La disputa entre el Gobierno y los empresarios de transporte automotor provocó una reducción en la frecuencia de líneas de colectivos el jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que afectpi a miles de usuarios.

Este lunes, los representantes empresariales esperan tener respuestas del gobierno bonaerense, mientras aguardan una próxima reunión con la secretaria de Transporte de Nación. El reclamo principal apunta al aumento en el costo del combustible que modificó la estructura de costos. Ante este escenario, los empresarios exigen un incremento en los subsidios o una suba en la tarifa, lo que plantea un dilema para el equipo económico, ya que ambas alternativas implican un costo y debería decidirse por una.

La crisis del transporte público en el AMBA mantiene en vilo a miles de usuarios y a las empresas; estas últimas reclaman por deudas y una renegociación de los subsidios o las tarifas ante el aumento del combustible. En este contexto, este lunes, cinco cámaras mantendrán negociaciones con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mientras crece la expectativa por el accionar del Gobierno nacional. Las partes exponen argumentos contrapuestos sobre la situación financiera, la gestión de los subsidios y los plazos para normalizar los pagos que permitan garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios.

Según informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el encuentro entre representantes de las cámaras empresarias y las autoridades será este lunes a las 12 del mediodía. En la provincia remarcan que no tienen deudas con el sector, salvo el compromiso correspondiente a abril, cuyo pago impacta este lunes. “Por decisión del gobernador, Axel Kicillof, el monto del adelanto del subsidio se incrementó del 50% al 65%, con la intención de cubrir la masa salarial y evitar un agravamiento del conflicto», comentaron en conversación con Infobae.

El sector empresario se encuentra a la expectativa de esa transferencia. Se trata de un saldo de $ 50.000 millones que debía liquidarse el viernes. Y si bien en la provincia aseguran que ya realizaron la transferencia, en las empresas no lograron acceder a los fondos en sus cuentas. Fuentes de la gobernación aseguraron a este medio que ya se realizó y anticipan que la situación podría resolverse en la mañana del lunes, ya que el sistema bancario traslada las operaciones efectuadas fuera de horario hábil al día siguiente.

El trasfondo

El problema para las empresas de transporte es el aumento del combustible. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el precio del petróleo se disparó y los precios en el surtidor aumentaron un 20% en la Argentina. Este salto en el precio del gasoil, denuncian en el sector privado, implica un cambio en la ecuación del negocio y por eso exigen mayores subsidios a la Secretaría de Transporte.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó un comunicado en el que describió la situación como de “extrema gravedad financiera”. El documento detalló que el fuerte aumento del precio del gasoil y el atraso en el pago de compensaciones obligaron a las empresas a ajustar su operatividad. “La reducción de servicios de hoy no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades de gasoil”, expresaron desde la entidad.

El análisis de AAETA puntualizó las razones principales de la crisis. El sistema enfrenta un déficit crítico por la diferencia entre el precio real de mercado del gasoil y el valor reconocido oficialmente en la estructura de costos. Mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro, el esquema de costos del Estado solo reconoce $ 1.750 por litro. Esta brecha, según remarcaron, desfinancia a las compañías y limita su capacidad para garantizar la frecuencia y regularidad de los servicios.

La cuestión está en que, tras el anuncio del alto al fuego por dos semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el supuesto compromiso de Irán de liberar el estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina) tuvo una baja de entre 11% y 12% en las últimas jornadas y se ubica en torno a los USD 95. Aunque no logra volver a los niveles previos al conflicto (USD 70). A su vez, la semana pasada, la petrolera YPF comunicó que no va a llevar a cabo incrementos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores, una decisión que replicaron otras competidoras.

Pero el aumento del combustible agrava una situación de crisis preexistente. “El Gobierno tiene una deuda con las empresas de colectivos por enero, febrero y marzo. “Hay partidas que quedaron pendientes porque no tienen dinero, y cuando juntas todo, hay una bola de nieve de $150.000 millones entre Nación y provincia”, comentaron desde una de las cámaras, de la cual dos tercios son de Nación y el resto de Buenos Aires. De los cuales $ 50.000 millones son las transferencias que la provincia asegura que realizó el viernes y se van a efectuar este lunes.

Luego de la reunión con provincia, el martes, los empresarios volverán a reunirse con el Gobierno, esta vez en una mesa de trabajo. Sin embargo, en el sector privado marcan que el compromiso que tomaron algunos de ellos —al menos la mitad— de mantener la frecuencia de las líneas de colectivos no podrá extenderse por mucho tiempo más de no haber una solución.

Madrid, 13 abr (.).- El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que no se vislumbra en el corto plazo un desabastecimiento de combustible para la aviación o una caída del turismo como consecuencia de la guerra de Irán, aunque ha subrayado que, si se sigue prolongando el conflicto ,serán preocupaciones a medio y largo plazo.

«Si se sigue prolongando la guerra en Irán, pues efectivamente empiezan a surgir nuevas preocupaciones, como por ejemplo la disponibilidad de queroseno (…) Aquí en España tenemos una situación de menor dependencia, importamos mucho menos queroseno, entre otras cosas por las infraestructuras, por la capacidad de refino que tenemos», ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

El también ministro de Economía ha afirmado que esta visión de menor dependencia de España es compartida por el propio sector de la aviación, si bien ha incidido en que «esto no quiere decir que no nos podamos ver afectados por restricciones que afecten a compañías fuera de España», por lo que hay que «ser conscientes de estos canales de transmisión».

Sobre el turismo ha recordado que en Semana Santa los datos han sido muy positivos y que a corto plazo «incluso hay un cierto efecto positivo de redireccionamiento de flujos turísticos que iban, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio o Turquía que están viniendo a España».

«Pero de nuevo hay que mirarlo todo a medio largo plazo, pensando en estos factores de riesgo», ha precisado respecto a una guerra prolongada con mayor impacto económico para España.

El Gobierno nacional reglamentó la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), dando inicio a un nuevo capítulo para el desarrollo productivo en el país.

La nueva normativa quedó establecida mediante el decreto 242/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. Así, se establecieron condiciones específicas para fomentar la inversión en sectores clave, abriendo oportunidades tanto para empresas locales como extranjeras durante los próximos dos años.

El objetivo central del RIMI es estimular las inversiones de mediana escala para potenciar la competitividad, el desarrollo económico y la creación de empleo en el país. Según lo establecido en el marco legal, el régimen se orienta a fortalecer las cadenas de valor, incrementar las exportaciones y consolidar el crecimiento sostenible de los sectores productivos argentinos.

La iniciativa prevé beneficios fiscales para quienes, cumpliendo ciertos requisitos, concreten inversiones productivas en bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética. Los sujetos alcanzados por el régimen deberán acreditar su condición de micro, pequeña o mediana empresa —hasta Tramo 2— o bien ser entidades sin fines de lucro debidamente registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para acceder a los beneficios del RIMI, los interesados deben contar, al inicio del ejercicio fiscal en que se efectivice la primera inversión, con el certificado que acredite su condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente y sus futuras actualizaciones. También podrán ser beneficiarias las entidades sin fines de lucro que cumplan los parámetros fijados y estén registradas ante la ARCA, bajo formas jurídicas reconocidas y sujetas a las disposiciones regulatorias correspondientes.

La reglamentación establece que las inversiones alcanzadas deberán ser nuevas, excluyendo automóviles, y clasificadas como Bienes de Capital (BK) o Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT) según la normativa aplicable. Además, incluye inversiones en sistemas de riego agrícola, mallas antigranizo y bienes semovientes amortizables —animales de genética superior destinados a actividades productivas—, así como aquellas obras que resulten afectadas directamente a la actividad de los sujetos beneficiarios.

En el caso de obras, solo se considerarán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un grado de avance menor al 30 por ciento del monto total de inversión, según el método de acreditación que fije la reglamentación operativa.

El régimen define como inversiones productivas a los bienes muebles amortizables que sean nuevos y estén destinados a la producción nacional. Se incluyen también sistemas y equipos de riego para optimizar el uso del agua en el sector agropecuario, mallas antigranizo para protección de cultivos y animales de alta genética para reproducción, siempre que sean registrados y destinados a la producción.

Las inversiones en bienes de alta eficiencia energética también están contempladas: se consideran aquellas que permitan la generación, almacenamiento y transporte de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como las que optimicen, recuperen o reduzcan el consumo energético en las unidades de producción. Para ser consideradas dentro del régimen, las inversiones deben ser susceptibles de amortización para el Impuesto a las Ganancias y podrán verificarse la puesta en marcha incluso después del plazo de dos años, siempre que se acredite su afectación a la generación de rentas gravadas.

Las inversiones productivas que se realicen en el marco del RIMI pueden incluir obras asociadas, siempre que sean indispensables e integren de forma inescindible las actividades productivas del beneficiario, y sus bienes muebles complementarios.

A su vez, acalararon que no todas las erogaciones califican como inversiones productivas bajo este esquema. Quedan expresamente excluidas aquellas dirigidas a bienes financieros y de portfolio, comprendiendo activos e instrumentos financieros que no están orientados a la producción concreta de bienes o servicios.

Respecto al monto mínimo de inversión requerido, la norma estipula que se computará la sumatoria de todas las inversiones elegibles realizadas dentro del plazo reglamentario. Para determinar el monto en dólares estadounidenses, se utilizará el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina vigente al día hábil anterior a la fecha de la factura, extendiéndose el mismo criterio a adquisiciones en otras monedas extranjeras.

El usufructo de los beneficios fiscales del RIMI solo procederá cuando la inversión productiva se haya puesto en marcha y se haya cumplimentado el monto mínimo exigible dentro del plazo de dos años. El régimen establece un cupo anual para la devolución de IVA, hasta un tope del cincuenta por ciento del cupo correspondiente, y la distribución se realizará según la antigüedad y la magnitud de los saldos acumulados.

Las inversiones que sean objeto de beneficios deberán estar libres de deuda firme, exigible e impaga al momento de la solicitud, de acuerdo a la normativa de la Administración Tributaria. La condición de deuda se considerará firme cuando, tras la intimación, no haya sido regularizada ni recurrida dentro del plazo otorgado.