Luego de la enorme polémica que se generó a partir de la revelación de numerosos créditos conseguidos por personajes de la política, hubo cambio de rumbo

12/04/2026 – 18:25hs

En un intento por contener el costo político y la creciente indignación ciudadana, el Banco Nación decidió eliminar de forma definitiva la normativa que facilitaba el acceso a créditos hipotecarios para funcionarios públicos y cargos electos. La medida, formalizada a través de una circular, deroga un apartado de la Reglamentación 802 que permitía que personas en puestos políticos obtuvieran préstamos extraordinarios con una velocidad y montos inalcanzables para el ciudadano común.

La polémica estalló cuando se reveló que cerca de 40 políticos y altos funcionarios -muchos de ellos pertenecientes al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo- habían calificado para créditos que rondaban, en promedio, el cuarto de millón de dólares. Lo que generó mayor malestar es que, mientras ocho de cada diez argentinos que solicitan un crédito hipotecario son rechazados, estos beneficiarios obtuvieron montos de hasta u$s340.000 con la tasa más baja del mercado, destinados en varios casos a la compra de una segunda o tercera vivienda.

La controversia tiene su origen en septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y su entonces vicepresidente Darío Wasserman. En aquel momento, se alteró la resolución sobre «empleados del sector público» para incluir una aclaratoria que pasaba casi desapercibida: se especificaba que el beneficio alcanzaba también a «cargos políticos designados por resolución o electivos».

Esta modificación permitió que tanto funcionarios del Ejecutivo como legisladores -entre ellos nombres vinculados al ultracristinismo como Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada- pudieran acceder al financiamiento estatal. Según admitieron fuentes del Palacio de Hacienda en «off» a medios nacionales, fueron los propios beneficiarios quienes pidieron esa aclaración normativa en 2024 para «protegerse» legalmente, sabiendo que la adjudicación de estos préstamos millonarios generaría un escándalo mediático.

Reacción oficial e incertidumbre sobre las cuotas

Ante la propagación de la información en redes sociales y la presión de la opinión pública, el propio presidente Javier Milei salió a defender la moralidad de los funcionarios, aunque con un tono de fastidio. «No tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad», respondió el mandatario, minimizando el impacto ético de que sus colaboradores accedieran a privilegios mientras el resto de la población enfrenta restricciones crediticias.

A pesar de la defensa pública, la orden de «ir al mazo y dar de nuevo» fue ejecutada por Wasserman, quien tras asumir la presidencia del banco un mes antes, firmó la eliminación del renglón de los cargos políticos. Los puntos clave de la nueva situación son:

• Eliminación del apartado: Ya no existe la figura de «designados por resolución o electivos» como beneficiarios específicos.
• Montos bajo la lupa: Los préstamos otorgados promedian los u$s250.000, con cuotas que pueden llegar a los 4 millones de pesos mensuales.
• Dudas sobre los ingresos: Crece el interrogante sobre cómo funcionarios con sueldos estatales declarados pueden afrontar dichas cuotas mientras mantienen estilos de vida en barrios cerrados y varios vehículos.

El escándalo también salpicó la salida de Tillard de la entidad, quien fue desplazado no solo por estos «despistes» normativos, sino tras conocerse el nombramiento de su propio hijo como broker en las operaciones financieras del banco. Por ahora, la eliminación de la norma busca desactivar la polémica, aunque el temblor en el gabinete y la bronca de los solicitantes rechazados prometen seguir marcando la agenda política.

El conflicto en Medio Oriente hizo que el barril de petróleo superara los USD 100, y aunque cayó tras el acuerdo de cese al fuego entre EEUU e Irán, dejó secuelas en los mercados energéticos y en la economía global. Argentina no quedó exenta y la volatilidad se propagó a los precios internos de productos y servicios básicos, modificando las expectativas de inflación de las consultoras locales.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA arrojó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según los analistas consultados, llegó al 3% en marzo y se ubicaría en 2,6% en abril. A más largo plazo, recién perforaría el 2% en agosto, al descender a 1,8%. En esta edición, se ajustaron las proyecciones al alza para todo el año y el consenso de analistas espera que cierre en 29,1 por ciento.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, que calculó una inflación de 3% para marzo, pronostica una desaceleración al 2,3% para abril. En relación con el salto de los combustibles de las últimas semanas, el economista consideró que, aunque no continúen aumentando, persiste el arrastre y, por ello, el precio de la nafta seguirá incidiendo.

“La ventaja es que en abril no hay mayores ajustes estacionales y las carnes aflojan un poco. El resto no puede mover mucho sus precios”, explicó Menescaldi.

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, contó que, de forma preliminar, esperan que la inflación se ubique en torno al 2,5%. “En principio, sería un mes bastante más tranquilo que marzo en términos de precios, ya sin tanta presión estacional y con incrementos en tarifas mas moderados”, explicó. No obstante, señaló que la suba de combustibles de marzo dejó un arrastre cercano al 7 por ciento.

Bisang agregó: “La tregua en Medio Oriente es un gran avance y los mercados reaccionaron acorde, pero el conflicto aún no está resuelto y la incertidumbre se mantiene. En ese sentido, no veo al menos en el corto plazo un derrumbe en los valores de las naftas”.

De hecho, YPF, que había anunciado un congelamiento por 45 días y controla casi el 60% del mercado, sostendrá la política y no se espera movimientos en los surtidores.

Anastasia Daicich, directora de la consultora Qualy, estima una inflación de entre 3% y 3,2% para marzo, proyección que responde al aumento de tarifas, que afecta a regulados, y de otros servicios, como colegios privados y medicina prepaga.

La economista precisó que la decisión de YPF de no aumentar sus precios aportó cierto alivio, aunque se registró un traslado a precios que se observa principalmente en el rubro de alimentos. En el caso de frutas y verduras, la estacionalidad propia de esta época del año ejerce una presión al alza.

“Vislumbramos un escenario de tensión en el frente internacional, con cierta calma en el corto plazo, pero sin despejar el panorama de los precios del petróleo y otras materias primas”, sostuvo Daicich.

Daicich explicó que la baja de la inflación parece haber encontrado un piso: con un ajuste equivalente a casi un tercio del gasto, la variación de precios no solo resiste romper el 2% mensual, sino que se está acelerando casi continuamente desde hace 9 meses. “Esto indica que las causas no monetarias siguen activas: desde mercados poco competitivos a una ‘cultura inflacionaria’ que es difícil de desarmar”.

Desde Empiria, el economista Mateo Borenstein prevé que el IPC de abril alcance el 2,5%. “Si el barril de crudo se mantiene estable, no debería haber un traslado significativo a precios este mes. Sin embargo, los aumentos de marzo podrían generar impactos de segundo orden”, apuntó.

Borenstein resaltó que la suba de los combustibles repercute en las cadenas de distribución, a partir del encarecimiento del costo logístico, con efecto sobre todo en alimentos. Además, podría impulsar subas en el transporte público.

En el sector energético, prácticamente descartan la posibilidad de que los precios de las naftas vuelvan a los niveles previos a la guerra. Sucede que solo bajarían en caso de que el valor internacional del petróleo caiga marcadamente, en torno a los USD 60, lo cual se considera poco probable ya que el conflicto bélico causó daños en la infraestructura de Medio Oriente. En consecuencia, una parte significativa de la producción se perdió y su recuperación demandará varios años.

Asimismo, hay otros factores que condicionan el reacomodamiento del mercado. Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, afirmó: “Si el estrecho de Ormuz operó durante casi 40 días a un 5% de su capacidad, el sistema dejó de procesar alrededor de 3.600 tránsitos potenciales, un déficit imposible de compensar de manera inmediata”.

“La reapertura no implica normalización: permisos de paso, seguros, disponibilidad de prácticos, slots portuarios y reprogramación comercial extienden el proceso durante semanas”, agregó.

Así, aun en un escenario de estabilidad, la red logística global tardará entre 6 y 8 semanas en recuperar niveles operativos normales.

Carnicer también apuntó que “la respuesta de oferta es limitada: el aumento de OPEC+ de 206.000 barriles diarios resulta marginal frente a una disrupción estimada en 12 a 15 millones de barriles diarios en el pico de la crisis”.

En el transcurso del último año, el mercado de cajas de seguridad en Argentina experimentó una transformación significativa, impulsada por un cambio en el comportamiento de los ahorristas y una reconfiguración de la oferta financiera tradicional. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (Caesacs), la demanda de estos espacios de resguardo privado creció un 35% en los últimos doce meses, consolidando una tendencia que promete profundizarse durante 2026.

Este incremento no solo refleja una necesidad de protección, sino también una migración de usuarios que, ante la reducción de servicios en la banca tradicional, buscan alternativas en empresas especializadas. Desde la cámara sectorial, que nuclea a la mayoría de las firmas del rubro, se prevé que para el cierre de este año el crecimiento de la demanda alcance un 40 por ciento.

Factores que impulsan la demanda

El crecimiento acelerado de este servicio, que ya cuenta con casi 1 millón de cajas disponibles en todo el territorio nacional, se explica por una combinación de factores económicos y sociales.

Juan Piantoni, presidente de Caesacs y directivo de la empresa Ingot, sostiene que este fenómeno implica una consolidación dentro de los servicios financieros no bancarios. Para el directivo, la caja de seguridad ha dejado de ser percibida exclusivamente como un instrumento financiero para transformarse en un servicio de resguardo patrimonial integral.

Según las proyecciones de la cámara, los motores de esta expansión son tres: la mayor penetración del concepto de resguardo en la sociedad, la disminución de la oferta por parte de los bancos tradicionales y la generación de riqueza en determinados sectores, todo bajo un marco de inseguridad persistente. En este sentido, eventos como robos bajo la modalidad de “entraderas” o accidentes domésticos, como incendios e inundaciones, actúan como detonantes para que los usuarios retiren sus valores de sus hogares.

Al respecto, datos de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) revelan que el 75% de las personas en el país mantiene sus ahorros y bienes de valor fuera del sistema bancario tradicional.

Qué guardan los argentinos

A diferencia de décadas anteriores, donde la caja de seguridad estaba vinculada casi exclusivamente al dinero en efectivo o al oro, hoy el uso es mucho más diversificado. Además de divisas, alhajas y joyas, los usuarios utilizan estos espacios para proteger objetos con valor sentimental, como álbumes de fotos o recuerdos, además de documentación crítica como escrituras, discos rígidos con información sensible, claves de billeteras virtuales y otros activos digitales.

Ezequiel Frank, directivo de la firma Tréssor, señala que el potencial de crecimiento es alto debido a que todavía existe un sector de la población que desconoce el funcionamiento de las alternativas privadas.

Hacia el futuro, se espera una mayor expansión geográfica de estas empresas y una integración creciente con servicios digitales. El mercado, con 14 empresas operando actualmente en el país (entre las que se encuentran firmas como Fortress, SkyBox y 901 Box), se prepara para un 2026 de alta actividad, marcado por la migración definitiva de valores desde el ámbito privado hogareño hacia espacios de custodia profesional.

La competencia de precios

Para quienes buscan resguardar sus valores, el mercado actual presenta una dispersión de precios considerable, la cual varía de acuerdo con la empresa o entidad seleccionada, las dimensiones del compartimento y la periodicidad del pago. Si bien existen múltiples opciones en el sistema, Infobae relevó algunos valores de mercado a modo de referencia para cajas de categoría pequeña.

En el sistema bancario, hay múltiples opciones. En el caso de BBVA, por ejemplo, el costo por una unidad chica (XS) se sitúa en $72.600 mensuales, mientras que el Banco Galicia ofrece opciones de 10 x 15 por un valor de $146.186 trimestrales. Por su parte, el Banco Macro dispone de cajas de dimensiones similares con un costo de $312.071,10 por trimestre.

En una escala de pagos semestrales, el Banco Supervielle ofrece una caja chica con capacidad estimada para USD 50.000 a un precio de 390.000 pesos. Para aquellos usuarios que prefieren la modalidad de contratación anual, el Banco Nación establece una tarifa de $858.901,56 para sus unidades de 10 x 15 x 50, mientras que en el Santander Río el valor para una caja de tamaño chico asciende a 1.109.162,23 pesos.

En lo que respecta a las opciones no bancarias, la mayoría de las empresas no exhibe los valores de mercado de forma pública, pero desde Caesacs aseguran que el costo promedio mensual de alquilar una caja de seguridad con una empresa privada ronda los 70.000 pesos.