El Gobierno recalculó su estrategia para reducir la planta estatal: los retiros voluntarios en organismos descentralizados y entidades ahora necesitarán un “doble aval” para llevarse a cabo.

Por la Resolución 50/2025 que se publicó en el Boletín Oficial del lunes, la aprobación de este proceso exigirá la intervención previa y favorable de la Subsecretaría de Presupuesto y de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Se trata de dos áreas controladas por ministros distintos: la primera por Luis Caputo y la segunda por Federico Sturzenegger, quien hasta el momento fue el único encargado del proceso de achicar la planta estatal.

Siendo una Resolución que tiene la firma de Maximiliano Fariña (Transformación del Estado), quien es en la práctica la mano derecha de Sturzenegger, y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el responsable de la planilla de ingresos y gastos de Caputo.

Según explicaron fuentes del ministerio de Transformación del Estado, la decisión se debe a que todos los programas de retiro voluntario generan un impacto presupuestario.

“Ya sea en términos de costos presentes o de ahorros futuros. Y a la vez, se encuentran estrechamente vinculados con las políticas de empleo público”, explicaron las fuentes a Infobae, por lo que el diseño del mismo debe trabajarse entre las dos áreas.

La Resolución tiene como objetivo ordenar y formalizar las intervenciones y procedimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la mejora continua de los procesos administrativos. Y se dictó en un momento en donde la meta de superávit fiscal (1,3% del Producto Bruto Interno (PBI)) comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pone en dudas, dado el costo de la medida de retenciones cero que duró menos de tres días.

El “Sistema de Retiro Anticipado” que se implementó en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Juan Pazo, fue uno de los que mayores controversias generó por los altos sueldos que se pagan en el organismo.

Según pudo saber Infobae por un pedido de información pública, 795 agentes tomaron el retiro, lo que implicó un gasto de $105.453.703.331 (un promedio de $132.646.168 por agente).

“El monto correspondiente será abonado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, la primera en el mes de abril”, explicaron en su momento fuentes del organismo con la aclaración de que ese gasto en realidad implicaba un ahorro que se estima es $196.101.461.982, siendo un promedio por agente de $246.668.505. Para dicho ahorro, se proyectaron las remuneraciones faltantes a cada agente inscripto hasta su fecha de egreso por jubilación -a valor nominal de enero 2025- y un estimado de gastos de funcionamiento por agente”, destacaron.

En agosto, la dotación total fue de 285.733 en agosto según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Un nuevo dato que implicó una variación interanual (v.ia) negativa de 7,8% e intermensual de 0,7%.

Pero de ese total, 194.934 correspondían a la Administración Pública Nacional (en su mayor eran de la administración descentralizada, 110.898) que tuvo una v.ia negativa del 7% y 90.799 a empresas públicas (-9,4% v.ia).

En el caso de estas últimas, el análisis desde diciembre de 2023 hasta agosto expuso que la reducción del personal no fue homogéneo en todas las empresas públicas, cuando algunas se encuentran sujetas a proceso de privatización y/o concesión.

Entre las que tienen mayor cantidad de empleados, los recortes los encabezó Banco Nación que pasó de una planta de 17.688 empleados a fin del mandato de Alberto Fernández a 15.838 en agosto, una diferencia de 1.850 agentes.

Por debajo quedó Aerolíneas Argentinas, que recortó de 11.986 a 10.117 (diferencia de 1.869) y la Fábrica de Aviones “Brig. San Martín” S.A de 992 a 706 empleados (diferencia de 216).

En cuarto lugar quedo Fabricaciones Militares S.E. que al inicio del mandato de Javier Milei tenía 1.478 y ahora 1.092 (diferencia de 386 empleados) y en quinto lugar, Educar S.A.U. de 458 a 200 (diferencia de 258).

Por la Ley Bases, desde mediados del año pasado se encuentran sujetas a privatización Energía S.A., Intercargo SAU, y/o concesión Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

El recorte de personal fue mayor en SOFSE con 3.904 empleados menos lo que dejó a la planta en 20.718; seguido por AYSA con 1.638 (ahora cuenta con 6.152) y Corredores Viales S.A. con 784 (3.352).

Siendo este, la eficiencia de los gastos en personal, un paso necesario para concretar el traspaso a manos privadas. Una vía que contribuiría a sumar reservas en el Banco Central de Republica Argentina (BCRA) según palabras del ministro Caputo.

Así lo informó la entidad tras la reunión de Directorio. El monto máximo a invertir es el equivalente aproximado a u$s150 millones

08/10/2025 – 20:20hs

El Banco Macro informó que en su reunión de Directorio aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local.

Entre las condiciones principales, detalló que tendrá las adquisiciones se llevarán a cabo en un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sujeto a posibles renovaciones o extensiones que serán informadas oportunamente.

Los detalles de la recompra de acciones del Banco Macro

El precio máximo por acción será $7.500. Y detalló: «Cantidad máxima de acciones: Hasta 30 millones de acciones Clase B, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción, lo que representa menos del 4,5% del capital social. Esto se encuentra dentro de los límites regulatorios, ya que el máximo permitido para recompras es del 10%».

«Monto máximo a invertir: Hasta $225.000.000.000 (equivalente aproximado a u$s150 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar)», señaló la entidad en un comunicado.

En ese marco, el presidente de Banco Macro, Jorge Brito declaró: «Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar este programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro Banco Macro». 

«Dicho programa es una señal concreta de nuestro compromiso y confianza en la Argentina, así como también de la convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro. En su historia, Macro ha sido consistente en dar estas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018», concluyó.

El Banco Macro informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones propias por un monto total de hasta 225.000 millones de pesos, según consta en el Hecho Relevante publicado el 8 de octubre de 2025.

La decisión fue adoptada por el Directorio de la entidad en el marco del artículo 64 de la Ley 26.831 y las normas vigentes de la CNV. El comunicado señala que la medida se fundamenta en el actual contexto macroeconómico nacional e internacional, así como en la fluctuación que viene experimentando el mercado de capitales, lo que ha impactado fuertemente en los precios de las acciones locales, incluyendo las del propio banco.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro, aseguró que “desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar éste programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital fruto de resultados acumulados con el que cuenta nuestro Banco Macro”.

Además, expresó que el programa es una señal concreta del compromiso y confianza de las empresa en la Argentina. “También demuestra la convicción en la fortaleza y el futuro de Banco Macro. En su historia, Macro ha sido consistente en dar éstas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado programas de recompra exitosos en los años 2008, 2011 y 2018”, subrayó.

El plan aprobado por el Directorio establece un monto máximo a invertir de 225.000 millones de pesos y prevé la adquisición de hasta 30 millones de acciones escriturales Clase B, de valor nominal un peso y con derecho a un voto por acción. El precio máximo a pagar será de 7.500 pesos por acción.

El plazo de ejecución del programa será de 60 días corridos, contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El monto total se encuentra dentro del límite del diez por ciento del capital social del banco, conforme a la normativa aplicable. El comunicado aclara además que la entidad podrá renovar o extender el plazo del programa, y que cualquier modificación será informada al público inversor por los canales oficiales.

“El Directorio ha considerado la fortaleza patrimonial y de liquidez de la entidad”, indicó el escrito firmado por Jorge Francisco Scarinci, responsable de Relaciones con el Mercado del Banco Macro.

En cumplimiento con las regulaciones que fijan un tope diario a las operaciones de recompra, el banco precisó que el monto adquirido en un día no podrá superar el 25 por ciento del volumen promedio de transacción diario de las acciones durante los 90 días hábiles anteriores.

El texto agrega que el Banco Macro considerará el volumen consolidado de todos los mercados en los que opera, tanto locales como internacionales, tal como lo ha hecho en programas anteriores.

El Hecho Relevante fue dirigido a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados, y formaliza la decisión del Directorio de avanzar con esta operación en un contexto de volatilidad en los precios accionarios y con fundamentos financieros que respaldan la iniciativa.

La recompra se enmarca en una estrategia de administración del capital habitual entre las empresas cotizantes, que permite aprovechar las bajas en el valor de mercado de sus acciones y mejorar el rendimiento para los inversores. En el caso de Banco Macro, la decisión refuerza el vínculo con el mercado y se apoya en la solidez financiera que exhibe la entidad en sus últimos balances.