ECONOMIA
La Cámara de la Construcción alertó sobre la fuerte crisis del sector: caída de la actividad, incertidumbre y paralización de obras
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió sobre una situación crítica que atraviesa la actividad, con nuevos retrocesos en indicadores clave y señales crecientes de alarma por los efectos de la recesión y el freno a la obra pública. El sector, históricamente uno de los dinamizadores económicos y generadores de puestos de trabajo, profundizó sus dificultades en medio de un escenario donde la inversión estatal y privada siguió mostrando caídas pronunciadas.
Desde la sede de CAMARCO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresarios y referentes de la cadena de valor expusieron la gravedad de la coyuntura. En términos de volumen de obra ejecutada, la contracción de julio marcó uno de los datos más críticos del año. Las cifras disponibles exhiben una disminución respecto a los registros de igual mes del año anterior, replicando la tendencia contractiva iniciada varios meses atrás. Los socios de la Cámara enfatizaron que la recesión pronosticada para el segundo semestre sumó obstáculos adicionales en las perspectivas de recuperación.
El Consejo Federal de CAMARCO, reunido para analizar la situación del sector, notificó públicamente la extensión de la paralización o ralentización de obra pública en la mayoría de las provincias. Representantes de distintas jurisdicciones detallaron cómo proyectos de infraestructura nacional y provincial se detuvieron o sufrieron recortes sustanciales. Esta realidad derivó en el freno efectivo de nuevos llamados licitatorios y en la suspensión de obras en curso, según indicó la propia entidad.
El comunicado del Consejo Federal subrayó con énfasis la persistencia de incumplimientos en los pagos del Estado Nacional y de gobiernos provinciales a las empresas constructoras. Este fenómeno, considerado crítico por CAMARCO, impactó de manera directa sobre la solvencia financiera y la capacidad operativa de cientos de firmas, muchas de ellas pequeñas y medianas. La demora en la liquidación de certificados ya ejecutados fue catalogada por la entidad como un factor desestabilizador, ya que afectó no sólo a compañías de gran porte sino que también condicionó la cadena de pagos y arrastró dificultades hacia proveedores y subcontratistas.
En el mismo documento, los directivos de CAMARCO encendieron una señal de alerta sobre la pérdida acelerada de empleos dentro del sector de la construcción. Tomando datos recientes disponibles, la entidad informó que la cantidad de trabajadores registrados disminuyó de modo consecutivo durante los últimos meses, borrando buena parte de la mejora acumulada a comienzos de 2025. En palabras de la Cámara, “la destrucción de empleo es una consecuencia inevitable de la persistencia de la crisis y la falta de financiamiento para distintos tipos de proyectos”. Esta coyuntura afecta principalmente a las obras de viviendas sociales, hospitales, escuelas y obras de infraestructura básica, que dependen en gran medida de contrataciones estatales.
En su posicionamiento oficial, la Cámara Argentina de la Construcción recordó la urgencia de reactivar la inversión pública como motor para el desarrollo económico, al tiempo que solicitó canales de financiación accesible para capital de trabajo y una hoja de ruta concreta para saldar las obligaciones pendientes por parte de los gobiernos nacional y provinciales. El texto del Consejo Federal remarcó: “Frente al deterioro constante de los indicadores sectoriales, demandamos la articulación de políticas urgentes para recomponer la cadena de pagos y asegurar la continuidad de las obras”.
El reciente freno de la actividad de la construcción no se explica sólo a través de la obra pública. El sector privado también mostró una disminución del nivel de despachos de insumos claves, desde cemento hasta materiales para instalaciones eléctricas y sanitarias, según testimonios de empresarios del sector. La demanda por nuevas viviendas, edificaciones y oficinas tampoco logró recuperarse. El informe de la Cámara Argentina de la Construcción relacionó esta baja con la incertidumbre general sobre el rumbo económico, que inhibió inversiones y redujo la capacidad de iniciar nuevos desarrollos.
Las provincias que dependen en alto grado de la ejecución de recursos públicos para obra de infraestructura resultaron las más afectadas. En distritos del norte y del centro del país, como Chaco, Corrientes y Córdoba, la discontinuidad de los fondos nacionales obligó a autoridades locales a suspender proyectos que contaban con certificaciones ya presentadas y aprobadas. Empresas asociadas a CAMARCO advirtieron que la facturación correspondiente a más de tres meses atrás sigue sin pagarse, lo que impuso una presión financiera creciente y, en algunos casos, llevó a declarar el cese de actividades.
La falta de flujo financiero impactó en otras variables. Según los datos internos de la Cámara, parte del universo de 4000 pymes que integran la entidad reportaron dificultades para cumplir con cargas sociales, sueldos y compromisos fiscales. El acceso a líneas de crédito se volvió marginal, mientras que el costo del financiamiento privado registró subas que imposibilitaron su utilización para anticipar gastos o sostener el capital de trabajo. Empresarios citaron como ejemplo que, aun en obras de menor porte, la distancia entre los certificados presentados y los desembolsos efectivos superó los 90 días corridos.
La recesión del sector repercutió también sobre los indicadores sociales. El desgranamiento del empleo formal y la reducción de turnos y equipos en obra arrastraron consecuencias en servicios indirectos, como transporte, provisión de insumos y logística vinculada a la construcción. De acuerdo con lo expresado por CAMARCO en su gacetilla de prensa, la cadena de valor enfrenta una multiplicación de conflictos en la intermediación laboral, lo que se traduce en suspensiones, retiros anticipados y negociaciones de emergencia con sindicatos.
El deterioro en el acceso al crédito y la volatilidad de los precios constituyeron otros factores agravantes. A la falta de financiamiento estatal, los empresarios sumaron la inestabilidad de costos básicos, tanto en mano de obra como en insumos sensibles para la continuidad de las obras. En esa línea, la Cámara consignó que la mayoría de las empresas dejó de presentar ofertas en licitaciones ante la incertidumbre por la evolución de las variables macroeconómicas y la falta de ajuste en los pliegos presupuestarios.
La solicitud principal de CAMARCO apunta a que las autoridades nacionales y provinciales establezcan una respuesta rápida para sanear la cadena de pagos y diseñar mecanismos de actualización de precios para obras en ejecución. Para la Cámara, la restauración de condiciones financieras y la reanudación de la obra pública resultan elementos imprescindibles para modificar la tendencia regresiva del sector.
En sus declaraciones al Consejo Federal, la conducción de la Cámara Argentina de la Construcción reconoció que el freno en la cadena de pagos y la parálisis de obras públicas puede prolongar el proceso recesivo, con impacto directo en el nivel de empleo y en la capacidad productiva nacional. Al cierre de la reunión, el Consejo ratificó el compromiso institucional con la defensa del trabajo y la producción, aunque advirtió que el margen de resistencia de la cadena sectorial se encuentra agotado ante la falta de respuestas concretas.
El documento concluyó con una convocatoria a toda la cadena de valor para sostener el diálogo intersectorial y buscar acuerdos. Para la Cámara, “el objetivo fundamental es que la construcción recupere su papel estratégico como motor del desarrollo del país”.
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Mientras busca captar más obras y empleos en los sectores de minería y energía con la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027; la administración de Javier Milei mantiene vigente una medida que les impide a varias empresas inversoras poder actualizar por inflación los saldos del impuesto a las Ganancias que tienen a favor por quebrantos impositivos registrados en los últimos años.
Tras un dictamen emitido a fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desconoce los ajustes de los quebrantos impositivos por las variaciones inflacionarias que han realizado las empresas y considera que las diferencias surgidas hasta ese año entran en la categoría de «deudas tributarias» que se deben afrontar.
Impuesto a las Ganancias: una medida de ARCA preocupa a empresas con RIGI
En tanto, para los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2025,el artículo 190 de la ley de modernización laboral que aprobada por el Congreso en febrero dejó establecido que «los quebrantos generados desde esa fecha en adelante se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el INDEC».
Si bien el organismo recaudador, que conduce Andrés Vázquez, tiene abiertos distintos planes de pago para regularizar la situación de los años anteriores, los abogados de las medianas y grandes empresas afectadas resisten la interpretación oficial y advierten que el total de lo reclamado estaría en torno de u$s 5.000 millones que de pagarse dejarían de ir a las obras e inversiones comprometidas.
Según la normativa vigente, si una empresa cierra un ejercicio anual con pérdidas puede trasladarlas a los siguientes balances para que sean compensadas con las ganancias que se obtengan en esos períodos.
Al momento de liquidar los pagos de Ganancias, la mayoría de las empresas que habían acumulado resultados en los últimos años procedieron a actualizar sus quebrantos con los registros inflacionarios del 211% de 2023 y del 118% de 2024.
Tras no convalidar esas actualizaciones que presentaron compañías de distintos sectores que van desde productoras de alimentos hasta operadoras de servicios públicos; el titular de la ARCA avanzó con inspecciones integrales a todas las empresas que habían tomado la inflación como parámetro de ajuste a contramano del planteo oficial que establece que los montos de los quebrantos debían permanecer sin cambios.
La no actualización de los quebrantos impositivos anteriores a los balances de 2025 forma parte de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le viene planteando al Gobierno desde hace varios meses.
A fines del año pasado, por medio de una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida «genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo».
Ante las intimaciones lanzadas por ARCA para cancelar las «deudas tributarias» generadas en las presentaciones de Ganancias, solo la petrolera YPF y Pampa Energía decidieron aceptar el criterio oficial y saldar lo reclamo mediante planes de pago.
Empresas recurren a la Justicia para modificar medida de ARCA
La mayoría de las empresas decidió resistir la movida de ARCA con reclamos administrativos y judiciales. Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), la empresa controlada por las familias Cavallo y Brandi que tiene negocios en petróleo, gas y energía renovables.
Su reclamo contra la posición de ARCA se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, el organismo administrativo que depende de la subsecretaría de Ingresos Públicos y que ahora tiene que resolver esta cuestión clave que es seguida de cerca por otras empresas energéticas que están en la misma situación y con proyectos de inversión encuadrados dentro del RIGI.
PCR es la segunda empresa generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos que tienen una capacidad de generación total de 530 MW y tiene en camino dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos localizados en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis.
A mediados de marzo, la empresa consiguió de la IFC –la pata financiera del Banco Mundial—y otras entidades comerciales un crédito por u$s110 millones para la construcción del «Parque Eólico Olavarría» que demandará una inversión total de u$s 257 millones.
El parque -que alimentará de energía renovable a la siderúrgica ArcelorMittal Acindar- integra la lista de los proyectos del RIGI que ya cuentan con la aprobación de las autoridades económicas, mientras la empresa inversora sigue jaqueada por el reclamo que llevan adelante los funcionarios del ente recaudador.
RIGI: los proyectos aprobados hasta el momento
En lo que respecta al RIGI, hasta ahora se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados que se desarrollarán básicamente en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
Los proyectos con visto bueno oficial se concentran principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% del total las inversiones proyectadas que llegan a casi u$s 30.000 millones.
Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.
A mediados de febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI por un año más y permitió que se sumen proyectos vinculados a la exploración y producción de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de u$s 600 millones.
Entre los principales incentivos que ofrece el RIGI a las empresas inversoras sobresalen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales.
Más allá de los anuncios oficiales sobre las bondades del RIGI, el economista Santiago Polo advirtió que «tras la extensión por un año y la ampliación del listado de proyectos aprobados, ahora el régimen le plantea desafíos al Gobierno en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados».
En un análisis publicado en el sitio «ElAuditor», el economista alertó que «el principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas».
«En ese proceso—destacó Polo– también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país».
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El reacomodamiento de precios que se está dando en el mercado automotor argentino permite que la mayoría de los autos 0 km tengan, empezando abril, un precio prácticamente igual al de enero, incluso, con algunas bajar interesantes, porque van más allá de la eliminación del impuesto al lujo que rige desde este mes, sino que se dieron en modelos que no se veían afectados por ese tributo.
Los autos de acceso a la gama de cada marca siguen siendo los que dan volumen de ventas con muy bajo margen, con precios que van desde los 26 a los 33 millones de pesos, con algunos pequeños ajustes en torno al 1% en pocos casos.
Uno de los casos es el del Renault Kwid, el más barato del mercado desde diciembre de 2024, que aunque subió su precio un 1,1%, mantiene esa posición privilegiada que justifica plenamente por ser el auto más vendido de la marca en Argentina.
Pero hay un condicionante para que se mantenga el statu quo y es un dólar todavía bajo que permite, a medida que pasan los meses, que los vehículos importados que se publican en dólares, se acerquen cada vez más a aquellos que dominaron este particular ranking.
Así, un modelo de origen chino y propulsión 100% eléctrica, entró al Top 10 que hasta hace poco tiempo estaba reservado exclusivamente a autos Mercosur, tanto argentinos como brasileños. Y lo más llamativo es que, dependiendo de la cotización del dólar en el próximo mes, podría pasar a ser el auto más accesible del mercado.
Los 10 autos más baratos de febrero
1. Renault Kwid: $26.360.000
El Renault Kwid, en efecto, se mantiene e como el auto más barato del mercado, pero con la sombra de un vehículo chino que podría desplazarlo ya el próximo mes al segundo puesto. Viene importado desde Brasil y tiene dos versiones diferentes aunque sólo en su enfoque hacia el cliente pero con el mismo precio. Motor naftero aspirado y caja manual en ambas versiones.
2. Jmev EV3: USD 18.900 / $26.838.000
Este es el auto que puede desbancar al Kwid en mayo si el dólar se mantiene debajo de los $1.410 y Renault actualiza el precio como ocurrió en abril. Es chino, lo importa el Grupo Antelo y su principal cualidad distintiva es que ee trata de un auto 100% eléctrico. Su precio está en dólares, razón por la cual su posición en el ranking depende de la cotización oficial de cada día.
3. Fiat Mobi: $27.350.000
Este es el segundo Citycar de las marcas regionales en el mercado y también tuvo un leve incremento de precio del 0,5%. Como la mayoría de los modelos más accesibles, se trae importado de Brasil, pero tiene un menor volumen de ventas porque comercialmente es un auto que se prioriza para plan de ahorro. Funciona con caja manual y tiene solo la versión Trekking como opción de equipamiento.
4. Hyundai HB20: $27.600.000
Con este B-Hacth se da una especial situación de penetración en el mercado como el auto compacto más barato desde su lanzamiento un año atrás. Parte de esa estrategia es mantener el precio sin alteraciones desde noviembre pasado, lo que le permitió subir el volumen de ventas que casi llega a las 700 unidades en marzo. Se fabrica en Brasil y tiene versiones con caja manual y automática y con carrocería de dos y tres volúmenes.
5. Fiat Argo: $29.930.000
Es el primer escalón de Fiat en el ranking y el primero en el segmento B. El Argo es similar al Cronos pero sin baúl. Comparten la plataforma y la motorización, pero este hatchback se produce en Brasil, llega desde este año en dos versiones que sumó la caja automática tipo CVT a la ya conocida de accionamiento manual. El motor es aspirado 1.3 litros en ambos casos.
6. Fiat Cronos: $31.120.000
El tercer Fiat del ranking es también el primer y más barato modelo de fabricación nacional en la lista. El Fiat Cronos se renovó estéticamente en mayo de 2025 y se mantiene como uno de los dos autos más vendidos del mercado. Es un sedán fabricado en la planta de Córdoba de Stellantis y se comercializa en 4 versiones, dos con caja manual y dos con caja automática tipo CVT, todas con el motor naftero 1.3 aspirado.
7. Citroën C3: $31.360.000
Este es otro modelo que tuvo un leve ajuste de precio hacia arriba en abril, de apenas el 0,5% para las dos primeras versiones. El Citroën C3 es el más pequeño de la familia que componen otros dos modelos dentro del programa CCubo, lanzado en 2023 para reposicionar la marca entre las que ofrece vehículos accesibles. Se fabrica en Brasil y tiene tres versiones con motorizaciones aspirada y una con motor turbo.
8. Peugeot 208: $31.460.000
Este es el segundo y último modelo de fabricación nacional que está entre los 10 más baratos del mercado. También tuvo una suba del 0,5% en abril, aplicada a las tres versiones más accesibles de la gama. El 208 se produce en la planta de Stellantis en Palomar, y tiene cinco opciones, tres con motor aspirado y dos con el turbo T200 del grupo.
9. Chevrolet Onix: $31.505.900
Por tercer mes consecutivo, General Motors mantuvo para abril los precios de todos sus modelos, lo que le permitió al Onix ser tercero entre los autos compactos detrás del Peugeot 208 y el Fiat Cronos, es decir que fue el mejor auto del segmento B entre los importados de Brasil. El Onix se ofrece tanto en versión hatchback como sedán. Todos sus modelos están propulsados por motor turbo 1.0 litros y tienen opciones de caja manual o automática CVT.
10. Citroën Basalt: $32.260.000
Al igual que otros modelos de Stellantis, el Basalt también tuvo un ajuste de precio del 0,5% este mes, aunque sin alterar su posición en el ranking de los 10 más accesibles del mercado. Es el segundo Citroën de la lista y el único SUV del segmento B. El Basalt pertenece a la misma familia del C3 y el Aircross con una propuesta de cuatro versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo y viene importado desde Brasil al igual que los otros dos modelos.
Dos modelos chinos están en la puerta del ranking. El primero es el BYD Dolphin Mini, modelo 100% eléctrico que podría sumarse a la lista por su precio de USD 22.990 que equivale a unos $32.518.000. Este auto es un compacto de segmento A, tiene un motor de 88 CV (65 Kw), una batería de 30.1 kWh y una autonomía declarada de 380 km. El otro es el Chery Tiggo 2 Pro Max, que es un vehículo hatchback propulsado por un motor 1.5 litros aspirado y tiene un precio de USD 23.000, es decir unos $32.660.000.
También hay dos utilitarios con un precio que le permitiría entrar al ranking, peor por su diferente uso y características, se pueden mencionar en un apartado. Se trata de dos productos de Fiat que llegan desde Brasil. La más accesible es el furgón chico Fiat Fiorino, que tiene motor aspirado 1.3 litros y un precio de $29.460.000. El otro modelo es la versión de acceso de la pick-up compacta Fiat Strada que tiene motor 1.3 litros aspirado, caja manual y un precio de $33.050.000.
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El Gobierno autorizó anticipos de coparticipación por hasta $400.000 millones a provincias, en busca de recomponer vínculos y asegurar respaldo legislativo
03/04/2026 – 11:44hs
El gobierno de Javier Milei habilitó un adelanto millonario de fondos a las provincias y reactivó el diálogo con los gobernadores, en una jugada clave para consolidar apoyos en el Congreso y acelerar el tratamiento de reformas estructurales.
La medida contempla la entrega de hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación para unas 12 provincias, incluyendo tanto distritos aliados como otros con vínculos más tensos con la Casa Rosada.
Javier Milei envía fondos a provincias: busca apoyo de gobernadores
En el oficialismo reconocen que la relación con los gobernadores es determinante para sostener la agenda legislativa. Por eso, el adelanto de fondos aparece como un gesto concreto para fortalecer esos vínculos y garantizar respaldo en votaciones clave.
El Ejecutivo busca aprovechar una «ventana política» en la que todavía cuenta con aliados dispuestos a acompañar las reformas, al menos en el corto plazo.
Además, la decisión apunta a evitar que las provincias deban financiarse en el mercado a tasas elevadas, lo que suma un componente financiero a la jugada política.
Ley de Glaciares y otras reformas, en la mira
En la Casa Rosada consideran urgente recuperar la iniciativa política y ganar protagonismo en la agenda pública. En ese marco, el Congreso se convierte en el principal escenario para impulsar proyectos que permitan al Gobierno retomar centralidad.
La estrategia también busca dejar atrás tensiones internas y mediáticas recientes, mientras se intenta mostrar dinamismo en la gestión y capacidad de avanzar con reformas.
Entre los proyectos que el oficialismo pretende tratar en las próximas semanas aparecen iniciativas sensibles, como modificaciones en la Ley de Glaciares y otros cambios regulatorios vinculados a sectores productivos.
El plan del Gobierno incluye un paquete amplio de reformas que necesita sí o sí del respaldo de gobernadores y legisladores dialoguistas para avanzar. En ese contexto, la negociación política se vuelve tan relevante como la estrategia económica.
La Casa Rosada apuesta a consolidar mayorías circunstanciales para aprobar leyes clave, en un escenario donde las provincias mantienen un rol central tanto por su peso legislativo como por su incidencia en sectores estratégicos como la minería o la energía.
Así, el adelanto de fondos no solo busca aliviar las cuentas provinciales, sino también ordenar el frente político y garantizar gobernabilidad en una etapa donde el oficialismo necesita mostrar resultados concretos.
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