En Infobae a la Tarde, la economista Lara López Calvo afirmó que “en lo discursivo son muy parecidos”, al comparar el plan de Martínez de Hoz bajo la dictadura argentina con las políticas económicas actuales, pero advirtió sobre diferencias de fondo en materia fiscal y de endeudamiento.

Durante el análisis con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, se desgranó el impacto de la comunicación oficial y el modelo económico que impulsó Martínez de Hoz desde su llegada al Ministerio de Economía en 1976. La charla recorrió desde la función de la propaganda estatal hasta la liberalización financiera y la deuda externa, enfatizando el carácter profesional de los mensajes públicos que buscaban “la libertad de elegir” en el mercado, con la industria nacional enfrentándose a la competencia internacional.

López Calvo remarcó el peso de la publicidad oficial durante la dictadura: “Hay una propaganda de aquellos años que muestra cómo los empresarios estaban atrapados entre los costos y el dólar”. Según la economista, este tipo de mensajes tenía como objetivo “muy didáctico y claro” instalar la idea de que la apertura traería beneficios para la industria nacional, aunque advertía que la competencia internacional podía también traer productos de baja calidad.

El equipo recordó la emblemática campaña de la “silla de industria nacional”, utilizada como ejemplo de cómo la apertura de importaciones promovía la mejora en la producción local: “La de las sillas, que habla de una silla de industria nacional. Sin competencia pasa esto que ven ustedes ahora y se rompe”. Paula Guardia Bourdin reforzó: “Ahora tenés la libertad de elegir, prácticamente. Podés elegir la que más te guste”.

El discurso se alineaba, según López Calvo, con la lógica actual de apertura y defensa de la competencia: “Muy en línea con el discurso actual”, sintetizó Lara López Calvo.

La economista explicó que el diagnóstico central de Martínez de Hoz era que “la economía venía funcionando muy mal por lo cerrada que estaba”. Identificó dos etapas claves: una primera, ortodoxa, entre 1976 y 1978, marcada por el “congelamiento de salarios y suba de tarifas”, y una segunda, entre 1978 y 1981, caracterizada por la apertura total al mundo y la implementación de la “tablita cambiaria”.

“El plan económico de la dictadura tuvo un gran déficit fiscal, se endeudó mucho y el fondo de este plan económico, por ejemplo, sabemos que tiene superávit. Entonces, en lo discursivo sí veo muchas coincidencias. En el fondo del programa hay algunas diferencias”, afirmó López Calvo.

La reforma financiera de aquellos años sigue vigente, advirtió la economista: “Martínez de Hoz aplica una gran reforma financiera. La Argentina en ese momento pasó de un extremo a otro, de que los depósitos bancarios sean completamente regulados por el Estado a la completa liberalización”. El resultado fue la suba abrupta de las tasas de interés y la génesis de la “plata dulce”.

Sobre la tablita, López Calvo detalló: “Literalmente una tabla donde se anunciaba día y hora de cómo se iba a mover el tipo de cambio, devaluaciones, microdevaluaciones pautadas. Si vos ya sabés cuándo y cuánto va a subir el tipo de cambio, te están quitando un gran riesgo”. Esta previsibilidad, sumada a tasas elevadas, habilitó el ingreso de capitales especulativos y generó un proceso conocido como “bicicleta financiera”.

López Calvo advirtió que, aunque “en lo discursivo son muy parecidos”, existen diferencias estructurales. “El plan económico de la dictadura convivió con niveles de inflación bastante elevados”, señaló, recordando que la inflación anual durante la gestión de Martínez de Hoz promedió el “200%”, con picos de hasta “300%”.

La economista puntualizó que actualmente se observa un “reacomodamiento del balance del Banco Central” y que la desaceleración de la inflación responde a la existencia de superávit fiscal, marcando un contraste con el déficit crónico de la dictadura. “Eso no pasó en este plan económico. Fue apertura sin reacomodar las cuentas internas”.

El diálogo también abordó la relación entre el gobierno de facto y el empresariado, el rol de Martínez de Hoz como nexo con el establishment y el contexto internacional adverso, marcado por la crisis del petróleo de 1973 y el Rodrigazo. Maia Jastreblansky y Manu Jove destacaron que Martínez de Hoz fue uno de los ministros de Economía de mayor duración, convirtiéndose en figura central de la política económica y social del régimen.

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“Es el proyecto más grande y complejo de la historia de América Latina”, dijo Horacio Marín, CEO de YPF, sobre el Argentina GNL, el megaproyecto de la petrolera de mayoría estatal que prevé producir gas natural licuado en la costa de Río Negro junto a, por el momento, dos socios internacionales.

El ejecutivo lo confirmó en un encuentro con periodistas argentinos durante el CERAWeek by S&P Global, el principal evento del sector energético a nivel global. Allí aseguró que el desarrollo alcanzará un nivel de financiamiento internacional sin precedentes y, aunque reconoció que existen conversaciones con un nuevo socio global —que, de haberse cerrado, habría sido presentado durante el evento—, aclaró que el proyecto puede avanzar con los actuales integrantes.

La sociedad, que ya tiene nombre propio —aunque todavía no fue revelado—, está integrada hoy por YPF, la italiana Eni y XRG, una firma vinculada al grupo saudita Aramco, uno de los mayores jugadores mundiales del negocio de los hidrocarburos.

Si bien Marín resaltó que el megaproyecto no depende del ingreso de un cuarto socio para avanzar, reconoció que existen conversaciones avanzadas con una empresa internacional. Sin embargo, enfatizó que el consorcio no está en búsqueda activa y que, si no se concreta esa oportunidad puntual, el desarrollo seguirá adelante con los actuales integrantes. “Es esa o nada”, dijo y comentó que todo avance en torno al eventual cuarto socio depende, además, de los plazos internos de aprobación y de la revisión técnica de la potencial interesada.

“El proyecto está y va. Pero la guerra en Medio Oriente podría acelerar la expansión”, dijo Marín, al vincular el escenario geopolítico global con el aumento de la demanda de GNL.

Esto, además, se suma a una idea muy repetida en el mayor evento energético del mundo que se lleva a cabo esta semana en Houston: todos los actores del sector energético buscarán diversificar el origen de sus suministros. En ese sentido, por su ubicación, la Argentina emerge como uno de los candidatos más señalados.

También reconoció que la guerra produjo un impulso imprevisto que coloca a la Argentina en una posición estratégica como proveedor seguro, “alejado de conflictos calientes”.

Según explicó, los ataques a infraestructura energética, especialmente en Qatar, dejaron fuera de operación una planta de dimensiones similares al desarrollo argentino y obligaron a declarar fuerza mayor por cinco años en ciertos contratos en Europa. Esta situación abre una oportunidad inesperada para la Argentina.

“Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Creo que la guerra va a impulsar fuertemente la expansión del proyecto de 12 millones de toneladas a los seis millones adicionales que proyectamos para la segunda etapa”, detalló. Ese salto, según planteó, podría posicionar al país como proveedor preferente, con acceso simultáneo tanto al Atlántico como al Pacífico.

La magnitud del financiamiento es inédita en la región. Marín detalló que el objetivo es reunir USD 15.500 millones solo para la primera fase del proyecto. Se trata, según dijo, del “mayor esquema de project finance de la historia de América Latina», según confirmó JP Morgan, el banco encargado de estructurar el financiamiento internacional del desarrollo.

El plan prevé tener asegurado el financiamiento principal antes de fin de año. En tanto, los cronogramas ubican la decisión final de inversión (FID) en octubre y la adjudicación de las principales licitaciones antes de esa fecha.

Marín explicó que el costo total para el mainstream y downstream asciende a USD 20.000 millones, de los cuales un 70% se financiará mediante créditos internacionales. El restante 30% será cubierto por aportes directos de los socios. Este esquema busca combinar financiamiento bancario con garantías de bancos de desarrollo, extendiendo los plazos de repago y reduciendo el costo financiero general.

Consultado sobre los criterios de licitación y transparencia, el presidente de YPF subrayó: “Tenemos que hacer todo transparente, homologando procesos y eliminando negociaciones secundarias. Queremos que el proceso de licitación sea instantáneo, público y con criterios técnicos y económicos claros, porque así también cambiamos la cultura interna y damos garantías a todos los proveedores y socios”.

En paralelo, adelantó que los socios originales ya avanzan con las negociaciones de contratos de venta futuros y con la compra de equipamiento estratégico. Solo los buques necesarios para el desarrollo tienen un costo individual que oscila entre USD 2.000 y 3.000 millones.

Respecto a las ventas futuras, el empresario confirmó que ya existen contratos avanzados con “muy buenos países y de alto poder adquisitivo”. Los montos y compradores se mantienen en reserva hasta la consolidación de los acuerdos finales, aunque el proyecto se reserva entre un 10% y un 20% del volumen para el mercado spot. Eso abre la puerta a ventas puntuales a países de la región, como Brasil, o incluso a cubrir picos de consumo local.

El avance del GNL es solo una parte de la estrategia de YPF. En paralelo, la compañía prevé aumentar la producción de crudo en Vaca Muerta con la incorporación de nuevos equipos de perforación. Según detalló Marín, la empresa operará con 13 rigs durante la primera mitad del año y sumará entre cuatro y cinco más hacia fin de 2026.

Con ese crecimiento, la producción neta de crudo alcanzaría los 250.000 barriles diarios en diciembre de este año, frente a los 200.000 actuales. El aumento estará destinado principalmente a exportación a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que ya presenta un avance cercano al 50 por ciento.

En paralelo, el proceso de transformación de la compañía también incluye la salida progresiva del negocio convencional. Tras la venta de áreas emblemáticas como Manantiales Behr y otros activos maduros como Chachahuen, en Mendoza, Marín confirmó que la petrolera estatal también avanzará con la devolución de áreas en el norte del país.

“No es material para YPF. Nuestro objetivo es devolver esas áreas a las provincias, como ya hicimos en otras. Nos quedan algunos activos como Agua Salada y áreas en Salta donde la compañía tiene participación”, dijo Marín.

El objetivo, explicó, es concentrar los recursos en desarrollos de mayor productividad y abrir nuevas licitaciones para empresas medianas y pequeñas. Algunas de ellas podrían ser de origen brasileño, ya que se trata de áreas gasíferas con potencial de exportación hacia ese país.

La idea de que las deudas de tarjeta de crédito «desaparecen» automáticamente a los cinco años está muy extendida entre los consumidores argentinos. Sin embargo, especialistas advierten que se trata de una interpretación errónea que puede derivar en problemas legales y financieros. La normativa vigente establece plazos distintos y condiciones específicas que muchos deudores desconocen.

En Argentina, las deudas de tarjeta de crédito no prescriben a los cinco años como regla general. La legislación específica —la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065)— fija plazos más cortos para que las entidades financieras puedan iniciar acciones judiciales: un año para la vía ejecutiva y tres años para el reclamo ordinario. Esto significa que, si el banco no inicia un juicio dentro de ese período, pierde la posibilidad de exigir el pago por vía judicial.

Cuándo caduca una deuda con tarjeta de crédito: la advertencia de especialistas

Sin embargo, esto no implica que la deuda desaparezca ni que el deudor quede liberado de toda consecuencia. En términos jurídicos, la prescripción no elimina la obligación, sino que limita la posibilidad de reclamarla judicialmente. Si el deudor decide pagar luego de ese plazo, el pago sigue siendo válido y no puede ser reclamado de vuelta.

Uno de los principales focos de confusión es el plazo de cinco años que suele mencionarse. Ese período está vinculado a la permanencia de la información negativa en bases de datos crediticias como el Veraz, donde una deuda impaga puede figurar hasta cinco años. Pero esto no tiene relación directa con la prescripción legal de la deuda.

Además, existen situaciones que pueden interrumpir o reiniciar el plazo de prescripción. Por ejemplo, un reclamo formal del banco, el inicio de una demanda judicial o incluso el reconocimiento de la deuda por parte del cliente —como un pago parcial o la firma de un plan de pagos— hacen que el conteo vuelva a empezar desde cero.

Otro punto clave es que la prescripción no se aplica automáticamente: debe ser planteada por el deudor en caso de ser demandado. Si no se invoca en tiempo y forma, el juez puede avanzar con el reclamo.

En este contexto, especialistas recomiendan no tomar decisiones financieras basadas en la creencia de que la deuda «se borra sola». Más allá de los plazos legales, el impacto en el historial crediticio puede dificultar el acceso a nuevos préstamos, tarjetas o incluso servicios.

En definitiva, el plazo de cinco años es un mito parcial que mezcla conceptos distintos. La realidad es que las deudas de tarjeta tienen tiempos legales más cortos para ser reclamadas, pero pueden seguir generando consecuencias durante mucho más tiempo si no se resuelven adecuadamente.

Billeteras digitales en alerta: ¿qué pasa si un deudor desinstala la aplicación?

En la actualidad, el crédito promedio de las billeteras van desde los $300.000 hasta los $500.000. El plazo de esas líneas va de tres a seis meses.

No parecen ni montos elevados y a un plazo extenso. Sin embargo, hoy alrededor del 25% de los créditos otorgados no puede pagarse en tiempo y forma, lo que a su vez abultan las deudas de los clientes.

El costo de ese endeudamiento es muy elevado, en relación a la evolución de los ingresos de los clientes de las compañías. Y también en función de la inflación prevista, en torno del 27% a 30% anual.

La tasa que cobran, en promedio, las billeteras asciende a una tasa nominal (TNA) 115%-120% anual. Lo que implica un costo financiero total (CFT) que en la mayoría de los casos supera largamente el 200% anual. En algunos casos, el CFT se arrima al 300% anual.

Lo dicho: bien por encima de la pauta inflacionaria interanual.

Ola de desinstalaciones: más costos para las billeteras virtuales

En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de mensajes de deudores con las billeteras digitales que, como «solución» a la imposibilidad de pagar las cuotas eligieron la eliminación de las aplicaciones. Como si esa acción le solucionara el problema.

Mariano Biocca, director ejecutivo de la cámara de Fintech, ante una consulta de iProfesional, es categórico: «Si el deudor no paga, primero la compañía le va a sugerir una normalización; incluso una negociación para solucionar el problema. Pero si la persona elimina la aplicación, sin mostrar voluntad de pago, lo más probable es que la empresa traslade el caso a un estudio de abogados. Y ahí cambia la dinámica entre las partes».

Está claro: aunque parezca obvia la aclaración, la eliminación de la app no significa que la empresa pierda el rastro de su cliente.

Tasas en revisión

Los dueños de las principales billeteras digitales evalúan aplicar una rebaja de las tasas de interés que cobran por sus créditos a millones de clientes.

La decisión se tomó en medio de la disparada de la morosidad que -en promedio- ya alcanza a uno de cada cuatro deudores, en gran parte usuarios que se endeudaron para «llegar a fin de mes» y no tomaron en cuenta los elevados costos que cobran las aplicaciones.

La medida beneficiará a por lo menos seis millones de clientes de las billeteras que ya tomaron créditos.

De esos seis millones, la mitad son trabajadores informales, a los que los ingresos les fueron afectados por la caída del consumo, y una actividad económica que en general no repunta.

En enero de 2026, la mora en los créditos es crítica en el sector de las entidades no financieras (proveedores de crédito que no son bancos, como emisoras de tarjetas no bancarias o plataformas de e-commerce). En este segmento, la irregularidad ya superó el 27%.

Esto significa que más de un cuarto de los préstamos otorgados por estos canales se encuentra en situación irregular, un nivel de estrés que solo se había visto durante la crisis de 2019 y el año de la pandemia.

Dentro de este ecosistema no bancario, gigantes como Tarjeta Naranja y Mercado Libre, que concentran casi el 60% de este mercado, también han visto cómo la irregularidad de sus carteras de clientes siguió escalando en el inicio del año.