ECONOMIA
Ley de Inocencia Fiscal: lo que cambia para quienes declaran dólares

La reciente reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal en Argentina marcó un giro en la política tributaria, permitiendo que quienes poseen dólares no declarados puedan ingresarlos al sistema formal sin que el Estado indague sobre su origen. Infobae en vivo abordó en detalle la norma que, según explicaron en el programa, convierte a Argentina en el tercer país del mundo con mayor cantidad de dólares fuera del circuito financiero.
Durante una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, se desglosaron los puntos centrales de la ley. Aziz abrió el análisis subrayando: “Argentina es el tercer país del mundo después de Rusia y Estados Unidos, con más dólares colchón, es decir, con dólares que los argentinos no declaramos”. Barbería precisó que las estimaciones oscilan entre “170 mil millones de dólares” y “hasta 220 mil millones de dólares” fuera del sistema, cifra que incluye cuentas en el exterior, cajas de seguridad y ahorros domésticos.
Barbería sintetizó el espíritu de la ley: “La idea es que ese capital, que es enorme, pueda volcarse a la economía formal. Se basa en la presunción de veracidad: yo presumo que no lo conseguiste de manera ilegal, que me decís la verdad. El Estado debería probar que hay un delito, ya sea de sangre o evasión, para castigarme por tener algo no declarado”.
Aziz profundizó: “La Ley de Inocencia Fiscal lo que busca, al menos en su texto, es lograr que quienes tienen dólares no declarados los incorporen al sistema con un Estado que va a ser así: yo no te pregunto de dónde vienen, vos incorporalos porque el beneficio que el Estado conseguirá en materia tributaria es mayor que lo que significa para mi Estado no controlar de dónde vino esa guita”.
Barbería detalló que quienes adhieran a la norma deberán ingresar al “régimen simplificado de ganancias”, aclarando: “A partir de este momento, sí, van a pagar impuestos. El único beneficio que tenés es que no te persiguen por lo que, por dónde lo conseguiste. Y que podés gastarlo en bienes registrables, podés moverlo de un lado para el otro”.
Respecto a los umbrales de evasión, Barbería explicó que “hasta antes de la puesta en vigencia de esta norma se consideraba evasión simple a cualquier error en declaración por arriba de un millón quinientos mil pesos. Ahora se va a cien millones de pesos. Es un salto relevante. La idea es dejar una enorme cantidad de movimientos debajo el radar”.
Aziz consultó sobre la figura de evasión agravada, a lo que Barbería respondió: “Cambia el monto hasta mil millones de pesos. Y una regularización extingue totalmente cualquier acción penal. Podés seguir teniendo algún tipo de juicio, pero es administrativo”. Añadió que la prescripción del delito baja de cinco a tres años y que para regularizar basta con pagar la deuda impositiva relacionada con el dinero exteriorizado.
En cuanto a los requisitos, Barbería puntualizó: “No hay un límite a cuánto se puede ingresar al sistema a través de este régimen. Lo que sí hay es un límite de los ingresos anuales, que no pueden superar los mil millones de pesos, ni patrimonio total mayor a diez mil millones de pesos”.
El economista Gustavo Lazzari aportó una mirada crítica sobre el alcance de la ley: “La guita que está afuera, negro, no son criminales de guerra ni narcotraficantes. Son tipos normales que en este sistema inviable no pudieron blanquear porque el sistema es imblanqueable. Está mal diseñado y hay que reformarlo todo”. Lazzari objetó que el régimen esté limitado a personas físicas y no incluya monotributistas o empresas: “Eso le puede meter una piedra en el zapato y reducirle el éxito a una medida extraordinaria”.

Aziz recordó las dudas que generó el blanqueo anterior durante el gobierno de Mauricio Macri: “Gente que confió en ese Gobierno, después el Congreso terminó incrementando las alícuotas. Me convocaste, me invitaste a colaborar y una vez que ya estaba dentro, me embocaste un impuesto más grande. ¿Cómo vas a convencer a alguien de que acepte esto sin miedo a que no te pase otra vez?”. Lazzari reconoció el problema: “La gente tiene esa expectativa negativa por un largo rato. Es cuestión de dejar pasar tiempo”.
El equipo también abordó las consecuencias éticas para quienes cumplieron siempre con sus obligaciones impositivas. Diego Iglesias preguntó: “¿Qué pasa con todos aquellos que sí cumplieron en tiempo y forma con sus impuestos?”. Lazzari fue tajante: “Te vas a sentir un dóbolu y es, si querés, una justicia ética y remediable. Si vos tenés este sistema impositivo, no podés pretender que los tipos de baja productividad o que no llegan lo puedan cumplir”.
El debate cerró con la constatación de que, mientras persista la presión fiscal y el riesgo confiscatorio, la tendencia a mantener ahorros fuera del sistema formal seguirá predominando. “Es preferible un billete verde que se te deteriora día a día, a tenerlo en pesos en el sistema en blanco. Mirá lo mal que estaría el sistema en blanco”, concluyó Lazzari.
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ECONOMIA
Cuánto hay que ganar para vivir bien: el ranking de sueldos pretendidos, sector por sector

En un escenario atravesado por unainflación mensual que se mantiene por encima del 2,8% y un mercado laboral en permanente reacomodamiento, las expectativas salariales de los trabajadores vuelven a quedar en el centro de la escena.
En ese contexto, un relevamiento difundido por la plataforma de empleo Bumeran permite dimensionar cuánto consideran necesario ganar hoy los argentinos para sostener un nivel de vida «cómodo», con diferencias marcadas según el rubro.
Qué sueldo hay que ganar bien, según los trabajadores de distintos rubros
De acuerdo con los datos recopilados por la plataforma as pretensiones salariales más elevadas se concentran en posiciones jerárquicas y sectores estratégicos de la economía. Las áreas de dirección, energía, finanzas e ingeniería encabezan el ranking, con ingresos proyectados que en muchos casos superan ampliamente el promedio del mercado.
En la cima aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión promedio de $2.300.888 mensuales. Le siguen Minería, Petróleo y Gas ($1.975.031) y Administración, Contabilidad y Finanzas ($1.882.872). También se ubican en niveles altos Ingeniería Civil y Construcción ($1.779.613), Ingenierías ($1.686.723) y Recursos Humanos ($1.690.877), consolidando a los perfiles técnicos y estratégicos como los más demandados y mejor remunerados en términos aspiracionales.
Un escalón más abajo, aunque aún dentro de niveles relativamente elevados, aparecen rubros como Tecnología y Sistemas ($1.555.324), Seguros ($1.521.808) y Marketing y Publicidad ($1.457.103), seguidos por áreas comerciales, productivas y de servicios profesionales.
En contraste, los sectores con contacto directo con el público o vinculados a servicios básicos continúan mostrando expectativas más moderadas. Allí se ubican Gastronomía y Turismo ($975.763), Atención al Cliente y Call Center ($916.060) y Enfermería ($1.033.319), todos por debajo o apenas por encima del millón de pesos mensual.
Si se toma el promedio general de los rubros analizados, la mayoría de las pretensiones salariales se concentra en un rango de entre $1,2 millones y $1,7 millones, que hoy funciona como referencia de ingreso para trabajadores calificados. Sin embargo, quienes apuntan a posiciones ejecutivas o altamente especializadas elevan esa vara a niveles cercanos o superiores a los $2 millones, ampliando la brecha entre distintos segmentos del mercado laboral.
El relevamiento refleja, en definitiva, un fenómeno cada vez más evidente: en un contexto de inflación persistente, las expectativas salariales no solo buscan acompañar la suba de precios, sino también adaptarse a una estructura laboral cada vez más segmentada, donde el nivel de calificación y el sector de actividad marcan diferencias significativas en el ingreso esperado.
El sueldo pretendido aumentó 3,3% en febrero 2026
Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, las pretensiones salariales aumentaron un 3,33% durante febrero, alcanzando un promedio de 1.755.866 pesos mensuales. Las subas más pronunciadas se produjeron en los requerimientos de los candidatos a posiciones junior, senior y semi senior.
«El salario pretendido promedio alcanzó los 1.755.866 pesos por mes, lo que representa un aumento del 3,3% respecto al mes anterior y revierte la tendencia de descenso observada en los últimos meses. La lectura de estos datos puede responder, por una parte, a una revalorización de las capacidades profesionales y, por otra, a la necesidad de los talentos de ajustar sus pretensiones frente al costo de vida«, estimó Federico Barni, CEO deBumeran.com.ar en Jobint.
Al comparar este dato con la inflación del periodo, que se ubicó en un 2,9%, el salario pretendido promedio se posicionó 0,43 puntos porcentuales por encima del indicador de precios. Sin embargo, en la medición interanual, la realidad fue distinta: las remuneraciones solicitadas crecieron un 22,99%, quedando significativamente por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que alcanzó el 33,1 por ciento.
«En términos intermensuales el sector Tecnología y Sistemas es el que presentamayores subas con un aumento del 13,74%. Por el contrario, Comercial es el de menor aumento, con un decrecimiento de -3,70%. El aumento promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior es de 2,19%», indicó el reporte de Bumeran.
A nivel de roles específicos, los contrastes fueron profundos. El rol con el salario más alto fue el de Planeamiento Económico Financiero, para la categoría de supervisor o jefe, con una pretensión de 4.750.000 pesos mensuales en febrero del corriente.
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ECONOMIA
Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para que no vuelva a pasar un caso como el de YPF

Tras el fallo histórico que revirtió la sentencia en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual ley de expropiaciones, que endurece las condiciones para nacionalizar un bien.
Al referirse al caso de la petrolera en cadena nacional, Milei planteó que una resolución adversa del juicio le hubiera costado al país 18.000 millones de dólares y “tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica”.
Bajo la perspectiva presidencial, la Argentina en su conjunto pagó un “precio inconmensurable” por la estatización de la compañía en 2012, a la que calificó como una “irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”.
“Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia”, agregó.
Siguiendo esa línea argumental, el mandatario comunicó el envío de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones “para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.
Y sumó: “También quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores”.
La iniciativa apunta a reforzar la protección de la propiedad privada para incentivar la llegada de capitales y favorecer la expansión de la economía. Para ello, la propuesta oficial restringe las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y establece compensaciones más altas para los damnificados.
Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una columna en Infobae, el proyecto oficial para cambiar la normativa vigente introduce una reforma a la ley 21.499 para definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones, eliminando zonas grises.
En tal sentido, el nuevo esquema fija que el valor de los bienes debe calcularse antes de que ocurra cualquier alteración provocada por la expropiación misma, incorpora el reconocimiento del lucro cesante y restringe la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.
En su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado que la “inseguridad jurídica” fue un factor que, a su juicio, desalentó la llegada de inversiones durante largos períodos. También afirmó que la falta de previsibilidad en la estabilidad de contratos y en la garantía de los derechos de propiedad afectó negativamente la generación de empleo y tuvo consecuencias tanto para propietarios como para inquilinos.
El proyecto para cambiar la ley de expropiaciones
La iniciativa oficial, que ya fue girada al órgano legislativo nacional, establece que la compensación por una expropiación solo cubrirá el valor real de mercado del bien y los daños que ocurran directamente por la expropiación. No se considerarán factores personales, sentimientos, ganancias que podrían haberse obtenido, ni el aumento de valor que pueda traer una obra futura. La indemnización incluirá el ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y los intereses correspondientes, pero no pagará por ganancias no obtenidas.
Además, el valor del bien se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio de expropiación, y ese valor se actualizará por inflación hasta el momento del pago usando el IPC. El organismo que expropia tendrá que pedir al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe con la metodología de cálculo. En caso de que se expropie una empresa que cotiza en bolsa, se tomará el valor de sus acciones antes de que se conozca la noticia de la expropiación.
Por otra parte, el proyecto de ley del oficialismo contempla que la compensación económica por expropiar un bien se pagará en efectivo, salvo que la persona expropiada acepte recibir otra forma de pago. El traspaso de la propiedad solo se hará cuando se pague la indemnización completa.
El monto a pagar por el Estado se definirá según el valor de la empresa al momento en que el dueño pierde la posesión. Para calcular la pérdida de valor por la inflación, se restará lo ya depositado en el juicio y se actualizará la diferencia hasta que se realice el pago total, según lo indica la ley. En estos casos, los intereses se calcularán al 6% anual, desde que se pierde la posesión hasta que se paga, sobre el valor total o sobre la diferencia, según corresponda.
A la vez, el texto determina que la indemnización que reciba el agente expropiado no estará sujeta a impuestos ni a otras cargas. Respecto a las ocupaciones temporales anormales, solo pueden ser ordenadas por el Poder Ejecutivo y deben ser compensadas por los daños que causen. Además, no pueden durar más de 60 días, ese plazo no puede extenderse ni repetirse.
Esta propuesta legislativa forma parte de un paquete que también incluye modificaciones al procedimiento de desalojo, al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y el sistema federal de manejo del fuego.
North America
ECONOMIA
Caputo colocó u$s150 millones a 2028 con una tasa de 8,5% y habló del «riesgo país kuka»

En un escenario marcado por la baja de tasas y crecientes interrogantes entre los operadores sobre el rumbo financiero de los próximos meses, la Secretaría de Finanzas logró una fuerte captación de fondos en su última licitación.
El organismo absorbió $11,4 billones del mercado, con un nivel de rollover del 138%, en una señal de respaldo que, al mismo tiempo, sirvió para medir el pulso inversor en la antesala del ciclo electoral.
Cómo le fue al bono en dólares de Luis Caputo en una licitación clave
Uno de los puntos más relevantes fue la colocación de un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en octubre de 2028, una emisión clave para evaluar el apetito del mercado más allá del corto plazo.
En total, se adjudicaron u$s150 millones en este instrumento «hard dollar» con una tasa real del 8,86%, un rendimiento que se mantiene relativamente cercano al que el país podría convalidar en el mercado internacional. Como referencia, un bono similar con vencimiento en octubre de 2027, también por u$s150 millones, había salido al 5,12%, lo que implica una diferencia superior a los tres puntos.
Al respecto, Luis Caputo se refirió en sus redes al «riesgo país con Tasa forward con riesgo kuka».
En un mensaje en X, el ministro de Economía señaló:
Licitación de hoy en dólares:
Bono con vencimiento en Octubre 2027:
- Cantidad ofertada: u$s466 MM
- TNA: 5,02%
- Riesgo país Milei: 117 pbs
Bono con vencimiento en Octubre 2028:
- Cantidad ofertada: u$s226 MM
- TNA: 8,5%
- Riesgo país a Octubre 28: 460 pbs
- Tasa forward con riesgo kuka: TNA 14,09%
El mensaje de Luis Caputo tras la licitación
Tal como anticipaban en la plaza financiera, el contexto de tasas reales negativas frente a la inflación y la posibilidad de ajustes en el esquema cambiario influyeron en las decisiones de los inversores. En ese marco, se observó una marcada preferencia por instrumentos ajustados por inflación. En particular, el bono CER con vencimiento en septiembre de 2028 concentró $4,78 billones, posicionándose como el título más demandado de la licitación.
El resto de la colocación se distribuyó entre distintos instrumentos en pesos y atados a variables financieras. Entre ellos, se destacaron las LECAP de corto plazo, que captaron $2,75 billones con una tasa efectiva mensual del 2,16%, y los bonos TAMAR, que sumaron $2,11 billones con un margen del 4,90%. También hubo participación en títulos dólar linked, aunque con menor volumen, por $0,26 billones.
En paralelo, el Tesoro avanzó con una operación de conversión de deuda que alcanzó el 24,21% del total emitido, permitiendo reordenar vencimientos hacia plazos más largos. Estas conversiones incluyeron distintos canjes hacia instrumentos ajustados por CER, con tasas que oscilaron entre el 6% y el 7,74%.
La mirada del mercado tras la licitación clave
Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó la «fuerte Absorción y extensión de la curva en pesos y dólares». «La jornada de licitación confirmó la capacidad del Gobierno para capturar la liquidez excedente del sistema y extender los plazos de vencimiento de la deuda soberana hacia la próxima administración», sostuvo.
«El Tesoro adjudicó un total de $11,04 billones, alcanzando un ratio de rollover del 138,52% sobre los vencimientos de la fecha. Si bien descontábamos un rollover superior al 100%, este desempeño superó la expectativa inicial, validando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028. Las tasas de corte en los tramos más largos se ubicaron unos 30 pbs por encima del secundario».
«La demanda por los instrumentos en dólares se mantuvo firme, en línea con lo esperado. El nuevo ARGBON 2028 (AO28) se adjudicó a una TNA del 8,52%, nivel que resultó alineado con nuestras previsiones, basadas a partir de la curva de los BOPREAL 2028. Al igual que dichos BOPREALES, el AO28 extiende su madurez más allá del actual mandato presidencial, reflejando una valuación coherente con ese tramo de la curva de BOPREALES. Por su parte, la reapertura del AO27 cortó a una TNA del 5,00%», agregó.
Y subrayó: «La Secretaría de Finanzas logró convalidar tasas en línea con el mercado secundario, con una fuerte adjudicación en los tramos más largos de la curva indexada. El BONCER 2028 capturó ARS 4,78 billones, validando la estrategia oficial de desplazar vencimientos. En el tramo corto, la nueva LECAP a julio 2026 cortó con una TNA del 25,92% (correspondiente a una TEM del 2,16%)».
«La operación de conversión del TZX26 alcanzó un nivel de adhesión del 24,21%, logrando migrar más de ARS 2 billones hacia instrumentos con vencimientos en 2027, 2028 y 2029. Esta medida es consistente con el objetivo de descomprimir el perfil de amortizaciones de corto plazo y mejorar la estructura de la deuda en moneda local», resaltó.
Y concluyó: «Los resultados validan la estrategia del Tesoro de priorizar la absorción de pesos y la profundización del financiamiento local en dólares, convalidando rendimientos que guardan consistencia con los relativos de las respectivas curvas de bonos».
El resultado global refleja una estrategia orientada a extender plazos, diversificar instrumentos y sostener el financiamiento en moneda local, en un contexto donde el mercado sigue de cerca la evolución de las variables macroeconómicas y las señales del programa económico.
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