ECONOMIA
La Cámara de la Construcción alertó sobre la fuerte crisis del sector: caída de la actividad, incertidumbre y paralización de obras
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió sobre una situación crítica que atraviesa la actividad, con nuevos retrocesos en indicadores clave y señales crecientes de alarma por los efectos de la recesión y el freno a la obra pública. El sector, históricamente uno de los dinamizadores económicos y generadores de puestos de trabajo, profundizó sus dificultades en medio de un escenario donde la inversión estatal y privada siguió mostrando caídas pronunciadas.
Desde la sede de CAMARCO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresarios y referentes de la cadena de valor expusieron la gravedad de la coyuntura. En términos de volumen de obra ejecutada, la contracción de julio marcó uno de los datos más críticos del año. Las cifras disponibles exhiben una disminución respecto a los registros de igual mes del año anterior, replicando la tendencia contractiva iniciada varios meses atrás. Los socios de la Cámara enfatizaron que la recesión pronosticada para el segundo semestre sumó obstáculos adicionales en las perspectivas de recuperación.
El Consejo Federal de CAMARCO, reunido para analizar la situación del sector, notificó públicamente la extensión de la paralización o ralentización de obra pública en la mayoría de las provincias. Representantes de distintas jurisdicciones detallaron cómo proyectos de infraestructura nacional y provincial se detuvieron o sufrieron recortes sustanciales. Esta realidad derivó en el freno efectivo de nuevos llamados licitatorios y en la suspensión de obras en curso, según indicó la propia entidad.
El comunicado del Consejo Federal subrayó con énfasis la persistencia de incumplimientos en los pagos del Estado Nacional y de gobiernos provinciales a las empresas constructoras. Este fenómeno, considerado crítico por CAMARCO, impactó de manera directa sobre la solvencia financiera y la capacidad operativa de cientos de firmas, muchas de ellas pequeñas y medianas. La demora en la liquidación de certificados ya ejecutados fue catalogada por la entidad como un factor desestabilizador, ya que afectó no sólo a compañías de gran porte sino que también condicionó la cadena de pagos y arrastró dificultades hacia proveedores y subcontratistas.
En el mismo documento, los directivos de CAMARCO encendieron una señal de alerta sobre la pérdida acelerada de empleos dentro del sector de la construcción. Tomando datos recientes disponibles, la entidad informó que la cantidad de trabajadores registrados disminuyó de modo consecutivo durante los últimos meses, borrando buena parte de la mejora acumulada a comienzos de 2025. En palabras de la Cámara, “la destrucción de empleo es una consecuencia inevitable de la persistencia de la crisis y la falta de financiamiento para distintos tipos de proyectos”. Esta coyuntura afecta principalmente a las obras de viviendas sociales, hospitales, escuelas y obras de infraestructura básica, que dependen en gran medida de contrataciones estatales.
En su posicionamiento oficial, la Cámara Argentina de la Construcción recordó la urgencia de reactivar la inversión pública como motor para el desarrollo económico, al tiempo que solicitó canales de financiación accesible para capital de trabajo y una hoja de ruta concreta para saldar las obligaciones pendientes por parte de los gobiernos nacional y provinciales. El texto del Consejo Federal remarcó: “Frente al deterioro constante de los indicadores sectoriales, demandamos la articulación de políticas urgentes para recomponer la cadena de pagos y asegurar la continuidad de las obras”.
El reciente freno de la actividad de la construcción no se explica sólo a través de la obra pública. El sector privado también mostró una disminución del nivel de despachos de insumos claves, desde cemento hasta materiales para instalaciones eléctricas y sanitarias, según testimonios de empresarios del sector. La demanda por nuevas viviendas, edificaciones y oficinas tampoco logró recuperarse. El informe de la Cámara Argentina de la Construcción relacionó esta baja con la incertidumbre general sobre el rumbo económico, que inhibió inversiones y redujo la capacidad de iniciar nuevos desarrollos.
Las provincias que dependen en alto grado de la ejecución de recursos públicos para obra de infraestructura resultaron las más afectadas. En distritos del norte y del centro del país, como Chaco, Corrientes y Córdoba, la discontinuidad de los fondos nacionales obligó a autoridades locales a suspender proyectos que contaban con certificaciones ya presentadas y aprobadas. Empresas asociadas a CAMARCO advirtieron que la facturación correspondiente a más de tres meses atrás sigue sin pagarse, lo que impuso una presión financiera creciente y, en algunos casos, llevó a declarar el cese de actividades.
La falta de flujo financiero impactó en otras variables. Según los datos internos de la Cámara, parte del universo de 4000 pymes que integran la entidad reportaron dificultades para cumplir con cargas sociales, sueldos y compromisos fiscales. El acceso a líneas de crédito se volvió marginal, mientras que el costo del financiamiento privado registró subas que imposibilitaron su utilización para anticipar gastos o sostener el capital de trabajo. Empresarios citaron como ejemplo que, aun en obras de menor porte, la distancia entre los certificados presentados y los desembolsos efectivos superó los 90 días corridos.
La recesión del sector repercutió también sobre los indicadores sociales. El desgranamiento del empleo formal y la reducción de turnos y equipos en obra arrastraron consecuencias en servicios indirectos, como transporte, provisión de insumos y logística vinculada a la construcción. De acuerdo con lo expresado por CAMARCO en su gacetilla de prensa, la cadena de valor enfrenta una multiplicación de conflictos en la intermediación laboral, lo que se traduce en suspensiones, retiros anticipados y negociaciones de emergencia con sindicatos.
El deterioro en el acceso al crédito y la volatilidad de los precios constituyeron otros factores agravantes. A la falta de financiamiento estatal, los empresarios sumaron la inestabilidad de costos básicos, tanto en mano de obra como en insumos sensibles para la continuidad de las obras. En esa línea, la Cámara consignó que la mayoría de las empresas dejó de presentar ofertas en licitaciones ante la incertidumbre por la evolución de las variables macroeconómicas y la falta de ajuste en los pliegos presupuestarios.
La solicitud principal de CAMARCO apunta a que las autoridades nacionales y provinciales establezcan una respuesta rápida para sanear la cadena de pagos y diseñar mecanismos de actualización de precios para obras en ejecución. Para la Cámara, la restauración de condiciones financieras y la reanudación de la obra pública resultan elementos imprescindibles para modificar la tendencia regresiva del sector.
En sus declaraciones al Consejo Federal, la conducción de la Cámara Argentina de la Construcción reconoció que el freno en la cadena de pagos y la parálisis de obras públicas puede prolongar el proceso recesivo, con impacto directo en el nivel de empleo y en la capacidad productiva nacional. Al cierre de la reunión, el Consejo ratificó el compromiso institucional con la defensa del trabajo y la producción, aunque advirtió que el margen de resistencia de la cadena sectorial se encuentra agotado ante la falta de respuestas concretas.
El documento concluyó con una convocatoria a toda la cadena de valor para sostener el diálogo intersectorial y buscar acuerdos. Para la Cámara, “el objetivo fundamental es que la construcción recupere su papel estratégico como motor del desarrollo del país”.
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ECONOMIA
Ley de Semillas: un punto clave del acuerdo comercial con Estados Unidos reabre una grieta en el campo
(Imagen ilustrativa Infobae)
En su discurso durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei volvió a poner al campo en el centro de su agenda económica. Allí, reiteró su intención de reducir las retenciones de manera gradual, “siempre que el superávit fiscal lo permita”. Pero junto con ese mensaje, revivió un tema que el agro arrastra desde hace décadas y que divide al sector: la posible reforma de la Ley de Semillas.
El debate no es nuevo, pero volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó el mes pasado con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.
Se trata de una norma internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Y que, en la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola.
Detrás de esta discusión técnica, aparece un conflicto sectorial más profundo. Por un lado, las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, y, por el otro, buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.
La ley vigente en el país data de 1973 y quedó desactualizada frente al avance de la biotecnología y del comercio global de semillas. Mientras tanto, más de 60 países ya adoptaron UPOV 91 como estándar internacional.
En el centro de la discusión aparece una práctica clave del agro argentino. El llamado ‘uso propio’ implica que los productores pueden guardar parte de su cosecha y volver a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar regalías adicionales por la genética utilizada.
Las empresas del sector sostienen que este esquema dificulta recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Los productores, en cambio, advierten que limitarlo podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y encarecer la implantación de los cultivos.
(Revista Chacra)
En la práctica, el sistema actual genera además un incentivo a la multiplicación informal de semillas. Un productor puede comprar una variedad una campaña, comprobar su buen desempeño y luego reservar parte del grano para volver a sembrarlo en las siguientes temporadas.
Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual en semillas no supera el 40 por ciento. En Brasil, en cambio, más del 80% de los productores reconoce esos derechos.
Para parte de la industria semillera, ese diferencial explica el atraso productivo argentino. “En el caso de la soja, el principal cultivo del país, los rindes se mantienen prácticamente estancados desde hace dos décadas en torno a los 3.000 kilos por hectárea. En ese mismo período, Brasil pasó de tener rendimientos unos 300 kilos inferiores a los de la Argentina a superarlos hoy en más de 350 kilos por hectárea”, dijo el analista agropecuario Javier Preciado Patiño.
Analizó, además, que si el país vecino tuviera hoy el mismo rendimiento que a comienzos de los años 2000, su producción rondaría las 134 millones de toneladas. En cambio, actualmente se ubica cerca de las 180 millones de toneladas al año.
Para algunos actores del sector, la explicación está en el acceso a genética más avanzada. “La discusión de fondo es si queremos que el productor argentino acceda a la misma tecnología que utilizan los productores brasileños o estadounidenses”, explicó una fuente vinculada a la industria semillera. Según ese diagnóstico, la falta de un sistema claro de recuperación de la inversión en genética desincentiva la llegada de nuevos desarrollos al país.
“Para quien se adelante a objetar que el diferencial es impositivo, el algodón lo muestra todavía más nítido. Tuvo retenciones más bajas que los cultivos principales, las eliminamos, y aún así tenemos la mitad del rinde que Brasil (~700 kg de fibra/ha vs +1.500)”, escribió el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, en su cuenta de X.
Destacó, además, que “la innovación agrícola es hiperlocal, particular a cada geografía. Sin retorno para quien la desarrolla acá, no se desarrolla acá. Sin innovación, los rindes se estancan. Ese rinde no capturado son miles de millones en exportaciones que no ocurren. El pago de semillas no es un beneficio para las semilleras. Es la condición para que exista mejoramiento local. Y con rindes estancados, el que pierde es el productor. Más tecnología en el campo = más kilos por hectárea = más Argentina”, publicó el funcionario.
En los últimos años varias compañías redujeron sus programas de investigación o limitaron la introducción de nuevas variedades. La soja Intacta, desarrollada por Bayer, dejó de tener nuevas versiones comerciales en el mercado local, mientras que otras tecnologías que ya se utilizan en Brasil o Estados Unidos todavía no están disponibles para los productores argentinos.
Actualmente, apenas un puñado de empresas mantiene programas de mejoramiento de soja a escala en el país, encabezados por compañías como DonMario y algunos desarrollos de origen internacional.
Desde una de las principales compañías de genética agrícola con presencia global y operaciones en la Argentina señalaron que los países que reforzaron la protección de la propiedad intelectual lograron acelerar la adopción de nuevas variedades y expandir sus exportaciones agrícolas.
Ante la falta de una reforma legal, la propia industria impulsó en los últimos años un sistema privado para regular el pago de regalías. Se trata de Sembrá Evolución, un esquema de licencias que ya reúne a más de 21.000 productores y cubre unas 3,8 millones de hectáreas de soja sobre un total cercano a las 16 millones sembradas en el país.
El sistema busca ordenar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades, aunque el nivel de adhesión todavía es parcial y convive con prácticas informales como la llamada ‘bolsa blanca’.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que la adhesión a UPOV 91 “limita severamente el concepto de uso propio”, desequilibra la relación entre obtentores y productores y podría incrementar los costos de implantación.
En un comunicado, la entidad reconoció la necesidad de reglas claras para fomentar la innovación, pero reclamó preservar el rol del productor como “socio estratégico y no solo cliente cautivo de la tecnología de semillas”.
La Mesa de Enlace también comenzó a analizar el tema. Según explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, la entidad no respaldará la adhesión a UPOV 91, aunque está dispuesta a discutir una nueva ley nacional que combine innovación con los derechos históricos de los productores.
REUTERS/Tomas Cuesta
Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano destacó la importancia de alcanzar consensos dentro del sector y vinculó el debate con el estancamiento productivo del país. “Argentina está estancada en materia productiva hace bastante tiempo”, señaló. Y agregó que para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos -tal como lo dijo el presidente en su discurso en el Congreso- también será necesario avanzar en la reducción de las retenciones.
El frente político no es sencillo. Durante más de dos décadas se presentaron distintos proyectos para actualizar la Ley de Semillas, pero ninguno logró avanzar en el Congreso. Las diferencias entre productores, empresas y entidades rurales imposibilitaron cualquier intento de reforma.
En el sector reconocen que el debate volverá a ser intenso en el Parlamento, donde las entidades rurales mantienen fuerte influencia sobre distintos bloques políticos. Comentan que, incluso dentro del oficialismo, conviven posiciones diferentes sobre el tema: mientras algunos legisladores cercanos al sector agropecuario prefieren avanzar en una nueva ley nacional otros optan por adherir directamente a UPOV 91.
Mientras tanto, el Gobierno convocó a los distintos actores del sector para presentar propuestas y anticipó el envío de un proyecto al Congreso.
La alternativa a la adhesión directa a UPOV 91 sería una nueva ley nacional. Ese proyecto —que aún no existe formalmente, pero que distintos actores del sector aseguran que está en elaboración— también deberá pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, un espacio históricamente atravesado por la influencia de las entidades rurales y de las provincias agrícolas.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector comenzarán esta semana la negociación salarial de la paritaria de Comercio 2026, en el marco de la cláusula de revisión prevista en el acuerdo firmado a fines del año pasado.
El encuentro llega en un momento clave para el convenio colectivo de trabajo 130/75, ya que en abril se incorporarán al salario básico los $100.000 no remunerativos otorgados en el último acuerdo. Esa decisión tendrá impacto directo en el sueldo de los empleados de comercio y en los descuentos que se aplican sobre el salario.
Por ese motivo, el inicio de la discusión salarial aparece como una instancia clave para definir cómo evolucionarán los sueldos del sector durante los próximos meses.
Paritarias de empleados de comercio: arranca la negociación entre gremio y empresas
La reunión entre FAECyS y las cámaras empresarias estaba prevista en el acta paritaria firmada en diciembre pasado, que estableció la revisión de las escalas salariales durante marzo.
El objetivo de esa cláusula fue permitir que las partes analicen la evolución de la economía, la inflación y el consumo antes de definir nuevos ajustes salariales para los trabajadores mercantiles.
Con la apertura formal de la mesa paritaria, se comenzarán a discutir distintos puntos centrales del acuerdo, entre ellos:
el porcentaje de aumento salarial para empleados de comercio
el esquema de aplicación de los incrementos
el cronograma de actualización del salario básico
el impacto de la incorporación de las sumas no remunerativas al sueldo
Sueldo y bono: qué pasará con los $100.000 no remunerativos
Uno de los aspectos más sensibles de la negociación es la incorporación al salario básico de los $100.000 no remunerativos (40.000 + 60.000) otorgados en el acuerdo paritario anterior.
Cuando este tipo de sumas se integran al básico se producen dos efectos simultáneos: por un lado, aumenta la base de cálculo para adicionales, aportes y contribuciones; por otro, se incrementan los descuentos que impactan sobre el salario.
Esto puede generar, en algunos casos, que el sueldo de bolsillo se vea reducido pese a que el salario bruto aumente.
Por esa razón, el gremio buscará que el nuevo acuerdo salarial contemple un incremento adicional que compense ese efecto y evite una pérdida en el ingreso neto de los trabajadores.
Inflación y consumo, las variables que siguen de cerca en la paritaria
La negociación también coincide con la publicación del próximo índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que suele tener fuerte influencia en las discusiones paritarias.
Desde FAECyS, conducida por Armando Cavalieri, mantienen reserva sobre el porcentaje de aumento que reclamarán, aunque en el sector anticipan que el pedido deberá contemplar varios factores clave.
Entre ellos se destacan la inflación acumulada en los últimos meses, la proyección inflacionaria para el corto plazo y el impacto que tendrá en el salario neto la incorporación de las sumas no remunerativas al básico.
Del lado empresario, en tanto, las cámaras siguen de cerca la evolución del consumo y de los indicadores de actividad antes de fijar una postura definitiva en la mesa de negociación.
Una paritaria que marca tendencia
La paritaria de empleados de comercio es la más grande del país, ya que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores en todo el territorio nacional.
Por ese motivo, los acuerdos salariales que se firman en esta actividad suelen convertirse en referencia para otras negociaciones de gremios y sectores productivos.
Con abril como mes clave por la incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico, el sector espera definiciones rápidas que permitan anticipar cómo quedarán los sueldos del convenio 130/75 en el inicio del nuevo tramo paritario.
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ECONOMIA
Vuelven las pick-up con cabina simple al mercado automotor: cuáles son los modelos disponibles y cuánto cuestan
Una de las consecuencias directas de la apertura irrestricta de las importaciones de automóviles es la llegada de una mayor oferta de modelos al mercado. Los números son elocuentes, sin contar el transporte de carga y de pasajeros, entre fines de 2024 y fines de 2025, los usuarios pasaron de tener disponibles 270 autos y utilitarios livianos a 378 diferentes versiones en Argentina.
Un cambio de escenario de semejantes proporciones impacta de diferentes maneras. Una es una adecuación de precios para poder vender más unidades. Dependiendo de su origen, la carga fiscal que pesa sobre los autos importados es una limitante, pero a la vez una suerte de compensación para los impuestos que paga la industria para fabricar localmente.
Pero otra consecuencia que se puede apreciar en el mercado es la mutación de versiones en busca de ofrecer vehículos que se adapten a las necesidades específicas de determinados usos. Este es el caso de las pick-ups, cuyos fabricantes pudieron aprovechar una condición atípica y completamente extraordinaria para captar clientes que normalmente hubieran comprado un D-SUV, para generar versiones de alta gama de confort y equipamiento que las transformaron en un vehículo de paseo con mucho uso más urbano que suburbano, y precios inalcanzables.
Si bien es cierto que Argentina es un país “pickapero”, en rigor a la verdad, lo que ocurrió fue que las camionetas tenían dos beneficios únicos que potenciaron su popularidad: pagan la mitad del IVA (10,5%) y no están alcanzadas por el impuesto al lujo (eliminado a partir del 1 de abril). Ante una menor oferta de importados de alta gama y SUV de franja alta de precios, muchos usuarios migraron a una pick-up como una buena opción.
Pero ahora, con un mercado totalmente abierto y 110 autos nuevos que ya entraron al país, los fabricantes de pick-up tienen que adaptarse a la necesidad real de sus verdaderos consumidores originarios.
“Estamos muy bien en la gamas altas pero tenemos que fortalecer la propuesta en las versiones de acceso. En esa dirección vamos a trabajar el año próximo”, dijo Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica a Infobae el año pasado, cuando anunciaron que en General Pacheco se volvería a fabricar la Ford Ranger cabina simple en versiones de chasis y caja larga.
Toyota era la única marca que mantenía ese tipo de camioneta en Argentina, con dos versiones de cabina simple chasis y caja en tracción simple y doble con caja manual. Los precios de esas camionetas son de $40.589.000 y $43.771.000 para las de tracción simple y de $49.927.000 y $52.618.000 para las 4×4.
A fin de año pasado, General Motors decidió volver a comercializar las versiones de cabina simple de la Chevrolet S10 que se importa desde Brasil. Lo hizo con dos distintos equipamientos, la de tracción trasera en $41.208.900 y la integral en 49.231.900 de pesos.
Este martes, Ford finalmente anunció el inicio de la venta de las Ranger cabina simple con chasis y caja. Lo hizo en su stand de Expoagro, donde presentó todas las versiones, que también fueron complementadas con otras de equipamiento base, denominada XL, pero con doble cabina.
Todas las pick-up de esta gama tienen el motor Panther 2.0 litros turbodiésel de 4 cilindros y 170 CV de potencia y un torque de 450 Nm. En el rubro de transmisiones, las nuevas versiones incluyen una caja manual de seis velocidades para las Cabina Simple, Cabina Chasis y la Doble Cabina base, y una nueva transmisión automática de seis velocidades con convertidor de par disponible en la Doble Cabina.
Los precios de las nuevas Ranger van desde $43.500.000 para la XL Cabina Simple 4×2 MT, la Ranger XL Cabina Chasis 4×4 MT cuesta $49.500.000 y la Ranger XL Cabina Simple 4×4 MT, 52.000.000 de pesos. En tanto las Ranger XL Doble Cabina 4×2 AT se venden a $51.400.000 y la Ranger XL Doble Cabina 4×4 Automática en 56.200.000 de pesos.
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