ECONOMIA
La Cámara de la Construcción alertó sobre la fuerte crisis del sector: caída de la actividad, incertidumbre y paralización de obras

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió sobre una situación crítica que atraviesa la actividad, con nuevos retrocesos en indicadores clave y señales crecientes de alarma por los efectos de la recesión y el freno a la obra pública. El sector, históricamente uno de los dinamizadores económicos y generadores de puestos de trabajo, profundizó sus dificultades en medio de un escenario donde la inversión estatal y privada siguió mostrando caídas pronunciadas.
Desde la sede de CAMARCO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresarios y referentes de la cadena de valor expusieron la gravedad de la coyuntura. En términos de volumen de obra ejecutada, la contracción de julio marcó uno de los datos más críticos del año. Las cifras disponibles exhiben una disminución respecto a los registros de igual mes del año anterior, replicando la tendencia contractiva iniciada varios meses atrás. Los socios de la Cámara enfatizaron que la recesión pronosticada para el segundo semestre sumó obstáculos adicionales en las perspectivas de recuperación.
El Consejo Federal de CAMARCO, reunido para analizar la situación del sector, notificó públicamente la extensión de la paralización o ralentización de obra pública en la mayoría de las provincias. Representantes de distintas jurisdicciones detallaron cómo proyectos de infraestructura nacional y provincial se detuvieron o sufrieron recortes sustanciales. Esta realidad derivó en el freno efectivo de nuevos llamados licitatorios y en la suspensión de obras en curso, según indicó la propia entidad.
El comunicado del Consejo Federal subrayó con énfasis la persistencia de incumplimientos en los pagos del Estado Nacional y de gobiernos provinciales a las empresas constructoras. Este fenómeno, considerado crítico por CAMARCO, impactó de manera directa sobre la solvencia financiera y la capacidad operativa de cientos de firmas, muchas de ellas pequeñas y medianas. La demora en la liquidación de certificados ya ejecutados fue catalogada por la entidad como un factor desestabilizador, ya que afectó no sólo a compañías de gran porte sino que también condicionó la cadena de pagos y arrastró dificultades hacia proveedores y subcontratistas.
En el mismo documento, los directivos de CAMARCO encendieron una señal de alerta sobre la pérdida acelerada de empleos dentro del sector de la construcción. Tomando datos recientes disponibles, la entidad informó que la cantidad de trabajadores registrados disminuyó de modo consecutivo durante los últimos meses, borrando buena parte de la mejora acumulada a comienzos de 2025. En palabras de la Cámara, “la destrucción de empleo es una consecuencia inevitable de la persistencia de la crisis y la falta de financiamiento para distintos tipos de proyectos”. Esta coyuntura afecta principalmente a las obras de viviendas sociales, hospitales, escuelas y obras de infraestructura básica, que dependen en gran medida de contrataciones estatales.

En su posicionamiento oficial, la Cámara Argentina de la Construcción recordó la urgencia de reactivar la inversión pública como motor para el desarrollo económico, al tiempo que solicitó canales de financiación accesible para capital de trabajo y una hoja de ruta concreta para saldar las obligaciones pendientes por parte de los gobiernos nacional y provinciales. El texto del Consejo Federal remarcó: “Frente al deterioro constante de los indicadores sectoriales, demandamos la articulación de políticas urgentes para recomponer la cadena de pagos y asegurar la continuidad de las obras”.
El reciente freno de la actividad de la construcción no se explica sólo a través de la obra pública. El sector privado también mostró una disminución del nivel de despachos de insumos claves, desde cemento hasta materiales para instalaciones eléctricas y sanitarias, según testimonios de empresarios del sector. La demanda por nuevas viviendas, edificaciones y oficinas tampoco logró recuperarse. El informe de la Cámara Argentina de la Construcción relacionó esta baja con la incertidumbre general sobre el rumbo económico, que inhibió inversiones y redujo la capacidad de iniciar nuevos desarrollos.
Las provincias que dependen en alto grado de la ejecución de recursos públicos para obra de infraestructura resultaron las más afectadas. En distritos del norte y del centro del país, como Chaco, Corrientes y Córdoba, la discontinuidad de los fondos nacionales obligó a autoridades locales a suspender proyectos que contaban con certificaciones ya presentadas y aprobadas. Empresas asociadas a CAMARCO advirtieron que la facturación correspondiente a más de tres meses atrás sigue sin pagarse, lo que impuso una presión financiera creciente y, en algunos casos, llevó a declarar el cese de actividades.
La falta de flujo financiero impactó en otras variables. Según los datos internos de la Cámara, parte del universo de 4000 pymes que integran la entidad reportaron dificultades para cumplir con cargas sociales, sueldos y compromisos fiscales. El acceso a líneas de crédito se volvió marginal, mientras que el costo del financiamiento privado registró subas que imposibilitaron su utilización para anticipar gastos o sostener el capital de trabajo. Empresarios citaron como ejemplo que, aun en obras de menor porte, la distancia entre los certificados presentados y los desembolsos efectivos superó los 90 días corridos.

La recesión del sector repercutió también sobre los indicadores sociales. El desgranamiento del empleo formal y la reducción de turnos y equipos en obra arrastraron consecuencias en servicios indirectos, como transporte, provisión de insumos y logística vinculada a la construcción. De acuerdo con lo expresado por CAMARCO en su gacetilla de prensa, la cadena de valor enfrenta una multiplicación de conflictos en la intermediación laboral, lo que se traduce en suspensiones, retiros anticipados y negociaciones de emergencia con sindicatos.
El deterioro en el acceso al crédito y la volatilidad de los precios constituyeron otros factores agravantes. A la falta de financiamiento estatal, los empresarios sumaron la inestabilidad de costos básicos, tanto en mano de obra como en insumos sensibles para la continuidad de las obras. En esa línea, la Cámara consignó que la mayoría de las empresas dejó de presentar ofertas en licitaciones ante la incertidumbre por la evolución de las variables macroeconómicas y la falta de ajuste en los pliegos presupuestarios.
La solicitud principal de CAMARCO apunta a que las autoridades nacionales y provinciales establezcan una respuesta rápida para sanear la cadena de pagos y diseñar mecanismos de actualización de precios para obras en ejecución. Para la Cámara, la restauración de condiciones financieras y la reanudación de la obra pública resultan elementos imprescindibles para modificar la tendencia regresiva del sector.
En sus declaraciones al Consejo Federal, la conducción de la Cámara Argentina de la Construcción reconoció que el freno en la cadena de pagos y la parálisis de obras públicas puede prolongar el proceso recesivo, con impacto directo en el nivel de empleo y en la capacidad productiva nacional. Al cierre de la reunión, el Consejo ratificó el compromiso institucional con la defensa del trabajo y la producción, aunque advirtió que el margen de resistencia de la cadena sectorial se encuentra agotado ante la falta de respuestas concretas.
El documento concluyó con una convocatoria a toda la cadena de valor para sostener el diálogo intersectorial y buscar acuerdos. Para la Cámara, “el objetivo fundamental es que la construcción recupere su papel estratégico como motor del desarrollo del país”.
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ECONOMIA
Patentes en CABA: tras la polémica por subas de hasta 100%, la AGIP ya emitió las nuevas boletas

Luego de la polémica generada por aumentos superiores al 100% en el impuesto de patentes en la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya corrigió el error y están disponibles las boletas recalculadas.
El nuevo esquema establece que ningún modelo incrementó su valor por encima del índice de inflación porteño de 2025, que fue de 31,8%, tras una revisión integral del sistema de cálculo y de las valuaciones fiscales que habían quedado bajo cuestionamiento.
Semanas atrás, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había reconocido errores en la liquidación original y recomendó a los contribuyentes no abonar las primeras boletas emitidas hasta que se realizara una corrección. La decisión llegó luego de que numerosos propietarios denunciaran subas abruptas en vehículos que no habían tenido variaciones equivalentes en el mercado.
Ahora, la AGIP confirmó que ya se encuentran disponibles las nuevas liquidaciones del impuesto automotor. Tanto la cuota 1 como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento: el 27 de febrero, sin importar la terminación del dominio ni la modalidad de pago elegida. De esta manera, el Gobierno porteño buscó ordenar el calendario y evitar mayores confusiones tras la postergación inicial.
En un plazo de dos semanas, el organismo recalculó todas las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2, 3 y pago anual) e incorporó un tope a las variaciones derivadas de la nueva valuación fiscal de algunos modelos.
Según oficializó AGIP, el límite busca garantizar que la actualización del tributo quede alineada con la evolución general de precios en la Ciudad y evitar saltos desproporcionados entre un año y otro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La emisión es exclusivamente digital. Para acceder, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de AGIP y, en la sección “Pagos – Consulta de boletas”, seleccionar el impuesto Patentes y luego la opción “Pagar – Boletas”. Con el número de dominio es posible visualizar y abonar la liquidación sin necesidad de clave. Además, las boletas estarán disponibles en los sistemas de homebanking desde el 20 de febrero, lo que amplía las alternativas para efectuar el pago.
Otra alternativa es solicitarla por correo electrónico a través del sistema InfoAGIP. El usuario debe completar un formulario online, elegir el impuesto Patentes y la categoría “Solicitud de Boletas por Mail” para recibirla en su casilla.
El pago puede realizarse a través de los medios habituales informados en el portal oficial, como débito automático, tarjeta o redes habilitadas. Además, continúan vigentes los beneficios para contribuyentes cumplidores, que incluyen descuentos para quienes no registren deuda y opten por el pago anticipado.
En el caso de quienes ya hayan abonado la cuota 1 o el pago anual con la boleta anterior y, tras la aplicación del tope, registren un excedente, ese saldo será imputado automáticamente a futuras cuotas. Para quienes optaron por el pago anual y deseen la devolución del importe abonado de más, podrán gestionarla desde el 1° de marzo mediante un aplicativo específico en la web de AGIP, donde se detallarán los pasos del trámite.
A fines de 2024, la Ciudad de Buenos Aires modificó el esquema tributario del impuesto automotor con el objetivo de reducir disparidades en los montos a pagar. El sistema anterior podía aplicar alícuotas más altas a vehículos recientes frente a modelos apenas más antiguos, generando distorsiones entre contribuyentes con rodados de características similares.
El rediseño estableció una nueva escala con una alícuota promedio del 3,5%. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 se cambió la referencia utilizada para calcular el valor fiscal de los automóviles: se dejó de tomar la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), considerada desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), que refleja valores de mercado más actuales.
Ese cambio impactó de manera directa en la base imponible de muchos vehículos. El recálculo provocó diferencias significativas en el valor fiscal y, en algunos casos, derivó en subas superiores al 100%, lo que generó numerosos reclamos y cuestionamientos al nuevo esquema.
ECONOMIA
Ayuda Escolar Anual: a cuánto asciende, donde se tramita y quien puede cobrarla

Para cobrar este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos ante la ANSES. ¿Cuáles son, quien los puede solicitar y a cuánto alcanzan?
18/02/2026 – 11:20hs
La vuelta a clases activa uno de los beneficios más esperados por las familias: la Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo económico que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes tienen hijos en edad escolar y cumplen determinados requisitos de ingresos y escolaridad. En un contexto de bolsillos ajustados, el trámite cobra relevancia. A continuación, quiénes pueden cobrarla, cuáles son los topes de ingresos y cómo se gestiona paso a paso.
¿Qué es la Ayuda Escolar Anual?
Es una asignación que se paga una vez al año por cada hijo en edad escolar que asista a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Aplica tanto para nivel inicial, primario y secundario, como para educación especial (sin límite de edad en este último caso).
El objetivo es compensar parte de los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo: útiles, guardapolvos, uniformes y transporte.
Quiénes pueden solicitarla
Pueden acceder:
- Trabajadores en relación de dependencia que cobren Asignación Familiar por Hijo.
- Monotributistas encuadrados en el sistema de asignaciones familiares.
- Jubilados y pensionados que perciban asignaciones por hijo.
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad.
En todos los casos, el menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive (sin tope de edad para hijos con discapacidad) y acreditar escolaridad en establecimiento incorporado a la enseñanza oficial, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.
«Tener en cuenta que es sin límite de edad en caso de tener hijas/os con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestras/os particulares matriculadas/os para ese fin o asisten a establecimientos públicos o privados de educación especial», precisa ANSES.
Topes de ingresos: cuánto se puede ganar
Uno de los puntos clave es el límite de ingresos del grupo familiar
La cobra uno solo de los padres una vez por año y tiene un tope $4.023.266 de Ingreso Grupo Familiar. Para hijo con discapacidad no hay restricción. Si alguno de los integrantes supera el límite individual fijado por el organismo, se pierde el derecho al cobro. En el caso de la AUH, no rige el mismo esquema de topes salariales, pero sí se exige que el adulto responsable se encuentre desocupado, sea trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.
Paso a paso: cómo se tramita
El trámite puede realizarse de manera digital a través de la web oficial de ANSES o desde la app Mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Verificar datos personales y del grupo familiar en la sección «Información Personal». Si hay inconsistencias, deben corregirse antes de avanzar.
- Generar el Certificado Escolar desde la plataforma.
- Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado por la autoridad educativa.
- Subir el certificado firmado nuevamente a la web o presentarlo en una oficina con turno previo.
En muchos casos, cuando la escolaridad ya fue acreditada el año anterior y no hubo cambios, el pago se realiza de manera automática. Sin embargo, si ANSES detecta falta de documentación, puede suspender el beneficio hasta que se regularice.
Fechas de pago y montos
El importe es fijo por hijo y no varía según la zona del país. Para hijos con discapacidad, el valor es superior y no tiene límite de edad, siempre que se mantenga la condición y la escolaridad.
En lo que hace a las fechas de pago, estas se fijan según la terminación del DNI y comenzaron a abonarse a principios de febrero, pero en el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que no estuvieron incluidos en la liquidación de este mes, se abonarán con la presentación del certificado correspondiente.
Qué tener en cuenta
- Es obligatorio presentar el Certificado Escolar todos los años.
- Si no se acredita la escolaridad antes de la fecha límite, se puede perder el derecho al cobro.
- El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobran las asignaciones mensuales.
En un escenario de suba constante de precios en útiles y uniformes, la Ayuda Escolar se convierte en un alivio concreto para millones de hogares. La clave es anticiparse, verificar los datos en Mi ANSES y completar el trámite sin demoras para no quedar afuera de un beneficio que puede marcar la diferencia en el arranque del ciclo lectivo.
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ECONOMIA
La UIA lamentó el cierre de Fate y advirtió que la industria enfrenta competencia global con prácticas desleales

Luego del anuncio del cierre de la histórica planta de neumáticos Fate y el consecuente despido de 920 trabajadores, la Unión Industrial Argentina (UIA) se mostró en alerta dado que este caso no es aislado, sino que la crisis se replica en otros sectores manufactureros. “La UIA lamenta profundamente el cierre de Fate”, dijo la entidad.
Relataron que se trata de una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino y generadora de empleo, tecnología y cadenas de valor locales. “Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, manifestó.
Consideraron que cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse. A noviembre de 2025 (último dato), la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años.
La UIA remacó que “el cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”.

El comunicado sostiene que la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas.
“Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno”, afirmaron y agregaron que hay una política de apertura sin convergencia de esas condiciones.
La UIA expresó que la industria argentina enfrentaba el desafío de ofrecer a los consumidores productos con precios y calidades similares a los internacionales. Señaló que ese objetivo debía orientar la estrategia del sector productivo.
Para alcanzarlo, sostuvo que se requería un esfuerzo conjunto que incluyera inversión empresarial, capacitación, modernización laboral, mejora continua y un entorno macroeconómico y regulatorio que permitiera que la producción en Argentina fuera tan competitiva como en otros países.
“La UIA reitera su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino”, concluyó la central industrial.
Una fuente cercana a la empresa había detallado a Infobae que se trata de un cierre definitivo y que se cumplirá con todos los pagos correspondientes a empleados, proveedores y bancos. Explicó que la compañía liquidará sus activos y cesará sus operaciones. La empresa venía registrando pérdidas desde hace tres décadas, pero la llegada masiva de cubiertas chinas aceleró la situación.
Cabe recordar que la semana pasada Martín Rappallini, titular de la UIA, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda declaró: “Hablamos de la importancia dela reforma laboral, en particular del FAL, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”.

Asimismo, dijo que “todos estos cambios, junto con la ley de inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.
“También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.
Desde la entidad industrial señalaron que la reunión con el funcionario nacional se centró en la relevancia de la modernización laboral. Los representantes del sector también valoraron el proceso de ordenamiento macroeconómico, aunque advirtieron sobre las dificultades asociadas a la estabilización y su impacto en la industria.
En ese contexto, la UIA presentó propuestas destinadas a impulsar la recuperación del sector. Entre las medidas orientadas a reducir los costos laborales no salariales, se destacó la sugerencia de permitir que las contribuciones patronales se computen como crédito fiscal del IVA, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas.
Respecto a las exportaciones, se abordó la continuidad en la eliminación de derechos de exportación para los sectores que aún los mantienen y la posibilidad de aumentar los reintegros a las exportaciones, con especial atención en las manufacturas de origen industrial y los alimentos.

Para las actividades industriales relacionadas con la construcción, se evaluaron alternativas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.
Durante la reunión, también se analizaron opciones para facilitar el acceso de las pymes al financiamiento productivo, como la utilización de recursos provenientes del Fondo de Asistencia Laboral y la implementación de líneas de crédito para capital de trabajo y consumo. La agenda contempló además el pedido de una reducción de la carga impositiva en los distintos niveles de gobierno, tanto nacional como provincial y municipal.
Por otro lado, se consideró la importancia de reforzar los controles para evitar la subfacturación de importaciones a precios por debajo del valor de mercado, en un escenario internacional marcado por desvíos comerciales y exceso de capacidad productiva.
Finalmente, la UIA propuso acelerar la devolución de saldos fiscales acumulados para el sector y examinar la posibilidad de establecer nuevos planes de suspensión de embargos para pymes, con el fin de otorgar alivio financiero y fiscal.
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