El economista Ricardo Arriazu, considerado una de las voces más influyentes para el presidente Javier Milei, aunque él aclara que no mantiene trato personal con el mandatario; planteó tres posibles escenarios post elecciones, en medio de la incertidumbre en los mercados. Además, criticó tanto los pedidos de devaluación como las bandas cambiarias.

Arriazu, de Estudio Arriazu Macroanalistas, disertó en la 2° Cumbre Aseguradora Argentina, que tiene por objetivo debatir, analizar y proyectar el futuro de esa industria en el país. El evento tomó lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y fue organizada por el Comité Asegurador Argentino, integrado por ADEAA, ADIRA, AACS, AVIRA y UART.

“La economía tiene equilibrio macroeconómico, pero hay una gran pulseada con respecto al dólar. ¿Cuáles son los escenarios? En primer lugar, con las elecciones en tres días, no hay duda de que el gobierno va a hacer lo imposible para que el tipo de cambio no se mueva, porque esa es la clave del programa económico», comenzó Arriazu.

“Después de las elecciones pueden darse dos escenarios. En el primero, el Gobierno obtiene al menos un tercio de los escaños en alguna de las cámaras, lo que le permitiría evitar un juicio político y sostener sus vetos. Con ese respaldo y el apoyo de Estados Unidos —que merece una mención especial—, la economía cambia de la noche a la mañana», consideró.

En el segundo escenario, si el oficialismo no alcanza ese tercio y el Congreso impulsa tanto el equilibrio fiscal como un eventual juicio político, es probable que Washington retire su respaldo. Ese apoyo, aclaró, no está destinado a financiar el gasto, sino a facilitar la resolución de los compromisos de deuda de corto plazo.

En tanto, Arriazu mencionó y respondió las preguntas que tiene el mercado. “¿Puede aguantar una corrida? Sí, con recursos propios. Obviamente, con la ayuda de Estados Unidos es un paseo. ¿Pueden pagar los vencimientos de deuda? Tenemos una de las deudas de mercado más bajas del mundo, el 19% del PBI. Pero como somos estafadores seriales, todo el mundo quiere que le mostremos la plata. No le piden eso a ningún otro país. A nosotros sí por ser estafadores».

Asimismo, consideró: “¿Qué pasaría si el oficialismo no logra su objetivo? Bueno, lo dejo en manos de ustedes pensarlo. ¿Vale la pena ganar la pulseada? Con recursos propios, sería muy dolorosa. Pero mi respuesta es, definitivamente, sí. De los últimos 44 años, 20 tuvimos crecimiento negativo. Cada año con crecimiento negativo fue por una corrida cambiaria, por gente queriendo cambiar pesos a dólares porque no confía en el peso. Y siempre la ganaron. Alguna vez hay que ganársela, para que la gente dude antes de comenzar una corrida».

Al mismo tiempo, enfatizó: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos, ¿y a cuánto se va el dólar? Cualquier nivel. Si las elecciones salen bien y hay ayuda de Estados Unidos, baja, pero ¿a dónde baja? a $1.300-$1.350″.

“Pero la incertidumbre tiene costos. El riesgo país argentino es 10 veces superior al de Uruguay y Paraguay y tenemos números macroeconómicos infinitamente mejores”, añadió.

Desde una perspectiva más general, Arriazo aseguró: “Yo soy enemigo de la banda cambiaria porque Argentina es una economía bimonetaria y una economía bimonetaria funciona totalmente distinto a una economía de una sola moneda. Los pesos en la Argentina se usan exclusivamente para pagar sueldos, pagar impuestos y unos pocos gastos menores, todo el resto es en dólares”. Criticó el declive de la economía luego de la implementación de ese esquema y la no acumulación de reservas.

En paralelo, se opuso a una devaluación: “Cada vez que subió el tipo de cambio real fue por una crisis política o por salida de capitales. En cuanto la situación se normaliza, el tipo de cambio real cae. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno no controla el tipo de cambio real, sino el nominal, y por lo tanto no puede fijarlo a voluntad. Además, cada vez que el tipo de cambio subió, la actividad económica cayó“.

A criterio de Arriazu, en relación a la industria del seguro, si se deja de modificar las reglas y de crear nuevos impuestos, se facilita la operatoria y pueden volver los fondos de pensión. Todo eso permitiría generar capital de largo plazo, elevar la tasa de ahorro y, en consecuencia, favorecer el crecimiento de la Argentina.

“El riesgo argentino no es un kuka, el riesgo argentino es un riesgo argentino. Son los argentinos los que pensamos sin sentido común. Yo presenté una charla en Tucumán que se llamaba Soñando con una Argentina posible. Y lo primero que dije, el título no es casualidad”, sostuvo el economista.

“Si miramos largo plazo y miramos energía, minería, industria de conocimiento, agro, todo es lejos de Gran Buenos Aires. La posibilidad de crecimiento es enorme. Fácilmente podemos ir al 5,5% por año. Pero la palabra sueño es porque los argentinos somos campeones en desaprovechar todas las oportunidades”, concluyó Arriazu.

A su turno en la cumbre, Alejandro Simón, presidente del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES) y CEO de Sancor Seguros, dijo: “Creo que tenemos como sector asegurador una gran oportunidad de transformarnos en uno de los motores principales del crecimiento de la economía argentina. Somos un viabilizador de de la actividad económica, pero también de las inversiones de largo plazo”.

Por otra parte, en relación al futuro, destacó que “la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa es una gran oportunidad y un desafío al mismo tiempo, con un desarrollo exponencial a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con áreas de suscripción, la gestión de siniestros, de prevención de fraude y de personalización de la oferta”.

A su vez, el directivo sostuvo que el avance hacia la computación en la nube obliga a las aseguradoras a reducir el control directo sobre sus propios recursos tecnológicos, lo que plantea nuevos desafíos regulatorios. Señaló que no basta con imitar los modelos de los países más desarrollados, ya que existe un debate internacional sobre cómo abordarlos.

Agregó que la ciberseguridad se volvió un eje crítico: “La inteligencia artificial está disponible tanto para nosotros como para los hackers, que son cada vez más sofisticados”. Por eso, remarcó la necesidad de contar no solo con barreras de protección, sino también con protocolos de acción rápida que minimicen los daños una vez ocurrido un ataque.

En otro tramo, Simón advirtió sobre los cambios demográficos. Indicó que la tasa de natalidad en la Argentina cayó de 2,1 hijos por mujer —nivel de reemplazo poblacional— a 1,4 desde la pandemia, un valor similar al promedio europeo.

Por último, se refirió a la informalidad laboral y a la necesidad de una reforma que reduzca la litigiosidad. Citó el caso de Brasil, donde una modificación legal permitió disminuir en 80% los juicios laborales.

Explicó que el esquema se basó en tres ejes: limitar el financiamiento compulsivo a los sindicatos, dar prioridad a los acuerdos colectivos por sobre leyes generales y establecer que, si un reclamo judicial resulta infundado, el trabajador deba asumir los honorarios antes de presentar una nueva demanda.

El Gobierno avanza en una reforma laboral que busca modificar de manera profunda el esquema actual de negociación colectiva y la estructura del sueldo. El objetivo central es vincular la remuneración con la productividad individual y no exclusivamente con los convenios colectivos.

Se sabe que la reforma laboral es una de las principales metas del gobierno de Javier Milei.  Así lo planteo desde sus inicios el Presidente. A mitad de este año, se realizó la primera reunión del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que creó para consensuar este tipo de proyectos que apuntan a grandes cambios estructurales.

Hoy fue el turno de Diputados, que tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch y en donde participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para exponer los principales lineamientos de la futura reforma laboral que el Gobierno busca implementar en la segunda mitad del mandato de Javier Milei.

Durante la reunión, Cordero respondió a las críticas de la oposición sobre el aumento de la informalidad, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, y remarcó que «hace dos meses que estamos trabajando en una reforma laboral junto a los que firmaron el Pacto de Mayo».

Reforma laboral: qué pasará con el sueldo

El nuevo modelo, impulsado con el respaldo del PRO y la UCR, incorpora el concepto de «salario dinámico«, un sistema que permitiría a cada empresa negociar directamente con su representación sindical interna. De este modo, los acuerdos podrían adaptarse a la realidad de cada sector o firma, reduciendo los pisos salariales básicos y promoviendo una mayor diferenciación según desempeño y mérito.

En paralelo, desde la Secretaría de Trabajo aseguran que el país atraviesa una nueva etapa en materia de paritarias, marcada por la estabilidad monetaria y la menor incidencia de la inflación. «Al modificarse la matriz económica, la negociación ya no se trata de correr detrás de los precios», sostienen en el área laboral, donde remarcan que los acuerdos por incrementos mínimos responden a esa nueva dinámica.

El Gobierno también impulsa un plan de incremento salarial «dinámico», que busca acortar la brecha entre los salarios de convenio y los salarios reales. La meta, explican, es que los sueldos recompensen la productividad y el mérito, fomentando una estructura más competitiva.

Otro punto clave de la reforma es la eliminación de las multas laborales que habían sido dispuestas en la anterior normativa. Según explican desde la cartera laboral, esas sanciones no beneficiaban directamente al trabajador, sino al Estado. La nueva orientación apunta a incentivar la formalización y el crecimiento del empleo privado.

Asimismo, se trabaja junto a las cámaras empresariales para evitar que los incrementos salariales se trasladen a precios, buscando preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En palabras de Cordero, «hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira».

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei avanza con indemnización y despido 

Un tema clave con el que más se está avanzando es con el de indemnizaciones y despidos.

A finales de junio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el nuevo Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al tradicional esquema de indemnización por despido. Este instrumento refleja el direccionamiento que el Gobierno le quiere dar al mercado laboral.

El sistema permite a los empleadores y trabajadores sustituir la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, así como otros rubros indemnizatorios. Se establecerá por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos («FCI») o Fideicomisos Financieros («FF»).

La modalidad que busca impulsar Milei consiste en una suerte de seguro de despido o desempleo. Este esquema impactaría en los empleados que fueron contratados luego de la aprobación de la reforma laboral en julio del año pasado. En este cambio se toma como modelo el fondo de cese laboral de la industria de la construcción, donde el porcentaje del aporte llega al 12% del salario bruto del trabajador durante el primer año de duración del contrato y es del 8% a partir del segundo.

Este sistema supone que el empleador debe contribuir con una suma adicional acordada en una negociación entre la empresa y los sindicatos. El monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despido dependerán de lo que se acuerde en este nuevo sistema.

Además, los trabajadores podrán realizar aportes adicionales en el Sistema de Cese Laboral. No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de la indemnización por despido.

El Sistema de Fondo de Cese se establecerá por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros.

En el texto se establece la suscripción de cuotapartes provendrá exclusivamente de aportes de empleadores y/o trabajadores. Además, se limitará la concentración de inversiones por industria a un máximo del 30% del patrimonio neto del fondo, y no se permitirá invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes.

En el sector porcino muestra preocupación por el fuerte aumento de las importaciones de carne de cerdo durante septiembre, que alcanzaron los 125 millones de dólares y 4.600 toneladas. A su vez, manifiestan rechazo por la competencia desleal.

Según advirtió la Federación Porcina Argentina (FPA), el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares en las mesas argentinas.

En términos equivalentes, las 2.000 toneladas de bondiola de origen brasileño representan 2 millones de kilos de carne porcina, o unos 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

“Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, en especial a los despostadores y distribuidores, que además de comercializar enfrentan una competencia creciente de productos importados de menor calidad, que viene congelada y contiene agua, lo que afecta la percepción del consumidor y la imagen del producto porcino en general”, expresaron desde la FPA.

La situación se agrava por la “competencia desleal” derivada del uso de ractopamina, que, según señala FPA, es un promotor de crecimiento que aumenta la productividad en un 6% y que está prohibido en más de 160 países, incluida la Argentina.

“Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, asegura la entidad.

Para la FPA, la cadena porcina argentina atraviesa una etapa decisiva. El Plan Estratégico Porcino (PEP) prevé inversiones por más de USD 1.600 millones hasta 2032, con el objetivo de duplicar la producción, crear más empleo y sumar divisas genuinas.

En la actualidad, la actividad mueve más de USD 4.000 millones al año, genera alrededor de 72.000 puestos de trabajo directos e indirectos y registra un consumo per cápita superior a los 18 kilos anuales, con un crecimiento sostenido de entre 4 y 5% por año en la última década.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el consumo aparente de carne porcina llegó a 573.000 toneladas en los primeros 8 meses del año, lo que implica un crecimiento interanual del 8,5%. Este resultado refuerza la posición del cerdo como la tercera fuente de proteína animal más consumida en el país.

Sin embargo, en FPA creen que hay trabajas estructurales para el desarrollo del sector.

En primer lugar, mencionan el régimen actual de IVA que, en los hechos, funciona como un “impuesto a la inversión”: los productores venden con una alícuota del 10,5%, pero compran insumos y bienes de capital con el 21%.

Señalan que el resultado son saldos fiscales inmovilizados y un sobrecosto cercano al 19%, que desalienta proyectos productivos y encarece cualquier inversión, desde genética hasta tecnología.

Asimismo, reclaman la falta de líneas de financiamiento adecuadas para la dinámica del sector. La actividad porcina requiere plazos largos, períodos de gracia y tasas compatibles con su ciclo biológico, condiciones que hoy la oferta financiera local no contempla.

“A esto se suma la demora en la firma del protocolo sanitario con China, que permitiría exportar subproductos como patitas, cabezas y menudencias. Estos productos, con escaso valor en el mercado interno, podrían exportarse a precios dos o tres veces superiores, mejorando la integración de la media res y generando nuevas divisas”, agregaron.

“Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones. Para eso, necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, señaló Agustin Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina.

El sector también pidió avanzar con un plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, en colaboración con la autoridad sanitaria para la adecuación de las normativas vigentes con financiamiento propio, que aún espera la aprobación definitiva.