ECONOMIA
Presupuesto 2026: qué va a pasar con las jubilaciones el año que viene según un ex titular de la ANSES

El futuro de las jubilaciones en el contexto del Presupuesto 2026 se instaló como tema de análisis tras la difusión de los lineamientos estatales para el año próximo y las apreciaciones del ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano. La discusión se centra en las partidas para el sistema previsional, en un escenario que combina la intención oficial de reforzar áreas sensibles y la dinámica del proceso inflacionario.
En recientes declaraciones, Osvaldo Giordano aclaró que el aumento de 5% en las partidas para jubilaciones contemplado en el nuevo presupuesto nacional no se va a trasladar directamente a los haberes de cada beneficiario desde el inicio del año. El economista explicó que este incremento «es un aumento en la masa de jubilaciones», por lo que «no quiere decir que cada jubilado tenga ese aumento el 1º de enero, sino que es un monto global para todo el año que está asociado a la baja de la inflación». Este señalamiento cobra relevancia en el contexto de ajustes previsionales y genera expectativas entre los sectores afectados.
Giordano profundizó sobre la forma en que se actualizan los haberes y señaló que «la jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás». De este modo, en la medida en que la inflación baje, «el ajuste tiende a ser mayor a la inflación de cada mes». Según su análisis, el aumento previsto responde a una proyección que contempla una reducción en la inflación desde el 20% y pico actual al orden del 10%.
En este marco, el ex funcionario sostuvo que «ese 5% no es más que aplicar la movilidad actual en un escenario proyectado de inflación descendente». Es decir, la mejora prevista surge como consecuencia del sistema vigente de movilidad y no a través de un incremento discrecional o extraordinario en los haberes. Para Giordano, «en la medida que baja la inflación y crece la economía, se genera ese pequeño espacio, que es positivo porque responde a necesidades que se han planteado visiblemente, pero que sigue siendo modesto en relación a las expectativas».
El análisis de Giordano también alcanza a las pensiones y otros gastos sociales. Expresó que la lógica se replica en esos sectores: la baja de la inflación y una economía en crecimiento abren un margen acotado para ampliar recursos, aunque sin contemplar cambios drásticos en el corto plazo para los montos que reciben los beneficiarios.

Este posicionamiento expone las tensiones y expectativas en torno al Presupuesto 2026. Las partidas destinadas a la seguridad social y las jubilaciones aparecen entre las prioridades dentro de la estructura general, que según la presentación oficial del Gobierno, busca atender necesidades básicas, financiar políticas de ayuda y sostener el poder adquisitivo en sectores vulnerables.
De acuerdo a la información oficial suministrada en el documento de presentación, el Gobierno prevé un marco de acción en el que el gasto en jubilaciones y pensiones mantiene un peso destacado respecto del total del presupuesto consolidado nacional. A su vez, el Estado se compromete a acompañar el proceso de desinflación proyectado para el próximo ciclo, lo que juega un papel esencial en el mecanismo de ajuste de haberes por movilidad.
Dentro del proyecto presupuestario para 2026, el Gobierno nacional incluye una actualización de partidas para el sistema previsional, explicitando que se contempla un incremento global orientado a sostener a los jubilados frente a un escenario de menor inflación. Se señaló que estas medidas buscan respaldar a sectores que dependen de ingresos fijos, en línea con la evolución de la macroeconomía y las necesidades de cobertura social.
El documento oficial puntualizó que otras prestaciones sociales y subsidios mantienen su significación en la nueva estructura, aunque las perspectivas de incremento se vinculan estrechamente con variables como la recaudación tributaria, el crecimiento económico y la reducción de la inflación, proceso considerado fundamental por las autoridades para liberar recursos hacia la protección social.
En ese contexto, la estrategia del Gobierno apunta a optimizar el uso de fondos públicos, reasignar prioridades y asegurar el destino de los recursos en áreas consideradas críticas. En el caso de las jubilaciones, el diseño prevé que la actualización continúe articulada según la movilidad vigente, ampliando los ingresos a medida que los datos de precios reflejen la desaceleración proyectada.
En cuanto a los criterios adoptados para calcular los aumentos, la administración pública nacional sostuvo que el esquema elegido garantiza «previsibilidad para los beneficiarios» y confiere al Estado la posibilidad de administrar ajustes en función de la evolución real de la inflación. Esa previsión resulta fundamental en un esquema fiscal acotado, donde los recursos asignados deben responder a las demandas inmediatas y a los compromisos asumidos ante el conjunto de la sociedad.

Se remarcó además que la atención a los jubilados y pensionados forma parte de un conjunto de objetivos estratégicos para 2026, en los que se integran otros ejes como la inversión en infraestructuras, transferencias a las provincias y municipios, refuerzo a la educación pública y mantenimiento de subsidios alimentarios. La estructura del gasto público diseñada para el próximo año busca dar respuesta efectiva a los sectores más expuestos a la variabilidad económica, ratificando la centralidad del presupuesto en la cobertura previsional y social.
Respecto al proceso de ajuste previsional, se indicó que la fórmula actual seguirá aplicándose sin modificaciones sustanciales, con base en el comportamiento de los precios y la recaudación. El Estado subrayó que la disciplina fiscal y la proyección de tarifas y subsidios influyen de manera directa sobre los fondos disponibles para la actualización de haberes y otras transferencias sociales.
La presentación gubernamental puso blanco sobre negro la importancia de un contexto de inflación descendente para mejorar la capacidad real del sistema de jubilación para responder a las demandas de los beneficiarios. Con ese objetivo, el Gobierno definió como prioritario el sostenimiento de partidas destinadas a la seguridad social, las cuales condicionan el margen de actuación en el resto de las políticas públicas.
El apartado relacionado con pensiones y asistencia a adultos mayores señala que la cobertura universal seguirá vigente bajo parámetros de asignación establecidos, sin modificaciones drásticas en las fórmulas de cálculo. El incremento acumulado en las partidas busca aportar estabilidad y previsibilidad a los ingresos del sector pasivo, aunque se mantiene dentro de los límites de la proyección fiscal y la dinámica real de los recursos disponibles.
Las autoridades expresaron que la evolución de los haberes jubilatorios al compás de la inflación representa la vía adecuada para conservar el poder adquisitivo y garantizar que los ingresos de los beneficiarios no queden rezagados frente a los precios. Al mismo tiempo, remarcaron las restricciones existentes para adoptar medidas de mayor alcance en el marco de los compromisos de equilibrio presupuestario asumidos para el ciclo próximo.
Desde la perspectiva estatal, el compromiso de asegurar la cobertura a los jubilados se basa en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en el acompañamiento gradual de los ingresos según la trayectoria inflacionaria. Además, el Gobierno reiteró que cualquier margen adicional disponible se orientará a reforzar las partidas en caso de variaciones imprevistas en el contexto económico, sin que esto implique aumentos generalizados automáticos.

La política previsional para el ciclo próximo se apoya en la reducción de la inflación como motor para mejorar el ingreso real de los beneficiarios, de acuerdo a lo estipulado en el plan oficial. En el plano operativo, la asignación de recursos para el sistema sigue dependiendo de la capacidad del Estado para sostener los compromisos asumidos y responder al objetivo de proteger a los sectores considerados prioritarios.
El enfoque explicitado por el ex titular de ANSES coincide con la visión proyectada por el Gobierno, en tanto ambos atribuyen la mejora esperada de los haberes jubilatorios al efecto de la desaceleración inflacionaria y a la interacción con el sistema vigente de movilidad. Ni desde la administración pública ni desde la mirada técnica se anticipan aumentos extraordinarios o adicionales que alteren la lógica estructural del presupuesto para 2026.
El Presupuesto 2026 asigna $212.288 millones para saldar deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente por ANSES, una cifra que representa un recorte nominal del 45% respecto a la prevista para 2025 y supone una reducción de casi el 60% descontando la inflación. En la práctica, esta partida alcanza para cubrir entre 35.000 y 40.000 sentencias al año, sobre un universo de 90.000 fallos firmes pendientes y un stock total estimado de 270.000 juicios en trámite.
Tras la decisión tomada en julio, la administración separó el pago del ajuste mensual de haberes del pago de retroactivos, priorizando los casos más antiguos, aunque la fecha para cancelar retroactividades sigue sin definición concreta. Esta dinámica prolonga los plazos y mantiene la acumulación de causas, agravada por diferencias judiciales, cambios de criterios y la falta de compensaciones para quienes sufrieron pérdida del poder adquisitivo.
El recorte afecta tanto a beneficiarios de haberes mínimos, que vieron congelado el bono extraordinario desde marzo de 2024, como a quienes cobran jubilaciones medias y altas, que acumulan un rezago respecto de los salarios activos y reclaman el pago adecuado de retroactivos, ajustes y sentencias favorables.
ECONOMIA
Ayuda Escolar Anual: a cuánto asciende, donde se tramita y quien puede cobrarla

Para cobrar este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos ante la ANSES. ¿Cuáles son, quien los puede solicitar y a cuánto alcanzan?
18/02/2026 – 11:20hs
La vuelta a clases activa uno de los beneficios más esperados por las familias: la Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo económico que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes tienen hijos en edad escolar y cumplen determinados requisitos de ingresos y escolaridad. En un contexto de bolsillos ajustados, el trámite cobra relevancia. A continuación, quiénes pueden cobrarla, cuáles son los topes de ingresos y cómo se gestiona paso a paso.
¿Qué es la Ayuda Escolar Anual?
Es una asignación que se paga una vez al año por cada hijo en edad escolar que asista a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Aplica tanto para nivel inicial, primario y secundario, como para educación especial (sin límite de edad en este último caso).
El objetivo es compensar parte de los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo: útiles, guardapolvos, uniformes y transporte.
Quiénes pueden solicitarla
Pueden acceder:
- Trabajadores en relación de dependencia que cobren Asignación Familiar por Hijo.
- Monotributistas encuadrados en el sistema de asignaciones familiares.
- Jubilados y pensionados que perciban asignaciones por hijo.
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad.
En todos los casos, el menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive (sin tope de edad para hijos con discapacidad) y acreditar escolaridad en establecimiento incorporado a la enseñanza oficial, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.
«Tener en cuenta que es sin límite de edad en caso de tener hijas/os con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestras/os particulares matriculadas/os para ese fin o asisten a establecimientos públicos o privados de educación especial», precisa ANSES.
Topes de ingresos: cuánto se puede ganar
Uno de los puntos clave es el límite de ingresos del grupo familiar
La cobra uno solo de los padres una vez por año y tiene un tope $4.023.266 de Ingreso Grupo Familiar. Para hijo con discapacidad no hay restricción. Si alguno de los integrantes supera el límite individual fijado por el organismo, se pierde el derecho al cobro. En el caso de la AUH, no rige el mismo esquema de topes salariales, pero sí se exige que el adulto responsable se encuentre desocupado, sea trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.
Paso a paso: cómo se tramita
El trámite puede realizarse de manera digital a través de la web oficial de ANSES o desde la app Mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Verificar datos personales y del grupo familiar en la sección «Información Personal». Si hay inconsistencias, deben corregirse antes de avanzar.
- Generar el Certificado Escolar desde la plataforma.
- Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado por la autoridad educativa.
- Subir el certificado firmado nuevamente a la web o presentarlo en una oficina con turno previo.
En muchos casos, cuando la escolaridad ya fue acreditada el año anterior y no hubo cambios, el pago se realiza de manera automática. Sin embargo, si ANSES detecta falta de documentación, puede suspender el beneficio hasta que se regularice.
Fechas de pago y montos
El importe es fijo por hijo y no varía según la zona del país. Para hijos con discapacidad, el valor es superior y no tiene límite de edad, siempre que se mantenga la condición y la escolaridad.
En lo que hace a las fechas de pago, estas se fijan según la terminación del DNI y comenzaron a abonarse a principios de febrero, pero en el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que no estuvieron incluidos en la liquidación de este mes, se abonarán con la presentación del certificado correspondiente.
Qué tener en cuenta
- Es obligatorio presentar el Certificado Escolar todos los años.
- Si no se acredita la escolaridad antes de la fecha límite, se puede perder el derecho al cobro.
- El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobran las asignaciones mensuales.
En un escenario de suba constante de precios en útiles y uniformes, la Ayuda Escolar se convierte en un alivio concreto para millones de hogares. La clave es anticiparse, verificar los datos en Mi ANSES y completar el trámite sin demoras para no quedar afuera de un beneficio que puede marcar la diferencia en el arranque del ciclo lectivo.
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ECONOMIA
La UIA lamentó el cierre de Fate y advirtió que la industria enfrenta competencia global con prácticas desleales

Luego del anuncio del cierre de la histórica planta de neumáticos Fate y el consecuente despido de 920 trabajadores, la Unión Industrial Argentina (UIA) se mostró en alerta dado que este caso no es aislado, sino que la crisis se replica en otros sectores manufactureros. “La UIA lamenta profundamente el cierre de Fate”, dijo la entidad.
Relataron que se trata de una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino y generadora de empleo, tecnología y cadenas de valor locales. “Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, manifestó.
Consideraron que cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse. A noviembre de 2025 (último dato), la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años.
La UIA remacó que “el cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”.

El comunicado sostiene que la experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas.
“Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno”, afirmaron y agregaron que hay una política de apertura sin convergencia de esas condiciones.
La UIA expresó que la industria argentina enfrentaba el desafío de ofrecer a los consumidores productos con precios y calidades similares a los internacionales. Señaló que ese objetivo debía orientar la estrategia del sector productivo.
Para alcanzarlo, sostuvo que se requería un esfuerzo conjunto que incluyera inversión empresarial, capacitación, modernización laboral, mejora continua y un entorno macroeconómico y regulatorio que permitiera que la producción en Argentina fuera tan competitiva como en otros países.
“La UIA reitera su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino”, concluyó la central industrial.
Una fuente cercana a la empresa había detallado a Infobae que se trata de un cierre definitivo y que se cumplirá con todos los pagos correspondientes a empleados, proveedores y bancos. Explicó que la compañía liquidará sus activos y cesará sus operaciones. La empresa venía registrando pérdidas desde hace tres décadas, pero la llegada masiva de cubiertas chinas aceleró la situación.
Cabe recordar que la semana pasada Martín Rappallini, titular de la UIA, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda declaró: “Hablamos de la importancia dela reforma laboral, en particular del FAL, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”.

Asimismo, dijo que “todos estos cambios, junto con la ley de inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.
“También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.
Desde la entidad industrial señalaron que la reunión con el funcionario nacional se centró en la relevancia de la modernización laboral. Los representantes del sector también valoraron el proceso de ordenamiento macroeconómico, aunque advirtieron sobre las dificultades asociadas a la estabilización y su impacto en la industria.
En ese contexto, la UIA presentó propuestas destinadas a impulsar la recuperación del sector. Entre las medidas orientadas a reducir los costos laborales no salariales, se destacó la sugerencia de permitir que las contribuciones patronales se computen como crédito fiscal del IVA, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas.
Respecto a las exportaciones, se abordó la continuidad en la eliminación de derechos de exportación para los sectores que aún los mantienen y la posibilidad de aumentar los reintegros a las exportaciones, con especial atención en las manufacturas de origen industrial y los alimentos.

Para las actividades industriales relacionadas con la construcción, se evaluaron alternativas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.
Durante la reunión, también se analizaron opciones para facilitar el acceso de las pymes al financiamiento productivo, como la utilización de recursos provenientes del Fondo de Asistencia Laboral y la implementación de líneas de crédito para capital de trabajo y consumo. La agenda contempló además el pedido de una reducción de la carga impositiva en los distintos niveles de gobierno, tanto nacional como provincial y municipal.
Por otro lado, se consideró la importancia de reforzar los controles para evitar la subfacturación de importaciones a precios por debajo del valor de mercado, en un escenario internacional marcado por desvíos comerciales y exceso de capacidad productiva.
Finalmente, la UIA propuso acelerar la devolución de saldos fiscales acumulados para el sector y examinar la posibilidad de establecer nuevos planes de suspensión de embargos para pymes, con el fin de otorgar alivio financiero y fiscal.
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ECONOMIA
El dólar está en mínimos, pero estas son las 3 fuerzas clave que pueden hacerlo rebotar en semanas

El dólar oficial opera este miércoles 18 de febrero a $1420, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1399,50. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1457 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1423 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1440.
En un mercado que venía acostumbrado a sobresaltos, el dólar oficial empezó febrero con una señal que cambió el tono de la conversación: volvió a ubicarse por debajo de los $1.400. A la vista, el movimiento sugiere calma y oferta, con un Banco Central que aparece del lado comprador y un flujo de divisas que, por ahora, alcanza para evitar tensión diaria en el mercado oficial.
Pero detrás de ese número conviven fuerzas que tiran para lados distintos. La compra de dólares puede inyectar pesos, mientras que el sector público busca retirar liquidez a través de colocaciones en moneda local. Al mismo tiempo, crecen las operaciones financieras vinculadas a préstamos y colocaciones en dólares, y el agro mantiene un caudal de liquidación que sostiene el abastecimiento de divisas.
Con ese telón de fondo, el foco se desplaza hacia marzo: un mes que suele traer cambios estacionales en la demanda de pesos y de dólares, además de presiones puntuales sobre precios. El punto es simple: entender qué sostiene al dólar hoy, qué alimenta las reservas y qué señales podrían anticipar un rebote transitorio o una nueva etapa de estabilidad cambiaria.
BCRA compra dólares, pero los pesos no sobran: base monetaria y esterilización
Desde 1816 señalaron que el Banco Central de la República Argentina lleva comprados USD 1.907 millones en 2026, y que esas intervenciones en el mercado oficial implicaron una inyección aproximada de $2,7 billones desde fines de diciembre. La lectura, sin embargo, no se agota en el monto de compras: lo relevante es qué pasa con los pesos que quedan circulando y cómo se compensa esa emisión.
Los expertos de la consultora explicaron que, pese a esas compras, la base monetaria cayó en el acumulado del año en torno a $1,0 billones hasta el 9 de febrero. Con ese dato, plantearon que, al menos hasta aquí, no se observa una acumulación de reservas impulsada por remonetización, sino un esquema en el que conviven compras de divisas y esterilización a través de deuda del Tesoro.
Para 1816, esa mecánica se entiende al mirar los factores de variación de la base: hasta el 6 de febrero, el fisco habría obtenido financiamiento neto por $1,8 billones en subastas de pesos y, al liquidarse la licitación posterior, se sumaría otro monto cercano a $1,7 billones. En ese balance también consideraron que el BCRA vendió Lelink en el secundario por encima de lo que compró de otros instrumentos, y aclararon que no computan la destrucción de pesos del Tesoro al comprarle dólares al Central por más de $5 billones en el año, porque son pesos que no circulan en el mercado.
Desde FMyA señalaron que, en paralelo, el BCRA mantuvo un ritmo comprador que ya acumula alrededor de USD 2.000 millones en 2026, con el tipo de cambio oficial por debajo de $1.400. También remarcaron que el Tesoro retiró pesos y pagó tasas del 2,8% mensual para todo 2026, una señal que busca contener al dólar con la mira puesta en bajar la inflación.
Dólar ofrecido: los tres motores de la oferta y por qué marzo puede traer rebote
Desde FMyA señalaron que el dólar oficial siguió muy ofrecido en la semana y logró perforar los $1.400 por primera vez en el año, con una baja superior a $30 frente al cierre del viernes previo. En su diagnóstico, la clave está en que el Banco Central pudo sostener compras a paso acelerado: en febrero, con nueve ruedas, acumuló casi USD 900 millones.
Sus analistas apuntaron que el precio se sostiene por tres drivers. El primero es la oferta del agro, que continúa alta y fluida, con un promedio semanal cercano a USD 70 millones diarios. El segundo es la oferta financiera vinculada a colocaciones y préstamos en dólares. El tercero es que el mercado se sigue volcando a colocaciones en pesos, con una dolarización de carteras acotada.
Para 1816, el comportamiento estacional de la demanda de pesos es una pieza que ayuda a entender el calendario. En su seguimiento destacaron que la demanda de billetes en poder del público tiende a mostrar patrones mensuales recurrentes en términos reales, una estacionalidad que vuelve más sensible el equilibrio cambiario cuando cae la demanda de pesos y sube la demanda de dólares.
Los expertos de FMyA explicaron que, mirando marzo, esperan un rebote moderado del dólar y que el BCRA siga comprando sin grandes dificultades. Reconocieron que marzo suele traer menos demanda de pesos y más demanda de dólares, lo que puede generar algo de tensión transitoria en el mercado oficial, pero sostuvieron que entre abril y mayo la oferta de divisas por la cosecha debería ayudar a estabilizar nuevamente el tipo de cambio.
Inflación y tasas: lo que dejó enero, el peso de tarifas en febrero y la presión de marzo
Desde 1816 señalaron que el martes se conoció la inflación de enero y que el índice se calculó usando los ponderadores anteriores, tal como se había anticipado a comienzos de febrero. En ese marco, remarcaron que la adopción de la metodología basada en la ENGHo 2017-18 quedó pospuesta indefinidamente, un dato relevante para interpretar comparaciones y debates sobre el IPC.
Los expertos de la consultora explicaron que el IPC de enero fue 2,9% y que ese registro marca el octavo mes consecutivo en el que la inflación mensual sube o se mantiene igual. Agregaron que la inflación núcleo se desaceleró 0,4 puntos respecto de diciembre y quedó algo por debajo de la general, aunque el 2,6% de enero superó el promedio mensual de 2025, que ubicaron en 2,4%.
Desde FMyA señalaron que el 2,9% de enero sorprendió porque el mercado esperaba 2,4%. Para febrero, indicaron que en la segunda semana la inflación fue +0,4% y proyectaron 2,3% para el mes, con una explicación puntual: los aumentos fuertes se concentran en tarifas, especialmente luz y gas.
Para FMyA, el ancla nominal se apoya en tres piezas que hoy juegan a favor de la desinflación: dólar bajando, salarios sin presión y tasas de interés en 2,8% mensual. También advirtieron que marzo suele traer presión adicional de inflación por educación y que probablemente se reabran paritarias, por lo que imaginaron que el Tesoro busca evitar que las tasas de interés bajen demasiado.
Reservas y crédito en dólares
Desde 1816 explicaron que, al mirar la variación de reservas desde la óptica de los flujos de balanza de pagos, las compras del Central en 2026 están muy vinculadas al crecimiento de los préstamos en dólares excluyendo el saldo de tarjetas. En sus números, ese stock subió USD 1.431 millones hasta el 9 de febrero y habría explicado una parte importante de lo que el BCRA retiene en el mercado oficial, dado que los préstamos bancarios en moneda extranjera se liquidan de manera inmediata por normativa.
Sus analistas apuntaron que el cambio se ve con claridad en la serie de stock: los préstamos en dólares crecieron desde USD 3.600 millones cuando asumió Javier Milei hasta USD 19.600 millones en la actualidad. En ese marco, señalaron que el financiamiento en dólares subió con fuerza en parte por la baja de tasas posterior a la elección: en documentos a sola firma, la tasa cayó desde la zona de 8% anual en octubre hasta 5,5% al momento del informe.
Para 1816, la expansión del crédito en moneda extranjera solo es posible porque también continuaron aumentando los depósitos privados en dólares en el sistema, incluso después de la liberación de las cuentas CERA. En ese punto, mencionaron que en los últimos días volvió a circular en la prensa que el Gobierno evalúa flexibilizar condiciones para que los bancos presten dólares, y recordaron que eso requeriría derogar el artículo 63 de la Ley 26.546 y modificar la política de crédito del BCRA.
Desde FMyA señalaron que esta oferta financiera en dólares es, justamente, uno de los factores que ayuda a mantener al tipo de cambio ofrecido y al Banco Central comprador. En paralelo, destacaron que, con el mundo más volátil y el BCRA acumulando reservas, los bonos volvieron a subir y el riesgo país bajó a 500 puntos básicos; también sostuvieron que las acciones siguen flojas, pero que podrían reaccionar si el riesgo país descendiera hacia 400 puntos básicos.
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