Tras la promulgación de la reforma laboral, muchos trabajadores buscan saber de qué manera impactarán las nuevas reglas en quienes ya están empleados bajo la normativa anterior. Entre los aspectos que concentran mayor atención se encuentra la aplicación de cambios en la contratación, los despidos y el registro de personal en las relaciones laborales vigentes, debido a que estos puntos impactan tanto en la estructura de gastos de las compañías como en los derechos consolidados de los empleados efectivos.

La ley de Modernización Laboral extiende las nuevas pautas a los contratos preexistentes, especialmente en lo referente a la finalización de la relación laboral. Aunque la regla general es que las leyes no son retroactivas y no alteran situaciones previas, en el ámbito laboral existen particularidades cuando los contratos siguen vigentes y quedan efectos pendientes de ejecución.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo sentenció en términos contundentes: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. De este modo, ratificó que los cambios contemplados alcanzarán tanto a los contratos previos como a los que se celebren después de la promulgación de la ley.

Uno de los focos de discusión es la transformación del régimen indemnizatorio. La ley abre la posibilidad de reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por fondos de cese laboral o modelos de capitalización, similares a los del sector de la construcción. De este modo, para las relaciones laborales previas, la fecha de entrada en vigor de la reforma es determinante: si la desvinculación ocurre después de la promulgación, el cálculo se realizará bajo las nuevas reglas.

Abogados laboralistas y previsionalistas consideran que la chance de impugnar la aplicación inmediata de estos cambios es escasa. El fundamento es que, aunque la relación laboral haya nacido al amparo de otra ley, el hecho generador —el despido— acontece bajo la nueva normativa. Por lo tanto, los nuevos criterios para calcular indemnizaciones, la eliminación de recargos por empleo no registrado y los topes fijados por la reforma serán aplicables a quienes ya estaban contratados, lo que podría reducir los montos a pagar por finalización de la relación.

El texto también amplía el período de prueba, que pasará de tres meses a seis u ocho meses, según el tamaño de cada empresa. En este punto, la distinción entre contratos anteriores y posteriores es nítida: quienes ya hayan superado el período de prueba mantienen su estabilidad laboral, derecho adquirido que no puede ser revertido por la reforma sin entrar en conflicto con la Constitución.

La normativa incorpora la figura del “banco de horas”, que permite que las horas extra se compensen con días libres en vez de pagos adicionales. Para quienes ya están empleados, la adopción de este sistema dependerá de acuerdos entre empleador y trabajador, y no será automática.

En cuanto a la responsabilidad solidaria en esquemas de subcontratación, la normativa limita la posibilidad de reclamar a la empresa principal solo en casos de fraude o negligencia grave. Así, la protección de quienes trabajan para empresas tercerizadas se verá restringida una vez que la ley entre en vigor, sin importar la antigüedad del vínculo.

La reforma laboral también modifica la situación de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y transporte, excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo y reconociéndolos como independientes con un régimen especial. Esto dificultará futuros reclamos por reconocimiento de relación de dependencia.

En el plano de la informalidad, la ley busca promover el registro de trabajadores no declarados, ofreciendo a los empleadores la condonación de deudas y sanciones. No obstante, la regularización se realizará bajo un esquema que facilita la desvinculación, en comparación con el régimen anterior.

En definitiva, la reforma laboral no se restringe a las nuevas contrataciones, sino que establece nuevas reglas para la resolución de conflictos, despidos y organización de los vínculos laborales, abarcando también relaciones laborales iniciadas en el pasado y bajo un esquema más flexible para las empresas.

Una vez más, se produce la paradoja argentina de que, con los precios de las materias primas subiendo a la velocidad, en el campo se teme a una pérdida de rentabilidad. Había ocurrido durante la invasión rusa a Ucrania, y vuelve a repetirse ahora con la guerra en Medio Oriente.

Claro que hay una gran diferencia entre ambas situaciones: antes Argentina era un importador neto de energía, al punto que las compras de petróleo y de gas licuado una inédita cifra de u$s12.868 millones. Es un número similar al que ahora se espera que deje la balanza energética, pero como superávit y no como déficit.

Sin embargo, una primera reacción de euforia entre los economistas afines al gobierno rápidamente se empezó a disipar: la suba del precio del petróleo no necesariamente garantizará una lluvia de dólares para la economía argentina. Primero, porque no está claro que este pico de precios sea sostenible en el tiempo, al punto de favorecer el precio del crudo que se produce en Vaca Muerta.

Pero, además, porque Argentina sigue teniendo muchos costos productivos que están ligados a la cotización del petróleo y del gas. El más obvio es el de la logística internacional, dado que no sólo encarece el combustible sino que se alteran las rutas marítimas tradicionales.

«Los gigantes del transporte marítimo (Maersk, MSC, Hapag-Lloyd) han desviado sus flotas hacia la ruta del Cabo de Buena Esperanza, rodeando África. Esto dispara las tarifas de flete a máximos de seis años y anticipa una nueva presión inflacionaria global por los retrasos en la cadena de suministros», plantea un reporte de Damián Vlassich, líder de estrategia de inversión en IOL.

Pero, además, hay un dato que es crucial para Argentina y suele quedar opacado por el precio del petróleo: es el gas natural licuado, del cual el país sigue siendo importador. Desde el estallido del conflicto en Irán, el gas ha subido al triple de velocidad que el petróleo, dado que se teme por el abastecimiento de Europa, sobre todo después del cierre de la producción en Quatar, que representa un 20% de la oferta mundial.

El gas sube, el agro tiembla

Los expertos están previendo para este invierno la llegada de unos 15 cargamentos de GNL, menos de la mitad de la cifra de hace dos años, pero aun así un costo importante.

Y el precio del gas, que se disparó hasta los u$s17 por millón de BTU para el mercado europeo, enciende alarmas por un tema que afecta directamente al campo argentino: los insumos y fertilizantes que se utilizan en la siembra, particularmente la urea y el fosfato diamónico, son derivados del gas natural.

El antecedente de la guerra de Ucrania alcanza como para que se genere preocupación: en aquel momento, la relación de precios entre la tonelada de urea y la tonelada de soja llegó a un nivel de tres a uno, lo que implicaba para los productores una duplicación del costo de la urea en términos de cosecha.

Ante una situación así, los productores con menores márgenes de rentabilidad pueden verse forzados a disminuir la fertilización de los cultivos, con lo cual se podría reducir el rendimiento de los campos para la campaña próxima, si la situación de Medio Oriente se extiende durante varios meses.

Un reporte de Marianela de Emilio, experta del Inta y Agroeducación, alerta que ya hubo una reacción inicial en los mercados internacionales. Aunque todavía no hay certeza de cuáles serán los precios para los productores argentinos, ya se registró un aumento de los productos en el embarque de exportación. El fosfato diamónico en Nueva Orleans ya subió un 6%, mientras que la urea desembarcada en los puertos brasileños viene con sobreprecio de 20% respecto de su nivel previo al bombardeo en Irán.

El campo revisa las cuentas

Lo cierto es que en este momento los productores están reconsiderando su estrategia comercial, y revisando al alza el cálculo de costos. Hasta la semana pasada, contaban con que la urea les costaría 1,7 toneladas de soja, mientras el fosfato de amonio demandaría 2,7 toneladas. Y súbitamente esos números quedaron viejos.

Es cierto que en las últimas semanas también subieron las cotizaciones de las materias primas agrícolas en el mercado global. Así, la soja cotiza en Chicago a u$s433, un precio inesperadamente bueno si se lo compara con el nivel de u$s370 que promedió el año pasado.

El precio es llamativo, además, si se considera que para esta campaña se vienen registrando volúmenes récord de producción: Brasil llegará a 180 millones de toneladas mientras que Estados Unidos -según la estimación del Departamento de Agricultura (USDA)– cosechará 121 millones de toneladas de soja, un volumen 4,4% superior a la última cosecha.

A primera vista, estos precios parecerían poco justificados, pero hubo situaciones geopolíticas que se impusieron a los fundamentales del mercado. Primero, que la especulación sobre el acuerdo entre China y Estados Unidos, sumada a la decisión de la Corte Suprema -que rechazó las subas arancelarias de Donald Trump– llevaron a los fondos de inversión a la compra masiva de futuros de soja, con lo cual se presionó la cotización al alza.

Y ahora, sobre un mercado que ya tenía precios altos, se agrega la tensión del conflicto en Medio Oriente, que pone una cuota extra de presión.

Mientras tanto, en Argentina, los funcionarios se entusiasman con los excelentes números de la cosecha: la Bolsa de Comercio de Rosario prevé 48 millones de toneladas de soja-levemente por debajo de los 49,4 millones obtenidos el año pasado-, que sumadas a las excelentes campañas de maíz y trigo, totalizarían un volumen récord de 140 millones de toneladas.

Es así que se especula con una liquidación de granos en el orden de u$s40.000 millones, una cifra que no se veía desde 2022, cuando el conflicto ruso-ucraniano llevó la cotización de la soja por encima de u$s630.

El dilema de los productores

Sin embargo, el humor en el campo argentino está lejos de la euforia. A pesar de que el nivel de retenciones volvió a recortarse -está en 24% para la soja, una notable mejora respecto del 33% con el que empezó la gestión Milei- todavía las cuentas siguen sin cerrar.

Ocurre que, en el mercado local, no se están reflejando los mismos precios que se ven en las pantallas de Chicago. Más bien al contrario, se sigue verificando una tendencia a la baja de los precios, lo cual opera como un desincentivo para que los productores cierren acuerdos de exportación.

El precio en Rosario está en $460.000, lo que equivale a u$s326, mientras que en la semana previa a la crisis de Irán la cotización era de u$s330. Lo cierto es que abundan las advertencias de empresarios agrícolas que se quejan sobre la «inviabilidad» del negocio por la combinación de retenciones y, además, un tipo de cambio en baja.

Pero, sobre todo, el nuevo temor es que, aun cuando el precio de los granos tuviera una reacción alcista como consecuencia del escenario global conflictivo, la expectativa es que ninguna suba del precio podrá compensar al aumento en el costo de los insumos y fertilizantes. En otras palabras, petróleo y gas caro matan a suba de la soja.

Bajo estas circunstancias, el entusiasmo inicial por la gran campaña agrícola se transformó en una sensación de crisis. Y los productores se enfrentan a una disyuntiva: la primera opción, aconsejada por los consultores, es fijar precios ahora -aun sabiendo que no son atractivos- porque en el futuro se puede agravar la relación insumo/producto. La segunda es más tradicional: esperar con el producto en los silobolsas, con la expectativa de que suba el dólar o que Toto Caputo otorgue un nuevo incentivo impositivo.

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” señaló en un posteo en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se trata de una nueva incorporación al equipo del gobierno, que se suma a cambios muy recientes, como la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y de Sebastián Amerio, exsecretario de Justicia, como Procurador del Tesoro de la Nación.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que Talvi se suma como asesor. Se trata de un economista uruguayo de marcada vocación política, a la que ingresó decididamente en 2018, cuando fundó el movimiento liberal-progresista “Ciudadanos”, dentro del Partido Colorado de Uruguay.

Hasta su incorporación al equipo económico se desempeñaba como investigador visitante del Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, que encabeza el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. También es invesrigador en el Real Instituto Elcano, de España, y fue director de la iniciativa de Política Económica y Social en América Latina de la Brookings Institution en Washington.

Su fuerte vocación política quedó más marcada aún cuando fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, pero se retiró de la vida política en 2021.

En cuanto a su formación académica, es Doctor en Economía y Master en Finanzas de la Universidad de Chicago, y Licenciado en Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

La incorporación de Talvi al equipo económico podría a su vez estar relacionada con la posible salida del economista chileno José Luis Daza, a quien se ha mencionado como probable miembro del gabinete del presidente electo de Uruguay, José Antonio Kast, que asumirá la presidencia chilena la semana próxima, más precisamente el miércoles, 11 de enero.

Si Talvi y Daza conviven en el gabinete económico argentino, Caputo bien podrá decir que su equipo es un combinado del Cono Sur. Desde Economía indicaron que Daza es el actual viceministro, aunque rehusaron responder afirmativamente acerca de su permanencia en el equipo que encabeza Caputo. “No hay cambios”, se limitaron a decir.

Por sus credenciales como economista de recorrido internacional, Talvi podría aportar en particular en temas de comercio y acuerdos internacionales.

Un estudio de su autoría, publicado en diciembre pasado por el Real Instituto Elcano, aborda la cuestión del comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

“La nueva realidad geopolítica y el impulso proteccionista de EEUU -dice el documento- está provocando una profunda transformación estructural en el sistema internacional de comercio: una redefinición de su arquitectura con nuevas prioridades que surgen centradas en la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro, la autonomía estratégica y el realineamiento geopolítico”.

Según Talvi, en ese escenario de creciente rivalidad geopolítica y proteccionismo, la Unión Europea está rediseñando su arquitectura comercial global para fortalecer su seguridad económica y sus cadenas de suministro intensificando la expansión y modernización de su red de acuerdos de libre comercio. En tal contexto, explica, América Latina y el Caribe destaca como un socio confiable y afín y económicamente complementario. “La región ofrece precisamente lo que la UE necesita más, materias primas críticas como litio y cobre, y abundantes fuentes de energía renovable esenciales para la transición verde y digital. La UE, a su vez, tiene el capital, la tecnología y el conocimiento para promover el desarrollo de cadenas de producción birregionales de alto valor agregado”.

Según Talvi, una vez ratificado el acuerdo UE-Mercosur, la red de acuerdos comerciales de la UE con ALC cubrirá el 97% del PIB regional, muy por encima de la cobertura de Estados Unidos (44%) y China (14%).

Sin embargo, clara, “esta red aún no está completamente interconectada: la fragmentación de los regímenes de origen actuales impide la combinación de insumos de diferentes países —incluso si tienen acuerdos bilaterales con la UE y entre sí— para beneficiarse de las preferencias arancelarias, lo que limita la creación de cadenas de valor birregionales”.

Y para superar esa fragmentación propone un mecanismo de “acumulación diagonal flexible”, aprovechando los acuerdos bilaterales existentes. Eso, dice, permitiría que los insumos de países que tengan acuerdos bilaterales con la UE y entre sí sean considerados como “originarios”, sin necesidad de modificar las reglas de origen específicas de cada tratado. La adopción de un “protocolo común” sería la base regulatoria para implementar este sistema de “acumulación diagonal flexible” y se incorporaría como anexo a los acuerdos existentes entre la UE y los países o bloques de países de América Latina, sin necesidad de renegociarlos.

Esta propuesta, escribió, sería el trampolín para la creación de un área económica birregional integrada UE-América Latina “que abarcaría a 1.100 millones de personas y un PIB comparable al de Estados Unidos, un área que permitiría un incremento de hasta el 70% en el comercio birregional y del 40% en el comercio intrarregional, y facilitaría la articulación de cadenas industriales birregionales, con gran potencial en cadenas descarbonizadas de alto valor agregado”.