En la víspera del inicio de 2026, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, publicó en su blog personal un extenso análisis en el que detalló cuáles consideró que debían ser las reformas prioritarias para que la economía argentina logre un crecimiento vigoroso y sostenible. En ese marco, sostuvo que los avances en materia fiscal y los incentivos a las grandes inversiones ofrecieron una base relevante, aunque remarcó que el proceso de recuperación requiere completar una agenda más amplia y respetar una secuencia precisa de cambios estructurales.

Cavallo afirmó que “el inicio de un crecimiento vigoroso y sostenible de la economía argentina en el año 2026 es posible”, pero aclaró que ese escenario depende de decisiones que todavía deben adoptarse. Según explicó, el ajuste fiscal logrado en un plazo breve y la vigencia de un régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones en sectores como la energía, la minería y las tecnologías avanzadas brindaron argumentos para esperar una mejora de la actividad. Sin embargo, advirtió que esos logros no resultan suficientes por sí solos y sostuvo que “el Gobierno no debe dormirse en los laureles”.

El economista señaló que completar la reactivación de los sectores vinculados al mercado interno y asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo exige avanzar con varias reformas. A su entender, la secuencia de estas medidas resulta determinante para que los años 2026 y 2027 consoliden el respaldo ciudadano a las ideas de libertad económica y modernización que impulsa el presidente Javier Milei desde la campaña electoral de 2023.

Como primer paso, Cavallo destacó la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso. Indicó que esa decisión permitió avanzar en la consolidación de lo que definió como “el gran logro de los dos años precedentes: el fuerte ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal”. Además, sostuvo que la ejecución de ese presupuesto y las negociaciones con las provincias para que acompañen el ajuste fiscal nacional podrían avanzar con mayor fluidez si el Gobierno profundiza el proceso de reprivatización.

En ese sentido, planteó que “se acelere el proceso de reprivatización de las empresas que fueron estatizadas después del abandono de la convertibilidad” y que los recursos obtenidos se destinen a incrementar la inversión en infraestructura pública. Según explicó, ese sector mostró un deterioro acumulado durante varios años y su recuperación resulta clave para sostener el crecimiento económico sin violar las restricciones fiscales.

El segundo paso que consideró imprescindible es la sanción de un nuevo régimen monetario y cambiario, preferentemente por ley, similar al que funciona en Perú. Cavallo sostuvo que ese marco institucional complementaría al Presupuesto 2026 y permitiría liberar al mercado cambiario y a la expansión del crédito al sector privado de “trabas burocráticas y manejos impredecibles”. En ese contexto, señaló que el Banco Central debe acumular reservas propias a un ritmo rápido.

El ex ministro vinculó ese proceso con la evolución del riesgo país. Según afirmó, “la tasa de riesgo país debe descender a no más de 300 puntos básicos”, lo que permitiría que las tasas de interés en pesos y en dólares se ubiquen en niveles reales compatibles con el crecimiento potencial de la economía. A su juicio, sin una completa liberalización cambiaria y financiera, resulta muy difícil que las expectativas de los inversores privados contribuyan tanto a la estabilidad macroeconómica como a un crecimiento sostenido.

También identificó como tercera reforma relevante la denominada ley de modernización laboral, aunque aclaró que su importancia no reside tanto en los cambios inmediatos del régimen laboral. Según explicó, el valor central de esa iniciativa se encuentra en los incentivos impositivos incluidos para alentar la inversión en empresas medianas y pequeñas.

Cavallo sostuvo que esos mecanismos avanzarían en la línea de extender a firmas de menor tamaño los beneficios fiscales que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aseguró a los proyectos de gran escala. Incluso, consideró que “sería conveniente que estos incentivos fiscales se acercaran aún más” a los previstos para las grandes inversiones.

En relación con la apertura de la economía, el economista afirmó que las modificaciones orientadas a eliminar el sesgo antiexportador de la estructura de precios relativos deben postergarse hasta que el cambio en el régimen monetario, cambiario y financiero permita que el tipo de cambio real se ubique en un nivel de equilibrio. Según escribió, ese proceso debe desarrollarse “sin restricciones al movimiento de capitales (salvo las necesarias para desalentar el carry trade)”.

Cuando se avance en esa etapa, Cavallo remarcó la necesidad de eliminar impuestos indirectos que encarecen los costos de producción de los bienes transables internacionalmente o, en su defecto, compensarlos mediante reembolsos y reintegros a las exportaciones hasta que esos tributos se eliminen de manera definitiva.

En otro tramo del texto, el ex ministro afirmó que la reducción del riesgo país resulta más relevante que una baja inmediata de la inflación. Argumentó que, si ese indicador no desciende, “siempre estará como espada de Damocles un posible salto devaluatorio” o la necesidad de frenarlo mediante tasas de interés muy elevadas. En ese contexto, consideró imprudente anunciar metas de inflación excesivamente ambiciosas mientras subsistan restricciones cambiarias para las empresas.

Cavallo advirtió que fijar objetivos inflacionarios difíciles de cumplir podía implicar el riesgo de “ser desmentido por la realidad” o forzar una política monetaria tan restrictiva que acentúe el clima recesivo del mercado interno. En contraste, sostuvo que “es mucho más conveniente fijarse una meta ambiciosa en materia de tasa de riesgo país”, ya que su cumplimiento permitiría avanzar hacia un esquema consistente de estabilidad y crecimiento.

Respecto de la reactivación del mercado interno, señaló que se produciría en la medida en que se mantengan tasas reales de interés que no superen el crecimiento potencial de la economía y que la expansión del crédito al sector privado facilite la inversión familiar y empresaria. En ese punto, volvió a destacar el rol de la inversión en infraestructura como un motor adicional de crecimiento sostenido.

Las importaciones de bienes en Argentina se acercan al máximo nivel histórico registrado en 2022 y podrían triplicar el promedio de la década de los noventa. Hasta noviembre, el volumen importado alcanzó USD 70.235 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 27%. Este avance se dio en un contexto de cambios regulatorios y apertura al comercio internacional.

Para lograr el récord de la serie, en diciembre los bienes importados tendrían que superar los USD 10.000 millones ya que, en 2022, el total del valor de los productos que ingresaron al país ascendió a USD 81.522 millones. Sin embargo, los USD 70.235 millones acumulados hasta el undécimo mes del año contrastan fuertemente contra los USD 60.775 millones de 2024 y podrían ocupar el segundo lugar en las mediciones históricas.

Un informe de ABECEB atribuye el salto importador a transformaciones en la economía argentina: una mayor integración global —destacando el papel del Mercosur—, cadenas productivas más extensas y un mercado interno más robusto que décadas atrás. Entre las causas inmediatas figuran la normalización de las reglas comerciales, la reapertura del acceso al financiamiento, la recuperación de stocks y la eliminación de restricciones cuantitativas —como el régimen SIRA y los cupos—, lo que permitió una aceleración del flujo importador tras años de compresión forzada por escasez de divisas.

Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de ABECEB, explicó que la “liberalización paulatina del mercado cambiario, la consolidación fiscal y la eliminación de la mayoría de las trabas reconfiguraron los incentivos al comercio exterior”. Este nuevo escenario propició un “desacople transitorio” entre importaciones y producción local, característico de una etapa de recomposición tras años de distorsión, según describió al citado reporte.

El año estuvo marcado por una transformación en la estructura de las compras al exterior, con una mayor presencia de bienes finales, en particular de consumo. A la vez, los bienes intermedios crecieron 6,2% interanual, las piezas y accesorios para bienes de capital subieron 17,4%, mientras que las compras externas de vehículos se incrementaron 109%, los bienes de consumo avanzaron 58,3% y los bienes de capital, 55,6%. Así, los bienes finales llegaron a representar cerca del 15% del total importado, su participación más alta desde inicios de siglo y apenas dos puntos porcentuales por debajo del promedio de los 90.

Según el Observatorio PyME, el porcentaje de empresas que reemplazaron producción nacional por productos importados casi se duplicó en 2025 —10,1% frente a 5,3% a comienzos de año—, mientras que aquellas que sustituyeron insumos locales por importaciones subieron a 22,1%. Sectores como la metalmecánica, química, caucho y plástico manifestaron los mayores porcentajes de sustitución: 28,4% y 29,2% respectivamente.

El fenómeno del comercio electrónico transfronterizo, impulsado por plataformas como Shein y Temu, se consolidó en 2025 como un motor del nuevo patrón importador. El canal courier o “puerta a puerta” fue el de mayor dinamismo, habilitando un acceso ampliado a la oferta internacional con variedad y precios competitivos.

Según Abeceb, este esquema aportó importaciones por USD 789 millones —el 1,1% del total y 7,5% en bienes de consumo—, mostrando el mayor ritmo de crecimiento interanual (+291,8%) y duplicando su peso frente a años previos. Aunque su participación en el producto sigue siendo baja, el canal destaca como la vía más dinámica del año.

El impacto sectorial de este fenómeno fue especialmente notorio en rubros de indumentaria, calzado, electrónicos livianos y artículos para el hogar, donde el courier generó mayor competencia externa y planteó retos regulatorios, fiscales y productivos. Para los consumidores, el beneficio directo se tradujo en mayor variedad y precios más bajos.

El sector automotriz resultó otro foco del auge importador en 2025. Hasta noviembre, la cantidad de vehículos importados creció 120%, llegando a máximos desde 2018, aunque aún se sitúa 30% por debajo de ese pico, de acuerdo a los datos recogidos por la consultora. Desde septiembre, el ingreso de unidades híbridas y eléctricas bajo arancel cero impulsó el mercado. Brasil continuó siendo el principal proveedor, con el 76% del total, pero perdió participación ante el crecimiento de China y México.

Como resultado, se incrementó en 22% la cantidad de modelos disponibles, evidenciando una oferta más diversificada para el consumidor argentino. Sin embargo, esta expansión se dio en contraste con una industria nacional de elevada capacidad ociosa: las importaciones crecieron 36,2% interanual a octubre, pero la producción local solo avanzó 3,1%, situándose todavía por debajo de los niveles de 2023. Para 2025, se proyecta que la relación importaciones/PBI alcance o supere el nivel de 2018 (16,3%), reabriendo el debate sobre la sostenibilidad del proceso.

A pesar del volumen récord, el análisis destaca que Argentina se mantiene en el rango inferior de apertura comercial en la región. Países como Chile, México, Colombia, Uruguay y Paraguay exhiben importaciones entre el 20% y el 45% de su PIB, mientras que Argentina históricamente mostró ratios entre el 12% y el 18%, incluso en etapas de mayor apertura.

“En conclusión, el nivel actual de importaciones no es preocupante aún en términos regionales ni históricos, y responde mayormente a un proceso de normalización tras años de restricciones comerciales. Hacia adelante, el desafío pasa por alinear las importaciones con una expansión sostenida de las exportaciones y monitorear la composición de la canasta, de modo que el mayor comercio se traduzca en más productividad, competitividad y capacidad de generación de divisas, y no en un desplazamiento persistente de la producción local”, cerró Izquierdo.

La administración nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al sistema formal. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier empleado que exija documentación no prevista será despedido.

En el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Congreso sancionó recientemente, el objetivo del Gobierno es promover la formalización de fondos que hoy permanecen fuera del circuito bancario. Aunque la ley aún no se encuentra promulgada ni reglamentada, las autoridades buscan acelerar su puesta en marcha, mientras el andamiaje operativo se mantiene en proceso de definición.

Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa: “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”. Al detallar el mecanismo previsto, agregó que para depositar dólares será suficiente acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que esos fondos podrán ser utilizados “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”. En la misma intervención, Adorni defendió el nuevo marco normativo señalando: “Con el nuevo esquema los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y afirmó que “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.

El mensaje del Poder Ejecutivo apunta a eliminar trabas para los ahorristas y busca garantizar que los bancos no impongan requisitos adicionales, más allá de lo que establece la ley. La instrucción fue dirigida especialmente al Banco Nación, aunque también alcanzó al resto de las entidades financieras que operan en el país. Según la información oficial, los bancos deberán limitarse a solicitar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias como único requisito para aceptar depósitos de dólares provenientes del ahorro personal.

La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la función de concentrar los controles en los ingresos facturados y las deducciones de cada persona o empresa, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita la realización de operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a la presión oficial y utilizó sus redes sociales para advertir públicamente a las entidades financieras. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, escribió el funcionario, en respuesta a la consulta de un usuario.

Caputo remarcó que quienes cumplan con la adhesión al régimen simplificado tendrán la posibilidad de depositar sus dólares en el banco y disponer de los mismos de inmediato, ya sea para realizar consumos o para conservarlos y obtener intereses, con funcionamiento equiparable al de cualquier sistema financiero internacional.

La ley, que todavía no fue promulgada ni reglamentada, busca modificar el vínculo entre los contribuyentes y el Estado, priorizando la incorporación de ahorros al sistema formal. El ex titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el nuevo régimen permitirá “exteriorizar y hacer depósitos en un banco hasta la suma de $10 millones sin que exista un delito de evasión tributaria”. Subrayó que se trata de fondos “bien habidos” y que, de acuerdo con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben considerarse un “principio de inclusión financiera”. “Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema”, sostuvo Pazo, quien pidió transmitir tranquilidad a los ahorristas.

Según Pazo, la renta de fuente extranjera ya puede incorporarse al régimen simplificado, siempre que sea declarada ante ARCA. Además, puntualizó que en caso de que los fondos depositados se vuelquen a la compra de bienes, como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes involucradas. Pazo también analizó el comportamiento del sistema financiero y afirmó que las entidades están actuando con un nivel de cautela aún mayor al recomendado por los organismos internacionales. “Lo que hacen es tomar cobertura de los riesgos. En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado”, evaluó.

La advertencia del Gobierno a los empleados del Banco Nación busca acelerar la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y disipar dudas en torno a la operatoria de depósitos en dólares. Desde el Ejecutivo reconocen que los cambios en la ley penal “no son tan sencillos” de aplicar, pero insisten en que la iniciativa se trata “intensamente” para favorecer la remonetización de la economía.

El texto legal, además de establecer requisitos y límites para quienes adhieran al régimen simplificado, actualiza los montos previstos en los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada y habilita mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago en determinadas condiciones. También reduce los plazos de fiscalización y reclamo impositivo, con esquemas de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento fiscal del contribuyente.

Mientras tanto, los bancos aguardan definiciones y han hecho llegar sus inquietudes al Banco Central. De acuerdo con lo que trascendió, el sistema financiero se encuentra “bastante confundido” y espera precisiones sobre la operatoria definitiva que regirá una vez que la norma sea promulgada y reglamentada por ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF). La postura oficial es que las entidades deben evitar cualquier traba adicional y ceñirse de manera estricta a la letra de la ley.

La medida busca impulsar la formalización de divisas actualmente fuera del circuito, en línea con recomendaciones internacionales y bajo el argumento de que la inclusión de esos fondos contribuye al fortalecimiento del sistema financiero nacional. El Gobierno remarcó que, con la nueva ley, los ciudadanos ya no serán tratados como “potenciales sospechosos” y podrán disponer de su dinero sin rendir cuentas adicionales al Estado, siempre que cumplan con los requisitos previstos.

En el escenario actual, la consigna oficial es que cualquier exigencia de documentación extra por parte de los empleados del Banco Nación será causal de despido inmediato. Las autoridades insisten en que el cumplimiento del régimen simplificado de Ganancias será la única condición para acceder a los beneficios de la operatoria, mientras la reglamentación definitiva avanza en los organismos correspondientes.

La presión del Gobierno sobre el sistema financiero apunta a garantizar que los ahorristas puedan incorporar sus fondos de manera ágil y sin obstáculos, al tiempo que se promueve un nuevo marco de relación entre los contribuyentes y el Estado. La implementación plena de la Ley de Inocencia Fiscal permanece sujeta a la promulgación y reglamentación, pero las directivas a nivel oficial ya anticipan un cambio de paradigma para quienes buscan ingresar dólares al circuito formal.