para explicar qué hace con los impuestos que recauda, y preocuparse por cobrarlos.

«Hoy estamos en niveles del 35%; la Nación aporta un 17% y, cuando mirás las provincias, están en 15%. La mejor forma es hacerlos competir, entonces, ¿cómo hacés para que tengan incentivo? Con competencia: habrá algunas que digan que les conviene bajarlo porque más empresas se radican y facturan más», dijo el ministro.

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Caputo insistió en que el objetivo es generar «competencia impositiva» entre provincias. «Resulta muy difícil para nosotros negociar directamente con ellas porque no tenemos jurisprudencia sobre las mismas. Consideramos que la mejor estrategia es hacerlas competir entre sí», explicó.

Y señaló que el esquema que impulsa el Gobierno permitirá que cada provincia determine su propia alícuota de IVA. «Nosotros cobramos nuestra parte y ellos definen el resto. Pueden establecer un 11%, un 10% o incluso un 5%. La competencia hará el resto», señaló.

De paso, lanzó un misil contra algunas administraciones, al explicar que mientras a nivel nacional se produjo una reducción significativa del gasto (de 28 puntos del PBI en 2020 a 17 puntos hoy), las provincias apenas disminuyeron su gasto (de 16 a 15 puntos), y los municipios mantuvieron constante el nivel de erogaciones en 3 puntos del PBI.

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«El esfuerzo lo hizo Nación», se quejó Caputo, quien pareció decir «ya no más», a los mandatarios provinciales y comunales.

Ingresos Brutos, en la mira de Luis Caputo

En un contexto donde los ingresos brutos representan el 80% de la recaudación provincial, Caputo sostuvo que la única forma efectiva de implementar una reducción impositiva es mediante la competencia fiscal. «Algunas provincias razonarán: ‘Si bajo ingresos brutos, más empresas se radican en mi territorio y termino recaudando más’. Eso es lo que buscamos conseguir con este nuevo esquema», indicó.

Tributaristas creen que el Gobierno eliminará Ingresos Brutos y, bajo el nuevo esquema, las provincias reemplazarían la pérdida de esa recaudación con el nuevo IVA.

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«Si dejara de existir ingresos brutos se generaría un bache importante, poque hoy los cinco tributos más distorsivos recaudan 8 puntos del PBI y se necesitan al menos nueve años de alto crecimiento destinando el diferencial entre gasto y recaudación a bajar impuestos», dijo Nadín Argañaraz, titular del instituto IARAF.

Para el economista Martín Kalos, cualquier modificación del esquema de coparticipación requiere un acuerdo federal con aprobación de las 24 legislaturas provinciales y del Congreso.

En tanto, Caputo sostuvo que el problema de la Argentina «no son los dólares, sino la recaudación y, en consecuencia, no hay margen para errar en la secuencia de la baja impositiva».

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En este escenario, el Gobierno prepara una modificación de raíz en la relación tributaria que tiene la Nación con las provincias y buscará un cambio en el formato con el que se determina un impuesto central del sistema impositivo como es el IVA.

Para eso, el equipo económico tiene avanzado y en etapa de cierre un proyecto de ley de reforma integral que pondrá a discusión en el Congreso. La estrategia es plantear la discusión desde ahora, con la mira puesta en que una nueva conformación del Congreso la apruebe a fin de año.

Es que semejante modificación requerirá el visto bueno del Congreso, porque modificaría de raíz el entramado tributario vigente. Es por eso que se trata de un cambio que estará integrado a un proyecto más amplio que abarcará otros impuestos. El impuesto al cheque (1,2% sobre transferencias bancarias) está en la mira para darle una fecha cierta de finalización, que podría ser el fin de este año.

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Sobre el nuevo esquema para el IVA, la idea es dividir al impuesto en dos. La Nación continuará con una alícuota de base del 9%, del 21% que tiene hoy ese gravamen como tasa, más allá de alícuotas recortadas y excepciones que tienen algunos bienes o servicios. Ese 9% tiene sentido al entender cómo es la coparticipación «primaria» del IVA.

De lo que se recauda por ese concepto, el 42% del total queda en la Nación y el resto es repartido hacia el conjunto de provincias y una parte menor para fondear los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que administra la cartera de Interior, hoy denominado en el gabinete como Vicejefatura de Gabinete del Interior. Ese 42% implicaría, de manera lineal, que a la Casa Rosada le corresponden eso 9 puntos porcentuales del 21% total.

Pero la parte más polémica llegará para los 12 puntos porcentuales restantes: la idea que sobrevuela en los despachos oficiales y que buscará ser plasmado en el proyecto de ley de reforma tributario es establecer un esquema con «criterios objetivos». Ese criterio estaría determinado por el nivel de gasto que cada provincia necesite cubrir.

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El asesor financiero Federico Domínguez consideró innecesario un cambio en el régimen de coparticipación general. «Con una ley aprobada por mayoría simple en cada cámara se podría eliminar el IVA y, al mismo tiempo, reemplazarlo por un IVA no coparticipable con una alícuota menor, permitiendo luego que cada provincia fije su propia alícuota de IVA provincial», señaló.

Dijo que las provincias grandes «tendrían mayores incentivos para apoyarlo, pero la mayor competencia beneficiaría a todos».

En tanto, Argañaraz explicó que «lo que está en juego dentro de estas decisiones es si se va a ir a un criterio de coparticipación devolutivo o redistributivo».

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Indicó que si se va a avanzar en una idea de que cada provincia cobre en función de lo que desea gastar, dadas las responsabilidades de gasto y la distribución de esa responsabilidad que se haga en el país, eso va a generar diferenciales importantes de alícuotas y obviamente una discusión política intensa».

El Gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen, por ejemplo, para las empresas que ingresen al RIGI.

Una de las ideas es reducir la cantidad de impuestos sin afectar significativamente la recaudación, priorizando la eliminación de tributos de bajo impacto fiscal. También se mencionó la posibilidad de reducir en 90% la cantidad de impuestos que conforman el sistema tributario.

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El Súper IVA enciende las alarmas entre los gobernadores

Por todos estos elementos en juego, el clima entre la Nación y los gobernadores escaló en tensión. Los jefes provinciales sospechan que el súper IVA los terminará perjudicando.

Para analizar estos temas, gobernadores aliados y opositores se reunirán este martes en la ciudad de Paraná, en el marco de un seminario organizado conjuntamente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio. Entre los confirmados están Axel Kicillof de Buenos Aires; Ignacio Torres de Chubut; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Raúl Jalil de Catamarca; y Sergio Zilliotto de La Pampa; todos estarán acompañados por Ignacio Lamothe, presidente del CFI.

Entre los mandatarios provinciales, sostienen que quién recauda es lo central, y luego se verá si es necesario competir.

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No todos los distritos tienen los mismos recursos y eso ya marca un diferencial. El sur se organizará con el petróleo, el centro con la soja y similares, y el NOA y Cuyo pueden trabajar el litio o metalíferos.

El «Super IVA» tiene la finalidad de concentrar el tributo a los Ingresos Brutos (IIBB), que representa la segunda mayor fuente de ingresos para las provincias después de la coparticipación.

Algunos gobernadores están molestos, además, por una medida reciente del Gobierno que modifica el esquema de anticipo del Impuesto a las Ganancias y el de retenciones del IVA en operaciones aduaneras.

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Esto achica hasta fin de año el monto que se podría haber recaudado por estos dos tributos, que representan el 90% de los fondos que las provincias reciben a través del sistema de coparticipación.

Si bien esto será temporal y se recuperará en meses posteriores, la medida puso en alerta a las provincias, porque comenzará a impactar en junio, cuando los diferentes ministerios de Hacienda están planificando cómo pagar aguinaldos.

El mar de fondo entre algunas provincias y la Nación excede la cuestión impositiva. Es que la reactivación de la obra pública es el tema que más complica a los gobernadores.

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La cuestión será también analizada en el encuentro que la Cámara de la Construcción (CAMARCO) realizará el 3 de junio próximo en la Rural, al que asistirán varios gobernadores e intendentes. Para la entidad es clave reactivar la obra pública, que conforma buena parte de los ingresos de sus asociados.

La visión de la Casa Rosada es que las obras viales podrían financiarlas las provincias mismas con aportes de privados. Pero provincias como Santa Fe responden que ya han pedido la transferencia de varias rutas, pero no recibieron respuesta de Nación.

La convocatoria de este martes será coordinada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien convocó a una cumbre para «sembrar la semilla de un nuevo pacto fiscal».

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Mientras tanto, se siguen sumando opiniones. El ex director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Osvaldo Giordano sostuvo que la reforma «va en la dirección correcta», aunque requiere coordinación entre jurisdicciones.

«Cobrando bien el IVA se pueden eliminar otros tributos que castigan la actividad económica», afirmó el titular de la Fundación Mediterránea. Giordano elogió la idea de unificar tributos y puso como ejemplo el caso de Brasil, donde el IVA unificado se sitúa entre 27% y 28%.

Pero alertó que «sin un mecanismo claro de distribución y consenso, el modelo argentino podría fracasar en sus objetivos».

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El resultado de la reunión dará pistas sobre si es posible avanzar hacia un nuevo esquema fiscal sin romper el siempre delicado equilibrio federal.

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El petróleo se disparó y superó los u$s110, tras nuevos ataques que sembraron pánico en los mercados

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El precio del petróleo Brent rompió la barrera de los u$s110 por barril este miércoles. La escalada se produjo en medio de un fuerte nerviosismo por la guerra en Medio Oriente que no da tregua y amenaza con desestabilizar el suministro energético global.

El crudo de referencia mundial registró una suba de más de 7% en una sola jornada y tocó los u$s111, aunque luego retrocedió levemente hasta los u$s109. En el último mes, el avance supera el 50%, una cifra que no se veía desde las crisis geopolíticas más graves de las últimas décadas.

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El detonante fue una serie de ataques lanzados por Irán contra infraestructura energética crítica en Qatar y Arabia Saudita, dos de los principales exportadores de hidrocarburos del planeta.

Los bombardeos provocaron un incendio en la refinería de Ras Laffan, ubicada cerca de Doha. Se trata de la principal planta de gas natural licuado del país, una instalación clave para el abastecimiento mundial.

También hubo impactos directos en un depósito de combustible para aviones. Las llamas se veían desde varios kilómetros de distancia, según reportes locales.

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Por qué Irán atacó instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudita

Estos ataques no llegaron de la nada. Se produjeron después de que Israel bombardeara las instalaciones gasíferas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo.

Ese yacimiento es compartido entre Irán y Qatar. El ataque israelí fue interpretado en Teherán como una agresión directa a su infraestructura energética estratégica.

El Ejército iraní había prometido que la ofensiva no iba a quedar impune. Y cumplió. La respuesta llegó con contundencia y amplió el radio de acción del conflicto.

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«Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo«, declaró un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

Esta corporación de ingeniería y construcción es controlada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Sus palabras fueron citadas por la agencia de noticias local Fars.

Poco después de esa advertencia, se registraron los ataques a Qatar y los Emiratos. La amenaza se materializó en cuestión de horas.

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Estados Unidos e Israel bombardearon este miércoles las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en la ciudad de Asulayeh, a orillas del Golfo Pérsico, según reportó la televisión estatal iraní.

Cómo reaccionaron los mercados ante la escalada bélica

El crudo Brent repuntó más de 4% en cuestión de minutos hasta superar los u$s111 por barril. El nerviosismo se apoderó de los operadores en Londres y Nueva York.

El WTI, de referencia estadounidense, subió un 1,7% y alcanzó los u$s97 por barril. La brecha entre ambos contratos refleja el impacto diferencial según la geografía del conflicto.

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Los precios de referencia del gas natural también se dispararon. Tanto en Europa como en Asia, los contratos registraron alzas superiores al 5%, informó la CNN.

Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo se dispararon casi un 50%. Una escalada de tal magnitud pone en jaque la recuperación económica global.

El mercado mira con preocupación el estrecho de Ormuz. Por ese paso marítimo transita el 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

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Irán cerró el estrecho como represalia. La medida asfixia el flujo de crudo hacia los principales consumidores y agrega presión alcista sobre los precios.

Qué medidas tomó Trump para contener el alza del petróleo

En ese escenario de enorme incertidumbre mundial y con fuertes cuestionamientos internos, el presidente estadounidense lanzó varias medidas de emergencia.

Trump anunció una exención de 60 días a la Ley Jones, que data de hace un siglo. La medida levanta durante dos meses la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses, buscando mitigar las disrupciones en el mercado petrolero.

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«Esta acción permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días», explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

La ley de 1920 tenía como objetivo promover la construcción naval estadounidense. Sin embargo, sus críticos sostienen que obstaculiza el libre comercio y encarece los costos para los consumidores.

Por separado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió también una licencia para autorizar ciertas transacciones entre entidades estadounidenses y la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

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«Esta licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que respaldará el mercado energético mundial al aumentar la oferta de petróleo disponible«, dijo un portavoz del Departamento del Tesoro.

La flexibilización de sanciones a Venezuela marca un giro pragmático. Washington busca desesperadamente alternativas de suministro ante el cierre del estrecho de Ormuz.

La tensión entre Trump y la OTAN por el estrecho de Ormuz

Trump dijo que su país no necesita el estrecho de Ormuz. Amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de esa vía estratégica y que no acudieron a su llamado para garantizar la seguridad.

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«Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado ‘estrecho’», escribió en su red Truth Social.

«Eso haría que algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden se pusieran las pilas, ¡y rápido!«, agregó el mandatario estadounidense con su estilo característico.

Estas nuevas advertencias llegan un día después de que Trump afirmara que la OTAN cometió «un error muy tonto» al rechazar su llamado para garantizar la seguridad de tanqueros y buques mercantes en el estrecho.

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La reacción no tardó en llegar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que los miembros de la Alianza están discutiendo cómo reabrir el paso marítimo.

«He estado en contacto con muchos aliados y estamos de acuerdo en que debe de abrir de nuevo. Los aliados están discutiendo de forma colectiva cuál es la mejor forma de hacerlo«, dijo Rutte en rueda de prensa conjunta con ministros noruegos.

Rutte se reunió esta mañana en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Luego viajó a la localidad de Bardufoss para observar las maniobras organizadas por la OTAN desde hace una semana.

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Las maniobras reúnen a cerca de 30.000 soldados de 14 países. Denominadas «Cold Response» (Respuesta Fría), incluyen también el norte de la vecina Finlandia.

Simulan una guerra contra un enemigo ficticio y tienen como objetivo reforzar la capacidad defensiva de la OTAN en el flanco norte, según explicó el Ministerio de Defensa noruego.

La coincidencia temporal entre estas maniobras y la crisis en Medio Oriente no pasó desapercibida. Los mercados interpretan cada movimiento militar como una señal de mayor escalada.

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El petróleo seguirá siendo el termómetro de esta crisis. Mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado y los ataques continúen, los precios del crudo mantendrán su trayectoria alcista y la economía global seguirá en alerta máxima.

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ECONOMIA

Inflación mayorista: cuánto puede anticipar del próximo dato minorista y qué variables claves no contempla

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Analistas y consultoras proyectan una inflación minorista en torno al 3% para marzo, con fuerte presión de rubros regulados y estacionales

La inflación mayorista registró una suba de 1% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), constituyendo el menor incremento mensual desde finales de 2022. Este resultado generó expectativas sobre la evolución de la inflación minorista para los próximos meses, en un contexto donde el presidente Javier Milei anticipó que en agosto podría comenzar con cero. Sin embargo, especialistas subrayan que este índice no contempla variables clave que afectan el comportamiento de los precios al consumidor.

Tras conocerse el dato de febrero, Milei afirmó que la evolución de los precios mayoristas “anticipa lo que viene para la minorista” y sostuvo que ese índice “está bajando”. Como marzo suele mostrar una suba en la inflación minorista por factores estacionales, la expectativa oficial es que la desaceleración se consolide después del primer trimestre. No obstante, informes de consultoras privadas y economistas advierten que la inflación al consumidor está condicionada por elementos que no se reflejan en el indicador mayorista.

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La inflación mayorista mide la variación de precios de bienes producidos localmente y de productos importados antes de llegar al consumidor final, pero omite los servicios, un segmento que en el último año presentó incrementos superiores al promedio de los bienes. Claudio Caprarulo, economista de Analytica, explicó que “la inflación mayorista es un buen indicador para entender la dinámica de los precios, pero hay que considerar que es una metodología diferente a la del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es aquel que afecta directamente nuestro bolsillo”.

El índice mayorista excluye los
El índice mayorista excluye los servicios, un rubro central en la minorista y que ha liderado los aumentos en el último año.

En enero, cuando el IPC fue de 2,9%, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró un incremento de 6,8%, impulsado principalmente por el aumento de las tarifas de agua, electricidad y gas bajo el nuevo esquema de subsidios económicos. El segmento de servicios explicó una parte sustancial del aumento mensual en el índice general, con un alza de 4% en febrero frente al 2,3% registrado en bienes. Para marzo, Analytica proyecta que el IPC mostraría una suba similar a la de febrero (2,9%).

El 1% de inflación mayorista de febrero se explicó en gran medida porque los productos importados presentaron una deflación del 2,7%, a consecuencia de la estabilidad en el dólar en el arranque del año, mientras que los nacionales tuvieron una suba del 1,3%. Entre los productos nacionales, las divisiones que más contribuyeron al aumento del IPIM fueron petróleo crudo y gas (0,27%), alimentos y bebidas (0,26%), productos agropecuarios (0,24%), productos refinados del petróleo (0,23%) y energía eléctrica (0,12%).

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, coincidió y aseguró que “a pesar del 1% de los mayoristas en febrero, es poco probable que la inflación de marzo sea del 1 por ciento. Estará en torno al 3 por ciento”. Según el economista, esto se debe tanto a factores estacionales —como el aumento en indumentaria y educación— como también a subas pendientes en tarifas, carnes y combustibles.

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En ese sentido fue el último informe de JP Morgan, en donde sugieren que el IPC de marzo se ubicará cerca del 3% mensual. El banco estadounidense estimó que la inflación mensual permanecerá por encima del 2% hasta el segundo trimestre, con una posible desaceleración hacia el 1,5% recién en el segundo. Aunque con la advertencia de que, para lograr una anual en torno al 10%/15%, serán necesarios cambios estructurales.

En lo que va del mes, consultoras como Analytica, Econviews y LCG detectaron incrementos sostenidos en los precios de alimentos y bebidas, especialmente en carnes, lácteos y panificados. Analytica relevó un aumento semanal de 0,2% en el Gran Buenos Aires y un promedio mensual de 2,2% en las últimas cuatro semanas. Los mayores incrementos se dieron en pescados y mariscos (8,5%) y carnes y derivados (3,7%). Econviews observó una suba mayor, de; 0,8% en supermercados, con fiambres creciendo 5,8%. LCG informó un alza de 1,1% en alimentos y bebidas en la segunda semana de marzo, con un acumulado mensual de 2,7%. El promedio móvil de las últimas cuatro semanas en ese rubro se ubicó en 3,7%.

Alimentos frescos, bebidas y lácteos
Alimentos frescos, bebidas y lácteos lideran las subas de precios en marzo, según relevamientos privados.

El análisis de LCG indicó que el 75% de la inflación semanal se explicó por los aumentos en carnes y lácteos. Además, el 13% de los productos de la canasta relevada presentó incrementos esa semana, porcentaje que se mantuvo elevado respecto a meses previos. El desglose muestra que carnes, bebidas, panificados y lácteos encabezaron las subas, todos con aumentos superiores al 3%.

Luego del mal dato de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la dinámica inflacionaria a un proceso de corrección de precios relativos, con recomposición de tarifas y ajustes regulatorios en sectores clave. Según Caputo, esta situación responde a la necesidad de modificar precios que quedaron rezagados frente al promedio general, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, previo al dato de febrero, los analistas privados ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para ese mes y marzo. Para el tercer mes del año, la estimación se elevó de 2,2% a 2,5%. No obstante, los economistas advierten que el margen de error creció por la aceleración registrada en el último tramo del verano.

Otro factor que va a jugar en marzo es el impacto del conflicto en Medio Oriente, que llevó a que los combustibles también se ubicaran en el centro del análisis privado. Eco Go estimó que un traslado parcial del aumento internacional del barril de petróleo podría derivar en una suba de hasta 8,7% en el precio de la nafta, con un impacto de 0,3 puntos porcentuales en el IPC. En escenarios de traslado total, la incidencia podría llegar a 1,1 puntos porcentuales.



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Milei celebró baja de inflación mayorista: por qué no prevén un impacto rápido en las góndolas

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«TSUNAMI DE CHANES», (sic) escribió Javier Milei en su cuenta de X al rato de que se conociera el dato de inflación mayorista de febrero, que dio 1,0%. En enero pasado había sido del 1,7 por ciento.

El festejo en mayúsculas no fue exclusivamente por el número divulgado por el Indec. Respondió a un posteo previo de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo en el ministerio de Economía.

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«Siendo más precisos, la inflación mayorista mensual dió 0,979%. Así que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón», escribió Núñez, un funcionario que suele ser «picante» en las redes sociales.

Con su posteo, el Presidente se sumó a la reivindicación, a pesar de que la promesa presidencial fue de llevar a «0» a la inflación minorista.

¿Por qué bajó la inflación mayorista?

La clave para comprender la desaceleración de la inflación mayorista hay que encontrarla en lo que pasó con los productos importados.

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Los bienes que llegan desde el exterior registraron una deflación de 2,7% en febrero.

Los productos nacionales registraron un alza de tan sólo el 1,3%.

Para terminar de comprender el dato del 1,0% de inflación mayorista hay que saber que los precios de la energía subieron nada menos que el 7,1%, por efecto de la quita de los subsidios en el sector.

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«El tipo de cambio promedio cayó 2,7% el mes pasado», señaló a iProfesional el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go.

Es decir, en este indicador se vio, acaso por primera vez en el año, el poderoso rol del ancla cambiaria. Al menos en el segmento mayorista.

¿La tendencia impactará en las góndolas de supermercados?

«Este dato en los precios mayoristas debería ralentizar la inflación futura», apuntó Menescaldi.

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«El impacto va a ser por las importaciones que tuviste en el mes, el resto ya acumulado en stocks queda a precio viejo, más las tasas de interés que juegan su partido», añadió el economista en diálogo con iProfesional.

Luis Caputo también festejó en las redes sociales. «La suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor», posteó.

«Buen dato de inflación mayorista que tarde o temprano veremos en minorista. Felicitaciones Ministro @LuisCaputoAR. VLLC!», sintonizó el ministro Federico Sturzenegger.

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De todas formas, es improbable que este indicador favorable se refleje en el índice minorista en el cortísimo plazo. Básicamente porque este mes se viene dando una súbita alza de los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

Sube el petróleo, sube la nafta: el impacto en la inflación

Durante la primera quincena del mes, las compañías aumentaron los precios de la nafta entre 8% y 10%, dependiendo la marca y la zona del país.

Por la guerra en Medio Oriente, el precio del crudo tipo Brent, de referencia para la Argentina, cerró ayer en u$s100.

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Implica un alza del 54% respecto del valor que el barril mostraba antes del inicio del conflicto bélico.

En este contexto, el valor (en pesos) del litro de nafta súper ya supera los $1.800 en el área metropolitana, mientras que la versión premium y el diesel premium ya superan con comodidad los $2.000 por cada litro.

Recomposición de márgenes: lo que viene

«La inflación mayorista continuó por debajo de la minorista en bienes: 1% vs. 2,3% en febrero. Esto ocurre hace 5 meses de manera consecutiva, por lo que cabe pensar que esta dinámica esconde cierta recomposición de márgenes del sector minorista, los cuales se habían comprimido fuerte entre mayo y septiembre de 2025″, apuntó un informe de la consultora LCG.

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El dólar estable, no obstante, debería jugar un rol favorable para la desaceleración de los precios minoristas.

«La estabilidad cambiaria quita presión sobre los bienes transables y por ende sobre el índice de inflación mayorista, donde el peso de estos es más relevante. No obstante, ajustes de tarifas y combustibles y una inercia todavía alta en el segmento minorista impondrán un piso a la convergencia. Para este 2026 proyectamos una inflación mayorista anual en torno al 30% medida a diciembre», concluyó la consultora dirigida por el economista Javier Okseniuk.

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