El gobierno enviará la semana próxima un proyecto para que el Congreso apruebe el pago de una sentencia “definitiva a inapelable” por deuda en default.

“Son los casos presentados por un grupo de bonistas liderados por Attestor Máster y otro por Bainbridge Fund. Se desconocen los detalles del acuerdo que representa el primero del Presidente @JMilei”, posteó en su cuenta en la red social X Sebastián Maril, que sigue muy de cerca los litigios contra la Argentina a raíz del default y la ruptura de contratos emergentes de la explosión y salida del régimen de convertibilidad.

Luego de la resonante victoria jurídica y política que obtuvo la Argentina en el juicio por la expropiación, en 2012, de la mayoría accionaria de Repsol en YPF, el gobierno buscará así cerrar las que probablemente sean las últimas esquirlas o los rescoldos de la deflagración económica y financiera de 2001/2002.

En su posteo, Maril exhibió partes de un documento que el estudio que representa a la Argentina envió a la jueza Loretta Preska en la que informa a la magistrada que el 1 de abril pasado la Argentina alcanzó un acuerdo con los fondos demandantes, que ya tenían a su favor una sentencia a favor en ese mismo juzgado, en línea con compromisos provisorios alcanzados el 11 de marzo pasado, sobre los que en ese mismo día informó este medio

De hecho, el 11 de marzo pasado Infobae reportó que las partes del juicio habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, según señalaba un documento que concluía que las partes anunciarían oportunamente al tribunal sobre “el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Ese anuncio de acuerdo sería el señalado ahora a la jueza Preska y para el cual el gobierno de Milei pretende aprobación legislativa, de modo de cerrar, tal vez de modo definitivo, el largo capítulo del default, que ocurrió hace más de 25 años pero sigue teniendo capítulos abiertos a pesar de haber realizado sucesivamente 3 canjes voluntarios de deuda.

En la presentación de marzo, las partes habían solicitado suspender el litigio en curso y dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre del año pasado, por el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

Duro de litigar

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos demandantes, había confirmado entonces el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

En el caso Bainbridge Fund, la Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

La demanda más importante, por volumen de fondos, era la de los fondos representados por Attestor Máster, por cerca de USD 500 millones.

De todos modos, como señaló Maril, se desconoce la suma por la cual la Argentina y los dos demandantes llegaron al acuerdo que Milei pondrá a consideración del Congreso.

Hranitzky es un duro litigante y participó en otros juicios contra la Argentina, como el del fondo NML, de Elliott Capital Management, por el que a fines de 2011 logró una orden judicial por el que la Fragata Libertad, la nave insignia de la Armada Argentina, fue retenida durante 77 días en el puerto de Tema, Ghana, hasta ser liberada por orden de un fallo del Tribunal del Mar, con sede en Alemania.

Héctor Grondona, hijo del difundo Julio Grondona, expresidente de la AFA y miembro de la FIFA, dijo en un reportaje radial que la liberación de la Fragata se debió a gestiones de su padre, entonces vicepresidente y Tesorero de la FIFA, que a cambio logró que el organismo rector del fútbol mundial levante una suspensión sobre la Selección Nacional de Fútbol de Ghana, que no podía participar en la Copa de África debido a una sanción por la participación de mayores de edad en la edición de una Copa de fútbol juvenil.

Pocos trabajos han revelado ser tan inestables como el de la presidencia de Perú: ocho en la última década, lo cual da un promedio de un año y tres meses para cada mandatario. Aun así, el cargo parece seguir siendo apetecible, dado que en las elecciones que se celebran este domingo se llegó a la cantidad récord de 35 candidatos.

Si, además, se tiene en cuenta que muchos ex presidentes no sólo fueron destituidos sino también presos, no parece que el sistema político peruano fuera el mejor para tomar como modelo. Y, sin embargo, es uno de los países a los que con más interés se observa desde Argentina. El motivo es simple: pese a las turbulencias políticas, la moneda nacional -el Sol- muestra una llamativa estabilidad.

Y muchos atribuyen ese hecho a que, en contraste con la alta rotatividad de los presidentes, en el Banco Central peruano hace 19 años que está la misma persona al mando, el economista Julio Velarde. Por eso, cuando hace dos meses se produjo un nuevo recambio de presidente sin que se produjera el menor atisbo de corrida bancaria ni turbulencia con el dólar, se reinstaló el debate en Argentina: ¿hay que considerar la estabilidad económica peruana como el resultado de su diseño institucional o hay que darle todo el mérito a las capacidades de Velarde?

Es un debate importante en un momento en el que buena parte de los economistas, incluyendo a algunos que ocupan cargos en el gobierno, hablan con admiración del «modelo peruano». Seguir ese camino implicaría, entre otras cosas, pasar a una autonomía total por parte del Banco Central, algo que no todos ven viable en el contexto político argentino.

Lo cierto es que, así como en la campaña electoral de 2023 todos los interesados por la economía estudiaban el caso de Ecuador, por ser el único país de la región que había dolarizado completamente su economía, ahora el país de moda es Perú, que no ha eliminado su moneda ni cerrado el Banco Central, y mantiene un sistema «bimonetario» con el dólar.

Velarde, ídolo argentino

«Ojo. Un hombre no es una institución. Es lo contrario». Esa fue la advertencia del ex ministro Hernán Lacunza ante la ola de elogios que se vertieron sobre Velarde tras la enésima crisis política peruana. Su punto es que no puede tomarse como modelo para Argentina un sistema que funciona más por la pericia de un funcionario que por la fortaleza de su diseño institucional.

De hecho, Velarde anunció que no continuará en el cargo el año próximo, y ya están surgiendo en el país andino expresiones de preocupación en el sentido de que la disciplina monetaria pueda estar amenazada. «No podemos arriesgar, realmente, que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente, puedan disiparse», dijo el propio funcionario, en una reunión empresarial hecha para homenajearlo. Y aunque Velarde no quiso ser alarmista, el auditorio decodificó la alusión a una serie de reformas aprobadas por el Congreso, que aumentan el gasto público y podrían poner en riesgo las cuentas fiscales.

Velarde, que conoció como funcionario los tiempos hiperinflacionarios de fines de los años 80, se fijó una estricta disciplina monetaria, con metas de inflación, y una independencia total de la tesorería. Por la carta orgánica, no puede endeudarse ni asistir financieramente al gobierno en caso de problemas fiscales.

Como resultado de esta situación, Perú cerró el 2025 con una inflación anual de 1,5%, la menor en ocho años. El peor año de su gestión fue el 2022, cuando el IPC dio 8,4%. En cuanto al plano cambiario, la moneda se ha robustecido frente al dólar, desde una paridad de 4,11 soles por dólar en 2021 hasta un nivel actual de 3,40 soles.

Recomendación de flexibilidad

En el Banco Central peruano hay reservas por u$s98.000 millones, equivalente a un 36% del PBI, una notable diferencia con el BCRA, cuyas reservas brutas no llegan al 7% del PBI.

Estas cifras han hecho que Velarde fuera mencionado frecuentemente en Argentina como una figura de referencia. Invitado a las jornadas financieras del Banco Central durante el anterior gobierno peronista, entrevistado por medios locales, elogiado por economistas de diversas tendencias, el funcionario peruano se ha transformado en una suerte de «gurú» respecto de cómo un país que sufrió el trauma de la hiperinflación puede pasar con éxito a una estabilidad a prueba de caídas de gobiernos.

Y es, sobre todo, el ejemplo que mencionan tanto los funcionarios de Javier Milei como los economistas opositores a la hora de pensar una «política bimonetaria» en la que el peso pueda convivir con el dólar sin que se produzcan corridas bancarias ni ataques especulativos.

Su más reciente participación en Argentina fue en un evento de la Fundación Mediterránea, en el que manifestó confianza sobre el rumbo del plan de Milei. «Argentina está encaminada a bajar la inflación, aspectos técnicos podrán discutirse, pero el camino es claro», dijo el peruano, ante un auditorio expectante, que le pidió opinión sobre el manejo de la economía local. Velarde se negó a dar consejos, aunque sí manifestó su convicción sobre la necesidad de acumular reservas, justo en un momento en el que Toto Caputo y Santiago Bausili parecían convencidos de lo contrario.

Además, ponderó la necesidad de flexibilidad para absorber mejor el impacto de los shocks externos. Sobre el tema específico de la política cambiaria, se mostró a favor de la libre flotación, aunque con libertad de intervención discrecional por parte del Banco Central.

En todo caso, el punto en el que Velarde sí se mostró inflexible es en el de la independencia que debe mantener el banquero central, para evitar que el gobierno de turno lo presione para lograr un tipo de cambio determinado o para que financie a un fisco con problemas de caja.

Escepticismo de los dolarizadores

Sorprendentemente, uno de los economistas que se ha mostrado más escéptico sobre la aplicación del modelo peruano a la economía argentina es Emilio Ocampo, el principal promotor de la dolarización total, que durante la campaña electoral se preparó para asumir como titular del BCRA, hasta que dio un paso al costado al percibir que su plan quedaría recortado por la intromisión de Toto Caputo desde el ministerio de economía.

«Perú no es una opción realista» fue el lapidario título de un artículo escrito por Ocampo hace dos meses. Y su argumento es que los logros de la economía peruana no son replicables en Argentina por una diferencia de marco institucional.

«Mientras no se eliminen las causas profundas de la divergencia entre ambos países, pretender emular a Perú es voluntarismo ingenuo y peligroso», sostiene Ocampo. Y recuerda que quienes proponen el camino peruano omiten un dato crucial: el autogolpe de Estado hecho en la década de los ’90 por Alberto Fujimori, que disolvió el parlamento y puso en práctica una nueva constitución.

Desde el punto de vista de Ocampo, fue esa nueva constitución, y no el «régimen bimonetario», lo que permitió que la economía peruana lograra la estabilidad que hoy produce admiración. Ese marco institucional afianzó la independencia del Banco Central, y eliminó la posibilidad del financiamiento inflacionario.

En cambio, en Argentina, Ocampo ve una «anomia institucional crónica» que hace que la política económica siempre quede subordinada a las necesidades políticas del gobierno.

Y una de sus observaciones más polémicas es que la fortaleza del Banco Central peruano no ocurre «a pesar de» la debilidad de los gobiernos sino, en buena medida, gracias a que los presidentes no cuentan con un poder que les permita interferir en las áreas monetaria y cambiaria.

«La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables», afirma.

¿En Argentina no se puede?

En realidad, son muchos los economistas argentinos que abogan por la independencia del BCRA como un objetivo deseable. La diferencia está entre quienes, como Ocampo, creen que es un objetivo utópico -y por eso se apega a su propuesta de dolarización total- y los que creen que es factible erigir una pared que separe totalmente las competencias del ministro de economía y del titular del Central.

En una reciente entrevista, el economista Javier Timerman, que reside en Nueva York y suele ser tomado como referente del «humor de Wall Street» afirmó que uno de los factores que impiden que baje el índice de riesgo país es la falta de autonomía real del BCRA.

Es una crítica que no sabe de ideologías: se le ha hecho a todos los gobiernos desde la ruptura de la convertibilidad. Uno de los que sufrió en carne propia esa falta de independencia fue Martín Redrado, quien en 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se atrincheró en sus oficinas, negándose a abandonar su cargo ante la presión política para que vendiera las reservas del BCRA.

«Es importante no depender de las personas, sino generar instituciones», dijo Redrado, en línea con la preocupación expresada por muchos de sus colegas. Y se mostró escéptico sobre que los ahorristas argentinos formalicen los «dólares del colchón» mientras no se resuelva ese punto.

Para los más críticos de la gestión Milei, quedó en evidencia que la independencia del BCRA tiene poco atractivo para la clase política. Por caso, Diego Giacomini, ex aliado del presidente, se llegó al punto de menor autonomía monetaria en la historia argentina. Y, con sorna, dijo en el streaming «Serrucho Económico» que la economía está «en manos de una consultora, donde uno de los socios ocupa el ministerio de economía y el otro socio el Banco Central».

La propuesta de Cavallo

No todos, sin embargo, mantienen esa visión escéptica. Entre quienes creen que sí es posible generar una estabilidad a salvo de interferencias políticas está nada menos que Domingo Cavallo, quien en uno de sus últimos artículos propuso un nuevo criterio de manejo para el BCRA.

Para el influyente ex ministro, no hay que entusiasmarse más de la cuenta con el «carry trade», que puede tener como efecto colateral el enfriamiento de la economía. Y afirma que el Central debe emitir pesos para acumular reservas, pero advirtió que esos dólares no deben terminar en el pago de deudas del Tesoro ni de los gobiernos provinciales -que, de hecho, es lo que está ocurriendo ahora-.

«Para que la única emisión monetaria sea la destinada a acumular reservas en el Banco Central, es necesario que los vencimientos de intereses y capital de la deuda en pesos también se financien con superávit fiscal primario o con nuevo endeudamiento, pero nunca con emisión monetaria del Banco Central», sostiene Cavallo.

Pero advierte que no alcanza con acumular reservas, sino que hay que evitar hacerlo al «estilo Sturzenegger». Afirma que la experiencia de la gestión macrista es que aprovechar la entrada de capitales de corto plazo y manipular la tasa de interés para mantener anestesiado al dólar desemboca en una crisis cambiaria. Por eso, sugiere que, además de eliminar el cepo cambiario residual, debe prohibirse que el Tesoro y los gobiernos provinciales se endeuden a tasa fija.

«Sólo podrán hacerlo en pesos ajustables por inflación o por tipo de cambio y por plazos mayores a seis meses», propone, como forma de impedir el cíclico regreso de la bicicleta financiera.De momento, sus consejos no parecen generar entusiasmo por parte de Javier Milei.

A través de la publicación de la Comunicación “A” 8418, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la remoción de una normativa que imponía costos financieros adicionales a los productores agropecuarios que mantenían existencias de granos en sus acopios.

La medida, que entró en vigencia inmediata para las operaciones concertadas a partir del 10 de abril de 2026, pone fin a una restricción que durante años afectó la estructura de costos del sector primario al vincular el acceso al financiamiento bancario con el ritmo de comercialización de la cosecha.

La resolución de la autoridad monetaria impacta directamente sobre el cálculo de las exigencias de capital mínimo por riesgo de crédito que deben cumplir las entidades financieras. Según establece el documento oficial, se dispuso “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no Mipyme que mantienen acopios de su producción superiores al 5% (cinco por ciento) de su capacidad de cosecha anual”.

Esta disposición técnica se traduce en la eliminación de un factor multiplicador que encarecía significativamente las tasas de interés. Hasta la publicación de esta nueva norma, el sistema financiero estaba obligado a aplicar un coeficiente igual a 4 sobre la exigencia de capital para préstamos otorgados a grandes productores que conservaran un stock superior al umbral mencionado. Al eliminarse este “castigo” regulatorio, el costo de las líneas de crédito debería alinearse con los valores estándar del mercado, sin distinciones basadas en el volumen de granos almacenados por el solicitante.

Un esquema de presión sobre la liquidación

La normativa que ahora se deroga tenía sus raíces en una estrategia de política económica implementada en mayo de 2020. En aquel contexto, el objetivo central era incentivar una liquidación más acelerada de las exportaciones agrícolas, especialmente de soja y trigo, para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central. Al encarecer el crédito para quienes no vendían su producción, el Estado forzaba a los productores a utilizar sus propios granos como fuente de liquidez en lugar de recurrir al apalancamiento bancario.

La penalización financiera se aplicaba específicamente a las empresas que no calificaban como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME). Para este universo de contribuyentes, mantener más del 5% de su capacidad de cosecha en silos significaba enfrentar intereses sustancialmente más elevados que el resto de los actores económicos. Según estimaciones del sector productivo, este sobrecargo podía representar una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales en el costo financiero total de un crédito en pesos.

El texto ordenado de la normativa del BCRA detalla que estas condiciones restrictivas se aplicaron sobre las financiaciones acordadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y se mantuvieron para los créditos en pesos gestionados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 10 de abril de 2026. Con la firma de los funcionarios Darío C. Stefanelli y Marina Ongaro, la entidad central da por cerrada esta etapa de regulaciones diferenciales para el agro.

Semana de desregulación

La decisión del BCRA se enmarca en un proceso más amplio de flexibilización de las restricciones que pesan sobre la economía argentina. Junto con la baja del sobrecargo al crédito agrícola, la autoridad monetaria también avanzó en la simplificación de otras normativas relacionadas con el mercado de cambios y el acceso a divisas para operaciones de comercio exterior.

Desde el punto de vista técnico, la Comunicación “A” 8418 modifica el punto 11.5 del Texto Ordenado sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras. Al remover este inciso, se eliminan las distorsiones que afectaban la oferta crediticia de los bancos, que en muchos casos preferían evitar este tipo de operaciones debido a la alta carga de capital que les exigía el regulador.

La unificación de criterios para el otorgamiento de préstamos busca que el riesgo crediticio se evalúe únicamente por la capacidad de pago y la solvencia del cliente, y no por su decisión logística de acopio. Esto es especialmente relevante en vísperas de nuevas campañas de siembra, donde la demanda de capital de trabajo para la compra de insumos, maquinaria y tecnología suele incrementarse de manera estacional.