A más de un mes de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, el Poder Ejecutivo aún no avanzó con la reglamentación del régimen de incentivo a las inversiones productivas destinado a pyme, el denominado RIMI. La demora tendría que ver, según fuentes oficiales, con el análisis del costo fiscal, en un contexto en el que la recaudación tributaria acumula ocho meses de caída en términos reales.

El expediente se encuentra en el área de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, donde están evaluando el impacto que tendría la implementación del esquema, en particular por los beneficios impositivos que contempla. Los empresarios, tributaristas y contadores esperaban que el régimen comience a estar operativo dos o tres semanas atrás, pero sigue demorado. De todos modos, otra fuente se mostró optimista: “La normativa se encuentra próxima a salir”, auguró.

Mientras tanto, el esquema se encuentra vigente y el plazo para realizar las inversiones ya comenzó a correr: la ley fijó un período de dos años desde su entrada en vigencia, el 6 de marzo de 2026.

El esquema se diseñó como una suerte de “mini RIGI”, con el objetivo de apuntalar la inversión privada. Está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas(Mipyme), incluyendo aquellas del tramo 2, que realicen inversiones productivas dentro de ese plazo de dos años.

Se consideran inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables, así como la ejecución de obras destinadas directamente a actividades productivas en el país. Quedan excluidos los activos financieros, los activos de portafolio, los bienes de cambio y los automóviles.

El régimen también incorpora casos especiales, como sistemas de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y semovientes, que pueden acceder a los beneficios sin necesidad de cumplir con montos mínimos de inversión.

Requisitos y beneficios fiscales

Para el resto de las actividades, se establecen pisos de inversión diferenciados según el tamaño de la empresa: USD 150.000 para microempresas; USD 600.000 para pequeñas y entre USD 3,5 millones y USD 9 millones para medianas, dependiendo del tramo.

En materia fiscal, el esquema prevé dos beneficios centrales. Por un lado, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, que permite deducir el gasto de la inversión en plazos más cortos que los del régimen general. Los bienes de capital pueden amortizarse en dos cuotas anuales, mientras que las obras de infraestructura pueden reducir su vida útil al 60%. En casos específicos, como equipos de riego o de alta eficiencia energética, la amortización puede realizarse en una sola cuota.

Por otro lado, se establece la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA, con el objetivo de evitar que los saldos a favor queden inmovilizados. El esquema contempla la posibilidad de solicitar la devolución o acreditación del saldo luego de un período determinado, así como su utilización para cancelar otros impuestos o incluso su transferencia.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó ante Infobae que, pese a la falta de reglamentación, “las empresas que inviertan antes de que se dicte la reglamentación, en la medida que cumplan los requisitos legales, deberían poder gozar de los beneficios”.

En relación con los montos exigidos, Domínguez advirtió que “los valores deberían haberse establecido en función del tipo de actividad de las Mipyme”. En ese sentido, destacó que en algunos sectores la inversión requerida representa una proporción significativa del nivel de facturación permitido. “Esto implica que pocas microempresas del sector servicios podrán acceder a estos beneficios”.

Sobre la exclusión de quienes accedieron a otros regímenes, el tributarista dijo: “Esto es correcto ya que no pueden recibir beneficios por las mismas inversiones en diversos regímenes”. También consideró Domínguez razonable la exclusión de activos financieros: “Se quiere evitar la utilización de incentivos para inversiones financieras”.

En cuanto a los beneficios fiscales, Sebastián Domínguez contó que el impacto en el Impuesto a las Ganancias no es inmediato, aunque algunas empresas pueden solicitar la reducción de anticipos. “Esto podría afectar más rápidamente la recaudación del impuesto”, explicó.

Respecto del IVA, dijo que aunque se acorta el plazo del régimen de devolución de 6 meses a 3 meses, “si la reglamentación mantiene que solamente se puede tramitar el beneficio en diciembre de cada año y sujeto a un cupo prorrateable, el beneficio puede quedar bastante diluido”.

Cuestionamientos y posibles mejoras desde el sector privado

El tributarista César Litvin planteó que existe un vacío entre los esquemas destinados a grandes inversiones (RIGI) y este instrumento orientado a pyme: “Hay un hueco inexplicable entre ambos regímenes”.

Según explicó Litvin, existen empresas que no califican como pyme pero tienen una capacidad de inversión significativa. “Pueden invertir 20, 30 o 40 millones de dólares y no tienen ningún beneficio”, enfatizó. En ese sentido, cuestionó la decisión de limitar el acceso: “El régimen es bueno, pero no se entiende por qué lo limitaron”.

Litvin destacó el rol del IVA dentro del esquema: “El que invierte acumula un saldo a favor que se transforma en un lastre hasta que genera actividad”. Y agregó que la posibilidad de solicitar la devolución en pocos meses puede aliviar esa situación.

Además, el tributarista planteó que las provincias y municipios podrían acompañar con incentivos adicionales: “Deberían dar beneficios en Ingresos Brutos y tasas municipales”.

La posición de la industria

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) valoraron la iniciativa como una herramienta relevante para fomentar inversiones en el segmento pyme.

“Para nosotros es una medida importante para promover inversiones”, contaron fuentes de la entidad. No obstante, acercaron al Gobierno una serie de propuestas para su implementación. Entre ellas, destacaron la necesidad de que el mecanismo sea ágil y sencillo. “Debe ser por declaración jurada y no por expediente, para facilitar su uso”, señalaron.

También subrayaron la importancia de promover inversiones en eficiencia energética sin montos mínimos. “Es algo muy importante en el contexto actual de alto costo de abastecimiento energético y déficit de infraestructura”, resaltaron, en especial para empresas ubicadas en el centro y norte del país.

En relación con el IVA, en la entidad fabril insistieron en la necesidad de una devolución rápida y automática. “Es clave evitar la acumulación de saldos a favor, que es un problema crónico para la industria”, afirmaron. Además, plantearon que estas medidas deberían complementarse con un mayor dinamismo del crédito a la inversión. “Se necesitan mejores condiciones de tasas y plazos”, agregaron.

Sebastián Domínguez también destacó que el régimen aplica en todo el país y sin distinción sectorial, aunque identificó sectores con mayor potencial de aprovechamiento, como la industria manufacturera, la agroindustria, la construcción, la tecnología y las energías renovables.

Para evaluar la adhesión, Domínguez consideró que las empresas deben analizar el impacto en el Impuesto a las Ganancias, el flujo de fondos vinculado al IVA, la calificación de las inversiones y la capacidad de mantener los activos durante el período exigido.

También remarcó el tributarista que el tiempo para adherir es limitado, ya que las inversiones deben realizarse dentro de los dos años desde la entrada en vigencia de la ley. En ese contexto, dijo que las empresas con proyectos en carpeta deberían analizar su elegibilidad para estar en condiciones de acceder al régimen cuando se reglamente.

En su informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, la entidad catalogó al régimen fueguino como «un caso de política industrial fallida»

12/04/2026 – 19:00hs

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por un lapidario análisis de un organismo internacional. El Banco Mundial, en su reciente informe «Panorama Económico de América Latina y el Caribe», calificó al sistema de beneficios de la isla como una «política industrial fallida» y estimó que le cuesta al Estado argentino unos u$s1.070 millones anuales en concepto de gasto fiscal.

A pesar de que el reporte trae buenas noticias macroeconómicas para el país -proyectando un crecimiento del PBI del 3,6% para 2026 y del 3,7% para 2027-, la entidad fue implacable con el diseño del régimen fueguino. Según el análisis, el sistema ha persistido durante décadas «empañado por interferencias políticas» y carece de un cronograma de reducción de asistencia, lo que genera «incentivos perversos».

El Banco Mundial identificó dos fallas estructurales que, según su visión, distorsionan el mercado y desalientan la eficiencia. La entidad sostiene que el apoyo ilimitado ha impedido que las empresas logren mejoras tecnológicas o de productividad significativas, convirtiendo al sector en un esquema dependiente de las transferencias estatales.

Los dos puntos críticos señalados son:

• Exenciones arancelarias: Las empresas importan insumos sin pagar derechos, obteniendo una ventaja artificial sobre cualquier productor del continente.
• Créditos de IVA: El informe advierte que, aunque el sistema busca premiar la creación de valor local, en la práctica las firmas generan «poco o ningún valor agregado real».

Para el organismo, la combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de impuestos para revenderlos en el mercado interno a precios más altos, reclamando simultáneamente los beneficios fiscales asociados.

Tierra del Fuego: un sistema que «no es autosuficiente» según el Banco Mundial

La advertencia técnica es clara: la actividad industrial en la isla no es autosuficiente. «Las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales más que a los aumentos de su productividad», sentencia el reporte.

Esta dinámica, según el Banco Mundial, refuerza una dependencia crónica del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo. El informe concluye que el régimen de Tierra del Fuego representa uno de los mayores desafíos para el gobierno argentino en términos de revertir políticas industriales que, aunque arraigadas, han resultado ineficaces para el desarrollo tecnológico genuino del país.

El petróleo WTI alcanzó los USD 104,9 por barril este domingo en las bolsas asiáticas, impulsado por la decisión de Estados Unidos de iniciar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras la ruptura de las negociaciones con Irán.

La medida, anunciada recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump, reactivó la volatilidad en los mercados y volvió a elevar la presión sobre las economías globales al anticipar un posible encarecimiento sostenido del crudo, luego de un intento fallido de declarar un alto el fuego en el conflicto en Medio Oriente.

En el cierre previo al inicio de la semana financiera, los contratos de West Texas Intermediate con vencimiento en mayo se negociaban a USD 104,58, lo que implicó un avance del 8,3% respecto al cierre del viernes. En el mismo horario, el Brent —valor de referencia en Europa— subió un 7,6%, con operaciones a USD 103,7 el barril.

La reacción de los mercados no se limitó al sector energético. Los futuros del Dow Jones Industrial Average retrocedieron 517 puntos, equivalentes a una baja del 1,1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdieron un 1,1% y un 1,2%, respectivamente.

Esta alteración de los mercados internacionales es una reacción al anuncio de Donald Trump de los últimos días. Según advirtió en su red social Truth, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) bloqueará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir de este lunes a las 10:00 horas (12 horas en Argentina).

Trump aclaró, no obstante, que la restricción no afectará a buques que se dirijan a puertos no iraníes. “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”, escribió el presidente americano en Truth Social.

La reacción de Trump se da ante la caída de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que incrementó la preocupación sobre un posible estancamiento del conflicto y la consecuente prolongación de la guerra.

Esta incertidumbre, consecuentemente, impulsó los precios del petróleo y puso bajo presión a las principales economías. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se retiró de Islamabad sin un acuerdo, citando la negativa de Irán a detener su programa nuclear. Por su parte, Irán exigió el control del Estrecho de Ormuz, la obtención de reparaciones de guerra y la liberación de activos congelados.

Advertencia de los mercados e impacto bursátil

Las expectativas de una resolución rápida del conflicto habían impulsado la semana anterior a los principales índices bursátiles estadounidenses. Tras el anuncio de alto el fuego temporal hace pocos días, el S&P 500 avanzó un 3,6%, el Nasdaq se apreció cerca de un 4,7% y el Dow Jones ganó un 3%.

La escalada actual revirtió ese optimismo y volvió a situar la atención en el inminente inicio de la temporada de resultados empresariales del primer trimestre. Entre los bancos más grandes que presentarán sus balances esta semana figuran Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Bank of America.

Jeff Kilburg, director ejecutivo de KKM Financial, explicó a Wall Street Journal: “La nueva declaración sobre el bloqueo es una señal clara para los mercados de valores de que el conflicto iraní sigue siendo incierto; sin embargo, los operadores ven este acontecimiento como una táctica de negociación más que como una implementación política real, o como una solución a largo plazo para el estrecho de Ormuz”. Kilburg añadió que es posible que nuevos compradores ingresen al mercado antes de la apertura del lunes.

El principal punto de discordia en las negociaciones sigue siendo el control sobre el estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del comercio mundial de crudo— junto con el levantamiento de las sanciones y el desarrollo nuclear iraní. Estados Unidos y sus aliados apuestan a que la presión económica y militar acelere una salida diplomática, aunque Wall Street Journal citó conversaciones internas en las que Trump no descarta reanudar los ataques militares si no hay avances inmediatos.

El cierre de esta ruta clave impulsa los precios del gas, el petróleo, sus derivados, así como los fertilizantes y otras materias primas, de manera que genera preocupación por la inflación mundial y una cada vez más posible desaceleración económica global.

Mientras tanto, se espera que el Fondo Monetario Internacional reduzca su previsión de crecimiento global, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra. Autoridades económicas y banqueros centrales se reunirán en Washington para los encuentros de primavera del FMI y el Banco Mundial. Según varios analistas, aunque el alto el fuego se mantenga, el daño económico persistirá.

De hecho, Eswar Prasad, economista de la Brookings Institution citado por el Financial Times, sostuvo que el conflicto hizo descarrillar la recuperación económica global y probablemente provocará un aumento de la inflación. Antes de la guerra, dijo, los indicadores económicos mostraban que la economía mundial avanzaba con fuerza, con mercados financieros en alza y recuperación de la confianza del sector privado. Ahora, todo depende de la duración del conflicto y del riesgo de su extensión en Oriente Medio, lo que podría agravar aún más el panorama económico mundial.

En tanto, funcionarios estadounidenses reiteraron en apariciones mediáticas que la restricción naval iniciará este lunes y tendrá por objeto evitar que Irán utilice el comercio internacional de crudo como elemento de presión durante el estancamiento diplomático.