El petróleo WTI alcanzó los USD 104,9 por barril este domingo en las bolsas asiáticas, impulsado por la decisión de Estados Unidos de iniciar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras la ruptura de las negociaciones con Irán.

La medida, anunciada recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump, reactivó la volatilidad en los mercados y volvió a elevar la presión sobre las economías globales al anticipar un posible encarecimiento sostenido del crudo, luego de un intento fallido de declarar un alto el fuego en el conflicto en Medio Oriente.

En el cierre previo al inicio de la semana financiera, los contratos de West Texas Intermediate con vencimiento en mayo se negociaban a USD 104,58, lo que implicó un avance del 8,3% respecto al cierre del viernes. En el mismo horario, el Brent —valor de referencia en Europa— subió un 7,6%, con operaciones a USD 103,7 el barril.

La reacción de los mercados no se limitó al sector energético. Los futuros del Dow Jones Industrial Average retrocedieron 517 puntos, equivalentes a una baja del 1,1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdieron un 1,1% y un 1,2%, respectivamente.

Esta alteración de los mercados internacionales es una reacción al anuncio de Donald Trump de los últimos días. Según advirtió en su red social Truth, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) bloqueará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir de este lunes a las 10:00 horas (12 horas en Argentina).

Trump aclaró, no obstante, que la restricción no afectará a buques que se dirijan a puertos no iraníes. “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”, escribió el presidente americano en Truth Social.

La reacción de Trump se da ante la caída de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que incrementó la preocupación sobre un posible estancamiento del conflicto y la consecuente prolongación de la guerra.

Esta incertidumbre, consecuentemente, impulsó los precios del petróleo y puso bajo presión a las principales economías. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se retiró de Islamabad sin un acuerdo, citando la negativa de Irán a detener su programa nuclear. Por su parte, Irán exigió el control del Estrecho de Ormuz, la obtención de reparaciones de guerra y la liberación de activos congelados.

Advertencia de los mercados e impacto bursátil

Las expectativas de una resolución rápida del conflicto habían impulsado la semana anterior a los principales índices bursátiles estadounidenses. Tras el anuncio de alto el fuego temporal hace pocos días, el S&P 500 avanzó un 3,6%, el Nasdaq se apreció cerca de un 4,7% y el Dow Jones ganó un 3%.

La escalada actual revirtió ese optimismo y volvió a situar la atención en el inminente inicio de la temporada de resultados empresariales del primer trimestre. Entre los bancos más grandes que presentarán sus balances esta semana figuran Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Bank of America.

Jeff Kilburg, director ejecutivo de KKM Financial, explicó a Wall Street Journal: “La nueva declaración sobre el bloqueo es una señal clara para los mercados de valores de que el conflicto iraní sigue siendo incierto; sin embargo, los operadores ven este acontecimiento como una táctica de negociación más que como una implementación política real, o como una solución a largo plazo para el estrecho de Ormuz”. Kilburg añadió que es posible que nuevos compradores ingresen al mercado antes de la apertura del lunes.

El principal punto de discordia en las negociaciones sigue siendo el control sobre el estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del comercio mundial de crudo— junto con el levantamiento de las sanciones y el desarrollo nuclear iraní. Estados Unidos y sus aliados apuestan a que la presión económica y militar acelere una salida diplomática, aunque Wall Street Journal citó conversaciones internas en las que Trump no descarta reanudar los ataques militares si no hay avances inmediatos.

El cierre de esta ruta clave impulsa los precios del gas, el petróleo, sus derivados, así como los fertilizantes y otras materias primas, de manera que genera preocupación por la inflación mundial y una cada vez más posible desaceleración económica global.

Mientras tanto, se espera que el Fondo Monetario Internacional reduzca su previsión de crecimiento global, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra. Autoridades económicas y banqueros centrales se reunirán en Washington para los encuentros de primavera del FMI y el Banco Mundial. Según varios analistas, aunque el alto el fuego se mantenga, el daño económico persistirá.

De hecho, Eswar Prasad, economista de la Brookings Institution citado por el Financial Times, sostuvo que el conflicto hizo descarrillar la recuperación económica global y probablemente provocará un aumento de la inflación. Antes de la guerra, dijo, los indicadores económicos mostraban que la economía mundial avanzaba con fuerza, con mercados financieros en alza y recuperación de la confianza del sector privado. Ahora, todo depende de la duración del conflicto y del riesgo de su extensión en Oriente Medio, lo que podría agravar aún más el panorama económico mundial.

En tanto, funcionarios estadounidenses reiteraron en apariciones mediáticas que la restricción naval iniciará este lunes y tendrá por objeto evitar que Irán utilice el comercio internacional de crudo como elemento de presión durante el estancamiento diplomático.

Luego de la enorme polémica que se generó a partir de la revelación de numerosos créditos conseguidos por personajes de la política, hubo cambio de rumbo

12/04/2026 – 18:25hs

En un intento por contener el costo político y la creciente indignación ciudadana, el Banco Nación decidió eliminar de forma definitiva la normativa que facilitaba el acceso a créditos hipotecarios para funcionarios públicos y cargos electos. La medida, formalizada a través de una circular, deroga un apartado de la Reglamentación 802 que permitía que personas en puestos políticos obtuvieran préstamos extraordinarios con una velocidad y montos inalcanzables para el ciudadano común.

La polémica estalló cuando se reveló que cerca de 40 políticos y altos funcionarios -muchos de ellos pertenecientes al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo- habían calificado para créditos que rondaban, en promedio, el cuarto de millón de dólares. Lo que generó mayor malestar es que, mientras ocho de cada diez argentinos que solicitan un crédito hipotecario son rechazados, estos beneficiarios obtuvieron montos de hasta u$s340.000 con la tasa más baja del mercado, destinados en varios casos a la compra de una segunda o tercera vivienda.

La controversia tiene su origen en septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y su entonces vicepresidente Darío Wasserman. En aquel momento, se alteró la resolución sobre «empleados del sector público» para incluir una aclaratoria que pasaba casi desapercibida: se especificaba que el beneficio alcanzaba también a «cargos políticos designados por resolución o electivos».

Esta modificación permitió que tanto funcionarios del Ejecutivo como legisladores -entre ellos nombres vinculados al ultracristinismo como Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada- pudieran acceder al financiamiento estatal. Según admitieron fuentes del Palacio de Hacienda en «off» a medios nacionales, fueron los propios beneficiarios quienes pidieron esa aclaración normativa en 2024 para «protegerse» legalmente, sabiendo que la adjudicación de estos préstamos millonarios generaría un escándalo mediático.

Reacción oficial e incertidumbre sobre las cuotas

Ante la propagación de la información en redes sociales y la presión de la opinión pública, el propio presidente Javier Milei salió a defender la moralidad de los funcionarios, aunque con un tono de fastidio. «No tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad», respondió el mandatario, minimizando el impacto ético de que sus colaboradores accedieran a privilegios mientras el resto de la población enfrenta restricciones crediticias.

A pesar de la defensa pública, la orden de «ir al mazo y dar de nuevo» fue ejecutada por Wasserman, quien tras asumir la presidencia del banco un mes antes, firmó la eliminación del renglón de los cargos políticos. Los puntos clave de la nueva situación son:

• Eliminación del apartado: Ya no existe la figura de «designados por resolución o electivos» como beneficiarios específicos.
• Montos bajo la lupa: Los préstamos otorgados promedian los u$s250.000, con cuotas que pueden llegar a los 4 millones de pesos mensuales.
• Dudas sobre los ingresos: Crece el interrogante sobre cómo funcionarios con sueldos estatales declarados pueden afrontar dichas cuotas mientras mantienen estilos de vida en barrios cerrados y varios vehículos.

El escándalo también salpicó la salida de Tillard de la entidad, quien fue desplazado no solo por estos «despistes» normativos, sino tras conocerse el nombramiento de su propio hijo como broker en las operaciones financieras del banco. Por ahora, la eliminación de la norma busca desactivar la polémica, aunque el temblor en el gabinete y la bronca de los solicitantes rechazados prometen seguir marcando la agenda política.

La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó un nuevo pico de tensión. Las cámaras empresarias del sector, nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), advirtieron que el sistema pierde $370 millones diarios por la suba del gasoil. Este desfasaje financiero, provocado por la brecha entre el precio real del gasoil y el valor reconocido por el Estado en la estructura de costos, derivó en una reducción de frecuencias que afectó a millones de usuarios durante la última semana.

El foco del conflicto reside en la disparada del precio del combustible, un insumo que representa uno de cada cinco pesos del costo total de operación del transporte. Según los datos técnicos difundidos por AAETA, el precio del gasoil reconocido por la Secretaría de Transporte de la Nación para el mes de abril de 2026 es de $1.744,27 por litro. Sin embargo, el valor actual de mercado en las estaciones de servicio de YPF asciende a $2.065, lo que genera una diferencia de $320,73 por cada litro consumido.

Esta brecha se traduce en un impacto directo sobre las finanzas de las prestadoras. “El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026”, señaló la entidad empresaria a través de un comunicado oficial. En la práctica, las empresas aseguran que deben adquirir el combustible a valores que incluso oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro en canales mayoristas, mientras el Estado mantiene una estructura de costos basada en cifras desactualizadas.

El impacto del contexto internacional

La aceleración en los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado de la economía local. El sector señala que el valor del gasoil se disparó de manera significativa a nivel global desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que introdujo una presión adicional sobre los costos operativos en Argentina. Dado que las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día —totalizando unos 411 millones de litros al año entre las jurisdicciones de CABA, Provincial, Municipal y Nacional—, cualquier variación en el surtidor tiene un efecto multiplicador inmediato.

En términos anuales, el gasto total en combustible para sostener la red de transporte del AMBA asciende a aproximadamente $870 mil millones. Ante la falta de actualización de las compensaciones tarifarias, las cámaras sostienen que el déficit diario de $370 millones vuelve insostenible la prestación regular del servicio.

Reducción de servicios y “racionalización técnica”

La gravedad de la situación financiera obligó a las empresas a implementar lo que denominaron una “readecuación operativa de emergencia” o “racionalización técnica”. Esta medida se manifestó en una merma considerable de las frecuencias en las líneas de jurisdicción nacional y provincial. Desde AAETA se enfatizó que la reducción no respondió a una medida de fuerza de carácter gremial, sino a una limitación física y financiera: “La reducción de servicios no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil”.

Aunque algunas líneas como la 64, 65 y 151 mantuvieron su funcionamiento habitual, una extensa lista de servicios nacionales y provinciales —incluyendo las líneas 136, 163, 166, 176, 182, 194, entre otras decenas— sufrieron interrupciones o demoras prolongadas.

La normalización del servicio comenzó a ser gradual tras el ingreso de algunos pagos por subsidios, aunque las empresas advierten que la solución de fondo no ha sido alcanzada. “La solución definitiva no reside en la reducción de servicios, sino en el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”, reiteró la cámara empresaria.

El déficit estructural

Para dimensionar la profundidad de la crisis, el sector difundió también el “Índice Bondi” correspondiente a febrero de 2026 (se elaboró antes de la disparada del precio del gasoil). Los números allí reflejados exponen un sistema con desequilibrios estructurales.

Según Aaeta, el costo real de mantenimiento del sistema para ese mes se estimó en $387.270,60 millones, mientras que la Secretaría de Transporte reconoció $298.433,63 millones. “Esto arroja una pérdida para la calidad del servicio, frecuencias y renovación de unidades de $88.836,97 millones mensuales”, señalaron desde la entidad.

El reporte también destaca la brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta el viaje. Con un boleto mínimo actual en Jurisdicción Nacional de $700 (según el último aumento de marzo 2026), el costo real del boleto sin subsidio debería ser de $1.922 (promedio con IVA incluido). Esto significa que, incluso sumando las compensaciones del Estado y los boletos vendidos, las empresas aseguran perder $182,63 por cada pasajero transportado.

Negociaciones y amenazas de sanción

El Gobierno nacional ha mantenido una postura firme frente a la reducción de servicios. Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que el Estado cumplió con el pago de los subsidios y que no hay justificativo para la merma en las frecuencias. Ante esta situación, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se iniciaron fiscalizaciones y se labraron actas de infracción.

Las sanciones previstas por violar el régimen diario de frecuencias pueden oscilar entre los 500 y los 15.000 boletos mínimos. Además, las autoridades recordaron que la interrupción del servicio por cinco días consecutivos o diez alternados en un año puede ser causal de caducidad del permiso de explotación por abandono del servicio. “La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, indicaron fuentes oficiales.

En el ámbito provincial, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre el riesgo de quiebra de las compañías. En una entrevista con Infobae en Vivo, el funcionario explicó que la falta de rentabilidad pone en peligro la conectividad de miles de ciudadanos. Como medida paliativa, la provincia de Buenos Aires decidió adelantar pagos de subsidios de abril y aumentar el porcentaje de anticipo al 60% para evitar la parálisis total del sistema.

Tras una reunión entre funcionarios nacionales y representantes empresarios, se acordó la creación de mesas de trabajo técnicas. El objetivo de estas comisiones es buscar una reestructuración integral del sistema que permita absorber la disparada del gasoil sin trasladar el costo de manera directa y masiva a la tarifa que pagan los usuarios.