Shanghái (China), 13 abr (.).- El presidente de la mayor petrolera de China, la estatal , Dai Houliang, celebró el viernes una conferencia virtual con el ministro catarí de Energía y presidente de QatarEnergy, Saad al Kaabi, para analizar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el sector.

Según indicó hoy la compañía china en un breve comunicado publicado en su página web, Dai y Al Kaabi «intercambiaron puntos de vista acerca del impacto de la reciente coyuntura regional sobre la oferta y la demanda de energía».

Asimismo, ambos directivos conversaron sobre «profundizar la cooperación en el sector del petróleo y el gas», apunta el documento, sin ofrecer más detalles.

China, el mayor comprador mundial de petróleo y gas, se ha visto afectada por la guerra ante el bloqueo ’de facto’ del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20 % global de esas fuentes de energía y que registró drásticas caídas de hasta un 97 % del tráfico tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán a nivel regional.

En el caso del gigante asiático, la evolución de esa vía marítima clave es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

Durante las últimas semanas, la guerra ha disparado el , encarecido los costes energéticos y logísticos en China y obligado a las autoridades del país a intervenir temporalmente para limitar en torno a la mitad las subidas de los precios de los combustibles para los consumidores.

Este fin de semana, dos grandes petroleros chinos de la naviera estatal Cosco lograron convertirse en los primeros buques de ese tipo en cruzar Ormuz desde el inicio del conflicto, según la firma especializada Lloyd’s List, incluso pese a que las negociaciones entre EE. UU. e Irán en Islamabad acabaron sin acuerdo.

De hecho, el goteo de tránsitos por Ormuz -hasta ahora, bajo autorización de Teherán- quedó en entredicho después de que este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho.

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que, como Catar, han sido objetivo de represalias iraníes.

El economista y ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, analizó en una entrevista con Infobae la evolución de la economía argentina tras tres años consecutivos de expansión. Con proyecciones que superan el promedio regional, el país muestra señales de consolidación, aunque el crecimiento sigue siendo heterogéneo. El desafío estructural radica en transformar una oportunidad global -marcada por la geopolítica, la transición energética y la inteligencia artificial en desarrollo inclusivo y empleo formal.

Además, en un contexto de volatilidad internacional, la apreciación real del peso tiende a favorecer más al aumento de las importaciones que de las exportaciones y se traduce en una desaceleración del crecimiento esperado del PBI por el informe mensual Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina y con ello de las perspectivas de incremento de los puestos de trabajo.

— ¿Cuál es su diagnóstico sobre la economía argentina tras los récords de 2025 y las alertas por pérdida de confianza?

— Los datos de 2025 confirman algo poco frecuente en la historia reciente argentina: crecimiento sostenido, mejora del frente fiscal y mayor estabilidad macroeconómica. Pero lo más relevante no es solo el rebote, sino el contexto global en el que ese crecimiento ocurre.

El mundo dejó de estar ordenado únicamente por la eficiencia y pasó a estructurarse en torno a la seguridad económica, la geopolítica y el acceso a recursos estratégicos. En ese nuevo escenario, Argentina tiene una ventaja clara: energía, minerales críticos, alimentos y talento. Eso abre una oportunidad concreta: dejar de ser una economía cíclica y pasar a ser un actor relevante en cadenas globales que se están redefiniendo por la transición energética, el nearshoring y la fragmentación geopolítica.

Ahora bien, esa oportunidad convive con una tensión: la macro empieza a ordenarse, pero la confianza de largo plazo todavía no termina de consolidarse. El desafío es transformar este ciclo en un proceso sostenido.

— ¿Cómo interpreta el aumento del desempleo y la informalidad?

— El mercado laboral argentino no está simplemente en crisis: está en transformación. Lo que vemos no es solo un fenómeno local, sino parte de un cambio global. La combinación de automatización, inteligencia artificial y nuevas formas de organización productiva está reduciendo la capacidad de los sectores tradicionales de absorber empleo.

A eso se suma un factor demográfico: Argentina todavía tiene una ventana de bono demográfico, pero no está generando suficiente empleo formal para capturarla. El resultado es un mercado más fragmentado, donde conviven empleo formal, trabajo independiente e informalidad creciente.

Por eso, el problema no es la cantidad de empleo, sino su calidad. El desafío no es volver al esquema anterior, sino adaptar el sistema laboral a esta nueva estructura productiva, facilitando la formalización y mejorando la productividad del capital humano.

— ¿Qué lectura hace sobre el cierre y llegada de empresas?

— El mapa empresarial refleja una economía en transición, alineada con lo que ocurre a nivel global: una reconfiguración de las cadenas de valor. Hoy las decisiones de inversión no se explican solo por costos, sino por acceso a recursos, estabilidad y posicionamiento geopolítico. En ese contexto, sectores como energía, minería e industria del conocimiento colocan a Argentina en un lugar relevante.

Vaca Muerta, el litio y el complejo agroindustrial no son solo sectores dinámicos: son activos estratégicos en un mundo que redefine sus fuentes de energía, insumos críticos y seguridad alimentaria.

El desafío es otro: generar encadenamientos. Es decir, que ese dinamismo se derrame hacia el resto de la economía. Ahí la tecnología juega un rol central. La inteligencia artificial y la digitalización pueden ser el puente para integrar pyme y economías regionales a estos nuevos sectores.

— ¿Cómo evalúa el cambio en la política cambiaria?

— El cambio fue necesario y oportuno. Introduce mayor consistencia entre inflación y tipo de cambio, evitando una apreciación real sistemática. Pero hay que ser precisos: comprar dólares no es lo mismo que acumular reservas. El verdadero desafío es lograr acumulación neta, y eso requiere recuperar acceso al financiamiento internacional. La remonetización, en este contexto, es clave. No es solo un fenómeno técnico, es una señal de reconstrucción de confianza en la moneda.

— ¿La apreciación del peso es oportunidad o riesgo?

— Es ambas cosas. En un contexto de mayor estabilidad, acceso a insumos y tecnología importada, hay una oportunidad clara para mejorar productividad. Pero si esa apreciación no viene acompañada de mejoras en eficiencia, se transforma en un riesgo para los sectores menos competitivos.

Hoy la competitividad no depende solo del tipo de cambio, sino de tecnología, logística, escala e inserción en cadenas globales. La clave no es el nivel del dólar, sino la velocidad de adaptación productiva.

— ¿Qué impacto tendrá la baja de encajes?

— Puede impulsar el crédito y acompañar la recuperación, especialmente en consumo y capital de trabajo. Pero no es automático. El crédito también depende de la confianza. Si la liquidez no encuentra demanda genuina, puede trasladarse a presión cambiaria o inflacionaria. Es una medida coherente con la etapa, pero que requiere monitoreo fino.

— ¿El superávit fiscal tuvo costo social? ¿Qué falta ahora?

Hubo un ordenamiento necesario: reducción de subsidios, saneamiento del gasto y mayor disciplina fiscal. Pero también hubo costos sociales relevantes en la primera etapa. Ahora el desafío es pasar de un ajuste de emergencia a una consolidación de calidad. Eso implica avanzar en tres frentes:

• reforma tributaria
• reforma previsional
• reordenamiento fiscal entre Nación y provincias

Sin esas reformas, el equilibrio es más frágil.

— ¿Por qué la inflación se estabilizó cerca del 3%?

— Porque el proceso de desinflación entró en una fase más compleja. Los bienes ya ajustaron. Lo que queda es una inflación más persistente, vinculada a servicios, salarios y precios regulados.

Además, el contexto global también cambió: la transición energética, la reconfiguración de cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas están generando una inflación estructuralmente más alta que en la década anterior. Por eso, la baja va a ser gradual, no abrupta.

— ¿Comparte que la inflación seguirá bajando?

— Sí, en términos generales. Si se sostienen el equilibrio fiscal y la disciplina monetaria, la inflación debería converger hacia niveles más bajos en los próximos meses. Pero no va a ser un proceso lineal. Habrá tensiones, especialmente por regulados y contexto internacional. La clave es gestionar expectativas, no solo números.

— ¿Qué impacto tiene el contexto internacional?

— El contexto global no es favorable, pero tampoco es neutro. La fragmentación geopolítica, la incertidumbre comercial y la volatilidad financiera afectan a los emergentes. Pero Argentina tiene una ventaja: posee activos estratégicos en un mundo que los necesita. El desafío es claro: pasar de exportador de recursos a actor integrado en nuevas cadenas de valor globales.

— ¿Cuáles son sus expectativas para 2026?

El escenario es más favorable que a comienzos de año. Esperamos:

• crecimiento del PBI en torno al 3,5%–4%
• inflación descendente hacia la zona del 2% mensual
• mayor estabilidad cambiaria

Pero con una característica clave: el crecimiento será heterogéneo. Habrá sectores dinámicos y otros más rezagados. El desafío es cerrar esa brecha.

— ¿Una reflexión final?

— Argentina de 2026 dejó atrás la emergencia, pero todavía no construyó una normalidad sostenible. Ya resolvió una parte del problema: estabilizar. Ahora enfrenta uno más complejo: cómo insertarse en un mundo que cambió estructuralmente. Tiene los activos correctos en el momento correcto: energía, alimentos, minerales y talento. La incógnita no es el potencial, sino la velocidad de transformación. Porque en esta etapa, el riesgo no es quedarse atrás por falta de recursos, sino por no adaptarse a tiempo.

Fotos: Matías Arbotto

A más de un mes de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, el Poder Ejecutivo aún no avanzó con la reglamentación del régimen de incentivo a las inversiones productivas destinado a pyme, el denominado RIMI. La demora tendría que ver, según fuentes oficiales, con el análisis del costo fiscal, en un contexto en el que la recaudación tributaria acumula ocho meses de caída en términos reales.

El expediente se encuentra en el área de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, donde están evaluando el impacto que tendría la implementación del esquema, en particular por los beneficios impositivos que contempla. Los empresarios, tributaristas y contadores esperaban que el régimen comience a estar operativo dos o tres semanas atrás, pero sigue demorado. De todos modos, otra fuente se mostró optimista: “La normativa se encuentra próxima a salir”, auguró.

Mientras tanto, el esquema se encuentra vigente y el plazo para realizar las inversiones ya comenzó a correr: la ley fijó un período de dos años desde su entrada en vigencia, el 6 de marzo de 2026.

El esquema se diseñó como una suerte de “mini RIGI”, con el objetivo de apuntalar la inversión privada. Está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas(Mipyme), incluyendo aquellas del tramo 2, que realicen inversiones productivas dentro de ese plazo de dos años.

Se consideran inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables, así como la ejecución de obras destinadas directamente a actividades productivas en el país. Quedan excluidos los activos financieros, los activos de portafolio, los bienes de cambio y los automóviles.

El régimen también incorpora casos especiales, como sistemas de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y semovientes, que pueden acceder a los beneficios sin necesidad de cumplir con montos mínimos de inversión.

Requisitos y beneficios fiscales

Para el resto de las actividades, se establecen pisos de inversión diferenciados según el tamaño de la empresa: USD 150.000 para microempresas; USD 600.000 para pequeñas y entre USD 3,5 millones y USD 9 millones para medianas, dependiendo del tramo.

En materia fiscal, el esquema prevé dos beneficios centrales. Por un lado, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, que permite deducir el gasto de la inversión en plazos más cortos que los del régimen general. Los bienes de capital pueden amortizarse en dos cuotas anuales, mientras que las obras de infraestructura pueden reducir su vida útil al 60%. En casos específicos, como equipos de riego o de alta eficiencia energética, la amortización puede realizarse en una sola cuota.

Por otro lado, se establece la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA, con el objetivo de evitar que los saldos a favor queden inmovilizados. El esquema contempla la posibilidad de solicitar la devolución o acreditación del saldo luego de un período determinado, así como su utilización para cancelar otros impuestos o incluso su transferencia.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó ante Infobae que, pese a la falta de reglamentación, “las empresas que inviertan antes de que se dicte la reglamentación, en la medida que cumplan los requisitos legales, deberían poder gozar de los beneficios”.

En relación con los montos exigidos, Domínguez advirtió que “los valores deberían haberse establecido en función del tipo de actividad de las Mipyme”. En ese sentido, destacó que en algunos sectores la inversión requerida representa una proporción significativa del nivel de facturación permitido. “Esto implica que pocas microempresas del sector servicios podrán acceder a estos beneficios”.

Sobre la exclusión de quienes accedieron a otros regímenes, el tributarista dijo: “Esto es correcto ya que no pueden recibir beneficios por las mismas inversiones en diversos regímenes”. También consideró Domínguez razonable la exclusión de activos financieros: “Se quiere evitar la utilización de incentivos para inversiones financieras”.

En cuanto a los beneficios fiscales, Sebastián Domínguez contó que el impacto en el Impuesto a las Ganancias no es inmediato, aunque algunas empresas pueden solicitar la reducción de anticipos. “Esto podría afectar más rápidamente la recaudación del impuesto”, explicó.

Respecto del IVA, dijo que aunque se acorta el plazo del régimen de devolución de 6 meses a 3 meses, “si la reglamentación mantiene que solamente se puede tramitar el beneficio en diciembre de cada año y sujeto a un cupo prorrateable, el beneficio puede quedar bastante diluido”.

Cuestionamientos y posibles mejoras desde el sector privado

El tributarista César Litvin planteó que existe un vacío entre los esquemas destinados a grandes inversiones (RIGI) y este instrumento orientado a pyme: “Hay un hueco inexplicable entre ambos regímenes”.

Según explicó Litvin, existen empresas que no califican como pyme pero tienen una capacidad de inversión significativa. “Pueden invertir 20, 30 o 40 millones de dólares y no tienen ningún beneficio”, enfatizó. En ese sentido, cuestionó la decisión de limitar el acceso: “El régimen es bueno, pero no se entiende por qué lo limitaron”.

Litvin destacó el rol del IVA dentro del esquema: “El que invierte acumula un saldo a favor que se transforma en un lastre hasta que genera actividad”. Y agregó que la posibilidad de solicitar la devolución en pocos meses puede aliviar esa situación.

Además, el tributarista planteó que las provincias y municipios podrían acompañar con incentivos adicionales: “Deberían dar beneficios en Ingresos Brutos y tasas municipales”.

La posición de la industria

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) valoraron la iniciativa como una herramienta relevante para fomentar inversiones en el segmento pyme.

“Para nosotros es una medida importante para promover inversiones”, contaron fuentes de la entidad. No obstante, acercaron al Gobierno una serie de propuestas para su implementación. Entre ellas, destacaron la necesidad de que el mecanismo sea ágil y sencillo. “Debe ser por declaración jurada y no por expediente, para facilitar su uso”, señalaron.

También subrayaron la importancia de promover inversiones en eficiencia energética sin montos mínimos. “Es algo muy importante en el contexto actual de alto costo de abastecimiento energético y déficit de infraestructura”, resaltaron, en especial para empresas ubicadas en el centro y norte del país.

En relación con el IVA, en la entidad fabril insistieron en la necesidad de una devolución rápida y automática. “Es clave evitar la acumulación de saldos a favor, que es un problema crónico para la industria”, afirmaron. Además, plantearon que estas medidas deberían complementarse con un mayor dinamismo del crédito a la inversión. “Se necesitan mejores condiciones de tasas y plazos”, agregaron.

Sebastián Domínguez también destacó que el régimen aplica en todo el país y sin distinción sectorial, aunque identificó sectores con mayor potencial de aprovechamiento, como la industria manufacturera, la agroindustria, la construcción, la tecnología y las energías renovables.

Para evaluar la adhesión, Domínguez consideró que las empresas deben analizar el impacto en el Impuesto a las Ganancias, el flujo de fondos vinculado al IVA, la calificación de las inversiones y la capacidad de mantener los activos durante el período exigido.

También remarcó el tributarista que el tiempo para adherir es limitado, ya que las inversiones deben realizarse dentro de los dos años desde la entrada en vigencia de la ley. En ese contexto, dijo que las empresas con proyectos en carpeta deberían analizar su elegibilidad para estar en condiciones de acceder al régimen cuando se reglamente.