La mayoría de los sindicatos no pueden mejorar los ingresos de los asalariados, a pesar de la desinflación. El impacto de la caída del consumo

05/08/2025 – 19:00hs

A pesar de la baja de la inflación, la gran mayoría de los sindicatos firmaron paritarias que no logran ganar la carrera de los precios. Hay un único gremio que, por ahora, logró una mejora en el poder adquisitivo de los afiliados.

Se trata de SMATA, el sindicato de los mecánicos. De acuerdo a un relevamiento de la consultora Synopsis, ese gremio lleva una ventaja del 2,4% en relación a la inflación acumulada durante el período enero-junio del año.

De todo el lote relevado por la consultora dirigida por Lucas Romero, el otro gremio que no pierde contra la inflación es el de los bancarios (La Bancaria). El saldo, en ese caso, es cero. No pierde, pero tampoco gana.

«Los empleados bancarios ajustan mensualmente de acuerdo al índice de precios», cuenta Romero a iProfesional.

«El resto de los gremios, salvo SMATA, no logra recuperarse del salto inflacionario de marzo, cuando el IPC fue del 3,7%«, asevera el analista.

SMATA tiene acuerdos trimestrales, y esa estrategia le viene sirviendo para ganarle a la inflación. El arreglo que tuvo, evidentemente, resultó superior a la evolución del IPC; y ganó en medio de la desinflación.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios «en blanco» durante lo que va de 2025

Salarios a la baja; consumo en rojo

El gráfico adjunto da cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios «en blanco».

Los ferroviarios (-10,7%), los salarios de los encargados de edificios (-8,0%) y de los agentes públicos (-6,0%) son los que más pierden en lo que va del año.

Por detrás siguen los sueldos de los trabajadores de la alimentación (-4,7%); los de la sanidad (-5,7%) también muestran datos negativos.

Las ventas planchadas a nivel minorista le ponen un límite contundente a la posibilidad de recomponer los márgenes. Ese límite, de acuerdo a distintas consultas formuladas por este medio entre compañías líderes del consumo masivo, estaba en torno de los $1.300.

Ese es el umbral que se superó en las últimas horas; y que puso en guardia a las compañías.

El rubro de los alimentos viene jugado a favor de la estrategia del Gobierno para mostrar un IPC más bajo. Fue clave, de hecho, en la medición de mayo y junio, que dio apenas el 1,5% y apenas 0,6% respectivamente.

En este contexto, otra vez una ruptura en la tendencia a la desinflación podría empeorar el horizonte de los asalariados.

Para julio, las principales consultoras económicas que monitorean la evolución de los precios semana tras semana esperan una inflación de entre 1,7% y 1,9%, pero con los alimentos yendo unas décimas por detrás de ese promedio.

Hasta el momento no hubo contactos entre Economía y distintas cadenas de supermercados, consultadas por iProfesional.

Tras las advertencias lanzadas por las empresas constructoras sobre las trabas y negativas de los bancos para financiar obras de las nuevas concesiones viales; la administración de Javier Milei salió a mejorar las condiciones del negocio de las rutas con peaje con un fondo estatal que fue previsto originariamente para las pymes y que ahora se utilizará como garantía contra un eventual congelamiento tarifario.

Se trata del «Fondo de Garantías Argentino» (FOGAR), que las empresas oferentes en las licitaciones de los 9.155 kilómetros de rutas nacionales podrán usar como respaldo y garantía de devolución de los préstamos que tomen en caso de que no se apliquen los aumentos de peajes incluidos en los contratos.

Aumento de peajes: Luis Caputo usa un fondo para Pymes como respaldo para concesionarios

La introducción de esa herramienta destinada a evitar que fracasen las concesiones en curso por falta de financiamiento junto con otros cambios que aligeran los requisitos de los pliegos licitatorios fueron comunicados por Martín Maccarone, quien viene desempeñándose como virtual «Secretario Coordinador de Infraestructura» del ministerio de Economía, sin haber sido nombrado hasta ahora en forma oficial para ese cargo.

Según explicó Maccarone, si durante el plazo de las concesiones el Estado llega a frenar o recortar los aumentos de peaje previstos en los contratos, el fondo de garantía cubrirá los montos afectados para que las concesionarias puedan devolver los préstamos tomados para las obras de rehabilitación y mejoras de las rutas.

El FOGAR es un fideicomiso público nacional que tiene como objetivo la inclusión financiera de las pymes y emprendedores particulares mediante el otorgamiento de garantías que permiten el acceso al financiamiento bancario.

Fue creado en el 2000 como «Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa —FOGAPYME—» y en 2018 pasó a tener su actual denominación de «Fondo de Garantías Argentino». Se alimenta con recursos que aporta el Estado Nacional y funciona como un fondo de segundo piso en forma directa con las entidades bancaria y financieras que conceden las líneas de créditos.

A principios de junio, el ministro de Economía, Luis Caputo le transfirió al FOGAR más de $1 billón remanentes de tres esquemas de asistencias creados durante la pandemia para avalar créditos a pymes, monotributistas y empresas adheridas al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por medio de la resolución 734/25, Caputo ordenó el giro a las cuentas del FOGAR de los siguientes fondos: FAE MiPyMEs, $463.733 millones; FAE Créditos a Tasa Cero (PCA), $371.116 millones y FAE Programa ATP, $165.568 millones.

Además de poder acceder a la garantía de FOGAR, las empresas que se presenten en las licitaciones están habilitadas para conceder a los bancos y financiadores de las obras los «derechos emergentes» de hasta un 70% de la recaudación por peajes y de los ingresos de las explotaciones complementarias que tengan en sus áreas de concesión. También podrán «prendar y ceder fiduciariamente» sus acciones de la sociedad concesionaria que se constituya para la operación privada de las rutas.

Empresas como Mercado Libre podrían controlar parte de la obra pública

Otro cambio significativo en las reglas de juego que aprobó la gestión libertaria consiste en la posibilidad de que puedan competir empresas que no sean constructoras, ni tengan experiencia en obras viales mediante la presentación de avales y garantías de una compañía de seguros.

Al explicar el alcance de esa apertura, Maccarone señaló que «si viene Mercado Libre o Cargill y desea participar por una ruta, podrá hacerlo y el Estado solo le exigirá un seguro de caución equivalente al 30% del monto total de la obra. Con esto vamos a romper el ‘club de la obra pública’ y la que va a decir qué empresa puede o no participar será la compañía de seguro».

A esas modificaciones en las bases licitatorias se agregaron otras tres que apuntan a facilitar e incrementar los ingresos de los futuros concesionarios de los 18 tramos viales que pasarían a manos privadas.

Esos cambios —que regirán para las dos primeras concesiones de los tramos «Oriental» (Autovía de Mercosur) y «Conexión» (puente Rosario-Victoria)— establecen lo siguiente:

• En primer lugar, se elevó la «Tasa Interna de Retorno» que estaba estipulada en los pliegos iniciales para el armado de las ofertas del 10% al 15%.
• En segundo lugar, se incrementó un 16% la «tarifa básica tope» fijada para cada una de las estaciones de peaje de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria que tendrán como referencia las empresas oferentes. En el caso de la autovía mesopotámica, la tarifa tope para un automóvil que era de $3.700 saltó a $4.300. En el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la tarifa tope de peaje pasó de $3.499 a $4.056.
• La tercera corrección alteró la cláusula que exigía terminar «todas las obras iniciales de puesta en valor» de cada tramo antes de empezar a cobrar los aumentos de peaje incluidos en las ofertas. Ahora, los ajustes tarifarios podrán adelantarse y aplicarse cuando concluyan los trabajos en las áreas más cortas en que se dividen las secciones del tramo que corresponden a cada cabina de peaje.

Mientras las empresas constructoras analizan si las nuevas condiciones son suficientes para poder presentar el 8 de setiembre ofertas por los dos primeros tramos en juego; el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) salió a remarcar sus cuestionamientos a las privatizaciones viales que impulsa el Gobierno.

«El sistema de concesiones fue un fracaso antes y ahora también lo será. Salvo en los accesos metropolitanos, resulta inviable poder afrontar y mantener las obras en todas las rutas con el cobro de peajes por los bajos caudales de tránsito que tienen», destacó el coordinador de Conaduv, Ricardo Lasca.

Con respeto a los últimos cambios en los pliegos, señaló que «los funcionarios actuales ya no saben qué hacer para que alguien se presente en las licitaciones que no contemplan obras de ampliación como multitrochas, autovías y autopistas que mejoren las condiciones de seguridad vial y reduzcan los choques frontales en las rutas».

«Mientras Milei plantea, por un lado, que hay que bajar impuestos, por otro impulsa la instalación de más cabinas de peaje con tarifas más caras que representan un impuesto al tránsito y un incremento en los costos logísticos y de transporte que afectan a los usuarios y las economías regionales», advirtió Lasca.

En un giro inesperado para un país tradicionalmente exportador de carne vacuna, Argentina comenzó a importar cantidades récord desde Brasil durante el primer semestre de 2025. Según datos oficiales del gobierno brasileño citados por Bloomberg y la consultora AZ Group, en el primer semestre el volumen mensual promedio de carne brasileña que ingresó al país fue de 1.033 toneladas, una cifra que contrasta con las escasas 24 toneladas registradas en el mismo período del año anterior. Se trata del mayor nivel estacional de importaciones desde que existen registros en 1997.

A pesar de lo llamativo del dato, el volumen representa una porción mínima frente a la producción doméstica, que ronda las 250.000 toneladas por mes. Sin embargo, el fenómeno es revelador del nuevo escenario económico que atraviesa el país: la combinación de un tipo de cambio oficial fortalecido y una mayor apertura comercial generó condiciones en las que, en algunos casos, importar carne resulta más rentable que producirla localmente.

Se disparó la importación de carne: qué factores lo explican

«La apreciación del peso en términos reales hizo que la carne brasileña empezara a competir en precio en el mercado argentino», explicó Diego Ponti, analista del sector cárnico en AZ Group. Según detalló, muchas de estas operaciones se dan en zonas limítrofes o son realizadas por frigoríficos que operan tanto en Argentina como en Brasil. Aunque aún se trata de movimientos puntuales, reflejan un cambio estructural que el mercado empieza a internalizar.

La política económica del presidente Javier Milei, que incluye el mantenimiento de un dólar oficial relativamente bajo (en torno a los $1.360) como estrategia para contener la inflación, tiene efectos colaterales: al abaratar los bienes importados, también dificulta la competitividad de la producción local, mientras complica la balanza comercial en momentos en que el Gobierno necesita generar divisas para cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.

Desde el sector exportador buscan restarle dramatismo a esta tendencia. «No se trata de un problema para la industria. Mil toneladas al mes no significan nada frente a nuestra capacidad. Y además, en un mundo globalizado, no es raro que un país exportador también importe carne si le conviene», argumentó Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), quien también remarcó la importancia de respetar los estándares sanitarios en cualquier operación.

Qué pasó con el precio de la carne

La suba del precio de la carne en el mercado local también jugó su parte. Con un consumo interno que, aunque en baja, sigue en torno a los 50 kilos por habitante al año -uno de los más altos del mundo-, el encarecimiento de los cortes se volvió un tema sensible.

En junio, los precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires subieron un 53% interanual, muy por encima del 39% que marcó la inflación general, y el impacto político es claro: con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte, el bolsillo de los consumidores vuelve a ser central.

El alza del precio en dólares también afectó a los frigoríficos, que en ciertos momentos llegaron a pagar cerca de u$s5 por kilo de novillo, reduciendo sus márgenes y empujando a algunos a evaluar la opción de importar. En ese contexto, la carne brasileña -más económica- empezó a aparecer como una alternativa viable, aunque limitada.

A nivel internacional, la situación también plantea nuevas alertas. Tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reinstalar un arancel del 50% sobre las importaciones de carne brasileña, parte de ese excedente podría redirigirse hacia China, el principal cliente de la carne argentina. Esto podría dar lugar a una presión bajista en los precios internacionales, reduciendo la rentabilidad de las exportaciones locales, que en 2024 superaron los u$s3.400 millones.

En definitiva, aunque las importaciones actuales de carne no afectan de forma directa ni masiva al sistema productivo nacional, lo que sí revelan es una transformación más profunda. La economía argentina, en plena reconfiguración, enfrenta tensiones entre la estabilidad cambiaria, la apertura comercial y la necesidad de sostener su balanza externa. En ese nuevo tablero, incluso un país tan asociado a la carne como Argentina no escapa a las reglas del mercado global.