El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en vigencia un esquema de control que obliga a entidades financieras y proveedores de servicios de pago a bloquear operaciones de cobro para personas y comercios incorporados en la Base de Contribuyentes No Confiables. La medida se formalizó a través de la Comunicación A 8144, que establece lineamientos operativos para bancos, billeteras digitales y empresas de cobro frente a contribuyentes considerados en situación fiscal irregular.

La disposición fue aprobada en diciembre de 2024 y ahora rige de forma plena en todo el sistema de pagos. Según el Banco Central, el objetivo es limitar el uso de herramientas financieras y digitales en actividades por fuera de los marcos fiscales establecidos. La operatoria abarca cobros con tarjetas de crédito, débito, prepagas, tarjetas de compra, así como transferencias electrónicas procesadas por entidades financieras o proveedores de servicios de pago (PSP).

Alcance de la comunicación del BCRA

El texto de la Comunicación A 8144 instruye a los bancos y PSP a interrumpir la prestación de servicios de cobro a toda persona física o jurídica que figure en la Base de Contribuyentes No Confiables. La norma define que, una vez notificada la inclusión de un contribuyente en esta base, las entidades deberán aplicar la suspensión en un plazo máximo de un día hábil.

El alcance incluye a todos los sistemas de aceptación de pagos disponibles en el mercado: terminales físicas, lectores móviles, botones de pago, enlaces web, aplicaciones de cobro y cualquier canal que permita la acreditación de fondos a través de tarjetas o transferencias. Quienes aparezcan en la base no podrán seguir utilizando estos mecanismos hasta tanto regularicen su situación fiscal ante la autoridad competente.

La medida abarca tanto a entidades financieras como a actores no bancarios. En el caso de las billeteras digitales y PSP, la comunicación establece la misma obligación de suspensión inmediata, ya que estos actores gestionan una parte significativa de los cobros electrónicos minoristas y comerciales.

Administración de la base y proceso de notificación

La herramienta central del esquema es la Base de Contribuyentes No Confiables, que será administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo fiscal será responsable de actualizar la nómina, incorporar nuevos casos y comunicar a las entidades financieras los ingresos y egresos de contribuyentes en la lista.

Según el sistema previsto, la agencia enviará alertas directas a los bancos, billeteras y empresas de cobro. Cuando una entidad reciba una notificación, deberá proceder al bloqueo total del servicio vinculado al contribuyente indicado. La suspensión se mantendrá vigente hasta que la autoridad fiscal comunique la regularización de la situación o disponga su retiro de la base.

La comunicación aclara que la interacción entre el organismo fiscal y las entidades financieras se hará mediante canales electrónicos de intercambio seguro. Esto permitirá automatizar el proceso de actualización y reducir los lapsos entre la detección de irregularidades y la aplicación efectiva de las restricciones operativas.

Régimen transitorio hasta la automatización de alertas

Mientras se completa la implementación del sistema automático de alertas, el BCRA definió un régimen de transición. En esta etapa previa, los bancos y PSP deberán consultar la Base de Contribuyentes No Confiables con una periodicidad mínima semanal. Si en esas verificaciones detectan a un cliente incluido en la nómina, deberán proceder al bloqueo manual de los servicios de cobro.

Esta instancia temporal busca garantizar continuidad en el control mientras se ajustan los mecanismos tecnológicos y administrativos necesarios para la operación automatizada. Las consultas periódicas permitirán a las entidades aplicar el protocolo aun en ausencia de alertas inmediatas enviadas por la autoridad fiscal.

El Banco Central señaló que, una vez que el sistema esté operativo, las entidades deberán adaptarse a un flujo de notificaciones que permitirá suspender servicios en lapsos breves sin necesidad de análisis adicionales. Esto implica un ajuste interno en los procesos de monitoreo, verificación de identidad y administración de servicios asociados a cobros electrónicos.

Objetivos del esquema de control fiscal

La medida se enmarca en una política orientada a reforzar los mecanismos de control sobre la actividad económica y financiera. El propósito es limitar prácticas de evasión y uso de sistemas de cobro por fuera de los registros fiscales. Con la implementación del nuevo mecanismo, los comercios y personas incluidos en la base dejarán de contar con herramientas electrónicas de cobro que facilitan operaciones en canales formales.

La restricción apunta a reducir actividades que no cumplen con las obligaciones tributarias y evitar que los sistemas de pago electrónicos sean utilizados en esquemas informales. Al centralizar la información y automatizar la comunicación entre el organismo fiscal y las entidades del sistema financiero, se busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones que se realizan a través de tarjetas y transferencias.

El esquema también procura inducir regularización fiscal entre quienes sean incorporados a la base. A partir del bloqueo, los contribuyentes deberán resolver su situación ante la autoridad fiscal para recuperar el acceso a servicios de cobro regulados.

Implicancias para bancos, billeteras y comercios

Para bancos y PSP, la normativa implica la necesidad de adecuar sus sistemas de monitoreo y gestión de clientes. Las entidades deberán mantener actualizados los mecanismos de consulta, adaptar procesos operativos y definir protocolos para suspender servicios de manera rápida y documentada.

En cuanto a los comercios y contribuyentes alcanzados, el impacto principal es la imposibilidad de utilizar medios electrónicos de cobro mientras permanezcan en la base. Esto incluye terminales de pago, billeteras digitales, transferencias recibidas y cualquier sistema habilitado para captar fondos de manera electrónica. La restitución del servicio dependerá de la comunicación que enviará la autoridad fiscal una vez regularizada la situación.

El Banco Central informó que la medida rige de manera general y no contempla excepciones operativas para rubros específicos. El criterio único será la inclusión o exclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables.

Implementación y próximos pasos

Con la entrada en vigencia plena de la Comunicación A 8144, el sistema financiero incorporó un mecanismo adicional de control para operaciones de cobro. En los próximos meses se completará la etapa de automatización de alertas, lo que permitirá un funcionamiento más ágil del esquema dispuesto por el Banco Central y la autoridad fiscal.

Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago deberán continuar ajustando sus procedimientos internos para cumplir los tiempos de respuesta establecidos y garantizar la aplicación uniforme de la medida. Una vez consolidado el sistema, el flujo de información entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y las entidades permitirá monitorear en tiempo real la situación de los contribuyentes incluidos en la base.

El Gobierno de Córdoba presentó un ambicioso programa de reducción impositiva que, según la administración de Martín Llaryora, busca “transformar el escenario económico provincial” al dejar en manos de los contribuyentes una suma de 900 mil millones de pesos. El proyecto, incluido en el Presupuesto 2026 y enviado a la Legislatura, se propone “dinamizar el sector productivo” mediante una serie de medidas fiscales que impactan de manera directa en la carga tributaria de empresas y ciudadanos.

El Poder Ejecutivo provincial detalló que uno de los ejes centrales de este plan es la disminución de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que pasará de 3,5% a 2,5%, lo que representa una reducción del 30% y beneficiará al 64% de los comerciantes cordobeses. “El proyecto incluye también una reducción y eliminación de IIBB a quienes inviertan en la provincia”, informó el Gobierno cordobés al enviar el proyecto de Ley a la Legislatura.

La iniciativa contempla una nueva Ley de Promoción Industrial que establece “IIBB cero” para quienes facturen menos de $3.200 millones, siempre que destinen el 1,2% de sus ingresos a inversiones. Además, se incorpora una Ley de Igualdad Territorial que prevé desgravaciones de hasta el 100% de IIBB para los contribuyentes que inviertan en el Noreste y Sur-Sur de la provincia, con un tope del 5% de la recaudación total del tributo, equivalente a hasta 154.000 millones de pesos.

El Gobierno de Córdoba precisó que “en IIBB se continuará con alícuota cero para inversiones en educación y se aplicará un nuevo Programa de Alícuota Cero para las inversiones en el sistema de salud”. A esto se suma la exención total para la producción agrícola, la actividad industrial bajo la Ley de Promoción y los créditos hipotecarios. También se prevén exenciones para proyectos vinculados a la Economía del Conocimiento y para emprendimientos creados bajo el Fondo Emprendedor Córdoba. En total, la reducción impositiva solo en Ingresos Brutos asciende a 450.000 millones de pesos.

En relación al Impuesto Inmobiliario Urbano, el Ejecutivo provincial aseguró que “ningún contribuyente tendrá aumentos en términos reales”, ya que como máximo se aplicará una actualización por inflación. El 41% de los contribuyentes experimentará reducciones reales de hasta el 25% respecto a lo abonado en 2025, el 11% pagará el mismo monto que el año anterior y el 21% tendrá una actualización nominal del 29%, lo que implica que, en comparación con la inflación acumulada, no sufrirá un incremento. El 27% restante tendrá actualizaciones inferiores al 29%, por lo que pagará menos que en 2025. Además, “175.000 personas e instituciones tendrán una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano”, según el Gobierno de Córdoba, lo que representa una resignación fiscal de 200 mil millones de pesos.

Respecto al Impuesto Inmobiliario Rural, la administración provincial explicó que “las actualizaciones fueron acordadas con todas las instituciones del sector y lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario”. Se promueve, además, un descuento del 5% para los propietarios productores, con el objetivo de incentivar que trabajen sus propios campos. Este programa implica que el gobierno provincial deja de percibir 250 mil millones de pesos, que se volcarán al circuito económico cordobés.

Ya se acumulan ocho meses de contracción de esta variable, según datos del INDEC. Construcción, uno de los sectores más afectados

14/11/2025 – 07:35hs

Mientras la reforma laboral impulsada por el gobierno está en el centro de la escena, la economía sigue siendo incapaz de generar nuevos puestos de trabajo. En agosto último, se perdieron 11.229 empleos registrados, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo.

Y en septiembre, según la Encuesta de Información Laboral (EIL), el nivel de empleo privado registrado habría continuado con un retroceso (-0,1%), acumulando 8 meses de contracción del empleo (solo en junio se registró un valor positivo de 0,1%).

La población con trabajo registrado alcanzó en agosto las 12.844.725 personas, de las cuales 10.051.165 son asalariados registrados (sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2.793.560 con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

El empleo asalariado registrado retrocedió en 12.604 personas: sector privado (-0,2%), sector público (-0,1%) y trabajo en casas particulares (-0,1%).

Dónde se pierden puestos de trabajo

El empleo en el sector privado, el segmento asalariado alcanzó las 6.204.252 personas, con 10.600 trabajadores menos.

Desde comienzos de 2025, son 27.000 trabajadores menos..En relación con noviembre 2023 son 181.512 menos.

En tanto que el trabajo independiente creció en 1.800 personas, principalmente por el incremento de 5.500 personas adheridas al monotributo, mientras tuvieron caídas de 2.800 personas del régimen de autónomos y 900 aportantes al monotributo social.

Por rama de actividad, 9 sectores redujeron el número de trabajadores, 2 se mantuvieron estables y 3 presentaron un aumento.

Los sectores que pudieron incrementar su nivel de empleo fueron Pesca (6,1%); Hoteles y restaurantes (0,2%) y Suministro de electricidad, gas y agua (0,2%).

Los sectores de Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones se mantuvieron estables.

Entre los sectores que redujeron el empleo, los que retrocedieron en mayor medida fueron:

• Intermediación financiera (0,7%);
• Explotación de minas y canteras (0,6%);
• Construcción (0,5%);
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,3%);
• Industrias manufactureras (0,3%)
• Servicios comunitarios, sociales y personales (0,2%).

En comparación con agosto 2024, el empleo asalariado se redujo 0,4% (equivalente a 37,1 mil trabajadores menos) : el sector asalariado privado mostró una caída de 0,2% (11,1 mil personas menos), el sector público tuvo una baja de 0,5% (15,9 mil empleos menos) y el trabajo en casas particulares retrocedió 2,3% (10,2 mil personas menos)

En los últimos tres meses (junio a agosto de 2025), el empleo volvió a registrar variaciones mensuales negativas, según relevó Noticias Argentinas.