“Cada vez que te comprás un auto le estás comprando otro al Estado”, dicen los tributaristas. Los propios fabricantes se defienden de una acusación popular diciendo: “Nosotros no somos los malos de la película. Bajen los impuestos y los precios van a bajar”.

Algunas horas antes de que comenzara el debate final en el Senado para aprobar la ley de Reforma Laboral, Ford Argentina tomó su decisión y salió a comunicarla. “Queremos poner luz ante tanta especulación. Que los usuarios vean claramente el impacto que tiene una quita de impuestos o aranceles. Si se sanciona la ley y se eliminan los impuesto internos no esperaremos a que esté promulgada, desde marzo aplicaremos la baja de precios, y también la que corresponderá en los modelos que traemos desde Estados Unidos y entrarán al cupo del acuerdo comercial”, dijo Marcelo Ramos, director de Comunicaciones de la marca a Infobae.

Los modelos impactados por una o ambas modificaciones de precio son siete: las Ford F150 Lariat Híbrida, Tremor y Raptor; los dos Ford Mustang V8, el Dark Horse y el GT, y el SUV Ford Bronco Badlands V6.

En el caso de las pick-up, la baja es de USD 10.000 y no es de ahora, empezó en diciembre, apenas se conoció en detalle el impacto que tendría el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Ford anunció que esa baja se mantiene y que se trata de USD 10.000 porque como el acuerdo es por un cupo de 10.000 unidades anuales, y se asigna por “orden de llegada” al puerto, existe una real posibilidad de tener algunas unidades que no entren al cupo.

“No podemos tener dos precios distintos. El de las F150 del cupo y el de las que no entran. Ponderamos el impacto en todas las pick-up que entren y aplicamos un descuento calculado promedio”, explicó Ramos.

De este modo, el precio vigente para la Ford F150 se mantiene. La versión Lariat Híbrida bajó de USD 90.000 a USD 80.000, la Tremor pasó de USD 95.000 a USD 85.000 y la versión más extrema, la Raptor, ahora cuesta USD 105.000 frente a los USD 115.000 publicados en noviembre.

Sin embargo, como el impuesto interno que se eliminó con la reforma laboral resulta en una doble reducción de precio para los otros modelos, la baja es más significativa en los otros dos. El Mustang Dark Horse tendrá una baja del 22%, pasando de USD 97.000 a USD 75.000; el Mustang GT reducirá su precio más aún, un 27,7%, ya que su precio de USD 90.000 pasará a ser de USD 65.000; en tanto que Bronco Badlands reducirá su precio un 26% al bajar de USD 100.000 a 74.000 dólares.

El mismo viernes a última hora, Toyota contestó a este medio que “la reducción de impuestos se verá reflejada en los precios a nuestros clientes. Próximamente, con la promulgación de la medida, informaremos los precios de los modelos afectados por el impuesto interno”, que impactarán sobre el Toyota Crown híbrido (USD 93.000) y sobre Land Cruiser 300 (USD 189.300), pero también sobre más de la mitad de los modelos de la marca premium Lexus.

Stellantis también se adelantó a la eliminación de “internos”, y decidió bajar el precio del DS7 E-Tense, el modelo híbrido enchufable del C-SUV de lujo francés, que pasó de USD 90.000 a USD 72.000, una baja del 20 por ciento. Ahora tendrá que comunicar su nueva lista para Jeep Wrangler (USD 119.000 y USD 126.000 en sus dos versiones) y Jeep Grand Cherokee (USD 133.700).

“Siempre es una buena noticia que se puedan bajar los precios. Pero una cosa es bajarlos porque hay poca demanda y se debe vender más, y otra porque se quitaron impuestos», dijo Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai y presidente de la CIDOA, la cámara que nuclea a los importadores oficiales de marcas que no producen autos en Argentina.

“No importa que sean los autos más caros o los importados desde determinada región donde los precios son más altos como Europa o Estados Unidos. Una baja siempre genera movimientos alrededor y esa es una buena noticia”, concluyó.

Lo peor ya pasó, pero la batalla cultural no debe descuidarse, porque el enemigo sigue al acecho: esa es la síntesis del mensaje que dará Javier Milei el próximo domingo al inaugurar la sesión legislativa en el Congreso.

En el auditorio estarán los legisladores de La Libertad Avanza, que expresarán su euforia por haber logrado, por fin, imponer leyes de la agenda libertaria. Y las cámaras de televisión se regodearán, como de costumbre, en las figuras que aparezcan en los palcos, como Karina Milei, Santiago Caputo y otros integrantes de la «mesa chica» del presidente.

Pero lo interesante será la presencia de legisladores y gobernadores provinciales del «peronismo dialoguista», en definitiva el sector que hizo posible que Milei pudiera reponerse de la seguidilla de derrotas parlamentarias del año pasado y que haya quedado en una inédita situación de control del Congreso.

Por eso, la parte políticamente más fuerte del discurso estará dedicada a las reformas «federales», principalmente al nuevo sistema tributario y de relacionamiento fiscal entre la Casa Rosada y las provincias.

No es, por cierto, un tema novedoso, sino que ya había formado parte de los dos mensajes anteriores: el discurso de 2024, cuando planteó el Pacto de Mayo, y luego en 2025, cuando pidió apoyo legislativo para votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y prometió un nuevo trato con las provincias que se mostraran colaborativas.

Pacto federal y baja de impuestos

Ante la casi segura presencia de los gobernadores más allegados, Milei retomará su idea de un nuevo sistema federal, inspirado en el régimen tributario de Estados Unidos, en el que cada provincia cuente con una mayor autonomía para la recaudación y dependa menos de la discrecionalidad de las transferencias del gobierno central.

Pero la contraparte de esa reforma será el pedido del compromiso para avanzar a la eliminación de lo que el gobierno considera como gravámenes distorsivos, como el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales, temas que están en el centro de las quejas de las pymes del interior.

Desde ya que no será un tema de fácil negociación, porque esos impuestos son, en varias provincias, lo que asegura la liquidez suficiente como para cubrir los gastos corrientes, como ya quedó demostrado el año pasado durante la pulseada por los Adelantos del Tesoro Nacional y este año en la negociación por el recorte del impuesto a las Ganancias de grandes empresas.

En los últimos meses quedó clara la estrategia del gobierno, que elogia públicamente a los gobernadores que anuncian recortes impositivos -como el caso de Neuquén, Entre Ríos, Chubut o Córdoba-.

Claro que los gobernadores no viven de los elogios, por lo que esas provincias han sido beneficiadas, ya sea con el impulso para la radicación de inversiones o por la concreción de obras públicas mediante el plan nacional de concesiones para la red vial.

En cuanto a las transferencias no automáticas -es decir, las que no son coparticipables sino que dependen de la firma de Toto Caputo-, el último trimestre de 2025 muestra notables diferencias entre las provincias. Así, Buenos Aires recibió en términos reales un 1,9% menos que un año atrás, mientras que otras tuvieron un alza superior al 100%, como Chaco, Catamarca y San Luis.

Chicanas listas para el debate industrial

El nuevo marco impositivo implica dar satisfacción a reclamos de larga data, como la eliminación del impuesto al cheque y a las retenciones a la exportación. Claro que es difícil que estas medidas se apliquen de manera instantánea: la recaudación por estos impuestos significó, respectivamente, un 7,6% y un 4% de los ingresos fiscales del año pasado.

Es decir, el mensaje implicará el rumbo del alivio progresivo en la carga tributaria, dado que de otra manera se pondría en riesgo el equilibrio fiscal, principal pilar de la política económica.

Pero Milei necesita dar el mensaje de la vocación por el recorte de impuestos, sobre todo en este momento en el que el gobierno está bajo la acusación de inducir una crisis de empleo, ante la dificultad de la industria argentina para competir con los productos chinos -a los que los empresarios acusan de vender a precio de dumping-.

En el ámbito político se prevé que ese sea uno de los temas fuertes del mensaje presidencial, que está abocado a desmentir la idea de que el país ya esté en una situación de «estanflación» con pérdida de empleo.

Para ello, el presidente tiene a mano algunas estadísticas favorables, como la reciente publicación del EMAE -que confirmó el crecimiento de 4,4% en la actividad- y las cifras de empleo, que marcan una desocupación en un relativamente bajo nivel de 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último censado por el Indec.

Pero, sobre todo, tendrá argumentos para responderles a las previsibles chicanas de la bancada peronista. Como él mismo adelantó, en la «batalla cultural» contra los empresarios que reclaman protección, ha sido favorecido por «las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de losTubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja».

Las referencias a Paolo Rocca, CEO de Techint, a Javier Madanes Quintanilla, líder de Fate y Aluar, y a Roberto Méndez, director de la cadena de neumáticos Neumen, tienen el objetivo de mencionar otra vez el «principio de revelación». En este caso, para que lo que la oposición califica como «industricidio» sea vista como la eliminación de privilegios empresarios que encarecían el consumo interno.

Ratificación del presupuesto «base cero»

Claro que la promesa de un alivio impositivo implica, necesariamente, la ratificación de otro lema libertario: el de la vigencia de la «motosierra». Dadas las dificultades para equilibrar las cuentas mediante la recaudación tributaria -que lleva seis meses consecutivos de caída-, sigue siendo necesario el recorte del gasto público.

El principal rubro candidato a sufrir ese recorte es el de los subsidios económicos, algo que ya se está percibiendo con los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Pero también habrá revisiones en rubros como el gasto de personal del Estado, uno de los de mayor peso en el presupuesto nacional.

Por eso, se espera que Milei ratifique en su discurso lo que había anunciado en septiembre pasado en cadena televisiva: que el gobierno mantendrá a rajatabla la regla del presupuesto con déficit cero.

Eso implica que, ante cada aprobación de un incremento en el gasto por parte del Congreso, se deberá especificar qué rubro se recorta para compensar, sin que esté permitida la aprobación de nuevos impuestos.

La vigencia del «riesgo kuka»

En definitiva, el mensaje político que dejará Milei es el de la nueva etapa de su gestión, en la que, tras salir de la incómoda situación de minoría parlamentaria en la que se encontraba hasta el año pasado, ya puede avanzar con una ambiciosa agenda reformista.

En los últimos días, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, adelantó que hay sobre la mesa 50 proyectos de ley, que van desde políticas de salud hasta un nuevo código penal, pasando por una reforma electoral y por el avance en acuerdos comerciales.

La intención de Milei es que, en una especie de espejo con lo que le ocurrió el año pasado -cuando en pocas semanas la oposición le impuso reformas jubilatorias, de financiación universitaria, de política de discapacidad y otras que el gobierno calificaba como un atentado al equilibrio fiscal-, ahora haya una andanada de proyectos oficialistas.

Milei no dudó en calificar aquella ofensiva opositora como la causante de la dolarización de los ahorristas argentinos y de la disparada en el índice de riesgo país. Y ahora, el argumento es el mismo: sin ir más lejos, tras la colocación de un bono en dólares a una tasa menor al 6%, el presidente argumentó que el «verdadero» riesgo país es de 230 puntos -la diferencia entre esa tasa y la de los bonos estadounidenses-. Y que si Argentina sigue teniendo un riesgo superior a 500 puntos no es por otra cosa que por el «riesgo kuka».

Los cheques rechazados sin fondos experimentaron un salto de más de 100% interanual en enero de 2026, aunque se redujeron 15% en comparación con diciembre de 2025. Así se desprende del último informe de pagos minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El volumen de cheques rechazados por falta de fondos se ubicó en 101.836 por un monto nominal de $310.290 millones y experimentó un incremento de 108,5% y 199%, respectivamente en enero, comparado interanualmente, lo que señala dificultades crecientes para cumplir con obligaciones bancarias. No obstante, al observar la comparación con diciembre de 2025, se evidenció una disminución tanto en la cantidad, cuando había sido de 119.285 operaciones.

En el primer mes del año se compensaron casi cinco millones de cheques por $21,7 billones. Los cheques electrónicos (Echeq) tuvieron un rol dominante: el 60,4% de los cheques compensados fueron electrónicos en cantidad y el 82,8% en montos.

La tasa de cheques rechazados por falta de fondos suficientes se ubicó en 2,1% sobre la cantidad total y en 1,4% respecto a los montos, cifras que disminuyeron con relación al último mes de 2025. El Echeq en dólares permitió en enero la compensación de veinticuatro cheques por un monto total de 3,9 millones de dólares.

Las transferencias inmediatas evidenciaron una expansión sostenida durante enero en el sistema nacional de pagos. Las operaciones en pesos sumaron 675,9 millones de transacciones, con un aumento del 24,2% interanual y un monto total de $81,2 billones (incremento del 19% interanual en términos reales).

El protagonismo de la clave virtual uniforme (CVU) fue relevante: el 76,2% de las operaciones tuvo como origen o destino una CVU, lo que impulsa la digitalización de los pagos y la utilización de cuentas de pago no bancarias.

En moneda extranjera, se registraron 2,4 millones de operaciones (4,7 % de aumento interanual), con una suma total de USD 3.420,7 millones y una caída del 2,4% en montos comparado con enero de 2025.

Las transferencias inmediatas “pull”, empleadas para ingresos de dinero, representaron 40,2 millones de operaciones en enero, con un monto total de $3,8 billones. Las variaciones interanuales resultaron del 4,3% en cantidades y del 12,5% en montos reales.

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables continuaron en aumento, sobre todo a través del uso de códigos QR. En enero se realizaron 93,3 millones de operaciones de PCT, lo que implicó una suba del 48,1% respecto al mismo periodo de 2025, por un monto de $2,1 billones (51,8% de crecimiento interanual en términos reales).

El uso del código QR se consolidó aún más: el 98,8% de los PCT se inició a través de QR, equivalente a 92,1 millones de operaciones (crecimiento del 53% interanual) y un total de $2,1 billones (57,3% de suba interanual en montos reales).

Las cuentas a la vista (CBU) participaron en el 53,1% de estas operaciones, mientras que las cuentas de pago (CVU) lo hicieron en el 46,9 por ciento. En los comercios, el 54,3% de los montos acreditados correspondió a cuentas de pago y el 45,7% restante a cuentas a la vista.

El empleo de claves aleatorias para iniciar PCT disminuyó considerablemente. Esta modalidad representó solo el 1,2% del total, con 1,1 millones de operaciones (-58,7% interanual) y $36.500 millones (-50,3% interanual).

La infraestructura del sistema contaba con 86 billeteras digitales interoperables y 61 aceptadores de pagos con transferencia registrados ante el BCRA.

En diciembre de 2025, el canal de tarjetas exhibió diferentes dinámicas. El uso de la tarjeta de débito contabilizó 162,8 millones de operaciones por $4,9 billones; ambos indicadores registraron caídas del 28,4% en cantidad y 30,1% en montos reales de forma interanual. En moneda extranjera, hubo 9.700 operaciones por USD 6,1 millones, con el 98,9% tramitado mediante e-commerce.

Respecto a las tarjetas de crédito, la cantidad de pagos llegó a 181,6 millones por $10,6 billones, lo que se traduce en descensos interanuales del 1,8% en cantidades y del 7,9% en montos. Los principales canales de uso fueron POS y QR (38,8%), e-commerce (37,6%) y débito automático (14%). El pago en una sola cuota tuvo preeminencia, alcanzando el 85,1% en cantidades y el 61,8 % en montos.

En cuanto a la tarjeta prepaga, el total fue de 43,5 millones de transacciones por $0,7 billones, con un incremento del 16,2% en cantidades y una merma del 20,2% en montos reales frente al año anterior.

El uso de efectivo sigue siendo relevante en la operatoria minorista, aunque se observan preferencias marcadas por canal. En diciembre de 2025, el 89% de las extracciones se realizó mediante cajeros automáticos, con 55,5 millones de operaciones en Argentina, distribuidas entre 17.275 cajeros habilitados. El monto total fue de $5,3 billones, con un promedio de 3.212 retiros por cajero y una extracción media de 95.500 pesos.

Las extracciones extrabancarias, efectuadas con tarjeta de débito en comercios o empresas especializadas, sumaron 4,1 millones de operaciones por $0,3 billones, con un promedio de $66.600 por retiro. Aquellas realizadas desde cuentas de pago intra PSPCP (“closed loop”) alcanzaron 2,4 millones de extracciones y $0,14 billones, con un promedio cercano a $61.000 por operación.

El sistema de transporte urbano mostró una dualidad en los medios de pago. En diciembre, la tarjeta SUBE se utilizó en 305 millones de viajes, cifra que supone una baja interanual del 14,4% en cantidad de operaciones y del 7,1% en montos reales, totalizando $0,157 billones.

En enero de 2026, los pagos con código QR para el transporte registraron 15,9 millones de viajes, con una facturación de $ 16.200 millones. De estos, el 92,4% correspondió a colectivos (14,7 millones de viajes) y el 7,6% a subterráneos (1,2 millones).

En enero, la factura electrónica MiPyME (FCEM) se mantuvo como herramienta clave para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. El 85,7% de las operaciones fue en pesos, ingresando al sistema de circulación abierta unas 72.000 facturas por un total de 1,5 billones de pesos.

El informe del BCRA evidencia una evolución dispar dentro de los instrumentos de pago. Resalta, además, que el papel del ECHEQ entre los cheques compensados ha adquirido un peso notable, tanto por cantidad de operaciones como por montos, lo que implica un cambio de fondo en la forma en que las empresas argentinas gestionan sus pagos.