En los últimos días de enero, pese a la feria judicial, la Justicia aceleró las investigaciones por compras de dólares en el mercado oficial de cambios (MULC) y ventas de dólares en el mercado paralelo que surge de la filtraciones de audios de dos empresarios relacionados con el mercado financiero.

La causa judicial se centra en la posible existencia de más implicados y en averiguar hasta dónde llega la complicidad de los empresarios Elías Picirillo y Fernando Hauque con los funcionarios del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández.

Histórica estafa al Banco Central: la Justicia acelera la investigación

Por lo pronto, en la causa que tienen en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, hay cinco funcionarios del BCRA imputados, cuyos teléfonos y computadoras están siendo abiertas por los especialistas.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, los sumarios del BCRA contra las agencias de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones reflejan distintas fases de la presunta operatoria investigada a gran escala.

La investigación de la Justicia pasa por identificar cuáles serían los bancos proveedores de los dólares físicos, ya que, según se desprende de la investigación, podían obtenerlos vía autorización de las llamadas SIRA para importar productos, autorizadas desde la secretaria de Comercio o a través de otros mecanismos.

En el sumario del BCRA figural la casas de cambio Mega Latina, donde se investiga la venta de unos 460 millones vendidos en el mercado libre y comprados en el mercado oficial.

La investigación detalla que esa casa de cambio obtuvo unos 360 millones de dólares, a través de compras realizadas a bancos que operaban con PSP.

También en la presunta operatoria investigada están esas casas de cambio en el centro del problema por envíos de cheques a un banco privado nacional especializado en la operatoria de créditos hipotecarios y luego esos cheques se volvían a disparar hacia otros bancos del sistema financiero para perder la trazabilidad de la ruta del dinero.

En el caso de Mega Latina, se investiga la venta de dólares en el período desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023, y en el caso de Arg Exchange, cuyo titular es Elías Picirillo se analizan las ventas de dólares en el mismo periodo.

Hay que recordar que hace más de tres meses desde que estallara el escándalo Sur Finanzas, el BCRA, la Justicia y varios organismos como la DGI, la UIF y la PROCELAC investigan una presunta operatoria a gran escala, a través de cuatro sumarios administrativos, en los que se analizan compras de dólares a la entidad por parte de particulares en el MULC por unos 5.000 millones de dólares y operaciones de lavado por unos 819.000 milones de pesos.

Las investigaciónes se aceleraron desde el 29 de diciembre pasado, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de la causa que investiga maniobras con el dólar en financieras. Además, realizó un operativo en la entidad en un expediente que se armó como un desprendimiento de la causa contra el empresario Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.

Ese día Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA, con lo que busca investigar también un entramado de maniobras que apuntaban a simular compras en el exterior (importaciones de bienes) a través de autorizaciones de importación llamadas SIRA para conseguir dólares a precio oficial. Luego, esos dólares que conseguían a valor oficial en algunos bancos chicos y eran vendidos en el mercado blue a un precio mucho mayor y los vendedores se quedaban con una diferencia lo que en la jerga financiera se denomina «el rulo».

Cómo era el mecanismo para ganar plata comprando y vendiendo dólares

En ese entonces la brecha cambiaria llegaba al 100 % con un dólar oficial a 300 pesos que en el mercado blue se vendía a 600 pesos, pero lo más grave es que las personas físicas podían comprar solo 200 dólares por mes al valor oficial por la vigencia del cepo cambiario y miles de monotributistas habrían comprado dólares en el mercado ofcial en algunos casos de hasta 2.000.000 de dólares por mes para pagar importaciones que nunca se realizaron.

Los allanamientos de Casanello se hicieron en los domicilios de cinco inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Central. Fueron hasta sus casas y secuestraron documentación, equipos tecnológicos y unos pocos dólares. Se trata de 5 funcionarios técnicos del BCRA Central que trabajan en la entidad desde hace años.

Entre los domicilios allanados se están los domicilios del inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras, Diego Volcic; de las inspectoras Generales de Supervisión de Entidades no Financieras, Analía Jaime y Romina García; del gerente principal de Entidades Financieras, Fabián Violante y de la inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras María Fernández.

Casanello también libró una orden de presentación en el Central para llevarse documentación de las habilitaciones a diferentes empresas y sujetos para conseguir dólares oficiales en el gobierno de Alberto Fernández.

En esta causa, el magistrado intenta determinar el origen del dinero en maniobras de Piccirillo, acusado de extorsión y estafas a ex socios e inversores y de armarle una causa policial a un acreedor, al que presuntamente le debía 600 mil dólares.

Todo esto comenzó el 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía arrepentido se habría confesado ante Casanello y el fiscal Picardi y habría relatado cómo su cliente Piccirillo habría organizado ponerle un kilo de droga y un arma a su socio Francisco Hauque para que esté quede preso.

Lo que también contó el ex policía es que Picirillo y Hauque habrian armado un esquema de compra de dólar oficial sin controles del BCRA.

El arrepentido habría aportado un pen drive con dos audios en los que se escucharía a una funcionaria del BCRA, pero quien también aparecería mencionado sería el empresario Martín Migueles, quien sería socio de Picirillo y Hauque y conocido por ser la ex pareja de Wanda Nara.

De los audios filtrados se desprende que las maniobras con el dólar blue habrían contado con la complicidad de altas autoridades del Gobierno de Alberto Fernández .

Los investigados están actualmente en funciones y ahora el BCRA abrió una investigación interna para determinar si violaron el Código de Ética.

La Justicia investiga qué función cumplían estos funcionarios implicados, si fiscalizaron las cuevas de Piccirillo y qué hicieron en esos casos.

En una de esas conversiones una funcionaria del BCRA habla con Picirillo en una conversación grabada por el empresario, que es parte del expediente.

En ese audio, alude a que «había gente de arriba entongada». Esa conversación, del 1′ de febrero de 2025, fue grabada por el propio Piccirillo, que buscaba que la funcionaria denunciara por extorsión a Hauque, el ex socio de Picirillo que se habría quedado con una suma de unos 6 millones de dólares de su ex socio.

En otra conversación filtrada, Piccirillo repasa con Hauque cómo fue la maniobra al afirmar: «Pusiste seis y te llevaste tres arriba de ganancia, que ya te llevaste. Sí. Y te faltan seis arriba de ganancia. Sí. Entonces pusiste seis, te llevaste seis, más tres. Faltan seis. ¿Verdad?». Y luego Hauque le contesta: «De acuerdo». Ambos siempre mencionan la frase «millones de dólares».

Al parecer Hauque buscaba recuperar ese dinero, pero Piccirillo le decía que no lo tenía. Tiempo después, tras el cambio de gobierno, Piccirillo lo grabó en otra conversación de 49 minutos y medio, donde Hauque le pedía la plata y amenazaba con denunciar a todos ante el nuevo Gobierno.

En la conversación, ambos terminan admitiendo que estaban haciendo maniobras ilegales con el dólar blue y que lo hacían en connivencia con funcionarios del BCRA, pero en la Justicia, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, analizan que esa conversación no alcanza para avanzar contra ambos y se trata de establecer cuál es el mecanismo que usaban para hacerse de los dólares en el mercado único oficial y libre de cambios (MULC) en medio del cepo cambiario que solo permitía comprar 200 dólares a los particulares.

La sospecha de los funcionarios judiciales es que parte de esas divisas habrían sido vendidas a bancos y casas de cambio al valor oficial y luego canalizadas hacia el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios entre ellos casas de cambios y financieras donde estarían involucrados el llamado «Rey del Blue», Elías Picirillo y el dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, conocido en los últimos meses por su relación con la AFA por los préstamos y el sponsoreo a distintos clubes de la liga.

En estos se sumaría el empresario Jonathan Alejandro Pernia, dueño de la financiera Liverpool Group SA, con oficinas en Puerto Madero, quien habría sido el contacto entre el dueño de Sur Finanzas y los directivos de la AFA para armar el financiamiento a los clubes a través de la financiera de Vallejos.

En las investigaciónes se mancionan dos tipos de operaciones: una de descuentos de cheques en un gran banco nacional y otras de operaciones de bancos y casas de cambio a través del llamado sistema de Prestadoras de Servicios de Pago (PSP), como las billeteras virtuales y este es el caso de Sur Finanzas PSP y donde estarían siendo analizados los casos de varios bancos y de una mega billetera digital en particular.

Entre los bancos investigados por lo que pudo saber iProfesional se encontrarían el Banco Hipotecario Nacional (BHN) propiedad del empresario Eduardo Elzstain y el Banco Industrial (BIND) propiedad de la familia Meta.

«Me contó cómo hicieron la operatoria para hacer dinero, qué función tenían los empleados del BCRA, que era la de fiscalizar estas entidades, y cómo los había amenazado en su momento», habría contado el arrepentido.

Está trama de arrepentidos y escuchas habría sido la que llevó Casanello y al fiscal Picardi a que ordenaran un procedimiento en el BCRA y esos allanamientos en las casas de esos cinco funcionarios del Central.

Pero, esos procedimientos no fueron los únicos que se hicieron ese día por causas por la compra de dólar oficial. Las juezas federales María Servini y María Eugenia Capuchetti también realizaron operativos en otras causas. Se allanaron bancos, casas de cambio, financieras y domicilios particulares y fueron cerca de 100 operativos.

Por lo que pudo saber iProfesional, el expediente tiene vinculaciones con Vallejo.

Es una causa en la que se investiga la triangulación de operaciones de compra de dólar oficial desde 2022, cuando regía el cepo cambiario a través de empresas que modificaban de manera habitual sus integrantes. La denuncia la presentó el BCRA, a través de la superintendencia de Entidades Finacieras. En parte de esas compañías aparece Vallejo y varias casas de cambio radicadas en su mayoría en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

En estas investigaciónes apareceria el nombre de una empresa dueña de muchas casas de cambio en PBA, cuyo dueño sería un importante diputado de PBA y sería su hija la que estaría al frente de este grupo empresario llamado «Karuna Group», que también estaría relacionado con la industria del juego en esa provincia y en otras provincias como Entre Ríos, Santiago del Estero donde existen casinos según detallan las investigaciones.

En ese aspecto habrá que estar atento a las ramificaciones que podría tener este tema, ya que no hay que descartar que parte de este entramado tenga que ver con la llamada «industria del juego».

Parte de ese expediente ya fue elevado a juicio oral y público. Es el tramo donde se investigó y procesó a los responsables por la falsificación de las escrituras de las empresas.

Hace dos meses, Capuchetti ordenó levantar el secreto bancario sobre las empresas investigadas para conocer detalles de sus movimientos e integraciones y le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe sobre esas compañías.

El origen de una de las investigaciones comenzó con la detención en una casa de Nordelta de Picirillo, quien estuvo casado con la modelo y conductora Jésica Cirio, expareja de el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El 20 de marzo de este año, la Justicia detuvo a Piccirillo en su casa de Nordelta, acusado por ex socios e inversores de ser un estafador.

Al parecer su detención se relaciona con un episodio en particular, ya que se lo acusa de plantar casi dos kilos de cocaína y un arma en la camioneta de un acreedor para no pagarle una millonaria deuda de unos 6 millones de dólares, lo que generó una serie de allanamientos que llegaron hasta la Casa de Cambios, Inversora Concordia, propiedad del dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

El apodo de Picirillo en el sistema financiero de «Rey del Blue» es por la cantidad de operaciones que realizaba comprando dólares al valor oficial por un lado y vendiéndolos luego en el mercado al valor del dólar paralelo haciendo una ganancia cercana al 80 por ciento.

Pero en esta trama hay que sumar a Jonathan Alejandro «Tato» Pernia, dueño de la financiera Liverpool Group SA, quien habría sido el contacto entre el dueño de Sur Finanzas y los directivos de la AFA para armar el financiamiento a los clubes a través de la financiera de Vallejos.

La investigación inicial se basa en reportes del propio BCRA a la Unidad de Información Financiera (UIF), que alertó sobre sumas de dinero que ponían en duda su origen y licitud y se busca que el BCRA aporte más pruebas a una causa que ya lleva más de un año en el juzgado de la jueza María Romilda Servini.

Lo concreto es que el BCRA tendría un sumario abierto contra Vallejo y una casa de cambio de la que fue accionista por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

Fuentes cercanas a la investigación comentaron a iProfesional que el expediente contra «Centro de Inversiones Concordia» sigue abierto y estaría cerca de ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.

Vallejo está imputado «en el sumario 8130, Expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario». según consta en una denuncia penal que presentó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Vallejo es parte de una causa judicial por lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico. Ese expediente comenzó con una denuncia de la Procelac, a cargo de Diego Velasco. Además de Vallejo, aparecen una empresa constructora, y una casa de cambio de la que fue accionista que es el Centro de Inversiones Concordia que operaba en una de las sucursales de Sur Finanzas, en Adrogué, según indica otro expediente del BCRA.

Esa causa judicial se cruzó con otro expediente incipiente, también por lavado de dinero, contra Picirillo, que sigue preso en la cárcel Ezeiza, y Hauque. Hace un mes, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti del avance del expediente contra Vallejo y otras personas.

Los investigadores por el momento no encontraron puntos de contacto pero en el mercado financiero muchos operadores consultados por iProfesional aseguran que hay decenas de operaciones cruzadas.

Vallejo incursionó en el mundo de las casas de cambio en agosto de 2020, según declaró su madre, Graciela Vallejo, en un expediente interno del Banco Central. La mujer adquirió el 50% de Centro de Inversiones Concordia su hijo el 20%, y Silvia Torrado el 30% restante.

Las operaciónes le trajeron problemas a Vallejo con el BCRA desde el 2 de marzo de 2022 cuando la entidad monetaria le aplicó una multa de $8 millones por «realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados».

Pero pese a ese mal comienzo, el Centro de Inversiones Concordia comenzó a operar grandes cantidades de dinero. Apenas inició la gestión de los Vallejo, la firma compró moneda extranjera por el equivalente a $2,5 millones, cifra superior a la de sus ventas por 715.000 pesos.

En 2022, el dinero operado por las casas de cambio vinculadas a los Vallejo se multiplicó y se encendieron nuevamente las alarmas en el BCRA y el 18 de julio de ese año, los inspectores del Central fueron a una sucursal de Lomas Cambio SAS y se encontraron con un cartel que decía: «Nos mudamos a Seguí 780», el domicilio que hoy tiene Sur Finanzas PSP.

Esa dirección llevó a las autoridades a uno de los lugares más importantes en la estructura de negocios de Vallejo, la sucursal de Sur Finanzas de Adrogué.

«Se encuentra un local comercial de dos plantas, que en su frente cuenta con un cartel que dice Sur Finanzas y en su extremo derecho menciona otras firmas como Valle Business S.A, .Centro de Inversiones Concordia S.R.L y Roma Inversiones S.A.’», según dejaron asentado los inspectores en el sumario interno. En Valle Business, Graciela Vallejo figuraba como presidenta y Maximiliano Vallejo como director suplente y, según el registro de comprobantes de facturas apócrifas de la ex-AFIP (ARCA), esta firma emitió documentación falsa.

Lo concreto es que Vallejo arrancó en la zona Sur del Gran Buenos y creció de manera vertiginosa de la mano de la AFA. Una de sus empresas, Sur Finanzas, llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y está presente en la camiseta de varios equipos de Primera División y del Ascenso.

En paralelo a la investigación judicial por presunto lavado de dinero, Sur Finanzas PSP se encuentra bajo la lupa del BCRA, ya que la autoridad monetaria detectó operaciones sospechosas y ya exigió explicaciones al Banco Industrial (BIND), que operaba como su soporte principal.

Como concecuencia de ello el BCRA suspendió en diciembre pasado a una casa de cambios vinculada a Sur Finanzas, tras detectar irregularidades operativas y el BIND cortó vínculos con la entidad mientras la Justicia investiga movimientos sospechosos por unos 819.000 millones de pesos de operaciones que presuntamente serían provenientes del Iavado de dinero.

En los últimos días el BCRA ha endurecido el control sobre estas triangulaciones. Al no tener licencia bancaria propia, las PSP como Sur Finanzas están obligadas a mantener el 100% de los fondos de sus clientes encajados en un banco tradicional, una estructura que hoy, para la financiera de Vallejo y otros bancos transaccionales, ha colapsado.

SIRA para importaciones, otra clave para mover dólares

En paralelo, la Justicia investiga sobre maniobras que habrían realizado funcionarios de la secretaria de Comercio, de la DGI y del BCRA para autorizar importaciones a través del mecanismo de las SIRA por unos 3.500 millones de dólares lo que en conjunto sumaría unos 5.000 millones de dólares, que se habrían vendido a empresas y particulares al valor del dólar oficial en plena vigencia del cepo cambiario donde también estarían involucrados ambos.

La investigación de la Justicia se centra en saber si existió un entramado de casas de cambio, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros de bajos recursos y movimientos que, en lugar de activar alarmas internas, habrían pasado con sorprendente comodidad por estructuras financieras que deberían prevenir el lavado de activos. Si se confirmaran este tipo de prácticas, las mismas serían violatorias de la normativa de prevención del lavado de activos y de los manuales internos que cualquier entidad bancaria está obligada a cumplir.

Pero además de esta causa, que abarcaría una estafa al BCRA por unos 1.400 millones de dólares, la Justicia investiga otras operaciones ilícitas realizadas entre agosto y noviembre del 2023 que le habrían costado al BCRA unos 3.600 millones de dólares.

Esta investigación está relacionada con una denuncia que realizó el periodista de La Nación, Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina el 6 de junio de 2023 de un presunto entramado de sobornos que involucraría funcionarios y operadores financieros vinculados al Frente Renovador. La causa que cayó en el juzgado del juez Eduardo Taíno no prosperó por falta de pruebas pero al parecer por lo que pudo saber iProfesional será retomada por la Justicia en los próximos días.

Pagni dio a conocer en ese entonces denuncias que investigaba la Justicia sobre un presunto sistema de coimas millonarias que habría funcionado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Según los cálculos expuestos en el programa y luego en una nota en La Nación el esquema habría movilizado cerca de 3.200 millones de dólares solicitados al BCRA por autorizaciones de importaciones, a través del esquema de las SIRA por un periodo estimado de 16 meses.

Lo concreto es que las investigaciones sobre la compra de dólar oficial y su presunta venta al mercado paralelo que avanzan en los Tribunales y también en el BCRA.

La entidad a cargo de Santiago Bausili ya abrió un procedimiento interno para determinar si hubo incumplimientos éticos de los cinco funcionarios implicados en la causa que tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, tal cual confirmaron fuentes del organismo monetario.

«Ante los audios divulgados por los medios de comunicación, que estarían agregados a la causa judicial CFP 2868/2025 que instruye el juez Sebastián Casanello, en uno de los cuales se atribuye la participación de una funcionaria del BCRA, esta entidad abrió un procedimiento interno para determinar si las personas implicadas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA y/o la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública», indicaron a iProfesional fuentes cercanas al Gobierno.