Tras haber postergado la venta de las acciones de Transener hasta mediados de abril; la administración de Javier Milei se apresta a definir antes del próximo viernes cuáles son las empresas que van a competir en dos privatizaciones claves que tienen como ejes a la Hidrovía y los corredores viales de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226.

Las dos licitaciones en curso tienen dos elementos en común: las presentaciones de las ofertas se concretaron el mismo día y a la misma hora –el 27 de febrero pasado a las 1300—y, en ambos casos, los peajes a cobrar serán determinantes para saber quiénes serán los ganadores.

Privatizaciones: el precio de peajes, clave para Javier Milei

En el caso de la hidrovía, de las tres empresas oferentes —Jan de Nul, DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV) y DTA Engenharia— las que seguirían en carrera son las dos primeras.

Jan de Nul es una de las principales dragadoras a nivel mundial y desembarcó en Argentina a mediados de los 90. Asociada con la local Emepa, ganó la primera licitación del dragado y mantenimiento de la hidrovía durante la presidencia de Carlos Menem. Tras el fin de la concesión, en 2021, continuó a cargo de las tareas como contratista de la exAdministración General de Puertos (AGP) y ahora busca revalidar su posición y quedarse otros 25 años con la operación de la vía navegable troncal (VNT).

Por su parte, DEME, que también tiene su casa central en Bélgica, es otra empresa con presencia internacional en varios puertos y vías navegables de Europa y Asia. Desde 2025 intenta desplazar a Jan de Nul para consolidar su expansión en Sudamérica. Había sido la única oferente en la licitación de febrero del año pasado, que terminó siendo dada de baja por la administración mileísta en medio de cuestionamientos y denuncias cruzadas.

En tanto, la brasileña DTA – Engenharia quedaría fuera de carrera por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta de u$s 20 millones que exigían los pliegos de bases y condiciones. En lugar del valor establecido, la empresa incluyó una suma simbólica de u$s 1 que mantuvo sin rectificar en el período de corrección de ofertas que tuvo después de la entrega de los sobres.

El negocio en juego comprende una «concesión de obra pública con cobro de peaje, sin aval del Estado, a riesgo empresario y por un período de 25 años, prorrogable por hasta cinco años más de la vía navegable troncal (VNT) que se extiende desde el km 1.238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior en el Canal Punta Indio».

Para la licitación se armó un sistema de ofertas compuesto de tres sobres. El primero contiene antecedentes legales, financieros y técnicos; el segundo, los planes de trabajo y obras; el tercero, la propuesta tarifaria de peajes.

Las empresas oferentes deben poseer un patrimonio neto superior a u$s 300 millones, una facturación anual de al menos u$s 450 millones, un promedio de obras de dragado por encima de u$s 300 millones en los últimos tres ejercicios y un compromiso firme de financiamiento que cubra por lo menos el 50% de las inversiones iniciales. Por el lado técnico, tienen que asegurar la disponibilidad de seis dragas de succión, un volumen de obra no menor a 15 millones de m³ en puertos y canales, y un nivel mensual mínimo de 500.000 m³ de dragado.

Licitación en autopistas: las empresas que pelean 

En el caso de las concesiones viales, de las 15 empresas que presentaron ofertas habría entre 3 y 4 que no serían calificadas para pasar la instancia decisiva de apertura del sobre 2 que contiene las tarifas de peajes a cobrar en el acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y en las RN 3, 5, 205 y 226.

Para el bloque vial de casi 1.900 kilómetros que comprende los subtramos «Sur-Atlántico-Acceso Sur», las empresas que se anotaron son las siguientes: la estatal bonaerense Aubasa, CN Sapag, JCR, CPC (la constructora de Cristóbal López), Vial Agro-Fontana Nicastro, IEBC-Centro Construcciones (Cecosa)-Basa Construcciones, Roggio-Chediak, Panedile-Supercemento, Edmacar, Ceosa-Creditech y SACDE (controlada por Marcelo Mindlin).

A su vez por el tramo «Pampa» –que comprende 546 kilómetros de la RN 5 que va desde Luján hasta Santa Rosa—la lista de las compañías que se alistaron para competir abarca a: Vial Agro-Fontana Nicastro, IEBC-Centro Construcciones (Cecosa)-Basa Construcciones, Lemiro Pietroboni, Concret Nor-Coarco-Posse-Marcalba, CPC, SACDE, Pelque, Ceosa, Roggio-Chediack y Edmacar.

Una de las oferentes que sería descalificada es Aubasa, la concesionaria estatal bonaerense de la autopista Buenos Aires-La Plata y la autovía 2.

Si bien detrás de la decisión de dejar al margen de la licitación a Aubasa habría un marcado componente político de rechazo de la gestión mileísta a la intención del gobierno de Axel Kicillof de quedarse con el control de uno de los principales accesos metropolitanos; el argumento oficial para cerrarle el paso sería que no tiene antecedentes como constructora tradicional y que sus activos líquidos no se ajustarían a los requisitos financieros establecidos en los pliegos de la licitación.

A Aubasa se agregarían entre 2 y 3 constructoras privadas que no llegaron a presentar sus balances anuales de manera completa y que tampoco habrían cumplido con otras exigencias técnicas y patrimoniales que requerían las reglas licitatorias.

Las empresas que superen la etapa de evaluación técnica accederán a la segunda instancia del proceso, en la que se abrirán los sobres con las ofertas económicas.

Ahí se conocerán las tarifas de peaje que cada oferente propone cobrar para financiar las obras previstas y la operación de las autopistas y rutas en juego.

Las tarifas de peaje que coticen las empresas no podrán superar los valores máximos fijados por el Gobierno para tramo, los cuales se ubican entre 33% y 173% por encima de los valores actuales que cobra la empresa estatal Corredores Viales.

Si las ofertas económicas quedan por debajo del valor máximo, el contrato de concesión tendrá una duración de 20 años y se adjudicará a la empresa que proponga la tarifa más baja.

En cambio, si todas las propuestas coinciden en el valor máximo establecido, la adjudicación se definirá a favor de la empresa que solicite el menor plazo de concesión, con un límite de hasta 30 años.

El presidente y CEO de Grupo Techint, Paolo Rocca, advirtió sobre la creciente volatilidad global y la necesidad de diversificar operaciones durante su participación en el CERAWeek by S&P Global, el principal encuentro internacional del sector oil & gas, que se realiza esta semana en Houston, EEUU. Sin menciones a su cruce con el Gobierno, Rocca aseguró que, frente al nuevo escenario geopolítico y regulatorio, “hoy una empresa no puede depender de un solo país”.

Durante el panel, que compartió con Atul Arya, Senior Vice President de S&P Global Energy, Luis Cabra, Director General de Transición Energética, Tecnología, Institucional y Adjunto al CEO y Matt Renner, presidente de Google Cloud, Rocca describió cómo la volatilidad se intensificó en los últimos doce meses, en gran parte debido al primer año de la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos.

De acuerdo con su análisis, los aranceles que impuso el gobierno americano desde el inicio del año afectaron no solo la cadena de suministro de la industria energética, sino también las variables que sostienen la operación de grandes grupos internacionales. “El inicio del programa de aranceles en el primer semestre cambió la orientación de la descarbonización y también impactó a los consumidores y a otras empresas”, detalló Rocca.

El CEO de Techint subrayó que la relación comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, a través del acuerdo USMCA, enfrenta actualmente obstáculos debido a las tarifas de las secciones 202 y 108, lo que genera incertidumbre y suma presión sobre las estrategias empresariales. Al mismo tiempo, el conflicto en Medio Oriente, que escaló desde junio, añadió nuevos factores de inestabilidad. Según remarcó, “no es fácil establecer una estrategia sólida ante este escenario”.

Para el ejecutivo, la clave es construir cadenas de suministro robustas y alternativas de producción capaces de resistir interrupciones, incluso en rutas estratégicas como Panamá, Molucas, Ormuz o Suez. “Los cambios de precios y la necesidad de una cadena de suministro robusta exigen duplicar capacidades y apostar por múltiples escenarios”, afirmó.

“Hoy una empresa no puede depender de un solo país. Lo que antes era viable, ya no lo es. Hay que buscar alternativas para estar bien posicionados. En la industria siderúrgica, apostamos fuerte por el USMCA y vemos oportunidades de expansión en Estados Unidos, Canadá y México. Elegimos invertir en áreas con potencial, como Argentina para petróleo y gas, el rediseño de cadenas de suministro y el fortalecimiento de América Latina en acero. Esa es la línea actual de eventos. Y siempre hay que buscar oportunidades allí donde surjan”, sostuvo el empresario.

Al referirse al impacto de la inteligencia artificial en la industria, Rocca explicó que el grupo trabaja en tres niveles: capacitación interna, optimización de procesos y, en una etapa avanzada, transformación de la productividad a partir del análisis masivo de datos. “En la petrolera, trabajamos con shale. Actualmente extraemos quizás un 5% o 6% de los recursos reales de la formación debido al fracking y cómo se gestiona, y ya eso es valioso. Pero, si aplicamos inteligencia artificial considerando todos los factores, ¿sería posible pasar del 5% al 7% de las reservas? Eso sería enorme. Cambiaría todos los valores”, describió Rocca.

El ejecutivo remarcó que en sectores como la acería, la inteligencia artificial permite gestionar información para decidir la mezcla de chatarra, reducir tiempos de calentamiento u optimizar los análisis químicos y la adición de aleaciones. “Llegará el punto en que la inteligencia artificial pase de ser solo una fuente de información administrada por personas a asumir la responsabilidad de gestionar grandes industrias, como una refinería. Estoy seguro de que el mundo avanza hacia eso. Pero hoy, en este tercer nivel de avance, estamos trabajando, aunque todavía no vemos logros claros”, aseguró Rocca.

Consultado sobre el equilibrio entre competencia y colaboración en un escenario global fragmentado, Rocca sostuvo que la competencia es esencial, pero los desafíos actuales —incluyendo la rivalidad entre China y Estados Unidos y la posición de los países intermedios— afectan la provisión y seguridad de suministros clave.

“La competencia puede estar detrás de esto. No es solo el concepto de cadena de suministro, energía o automotriz, es un concepto más amplio. Porque al final, podes mostrar un precio bajo, pero con una cadena de suministro que no es constante en el tiempo. Hay que pensar en cómo la industria puede encontrar una posición competitiva a nivel mundial en términos de seguridad de suministro y solidez de la estructura”, subrayó.

Rocca argumentó que la competitividad debe analizarse de forma integrada a nivel de país, industria y cadena de suministro, especialmente tras episodios recientes como la invasión de Rusia a Ucrania y la pandemia de COVID-19. “Si podes diseñar sin saber exactamente qué va a suceder, podes mantener la confiabilidad del proyecto. Así es como veo la competitividad”, concluyó.

Los bancos atraviesan un momento complejo en Argentina. Con la morosidad en máximos de 20 años, las entidades financieras recortan gastos y achican personal: de hecho, desde 2023 cerraron casi 300 sucursales en todo el país.

Los datos son contundentes. A fines del 2023, en el país había 4.414 sucursales bancarias; ese número se redujo a 4.336 en 2024 y cerró el 2025 en 4.131: es decir que, en dos años cerraron 283 bancos.

La morosidad es uno de los factores que impacta de lleno en el balance de los bancos. En enero, la proporción de argentinos que dejaron de pagar sus créditos bancarios o el resumen de sus tarjetas creció al 10,3%. Un año antes, esa cifra era de solo el 2,67%. En cuanto a los préstamos personales, la incobrabilidad llegó al 13,2%.

Otro factor que aceleró el cierre masivo de sucursales bancarias es la tecnología: algo que empezó a implementarse en la pandemia y se aceleró en los últimos años. De hecho, desde el sector financiero remarcan que la transformación en los hábitos de los clientes se volvió un factor decisivo. En la actualidad, alrededor del 90% de las operaciones se concretan a través de canales digitales, lo que achica de manera considerable la demanda de atención en sucursales físicas.

En ese contexto, las entidades redirigen sus inversiones hacia el desarrollo tecnológico y, en paralelo, expanden esquemas alternativos como las corresponsalías -espacios de atención presencial bajo acuerdos comerciales- para garantizar servicios básicos sin necesidad de sostener estructuras tradicionales.

Sin embargo, dentro de la industria admiten que la digitalización no explica por sí sola este proceso. La necesidad de recortar gastos gana cada vez más peso en la toma de decisiones. A esto se suma un escenario de mayores exigencias regulatorias, que obligan a inmovilizar parte de la liquidez y a absorber pérdidas financieras, como las que generó la caída en la cotización de bonos durante 2025.

Además, las fusiones entre entidades, como en los casos de Galicia/HSBC y Macro/Itaú también derivaron en el cierre de algunas sucursales.

Banco Santander, en la mira de la Bancaria

El Banco Santander es una de las entidades que llevó a cabo el cierre de decenas de sucursales en el último tiempo y es por eso que está en la mira del sindicato. De hecho, días atrás el secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB) dispuso el estado de alerta y movilización ante «los recientes procesos de achiques, despidos y cierres de sucursales efectuados por distintas entidades bancarias». Desde el año pasado, la organización gremial viene advirtiendo sobre el plan de ajuste del Banco Santander, de liquidación de unas 40 sucursales.

La Bancaria fue más allá: «Resulta preocupante la inusitada presión y violencia con la cual han llevado adelante este tipo de maniobras, que incluyen situaciones de represión u operativos policiales, como fue el modus operandi implementado por el grupo Esquenazi, y el brutal uso de la fuerza por parte de la policía de la provincia de Tucumán, en caso del Banco Patagonia».

Asimismo, rechazó «el ajuste que pretenden imponer los bancos» y avisó: «Defenderemos hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo y la dignidad de cada trabajador y trabajadora, tomando las acciones que sean necesarias en todos los bancos que correspondan».

En un documento firmado por el secretario General, Sergio Palazzo y de Prensa, Claudio Bustelo, subrayaron que están en contra del cierre de sucursales y los despidos. 

La posición del gremio se da a pocas semanas de una reunión con las patronales tanto del sector privado como público para negociar la metodología de las paritarias, que hasta el momento aplica aumentos salariales en línea con la inflación.

La Bancaria anunció una reunión para el 31 de marzo, donde «los cuerpos orgánicos del Sindicato determinarán los pasos a seguir y facultará a tomar las acciones gremiales correspondientes, en aquellas instituciones bancarias que continúen con esta política de persecución, aprietes, hostigamiento y cierres de sucursales, con las consecuentes pérdidas de puestos de trabajo».

Sucede que el Banco Santander encabeza el recorte de red física entre las principales entidades privadas del país. En poco más de dos años redujo más de una cuarta parte de sus sucursales y enfrenta cuestionamientos gremiales por el impacto laboral.

El proceso ya no puede leerse como un simple ajuste operativo. Santander Argentina atraviesa una transformación profunda de su estructura en el país, marcada por el cierre sostenido de sucursales y reducción de costos. En términos de red física, el banco es hoy el que más se ha achicado entre los grandes jugadores del sistema financiero local.

De acuerdo con los últimos datos públicos del sector, la entidad pasó de operar cerca de 395 sucursales en 2022 a aproximadamente 297 hacia fines de 2025. Es decir, eliminó casi 100 puntos de atención en poco más de dos años, lo que representa una contracción superior al 25%. La magnitud del recorte no tiene parangón entre los principales bancos privados.

Desde la entidad, en cambio, relativizan la magnitud del número difundido por el gremio. Fuentes del banco indicaron que los cierres se realizaron con la debida anticipación a empleados y clientes. Además, subrayan que la tendencia responde a la transformación del comportamiento de los usuarios.

Santander agrega que más del 90% de las transacciones ya se realizan a través de canales digitales. La asistencia presencial a sucursales, según datos internos difundidos por la entidad, cayó alrededor de 30% interanual. Además, más del 60% de los nuevos clientes se incorpora hoy de manera completamente online. El mensaje del banco es que la red física dejó de ser el eje del negocio. 

En términos de estrategia global, la filial argentina replica una tendencia que el grupo Santander viene aplicando en distintos mercados: menos estructura fija, menos empleados, más banca móvil y reducción de costos administrativos.

La reducción de sucursales no es exclusiva de Santander. El sistema financiero argentino en su conjunto viene achicando su red física en los últimos años. Sin embargo, la intensidad del recorte varía según la entidad.

Banco Macro también redujo oficinas, aunque en gran medida por la integración de Itaú, lo que generó superposición territorial. BBVA mostró una disminución más moderada de locales y, en algunos períodos, incluso registró una leve expansión de personal. Grupo Financiero Galicia, tras absorber la operación local de HSBC, incrementó su red respecto del año anterior, aunque todavía se encuentra reordenando su estructura.

En ese contexto, Santander aparece como el banco que lidera el recorte neto en términos absolutos entre los grandes privados.